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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL CONGRESO LOCAL RELATIVA A LA FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO ACTOR PARA IMPUGNAR UN DECRETO EMITIDO A SOLICITUD DE ÉSTE, AL NO EXISTIR UN CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL MISMO (DECRETO 237 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO EL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ LA AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR EL CONVENIO JUDICIAL DE TRANSACCIÓN MERCANTIL DE RECONOCIMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DE ADEUDO, ASÍ COMO DE FORMALIZACIÓN DE LA MODALIDAD Y PLAZOS DE PAGO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA (LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS, AMBOS DEL MUNICIPIO DE JALAPA, ESTADO DE TABASCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA LA CESACIÓN DE EFECTOS RESPECTO DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS, AMBOS DEL MUNICIPIO DE JALAPA, ESTADO DE TABASCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS UNA VEZ QUE CONCLUYE SU VIGENCIA, MÁXIME QUE LA SENTENCIA RESPECTIVA NO PODRÍA TENER EFECTOS RETROACTIVOS (LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS, AMBOS DEL MUNICIPIO DE JALAPA, ESTADO DE TABASCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INNECESARIO RESOLVER LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL MEDIANTE LA CUAL REFIERE QUE EL MUNICIPIO ACTOR NO EXPUSO DE FORMA CLARA Y FUNDADA LOS AGRAVIOS QUE LE CAUSAN LA NORMA IMPUGNADA CUANDO SE SOBRESEE EN RELACIÓN CON ÉSTOS (LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS, AMBOS DEL MUNICIPIO DE JALAPA, ESTADO DE TABASCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE CONTRA EL DECRETO QUE APROBÓ LA AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR EL CONVENIO JUDICIAL DE TRANSACCIÓN MERCANTIL DE RECONOCIMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DE ADEUDO, ASÍ COMO DE FORMALIZACIÓN DE LA MODALIDAD Y PLAZOS DE PAGO AUN CUANDO SE EMITIÓ EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUCIÓN DE SENTENCIA DICTADA POR UN ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL HABERSE PLANTEADO UNA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES DERIVADO DE LA POSIBLE AFECTACIÓN A LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO ACTOR (DECRETO 237 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO EL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ LA AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR EL CONVENIO JUDICIAL DE TRANSACCIÓN MERCANTIL DE RECONOCIMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DE ADEUDO, ASÍ COMO DE FORMALIZACIÓN DE LA MODALIDAD Y PLAZOS DE PAGO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE). VII. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL. BASES CONSTITUCIONALES QUE RIGEN SU AUTORIZACIÓN. VIII. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE TABASCO. BASES DEL RÉGIMEN LOCAL QUE RIGE SU AUTORIZACIÓN. IX. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE TABASCO. EL DECRETO POR EL CUAL EL CONGRESO LOCAL AUTORIZÓ AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA, ESTADO DE TABASCO PARA CELEBRAR EL CONVENIO JUDICIAL DE TRANSACCIÓN MERCANTIL DE RECONOCIMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DE ADEUDO, ASÍ COMO DE FORMALIZACIÓN DE LA MODALIDAD Y PLAZOS DE PAGO SE EMITIÓ RESPETANDO EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (DECRETO 237 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO EL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ LA AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR EL CONVENIO JUDICIAL DE TRANSACCIÓN MERCANTIL DE RECONOCIMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DE ADEUDO, ASÍ COMO DE FORMALIZACIÓN DE LA MODALIDAD Y PLAZOS DE PAGO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ALEGATOS NO FORMAN PARTE DE LA LITIS (DECRETO 237 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO EL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ LA AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR EL CONVENIO JUDICIAL DE TRANSACCIÓN MERCANTIL DE RECONOCIMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DE ADEUDO, ASÍ COMO DE FORMALIZACIÓN DE LA MODALIDAD Y PLAZOS DE PAGO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA APROBACIÓN DE LA DEUDA CONTRAÍDA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO ACTOR NO CONSTITUYE UN CONFLICTO CONSTITUCIONAL DE INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES, AL SER UN ACTO EMITIDO POR EL MISMO ÓRGANO QUE LO IMPUGNA (APROBACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CONTRAÍDA POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA, ESTADO DE TABASCO PARA EL AÑO 2008).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 19/2016. · Registro digital (IUS): 200893
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE JALAPA, ESTADO DE TABASCO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 19/2016. MUNICIPIO DE JALAPA, ESTADO DE TABASCO. 6 DE FEBRERO DE 2019. PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ANDRÉS GONZÁLEZ WATTY.

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día 6 de febrero de 2019, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 19/2016, promovida por Municipio de Jalapa, Estado de Tabasco.

I. ANTECEDENTES

1. Presentación de la demanda. El 8 de febrero de 2016(1) el Municipio de Jalapa, Estado de Tabasco, promovió controversia constitucional(2) en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo de esa misma entidad.

2. En su demanda solicitó la declaración de invalidez del Decreto número 237, mediante el cual el Congreso local aprobó la autorización para celebrar el convenio judicial de reestructuración de adeudo, así como de formalización de la modalidad y plazos de pago, publicado el 26 de diciembre de 2015 en el Periódico Oficial local, de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, ambos aplicables al Municipio de Jalapa para el ejercicio fiscal del año 2016.

3. En sus conceptos de invalidez el Municipio actor planteó, medularmente, lo siguiente:

• Si bien resulta indudable que el municipio actor solicitó del Congreso del Estado la autorización para celebrar el convenio judicial contenido en el Decreto impugnado, lo cierto es que éste es violatorio de las disposiciones contenidas en los artículos 115, fracciones II y IV y 117, fracción VIII, de la Constitución Federal; 36, fracción XII, de la Constitución local; 3, fracciones VII, VIII, XVIII, XXVII, 25, 25 bis, 25 bis-1, 26 y 32 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, lo que genera una afectación a los ingresos del Municipio.

• De conformidad con el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Federal y con base en lo dispuesto en la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, el Congreso local está facultado para establecer las bases a las que deberán sujetarse los Municipios para celebrar contratos de colaboración público-privada, así como para regular lo relativo a su planeación, programación, presupuestación, autorización, adjudicación, contratación, garantías, mecanismos de pago, ejecución y control en los casos en que dichos contratos impliquen deuda pública.

• En el caso, el Congreso local reconoció que la deuda contraída por el Ayuntamiento en el año 2008 fue adquirida sin su autorización, lo que genera que el decreto impugnado devenga en inconstitucional.

• El decreto impugnado resulta inconstitucional, pues a la fecha no se han resuelto las acciones de responsabilidad del orden penal y administrativo que resulten procedentes en contra de los ex servidores públicos responsables del quebranto municipal.

4. Registro, turno y admisión de la demanda. Mediante acuerdo de 8 de febrero de 2016(3) el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente relativo a la controversia constitucional con el número 19/2016 y turnó el expediente al Ministro Javier Laynez Potisek como instructor del procedimiento.

5. Desechamiento. Por acuerdo de 10 de febrero de 2016(4) el Ministro instructor desechó de plano la controversia constitucional, al advertir la existencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

6. El Ministro instructor determinó que el decreto impugnado de ninguna manera violentaba el ámbito competencial del municipio ni le generaba un principio de agravio. Primero, porque fue emitido a iniciativa del propio municipio en cumplimiento de un mandamiento jurisdiccional y en saneamiento de sus adeudos, atento a lo previsto en las disposiciones aplicables en materia financiera presupuestal del Estado de Tabasco y, segundo, porque tampoco incidía en sus atribuciones contenidas en el artículo 115 constitucional, pues la violación que se atribuyó fue que el Congreso local reconoció que la deuda contraída por la administración anterior no fue adquirida con autorización del mismo Congreso.

7. Por otro lado, determinó desechar la impugnación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, ambos aplicables al Municipio de Jalapa para el ejercicio fiscal del año 2016, toda vez que el municipio sólo se limitó a tenerlos como impugnados, sin hacer mención del precepto que le causó agravio, aunado a que no los vinculó con el Decreto impugnado ni hizo valer argumentos para cuestionar su constitucionalidad.

8. Recurso de reclamación. Por escrito depositado el 9 de marzo de 2016, el Municipio de Jalapa, Estado de Tabasco, interpuso recurso de reclamación.

9. Resolución de la reclamación. El 17 de agosto de 2016, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el recurso de reclamación anteriormente relatado en el sentido de revocar el acuerdo recurrido y ordenar la admisión de la controversia constitucional.(5)

10. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de 27 de febrero de 2017(6) el Ministro instructor admitió a trámite la demanda promovida por el Municipio de Jalapa, Estado de Tabasco y, consecuentemente, ordenó emplazar a los poderes Ejecutivo y Legislativo de dicha entidad federativa para que dieran contestación a la demanda instaurada en su contra.

11. Asimismo, determinó que no había lugar a tener como terceros interesados al Banco Interacciones, Sociedad Anónima, del Grupo Financiero Interacciones ni a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco. Al primero por carecer del carácter de entidad, poder u órgano y, al segundo, por ser un órgano subordinado jerárquicamente al Poder Ejecutivo de la entidad, a quien ya se le había reconocido el carácter de demandado en la controversia.

12. En ese mismo auto, se requirió al Poder Legislativo para que al dar contestación a la demanda, remitiera a este Alto Tribunal copia certificada de todas las documentales relacionadas con el decreto impugnado y, también, se requirió al Poder Ejecutivo de la entidad para que al contestar la demanda remitiera un ejemplar del Periódico Oficial del Estado en el que se hayan publicado los decretos cuya invalidez se demanda.

13. Finalmente, ordenó dar vista al Procurador General de la República para que manifestara lo que correspondiera a su representación.

14. Incidente de suspensión. Por acuerdo de 24 de marzo de 2017,(7) el Ministro instructor negó la suspensión solicitada por el Municipio actor. Lo anterior, debido a que la suspensión de los efectos del Decreto impugnado se traducirían en la paralización de los actos de ejecución de una sentencia firme dictada por un órgano jurisdiccional en un juicio mercantil, lo cual atentaría contra la impartición de justicia, el adecuado desarrollo de la función judicial y contra la garantía de acceso a la jurisdicción, en tanto impediría el cumplimiento del fallo dictado en aquel proceso, en perjuicio de los derechos de una de las partes en el juicio natural.

15. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Por escrito recibido el 19 de abril de 2017,(8) el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco dio contestación a la demanda. En su contestación expuso, en esencia, lo siguiente:

• En la promulgación de los decretos impugnados, el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco se sujetó a lo previsto en los numerales 35 y 51, fracción I, de la Constitución local, de los que deriva la obligación de promulgar las leyes y decretos emitidos por el Poder Legislativo del Estado.

• En la ejecución del decreto impugnado no se vulneró precepto alguno, pues en términos de los artículos, 7, fracción II, 47, fracciones I, III y IV, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, en relación con los diversos numerales 1, 2, 26, fracción III y 29, fracción XLVIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el Poder Ejecutivo local tiene facultades para llevar a cabo el registro y control de la deuda pública.

• En caso de que se estimara que existe una violación al proceso legislativo, en lo que atañe a la actuación del Poder Ejecutivo, el promovente no demuestra que el acto de mérito le causara un perjuicio, pues éste fue quien consintió el acto impugnado a través de la solicitud de autorización para celebrar el convenio judicial de transacción mercantil de reconocimiento y reestructuración de adeudo, así como de formalización de la modalidad y plazos de pago, que fue remitida al Congreso local.

16. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. Por escrito recibido el 19 de abril de 2017,(9) el Congreso del Estado de Tabasco dio contestación a la demanda, en la que expuso, en síntesis, lo siguiente:

• El Decreto 237 impugnado es el resultado de un proceso legislativo instaurado a petición del Municipio de Jalapa, Tabasco, en el que se solicitó al Congreso local la autorización para celebrar el convenio judicial de transacción mercantil de reconocimiento y reestructuración de adeudo, así como de formalización de la modalidad y plazos de pago con el Banco Interacciones, S.A., Grupo Financiero Interacciones y la afectación de participaciones federales presentes y futuras a favor de dicha institución.

En su expedición, medió solicitud expresa del Municipio actor, quien justificó la necesidad legal de la intervención del Congreso local con la sentencia condenatoria dictada en los autos del juicio ejecutivo mercantil número 466/2009, del Juzgado Décimo Tercero de lo Civil del entonces Distrito Federal. También éste formuló los términos y condiciones a que se sujetaría el convenio judicial y, en ejercicio de su libertad hacendaria, propuso la afectación de sus participaciones federales presentes y futuras.

Derivado de lo anterior, el Congreso del Estado, en uso de las atribuciones que la ley le confiere, autorizó al Municipio la celebración del convenio judicial propuesto y la afectación de sus participaciones federales, con el fin de sanear la hacienda municipal y cumplir con la obligación derivada de la sentencia judicial dictada en los autos del juicio ejecutivo mercantil número 466/2009.

Esto es así, ya que conforme a la ley de la materia, la deuda pública se constituye por las obligaciones directas o indirectas derivadas de empréstitos o créditos a cargo de los gobiernos municipales, por lo que siempre que afecten como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, los ingresos del Municipio, se requiere de la aprobación del Congreso del Estado.

Luego entonces, el decreto impugnado no puede ser considerado inconstitucional, pues en aquél se citan las leyes que determinan la competencia del Congreso del Estado para conocer del caso y emitir el decreto impugnado.

• La Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis se encuentra debidamente fundada y motivada en términos de los artículos 115, fracción IV, párrafos tercero y cuarto, de la Constitución Federal; 36, fracciones I y VII, 65, fracción VI, párrafos primero y tercero, y fracción VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco.

• En el decreto impugnado se expresaron las razones por las que a juicio del Poder Legislativo se determinó aprobar y expedir la Ley de Ingresos impugnada y, aun cuando en dicho proceso legislativo no se expresen las razones en las que se apoya cada una de las disposiciones que integran esa ley, no implica necesariamente que el legislador haya actuado arbitrariamente, ya que no existe disposición constitucional que obligue a los órganos legislativos a motivar específicamente cada una de las disposiciones que integran los ordenamientos que emite o reforma, sino que únicamente se requiere que sea competente para emitirlas, como ocurrió en el caso.

17. Opinión de la Procuraduría General de la República. El Procurador General de la República no emitió opinión en la presente controversia constitucional.

18. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el 5 de junio de 2017 se celebró la audiencia(10) prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Ley Reglamentaria) en la que se hizo relación de los autos en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

19. Radicación del expediente. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente al Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución. Por auto de 31 de enero de 2019, la Sala referida se avocó al conocimiento del presente asunto.

II. COMPETENCIA

20. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la controversia constitucional que se plantea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(11) 1° de su Ley Reglamentaria,(12) 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(13) en relación con el Punto Segundo, fracción I, y el Punto Tercero del Acuerdo General 5/2013,(14) de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que se plantea un conflicto entre un Estado y uno de sus municipios en el cual resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno por no tratarse el acto impugnado de una norma de carácter general.

III. CERTEZA Y PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS

21. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria,(15) se procede a precisar en forma concreta los actos que son objeto de la presente controversia constitucional y apreciar las pruebas conducentes para tenerlos por demostrados.

22. El Municipio actor promovió controversia constitucional en contra de los siguientes actos y disposiciones generales:

a) Decreto número 237 emitido por el Congreso del Estado de Tabasco el 4 de diciembre de 2015 y publicado en el Periódico Oficial local el 26 de diciembre de 2015, mediante el cual aprobó la autorización para celebrar el convenio judicial de transacción mercantil de reconocimiento y reestructuración de adeudo, así como de formalización de la modalidad y plazos de pago con el Banco Interacciones S.A.

b) Ley de Ingresos del Municipio de Jalapa para el Ejercicio Fiscal del año 2016.

c) Presupuesto de Egresos del Municipio de Jalapa para el Ejercicio Fiscal del año 2016.

23. Por consiguiente, la materia de impugnación en la presente controversia constitucional se constriñe a los actos y disposiciones referidas, cuya expedición y publicación se atribuyó, respectivamente, a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tabasco, quienes reconocieron las mismas y cuya existencia se hace constar de la siguiente manera:

a) Decreto 237, mediante copia del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, publicado el 26 de diciembre de 2015.(16)

b) Decreto 278, por medio del cual se aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Jalapa, Tabasco, mediante copia del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, publicado el 30 de diciembre de 2015.(17)

c) Presupuesto de Egresos del Municipio de Jalapa para el Ejercicio Fiscal del año 2016, mediante copia del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, publicado el 20 de enero de 2016.(18)

IV. OPORTUNIDAD

24. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria establece en sus fracciones I y II el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales, el que se computará de la siguiente forma.(19)

25. Tratándose de actos, a partir: a) del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efecto la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; b) el día siguiente al en que el actor haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y c) del día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

26. En el caso de normas generales,(20) a partir: a) del día siguiente a la fecha de su publicación; y b) del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

27. Ahora bien, por lo que corresponde al Decreto número 237 de 4 de diciembre de 2015, mediante el cual el Congreso del Estado de Tabasco emitió la autorización para celebrar el convenio judicial impugnado, se trata de un acto legislativo, por lo que el cómputo de la oportunidad para su impugnación debe realizarse a partir del día siguiente a la fecha en que el Municipio actor tuvo conocimiento del mismo, siendo esta fecha el sábado 26 de diciembre de 2015, fecha en la que se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.

28. Esto es así, debido a que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio jurisprudencial en el sentido de que los actos del procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble, de tal forma que no es posible jurídicamente impugnar cada acto del procedimiento legislativo individualmente, sino que su impugnación sólo puede realizarse a partir de que es publicado el producto del procedimiento relativo, porque es en ese momento cuando todos los actos del procedimiento legislativo que le dieron lugar adquieren definitividad.(21)

29. En ese orden de ideas, el plazo de 30 días previsto en la fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia para impugnar el citado decreto, transcurrió del 4 de enero al 16 de febrero, ambos meses del año 2016.(22)

30. Luego entonces, si la demanda fue presentada en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el lunes 8 de febrero de 2016,(23) es evidente que su presentación fue oportuna.

31. En cuanto a la impugnación del Decreto 278 por el que se emitió la Ley de Ingresos del Municipio de Jalapa para el Ejercicio Fiscal del año 2016, al tratarse de una norma general, el cómputo de la oportunidad para su impugnación debe realizarse a partir del día siguiente a la fecha de su publicación.

32. En el caso, el citado decreto se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el miércoles 30 de diciembre de 2015, por lo que el plazo de treinta días previsto en la fracción II del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia para interponer la demanda, también transcurrió del 4 de enero al 16 de febrero de 2016. En esas condiciones, al haber sido presentada la demanda en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el lunes 8 de febrero de 2016, puede concluirse que su interposición fue oportuna.

33. En cuanto a la impugnación del Presupuesto de Egresos del Municipio de Jalapa para el Ejercicio Fiscal del año 2016, al tratarse de un acto formalmente legislativo, el cómputo de la oportunidad para su impugnación debe realizarse a partir del día siguiente a la fecha de su publicación.(24)

34. De esta manera, si el Presupuesto de Egresos del Municipio de Jalapa para el Ejercicio Fiscal del año 2016, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el 20 de enero de 2016, el plazo de treinta días previsto en la fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia para interponer la demanda, transcurrió del 21 de enero al 4 de marzo de 2016N,(25) por lo que si la demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el lunes 8 de febrero de 2016, es evidente que su interposición fue oportuna.(26)

V. LEGITIMACIÓN

35. Legitimación activa. De conformidad con el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria,(27) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo. 36. En el presente asunto, el Municipio de Jalapa, Estado de Tabasco, compareció por conducto de su Síndico de Hacienda, Fermín Alberto Torres Sánchez, quien demostró tener tal cargo con la copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección de Presidente Municipal y Regidores del Municipio de Jalapa, Tabasco, expedida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de dicho Estado de 10 de junio de 2015,(28) la cual acompañó a su demanda y cuyas atribuciones para ostentar la representación jurídica del Municipio están previstas en el artículo 36, fracción II, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.(29)

37. Legitimación pasiva. De conformidad con la fracción II del artículo 10 de la Ley Reglamentaria,(30) se les reconoció el carácter de parte demandada a los poderes Legislativo y Ejecutivo locales, al atribuírseles, respectivamente, la emisión, expedición y publicación del acto y disposiciones generales impugnadas.

38. a) Poder Legislativo del Estado de Tabasco. En su representación compareció el diputado Federico Madrazo Rojas, en su carácter de Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tabasco, quien acreditó su personalidad con copia certificada del Acta de Reunión de la Junta Preparatoria número 02,(31) celebrada el 30 de diciembre de 2015, en la cual consta que rindió protesta al cargo de diputado, así como con copia certificada del Acta de Sesión Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco número 126,(32) celebrada el 18 de marzo de 2017, en la cual consta su designación en el cargo con que se ostenta, y cuyas atribuciones para representar en juicio a dicho órgano legislativo están previstas en el artículo 58, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco.(33)

39. b) Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. En su representación acudió Juan José Peralta Fócil, ostentándose con el carácter de Coordinador General de Asuntos Jurídicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,(34) y las atribuciones para ello se prevén en las fracciones X y XI del artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.(35)

40. Conforme a lo relatado, los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tabasco cuentan con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que a ellos se les imputan los actos y la norma que se impugnan y ha quedado demostrado que los funcionarios que comparecieron a juicio en su representación, cuentan con facultades para ello.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

41. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación procede a realizar el análisis de las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.

42. Al respecto, el Poder Legislativo del Estado sostiene que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria, pues el Municipio actor carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional. Lo anterior, debido a que si bien el Decreto 237 es un acto legislativo, lo cierto es que no fue emitido de manera unilateral por dicho poder en uso de facultades soberanas, sino que se trató de una autorización concedida a petición del gobierno municipal en turno, la cual fue formulada en el ejercicio libre y directo de la administración de la hacienda municipal.

43. Esta Segunda Sala considera que la causa de improcedencia alegada resulta infundada.

44. Al resolver el recurso de reclamación 13/2016-CA,(36) la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el hecho de que el Decreto impugnado haya sido emitido a solicitud del propio Municipio actor no desvanece la posible afectación que le pudo generar la autorización dada por el Poder Legislativo local, pues para considerar que efectivamente hubo un consentimiento tácito de la misma, debió darse una manifestación en ese sentido.

45. Por tales motivos señaló que si el Municipio actor manifestó su inconformidad con el Decreto impugnado promoviendo el presente medio de control constitucional, entonces era evidente que no consintió el supuesto incumplimiento por parte del Congreso a los artículos 36, fracción XII, de la Constitución local; 3, fracciones VII, VIII, XVIII y XVII, 22, fracciones IV y V, 25, 25 bis, 25 bis-1, 26 y 32 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, por lo que sí contaba con interés jurídico para promover la controversia.

46. Derivado de lo expuesto, resulta evidente que la Primera Sala ya se ocupó de la causa de improcedencia alegada por el Congreso local y la declaró infundada, lo que lleva a esta Segunda Sala a calificarla de la misma manera.

47. Por otro lado, el Poder Legislativo del Estado aduce con respecto a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, ambos aplicables al Municipio de Jalapa, Estado de Tabasco, para el ejercicio fiscal del año 2016, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria, debido a que esa normatividad regula el gasto público de manera anual, por lo que la controversia debe sobreseerse, pues a la fecha ambos instrumentos cesaron sus efectos.

48. Esta Segunda Sala estima que la causa de improcedencia alegada resulta fundada.

49. El artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia establece que las controversias constitucionales son improcedentes cuando cesen los efectos de la norma o del acto impugnado en estos procedimientos, lo cual implica que éstos dejen de surtir sus efectos jurídicos, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en estos juicios se pronuncia no tiene efectos retroactivos.(37)

50. En el presente caso se actualiza el supuesto anterior, ya que la parte actora impugna la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos vigentes para el ejercicio fiscal del año 2016. Sin embargo, dichos instrumentos financieros están sujetos al principio de anualidad que establece los artículos 36, fracción VII, párrafo primero y 65, fracción VI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco,(38) por lo que es evidente que a la fecha ya cesaron en sus efectos.

51. En consecuencia, la causa de improcedencia a que se ha hecho referencia se actualiza en el caso concreto, en virtud que la parte actora solicita la invalidez de aspectos respecto de las cuales el ejercicio fiscal para el cual estuvieron vigentes ya concluyó. Por lo tanto, es claro que la posible afectación que pudiera resentir el Municipio actor en su esfera de atribuciones quedó sin efectos.(39)

52. Lo anterior tiene mayor sentido si se toma en cuenta que aun y cuando se estudiara el fondo del presente asunto y se llegara a declarar, en su caso, su invalidez, la sentencia no podría surtir plenos efectos, al existir la limitante expresa del artículo 45 de la Ley Reglamentaria de la materia, en torno a los efectos retroactivos de las sentencias.

53. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el numeral 45, ambos de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(40) procede sobreseer en la presente controversia constitucional(41) con respecto a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, ambos aplicables al Municipio de Jalapa, para el ejercicio fiscal del año 2016, de conformidad con el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia.(42)

54. Por ese motivo, esta Sala estima innecesario pronunciarse en torno al argumento mediante el cual el Poder Ejecutivo local afirma que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria,(43) en tanto que el municipio actor no expone de manera clara y fundada los agravios que le causan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que han sido referidos.

55. Lo anterior debido a que esta Suprema Corte ya decretó el sobreseimiento de la controversia constitucional con respecto a ellos, por lo que resulta innecesario ocuparse de los restantes argumentos de queja que combaten la procedencia de la controversia con respecto a los mismos.(44)

56. Finalmente, esta Sala estima que en el presente caso no resulta aplicable el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la tesis de jurisprudencia P./J. 117/2000; de rubro y texto siguientes:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES.- Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 98/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, página 703, de rubro: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’, estableció que si el control constitucional busca dar unidad y cohesión a los órdenes jurídicos, en las relaciones de las entidades u órganos de poder que las conforman, tal situación justifica que una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, debe analizarse todo tipo de violaciones a la Constitución Federal, sin importar sus características formales o su relación mediata o inmediata con la Norma Fundamental. Sin embargo, dicha amplitud para ejercitar la acción de controversia constitucional, no puede llegar al extremo de considerarla como la vía idónea para controvertir los fundamentos y motivos de una sentencia emitida por un tribunal judicial o administrativo, incluso cuando se aleguen cuestiones constitucionales, porque dichos tribunales al dirimir conflictos que han sido sometidos a su conocimiento, ejercen facultades

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200893-4bfc6120/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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