I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA LOS INTEGRANTES DE UNA LEGISLATURA ESTATAL QUE CONFORMEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CONSISTENTE EN LA FALTA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ RESPECTO DE LA PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS, AL HABERSE PLANTEADO EN LA DEMANDA UNA CUESTIÓN DIVERSA. V. MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. VI. CATEGORÍA SOSPECHOSA. SU DEFINICIÓN. VII. NORMAS PRESUPUESTARIAS. AL SER DE NATURALEZA ECONÓMICA Y NO ESTABLECER DISTINCIONES DE TRATO BASADAS EN ALGUNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, NO REQUIEREN DE UNA MOTIVACIÓN LEGISLATIVA REFORZADA (ARTÍCULOS 3, TERCER PÁRRAFO, 17, PRIMER PÁRRAFO, 29, 47, 48, 49, 50, 51, SEGUNDO PÁRRAFO, 51 BIS, 51 TER, 56, SEGUNDO PÁRRAFO, 60, 60 BIS Y 77, FRACCIONES I, V, VI Y VII, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE GASTO PÚBLICO, REFORMADA POR DECRETO LXIV-808 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GASTO PÚBLICO; LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE ESA ENTIDAD; Y DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN, EN MATERIA DE GASTO PÚBLICO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). VIII. GASTO PÚBLICO DE LOS DIFERENTES ÓRDENES DE GOBIERNO. LA EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEBERÁ LLEVARSE A CABO UNA VEZ EJERCIDO (ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL). IX. GASTO PÚBLICO. PRINCIPIOS QUE DEBEN REGIR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A LOS DIFERENTES ÓRDENES DE GOBIERNO (ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL). X. GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO PARA LA APROBACIÓN DE SU LEY DE INGRESOS Y SU PRESUPUESTO DE EGRESOS. XI. AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. SUS ATRIBUCIONES. XII. REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA. RELACIÓN DE SIMETRÍA QUE DEBE VERIFICARSE ENTRE LA LEY DE INGRESOS Y EL PRESUPUESTO DE EGRESOS. XIII. APROBACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS Y EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES QUE LA REGULAN. XIV. GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. PRINCIPIO DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL QUE DEBE REGIR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS (ARTÍCULO 70, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). XV. GASTO PÚBLICO. BASES CONSTITUCIONALES Y LEGALES. XVI. LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. SU OBJETIVO Y ANÁLISIS DE SUS DISPOSICIONES RELEVANTES. XVII. RECURSOS PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. AL RECONOCERSE QUE LAS LEYES DE INGRESOS Y LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS SE CONSTRUYEN SOBRE ESTIMACIONES Y, EN PRINCIPIO, ÚNICAMENTE PUEDEN REALIZARSE PAGOS COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL APROBADO, EXCEPCIONALMENTE PODRÁN ALTERARSE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, YA SEA MEDIANTE LEY POSTERIOR O A TRAVÉS DE CARGOS A INGRESOS EXCEDENTES (ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS). XVIII. RECURSOS PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. AL RECONOCERSE LA POSIBILIDAD DE QUE DISMINUYAN LOS INGRESOS PREVISTOS EN LAS LEYES DE INGRESOS, EL TITULAR DEL EJECUTIVO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS O SU EQUIVALENTE, A EFECTO DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD DEL BALANCE PRESUPUESTARIO DEBERÁ REALIZAR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS (ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS). XIX. GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE A QUIÉNES SERÁN APLICABLES LAS DISPOSICIONES DE LA LEY LOCAL DE LA MATERIA, ASÍ COMO LAS DIVERSAS DISPOSICIONES APLICABLES CUANDO EJERZAN RECURSOS DE CARÁCTER FEDERAL, ES CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 3, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). XX. GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL ESTABLECER EN LA LEY LOCAL QUE LO REGULA QUE LA SECRETARÍA DE FINANZAS O SU EQUIVALENTE TIENE LA FACULTAD DE REALIZAR ALTERACIONES O MODIFICACIONES A LOS PRESUPUESTOS YA APROBADOS POR EL CONGRESO, SIN MAYOR JUSTIFICACIÓN Y DEJANDO DE OBSERVAR LAS REGLAS PREVI
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 155/2021. DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 5 DE OCTUBRE DE 2023. PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: JAZMÍN BONILLA GARCÍA
Ver índice temático
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de octubre del dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelven los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 155/2021, promovida por diversos diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Por escrito recibido el veinte de octubre del dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diversos diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas, promovieron acción de inconstitucionalidad contra los artículos 3, párrafo tercero, 17, 29, 47, 48, 49, 50, 51, párrafo segundo, 51 bis, 51 ter, 56, 60, 60 Bis y 77 de la Ley del Gasto Público del Estado de Tamaulipas reformada por Decreto LXIV-808 mediante el cual se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Gasto Público; Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de esa entidad; y de la Ley Estatal de Planeación, en Materia de Gasto Público, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el veintiuno de septiembre del mencionado año.
2. En acuerdo de veintiséis de octubre siguiente, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación formó y registró el expediente con el número 155/2021 y designó al Ministro Javier Laynez Potisek como instructor, quien mediante proveído de once de noviembre del mencionado año admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas para que rindieran sus respectivos informes, así como también a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y a la Fiscalía General de la República para que manifestaran lo que a su representación corresponda.
3. Mediante acuerdo de veintisiete de enero del dos mil veintidós, se tuvieron por rendidos, respectivamente, los informes de las autoridades demandadas y se dio vista a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y a la Fiscalía General de la República para que manifestaran lo que a su representación correspondiera. Además, de conformidad con el artículo 67, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo ley reglamentaria) se dio vista a las partes con los autos para que dentro del plazo de cinco días hábiles formularan por escrito sus alegatos.
4. Mediante auto de quince de febrero siguiente se tuvieron por recibidos los alegatos rendidos por el Presidente de la Diputación Permanente correspondiente al primer período de receso del primer año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas, sin embargo, se tuvieron por no formulados en virtud de que quien suscribió carecía de personalidad para intervenir en la acción de inconstitucionalidad.
5. En auto de cuatro de marzo del dos mil veintidós, el Ministro instructor dictó auto de cierre de instrucción.
I. COMPETENCIA
6. Este Tribunal Pleno es legalmente competente para resolver esta acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General 5/2013, del Tribunal Pleno, toda vez el equivalente al treinta y tres por ciento de la Legislatura local del Estado de Tamaulipas impugna una norma emitida por el Congreso estatal.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS
7. A fin de determinar las normas impugnadas materia de análisis en esta acción de inconstitucionalidad resulta necesario tener en cuenta que en el capítulo correspondiente a la norma general cuya invalidez se demanda, se señalaron como tales a los artículos 3, párrafo tercero, 17, 29, 47, 48, 49, 50, 51, párrafo segundo, 56, 60, 60 Bis y 77 de la Ley del Gasto Público del Estado de Tamaulipas reformada por Decreto LXIV-808 mediante el cual se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Gasto Público; Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de esa Entidad; y de la Ley Estatal de Planeación, en Materia de Gasto Público, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno.
8. No obstante, del examen del decreto correspondiente se advierte que por lo que respecta al artículo 17 únicamente fue reformado el párrafo primero, del artículo 56 se adicionó el párrafo segundo y del artículo 77, únicamente se reformaron las fracciones I, V, VI y VII, así como su párrafo último.
9. Además, en el concepto de invalidez identificado como primero, en que la parte actora propone que el decreto legislativo es contrario a los principios de fundamentación y motivación reforzada, la parte actora transcribió los artículos 51 bis y 51 ter.
10. En consecuencia, se tienen como normas impugnadas los artículos 3, párrafo tercero, 17, párrafo primero, 29, 47, 48, 49, 50, 51, segundo párrafo, 51 bis, 51 ter, 56, segundo párrafo, 60, 60 Bis y 77, fracciones I, V, VI y VII, y párrafo último, de la Ley de Gasto Público, reformada por Decreto LXIV-808 mediante el cual se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Gasto Público; Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de esa entidad; y de la Ley Estatal de Planeación, en Materia de Gasto Público, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 3º. Esta ley será aplicable a las siguientes entidades:
I.- El Poder Legislativo;
II.- El Poder Judicial del Estado;
III.- El Poder Ejecutivo del Estado;
IV.- Los Organismos Descentralizados del Estado;
V.- Los Fideicomisos públicos en los que la administración pública o sus organismos descentralizados participen como fideicomitentes; y
VI.- Los Organismos Autónomos.
Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que ejerzan recursos públicos, deberán sujetarse a lo que establece esta Ley y a las demás disposiciones aplicables.
Cuando las instancias a que se refiere este artículo, ejerzan recursos federales, se sujetarán, además de lo que disponga esta Ley, a la Ley de Coordinación Fiscal, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como a las demás disposiciones aplicables.
Artículo 17. El Presupuesto de Egresos deberá considerar la estrategia señalada en el Plan Estatal de Desarrollo, lo cual se realizará a través de la alineación de los Programas Presupuestarios conforme a los criterios y lineamientos que emita la Secretaría, siendo sujetos de estudio los que se indiquen en el Programa Anual de Evaluación que para tales efectos se emita, debiendo considerar en su caso y como referencia de análisis, lo siguiente:
I.- Los resultados de la evaluación del desempeño que se hayan obtenido con la aplicación del Gasto Público de ejercicios anteriores;
II.- Los objetivos, sus indicadores de desempeño y metas que se pretendan alcanzar, conforme a la Metodología del Marco Lógico;
III.- Los bienes y servicios a producir o en su caso los servicios administrativos de apoyo;
IV.- Los beneficiarios de los bienes y servicios que se pretendan generar, identificando el género, las regiones y los grupos vulnerables;
V.- La temporalidad de los programas, así como la designación de los responsables de su ejecución;
VI.- Las previsiones del gasto de acuerdo con lo establecido en la clasificación por objeto del gasto y demás clasificaciones que señale la Secretaría de Finanzas, apegándose a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables;
VII.- La calendarización del gasto público de conformidad con las clasificaciones que señale la Secretaría de Finanzas, y observando lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables; y
VIII.- Las demás previsiones que se estimen necesarias.
Los Programas Presupuestarios de las dependencias y las entidades de la administración pública deberán ser analizados y validados por la Secretaría de Finanzas, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan y de los programas que de él se deriven, en los términos de las leyes relativas.
Artículo 29. Todos los ejecutores de gasto comprendidos en las fracciones de la III a la V del artículo 3o de esta Ley, así como las dependencias del Ejecutivo, remitirán sus anteproyectos de presupuesto de egresos a la Secretaría de Finanzas durante la segunda quincena del mes de septiembre de cada año, con sujeción a los montos que el Ejecutivo del Estado establezca por medio de la propia Secretaría de Finanzas y cumpliendo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables.
Artículo 47. La Secretaría, podrá ampliar automáticamente las partidas aprobadas para el ejercicio fiscal en curso realizando las erogaciones adicionales a las autorizadas hasta por el total de los ingresos ordinarios y extraordinarios que correspondan a ese ejercicio.
Artículo 48. La Secretaría, podrá efectuar reducciones a los montos de los presupuestos aprobados a las dependencias y entidades, cuando se presenten contingencias que repercutan en una disminución de los ingresos presupuestados, así como las que se deriven de la aplicación de medidas de austeridad, racionalidad y atención a renglones prioritarios.
Artículo 49. La Secretaría, podrá asignar los recursos que se obtengan con exceso de lo previsto en la Ley de Ingresos del Estado, a los programas que considere prioritarios y autorizará las transferencias de partidas cuando estas sean procedentes.
Las entidades, en su caso, deberán informar a la Secretaría, la forma en que las modificaciones financieras que afecten un programa o las metas establecidas para el mismo.
Artículo 50. De los movimientos que se efectúen en los términos de los artículos 47, 48 y 49 de esta Ley, el Ejecutivo informará al Congreso del Estado al rendir la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, ello en los apartados correspondientes a la información presupuestal e información programática.
Artículo 51. Las asignaciones establecidas en el presupuesto de egresos, determinadas conforme a los artículos 47, 48 y 49 de la presente Ley, señalan el límite máximo de las erogaciones; el cual no podrán excederse, pero tampoco será necesario agotarlo si ello no fuese necesario, pues cuando sea posible se buscarán economías para el erario estatal, cancelándose al cierre del ejercicio del presupuesto los saldos no utilizados ni comprometidos.
La Secretaría realizará las transferencias de gasto que correspondan en virtud de la economía del erario estatal, dentro de los importes aprobados. Los recursos asignados en materia de seguridad pública o procuración de justicia no podrán, bajo ninguna circunstancia, ser transferidos o utilizados con propósitos diversos a los de su objeto. En caso de trasferencias de recursos para la seguridad pública o la procuración de justicia, no podrá aplicarse a ninguna materia distinta a la que motivó esa reasignación.
Artículo 51 Bis. Las dependencias y entidades podrán solicitar transferencias o modificaciones presupuestales hacia el interior de sus presupuestos autorizados apegadas a los procedimientos, requisitos y términos que determine la Secretaría, debiendo en su caso considerar el impacto en las metas de los indicadores de los Programas Presupuestarios sujetos a estos movimientos, conforme a los lineamientos en la materia.
La Secretaría definirá mediante disposiciones de carácter general los procedimientos, requisitos y términos conforme a los cuales se llevarán a cabo las transferencias o modificaciones de recursos en los presupuestos autorizados a las dependencias y entidades.
Artículo 51 Ter. La Secretaría podrá realizar transferencias o modificaciones presupuestales entre diferentes dependencias y entidades como medida de planeación, programación y/o presupuestación hasta por las asignaciones establecidas en el Presupuesto de Egresos.
Artículo 56. Los egresos y gastos derivados del ejercicio de la función o la representación, así como los comprobantes de los mismos, deberán sujetarse a los criterios y políticas de uso y destino que la Secretaría y la Contraloría Gubernamental determinen en el manual correspondiente.
La documentación original comprobatoria que ampara el gasto que ejercen los ejecutores de gasto citados en el artículo 3° de esta Ley, quedará bajo el resguardo de dichas instancias, las cuales serán responsables del resguardo y cuidado de dicha documentación comprobatoria, ello en su carácter de ejecutores de gasto y conforme al procedimiento que al efecto determinen la Secretaría en coordinación con la Contraloría Gubernamental.
Se deberán registrar en los sistemas respectivos los documentos justificativos y comprobatorios que correspondan y demás información asociada a los momentos contables del gasto comprometido y devengado en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones que de ella emanen.
Artículo 60. Los ejecutores de gasto podrán solicitar la autorización presupuestaria de la Secretaría, para la celebración de contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones, y arrendamientos o servicios durante el ejercicio fiscal siempre que:
I.- Justifiquen que su celebración representa ventajas económicas o que sus términos o condiciones son más favorables;
II.- Justifiquen el plazo de la contratación y que el mismo no afectará negativamente la competencia económica en el sector de que se trate;
III.- Realicen la especificación de las obras, adquisiciones, arrendamientos o servicios, señalando si corresponden a inversión o gasto corriente; y
IV.- Desglosen el gasto a precios del año tanto para el ejercicio fiscal correspondiente, como para los subsecuentes.
En el caso de proyectos para prestación de servicios, las dependencias y entidades deberán sujetarse al procedimiento de autorización y demás disposiciones aplicables que emitan, en el ámbito de sus respectivas competencias, la Secretaría y la Contraloría Gubernamental.
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, a través de sus respectivas unidades de administración, podrán autorizar la celebración de contratos plurianuales siempre y cuando cumplan lo dispuesto en este artículo y emitan normas generales para su justificación y autorización.
Los ejecutores de gasto deberán incluir en los informes trimestrales un reporte sobre el monto total erogado durante el periodo, correspondiente a los contratos a que se refiere este artículo, así como incluir las previsiones correspondientes en sus anteproyectos de presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal.
Artículo 60 Bis. Las dependencias y entidades podrán realizar todos los trámites necesarios para realizar contrataciones de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, con el objeto de que los recursos se ejerzan oportunamente a partir del inicio del ejercicio fiscal correspondiente.
Las dependencias y entidades, podrán solicitar a la Secretaría autorización especial para convocar, adjudicar y, en su caso, formalizar tales contratos, cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se solicite, con base en los anteproyectos de presupuesto, así como en el procedimiento que para tales efectos establezca.
Los contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.
Las dependencias y entidades podrán obtener la autorización a que se refiere este artículo en relación con los contratos plurianuales a que se refiere el artículo 60 de esta Ley, conforme a los Lineamientos que establezca la Secretaría.
Artículo 77. Son obligaciones de las dependencias y entidades del Ejecutivo del Estado en materia de evaluación del desempeño:
I.- Elaborar y proponer los Indicadores de desempeño del gasto con enfoque a resultados, de los programas presupuestarios a su cargo, conforme a los criterios y lineamientos que para tales efectos emita la Secretaría;
II.- Evaluar por sí mismos o a través de evaluadores externos el resultado de los programas presupuestarios a su cargo;
III.- Dar seguimiento a los Indicadores de Desempeño mediante el cálculo de su valor, de manera periódica y permanente, con el propósito de analizar su tendencia;
IV.- Dar seguimiento y monitoreo de los Indicadores de Desempeño de los programas presupuestarios a su cargo;
V.- Atender las revisiones de las diferentes Evaluaciones que en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto público, se instruyan a través de los Programas Anuales de Evaluación que correspondan;
VI.- Informar trimestralmente a la Secretaría, a través del Sistema de Monitoreo de Indicadores para Resultados, los avances observados mediante el monitoreo de los Indicadores de Desempeño del gasto de los Programas Presupuestarios a su cargo, dentro de los primeros días siguientes a la conclusión del periodo correspondiente, conforme a los plazos que establezca la Secretaría. Lo anterior formará parte de la información programática que se reportará en el marco de la Cuenta Pública;
VII.- Atender los aspectos susceptibles de mejora derivados de los estudios instruidos en el Programa Anual de Evaluación, para incorporarlos en el diseño, adecuación y operación de los Programas Presupuestarios a su cargo, derivados de las recomendaciones realizadas a través de las evaluaciones respectivas e informar los avances con oportunidad; y
VIII.- Acordar con la Secretaría de Finanzas las adecuaciones a los Programas Presupuestarios en cumplimiento de las recomendaciones resultantes de los procesos de seguimiento y evaluación.
Las dependencias y entidades del Ejecutivo, deberán tomar las previsiones presupuestales a fin de contar con los recursos necesarios para cubrir las erogaciones derivadas de la realización de las evaluaciones externas de los Programas Presupuestarios o políticas públicas que sean de su competencia, así como para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley, en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto público. Lo anterior, salvo en los casos que determine la Secretaría.
III. OPORTUNIDAD
11. La demanda fue promovida oportunamente, esto es, dentro del plazo de treinta días naturales que prevé el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, ya que el decreto impugnado se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el veintiuno de septiembre del dos mil veintiuno, por lo que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad transcurrió del miércoles veintidós del mencionado mes y año al jueves veintiuno de octubre del mismo año. Por tanto, si la demanda se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinte de octubre de dos mil veintiuno,resulta que su promoción fue oportuna.
12. No pasa inadvertido que en el informe del gobernador del Estado de Tamaulipas se propone la actualización de la causa de improcedencia relativa a la extemporaneidad en la promoción de la demanda particularmente de los artículos 29 y 47 de la Ley de Gasto Público del Estado de Tamaulipas, pues, en su opinión, su texto no fue modificado, sino que únicamente se alteraron dos palabras, lo que evidencia que en realidad el texto de la norma impugnada es el original.
13. Explica que si el contenido esencial de esas normas no fue modificado, sino que únicamente se ajustaron dos palabras, resulta claro que no fue un cambio material y, por ende, debe considerarse que no constituyen un nuevo acto legislativo de conformidad con la jurisprudencia P./J. 25/2016 (10ª.), del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, octubre del dos mil dieciséis, Tomo I, página 65, del texto y rubro siguientes:
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. Para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos en una acción de inconstitucionalidad deben reunirse, al menos, los siguientes dos aspectos: a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación; mientras que el segundo, consistente en que la modificación sea sustantiva o material, se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de este modo una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo. Este nuevo entendimiento, pretende que a través de la vía de acción de inconstitucionalidad se controlen cambios normativos reales que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el cambio normativo al que fue sujeto y que deriva precisamente del producto del órgano legislativo, y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa tales como, por ejemplo, variación en el número de fracción o de párrafo de un artículo, el mero ajuste en la ubicación de los textos, o cambios de nombres de entes, dependencias y organismos. Tampoco bastará una nueva publicación de la norma para que se considere nuevo acto legislativo ni que se reproduzca íntegramente la norma general, pues se insiste en que la modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema.
14. De la lectura del argumento antes sintetizado se advierte que el gobernador pretende demostrar que al no haberse modificado sustancialmente el contenido de los artículos 29 y 47 de la Ley de Gasto Público del Estado de Tamaulipas debe considerarse que se trata de normas de origen y, por ende, la promoción de la acción inconstitucionalidad es extemporánea.
15. Para resolver su planteamiento se toma en cuenta el contenido de las normas referidas:
Ver normas
16. Sentado lo anterior se toma en cuenta que en la tesis a que se hizo referencia, este Alto Tribunal consideró que para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación en una acción de inconstitucionalidad deben reunirse, al menos, los siguientes dos aspectos: a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material.
17. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación; mientras que el segundo, consistente en que la modificación sea sustantiva o material, se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de este modo una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo.
18. En el caso concreto, existió el cambio formal, lo que se acredita con el artículo primero transitorio del Decreto LXIV-808 mediante el cual se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Gasto Público; Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de esa entidad; y de la Ley Estatal de Planeación, en Materia de Gasto Público, publicado en el periódico oficial el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, tal como se advierte de la siguiente impresión:
Ver impresión
19. Por lo que hace al cambio material es necesario destacar que precisamente a través de los conceptos de invalidez se cuestiona si la modificación de la terminología empleada por el legislador respeta los principios previstos en los artículos 116 y 117 constitucionales que rigen el gasto público a nivel estatal, lo que evidencia que precisamente es el objeto de estudio de constitucionalidad en este expediente.
20. Por tanto, si las normas referidas fueron publicadas en el periódico oficial de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno y de acuerdo al cómputo realizado con anterioridad, la promoción de la demanda fue oportuna, resulta infundado el argumento en examen.
IV. LEGITIMACIÓN
21. La demanda fue promovida por parte legitimada en términos del artículo 105, fracción II, inciso d), constitucional, ya que acuden las diputadas y los diputados Casandra Prisilla de los Santos Flores, Marco Antonio Gallegos Galván, Juan Ovidio García García, Eliphaleth Gómez Lozano, José Alberto Granados Fávila, Consuelo Nayeli Lara Monroy, Humberto Armando Prieto Herrera, Gabriela Regalado Fuentes, Juan Vital Román Martínez, Nancy Ruíz Martínez, Úrsula Patricia Salazar Mojica, Leticia Vargas Álvarez, Isidro Jesús Vargas Fernández y Javier Villareal Terán, quienes se ostentan como integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas y que corresponden al casi treinta y nueve por ciento de la legislatura, pues de conformidad con el artículo 26 de la Constitución local, el Congreso se encuentra compuesto por veintidós (22) diputados electos según el principio de votación de mayoría relativa y catorce (14) electos según el principio de representación proporcional y el sistema de lista estatal.
22. En ese sentido, si suscriben la demanda catorce (14) de los treinta y seis (36) diputados que integran el poder legislativo estatal, se obtiene un porcentaje de treinta y ocho punto ochenta y ocho por ciento (38.88 %), lo que satisface la exigencia constitucional referida.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
23. En su informe, el gobernador propone que debe sobreseerse en la acción de inconstitucionalidad respecto de la publicación de las normas impugnadas en virtud de que no se propuso concepto de invalidez alguno contra ese acto en particular.
24. No obstante, basta la lectura de la demanda para advertir que la parte actora no impugnó la publicación de las normas, tal como a continuación se advierte:
Ver imagen
25. De la imagen preinserta se advierte que es inexacto que la parte actora hubiera impugnación la publicación de los artículos 3, párrafo tercero, 17, párrafo primero, 29, 47, 48, 49, 50, 51, párrafo segundo, 56, párrafo segundo, 60, 60 Bis y 77, fracciones I, V, VI y VII, y párrafo último, de la Ley de Gasto Público. Incluso, en el apartado II de esta sentencia, la publicación de las normas no fue precisada como acto impugnado.
26. De ahí que proceda desestimar el argumento en examen.
VI. ESTUDIO DE FONDO
27. Del minucioso examen de la demanda de acción de inconstitucionalidad se advierte que la parte actora propone dos clases de argumentos: el primero (concepto de invalidez primero), a través del que pretende evidenciar la inconstitucionalidad de la totalidad de las normas impugnadas por falta de motivación legislativa reforzada en la reforma y, el segundo (conceptos de invalidez segundo a sexto) en que plantea específicamente la inconstitucionalidad de los artículos 3, párrafo tercero, 47, 48, 49, 56, párrafo segundo, 60 y 60 Bis de la Ley de Gasto Público.
28. Por cuestión de método en la exposición primero se analizarán los argumentos que pretenden combatir la totalidad de las normas impugnadas sobre el mismo argumento de falta de motivación reforzada.
VI.1 Análisis sobre si las normas impugnadas violan el artículo 16 constitucional por no haber existido motivación reforzada en el procedimiento de reforma.
29. La parte actora plantea que la totalidad de las normas impugnadas viola el artículo 16 constitucional porque en el procedimiento legislativo no existió una fundamentación y motivación reforzada pese a que la iniciativa del ejecutivo local tuvo como propósito implementar un modelo de ejecución de los programas presupuestarios y de la aplicación de los recursos asignados con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, lo que evidencia, por sí mismo, que la reforma correspondiente trasciende a la vida económica de la entidad federativa y, por ende, al ejercicio de derechos que impactan en una categoría sospechosa de acuerdo a lo establecido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
30. Afirma que a través de las reformas impugnadas existe la posibilidad de disminuir o excluir derechos fundamentales lo que evidencia que se transgrede la soberanía popular prevista en el artículo 41, párrafo primero, constitucional, así como la obligación del Estado por velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo prevista en el diverso 25 constitucional.
31. Explica que el legislador pasó por alto que las reformas correspondientes transfieren a la Secretaría de Finanzas estatal diversas atribuciones que aparejan un riesgo de insostenibilidad de l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33589-a7f07dc4/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. (P./J. 25/2016 (10a.))
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CAMBIO DE LA IDENTIFICACIÓN NUMÉRICA DE UNA NORMA GENERAL NO CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE AQUE (P./J. 96/2007 )
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CAMBIO DE LA IDENTIFICACIÓN NUMÉRICA DE UNA NORMA GENERAL NO CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE AQUE (12)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EL LEGISLADOR ORDINARIO DURANTE EL PROCESO LEGISLATIVO MANIFESTÓ SU VOLUNTAD DE NO REFORMAR UNA NORMA, PERO DEL TEXTO APROBADO SE ADVIERTE QUE EN (P./J. 17/2009 )
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis