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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA NORMAS DE CARÁCTER GENERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ESE PODER (ARTÍCULO 11, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LAS NORMAS IMPUGNADAS, AL HABER SIDO REFORMADAS POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (Articulo10, FRACCIÓN IX DE LA LEY NÚMERO 483 DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "VIOLENCIA FAMILIAR E INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA", PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 70/2023. · Registro digital (IUS): 200908
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 70/2023. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 18 DE OCTUBRE 2023. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN ESTÁ CON EL SENTIDO, PERO SE SEPARA DE ALGUNAS CONSIDERACIONES. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: FRIDA RODRÍGUEZ CRUZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 70/2023, promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra del Decreto Número 245 por el que se reforma y adiciona el artículo 10, fracción IX, en su porción normativa "violencia familiar e incumplimiento de la obligación alimentaria", de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el tres de febrero de dos mil veintitrés.

La porción normativa impugnada establece como requisito para ocupar una diputación, la gubernatura del Estado o ser integrante de algún Ayuntamiento en el Estado de Guerrero que las personas aspirantes no estén condenadas por los delitos de violencia familiar e incumplimiento de la obligación alimentaria.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. El dos de marzo de dos mil veintitrés, la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal promovió acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 10, fracción IX, en su porción normativa "violencia familiar e incumplimiento de la obligación alimentaria" de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, reformado mediante Decreto No. 245, publicado el tres de febrero de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Gobierno de Guerrero.

2. Conceptos de invalidez. En su único concepto de invalidez, la parte actora expuso los siguientes argumentos:

a. Transgresión a los principios de igualdad y no discriminación, en relación con el derecho humano a la reinserción social

- La porción normativa impugnada vulnera esos derechos porque las personas que compurgaron una pena se encuentran en libertad de ejercer sus derechos políticos para ocupar una diputación, la gubernatura del Estado o ser integrantes de algún Ayuntamiento en el Estado de Guerrero y se ven imposibilitadas para ello por la prohibición expresa que establece la norma controvertida.

- La porción normativa impugnada excluye de la posibilidad de ocupar un cargo público a las personas que compurgaron una pena o se hayan puesto al corriente con una obligación alimentaria, pues coarta su derecho a incorporarse a la sociedad a través de una actividad laboral, por lo que se vulneran los principios de igualdad y no discriminación, en relación con el derecho humano a la reinserción social.

- La medida legislativa no contempló las condenas absolutorias, por lo que no es factible que se discrimine por esa razón a las personas para ejercer un empleo o cargo público.

- La norma impugnada discrimina por su condición social a las personas que compurgaron una pena y pretenden acceder a un empleo público, lo cual se ubica dentro de las categorías sospechosas previstas en el artículo 1o. constitucional.

- El artículo controvertido no persigue un fin constitucionalmente válido, ya que la restricción que impone para ocupar los cargos discrimina a las personas que hayan compurgado una pena por delitos del orden familiar o se pongan al corriente con sus obligaciones alimentarias.

- La norma impugnada es inconvencional, ya que restringe el derecho de las personas a que sean readaptadas socialmente por la prohibición que impide que puedan acceder a un cargo público.

- La medida legislativa no se acota a delitos dolosos para ocupar los cargos, por lo que aplica igualmente a las personas que hayan cometido delitos culposos, lo que contraviene el derecho humano a la reinserción social, ya que no se permite a las personas que hayan cometido delitos culposos reincorporarse a la vida en sociedad.

- La medida legislativa es contraria al artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque prohíbe injustificadamente que las personas que compurgaron su sanción o se pusieron al corriente con sus adeudos alimentarios ocupen un cargo público.

b. Transgresión a los derechos humanos al trabajo y de acceso a ocupar un cargo público

- La medida legislativa viola estos derechos porque impide a las personas que hayan compurgado una pena o cumplido sus obligaciones alimentarias ocupar un cargo público de por vida.

- Se atenta contra los derechos de la ciudadanía a ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, ya que la norma prohíbe injustificada y desproporcionalmente que accedan a un cargo público cuando las personas aspirantes hayan sido condenadas por delitos en materia de violencia familiar o por incumplir una obligación alimentaria.

- La norma no persigue un fin constitucionalmente válido, ya que pretende solucionar problemáticas sociales a través de la imposición de estos requisitos, distorsionando la profesionalización, efectividad y desempeño que se debe tener en un cargo público y las personas que hayan cumplido con su pena o que hayan saldado sus adeudos de alimentos quedarán excluidas de contender por un cargo público, aun cuando sean las idóneas para cubrir el puesto.

- La norma tampoco resulta idónea ni necesaria para garantizar que la personas sea apta para cubrir el puesto, ya que los requisitos deben atender a la naturaleza de las funciones que se desempeñarán y no a la condición social de las personas que aspiran a obtener el puesto.

- A diferencia de otros precedentes, en este caso la norma impugnada prohíbe totalmente y sin excepción alguna el acceso a ocupar un cargo público, aun cuando las personas hayan compurgado la pena y estén al corriente con sus obligaciones alimentarias, lo que hace inconstitucional la norma impugnada, al no permitir la excepción de subsanar la conducta morosa para acceder al cargo público.

3. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de siete de marzo de dos mil veintitrés, la presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibida la demanda y ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 70/2023, así como su turno al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para instruir el procedimiento correspondiente.

4. El diez de marzo de dos mil veintitrés, el ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad. Tuvo como autoridades emisoras de la norma a los poderes legislativo y ejecutivo del Estado de Guerrero y ordenó dar vista para que, dentro del plazo de seis días naturales, rindieran los informes correspondientes. También se dio vista a la Fiscalía General de la República, para que, hasta antes del cierre de instrucción, manifestara lo que a su representación corresponda.

5. De igual forma, se requirió a la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para que, en el plazo de tres días naturales, informara la fecha en que dará inicio el próximo proceso electoral en la Entidad.

6. Finalmente, se solicitó al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que, dentro del plazo de diez días naturales, tuviera a bien expresar por escrito su opinión en relación con la presente acción de inconstitucionalidad.

7. Informe del Poder Legislativo del Estado de Guerrero. La presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Guerrero, en representación del Poder Legislativo demandado, rindió informe en el que manifestó:

- El Poder Legislativo demandado tiene facultades para expedir la norma cuestionada.

- La porción normativa impugnada no es inconstitucional porque al establecer diversos requisitos para ocupar una diputación, la gubernatura del Estado o para integrar algún Ayuntamiento se requiere no estar condenado por los delitos de violencia política contra las mujeres por razón de género.

- Expuso lo que a su consideración es el contenido del derecho humano a la alimentación y la justificación de la existencia de un Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos.

- La norma busca que las personas que pretendan registrarse como candidatas en un proceso electoral sean de solvencia moral intachable, sin antecedentes de violencia familiar y sin adeudos por concepto de alimentos, aunado al hecho de que la restricción contenida en la noma se justifica en el interés superior de la niñez.

- Concluye que la porción normativa impugnada es acorde a la Constitución y los tratados internacionales en que México es parte, por lo que solicita se declare su validez.

8. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero. El consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero rindió su informe en el que expresó lo siguiente:

- Es cierto el acto atribuido al Poder Ejecutivo demandado, consistente en la promulgación de la norma impugnada; sin embargo, tal circunstancia no significa que haya contravenido la Constitución Federal ni normas de tratados internacionales en los que México sea parte, de ahí que se sostuvo la validez de la promulgación de la norma.

- Si bien es cierto la norma impugnada exige como requisito para ocupar una diputación local, la gubernatura del Estado o ser persona integrante de algún Ayuntamiento, el no estar condenado o condenada por los delitos de violencia política contra las mujeres, violencia familiar e incumplimiento de la obligación alimentaria, lo cierto es que dicha prohibición aplica a las personas condenadas por dichos delitos durante el tiempo que dure la pena.

- La hipótesis prevista por la norma se refiere al caso en que la persona condenada se acoja al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. En ese supuesto a pesar de estar en libertad, no podría aspirar a los referidos cargos públicos.

- Reitera que la medida legislativa impugnada debe entenderse cuando la condena está vigente, pues es en ese periodo que los derechos políticos de una persona están suspendidos y, por ende, no puede aspirar a un cargo público, lo cual es acorde con el artículo 50 del Código Penal del Estado de Guerrero.

- La imposibilidad de aspirar a los citados cargos es mientras la condena está vigente, pero nunca después de compurgada la pena.

9. Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en asuntos electorales. Las Magistradas y Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitieron su opinión en los siguientes términos:

- Sobre la temporalidad de la restricción, existen dos interpretaciones posibles. La primera entiende la restricción de forma indeterminada, es decir, que cuando una persona sea condenada por violencia familiar o incumplimiento de obligación alimentaria la restricción la restricción es permanente. La segunda opción implica interpretar la restricción sólo mientras se compurga la pena impuesta y una vez compurgada la persona queda en pleno ejercicio de su derecho a ser votada y ocupar algún cargo público.

- La primera interpretación daría lugar a la inconstitucionalidad de la norma; sin embargo, si el artículo impugnado se interpreta de conformidad con la segunda opción, resulta apegada al orden constitucional.

- De los artículos 35, fracción II y 38 de la Constitución Federal se desprende que los derechos o prerrogativas de la ciudadanía se suspenden cuando estén sujetos a un proceso criminal por un delito que amerite pena privativa de libertad o durante la extinción de la pena corporal. En ese orden de ideas, debe entenderse que cuando una persona sea condenada en esos términos se suspenden sus derechos a ser votada y ocupar un cargo de elección popular mientras la condena esté vigente, ya sea que se encuentre privada de la libertad o bien, cuando se haya concedido un sustitutivo de esa pena; no obstante, una vez compurgada la condena, cesa la suspensión de derechos.

- El hecho de que la norma impugnada no distinga entre la comisión dolosa y culposa de los delitos de violencia familiar e incumplimiento de la obligación alimentaria no la vuelve inconstitucional. Ello, pues la Constitución tampoco hace esa distinción al señalar que los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas se suspenden cuando se encuentren sujetas a un proceso penal que amerite pena privativa de libertad o durante la extinción de una pena corporal.

10. Informe del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. El secretario ejecutivo del citado Instituto desahogó el requerimiento formulado por el ministro instructor en el auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, en el sentido de informar que el proceso electoral ordinario en dicha entidad federativa inicia en septiembre de dos mil veintitrés.

11. La Fiscalía General de la República no presentó opinión alguna.

12. Alegatos y cierre de la instrucción. Seguido el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos de la delegada del Poder Ejecutivo Federal actor y del delegado del Congreso Local demandado, por acuerdo de ocho de junio de dos mil veintitrés, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.

13. Radicación en la Primera Sala. Previo dictamen del ministro ponente, por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés se ordenó el envío del asunto a esta Primera Sala para su radicación. En consecuencia, mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de esta Primera Sala tuvo por recibidas las constancias, ordenó avocarse al conocimiento el asunto y devolvió los autos al Ministro ponente.

I. COMPETENCIA

14. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución General, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Puntos Segundo, fracción II y Tercero, del Acuerdo General 1/2023 del Tribunal Pleno, pues se planteó la posible contradicción entre el artículo 10, fracción IX, en su porción normativa "violencia familiar e incumplimiento de la obligación alimentaria", de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y la Constitución General.

II. PRECISIÓN DE LA NORMA RECLAMADA

15. En el caso, el Poder Ejecutivo Federal demanda la invalidez del artículo 10, fracción IX, en su porción normativa "violencia familiar e incumplimiento de la obligación alimentaria", de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.

III. OPORTUNIDAD

16. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.

17. Además, el segundo párrafo del precepto citado dispone que en materia electoral todos los días son hábiles para el cómputo de plazos.

18. En este caso la acción es oportuna. La norma impugnada fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el tres de febrero de dos mil veintitrés, por lo que el plazo de treinta días para la presentación transcurrió del cuatro de febrero al cinco de marzo de dos mil veintitrés.

19. Por tanto, si la demanda se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el dos de marzo de dos mil veintitrés, su presentación resulta oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

20. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada, pues presentó la demanda la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, titular de un órgano facultado para promover acciones de inconstitucionalidad contra normas generales de carácter federal y de las entidades federativas, en términos del artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución.(1)

21. Por otra parte, el primer párrafo del numeral 11 de la Ley Reglamentaria de la materia(2), señala que los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de las o los funcionarios que legalmente estén facultados para ello y, por su parte, el párrafo segundo del referido precepto, señala que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por la persona secretaria de estado, por quien ocupe la jefatura del departamento administrativo o por la persona titular de la Consejería Jurídica del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley.

22. En el caso, el Poder Ejecutivo Federal acude por conducto de la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, quien acredita su personalidad con la copia certificada de su nombramiento, de manera que cuenta con legitimación para promover el presente medio de control constitucional.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

23. Esta Primera Sala advierte de manera oficiosa que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V,(3) de la Ley Reglamentaria, aplicable en acciones de inconstitucionalidad en virtud de lo dispuesto en los artículos 59(4) y 65(5) de ese mismo ordenamiento.

24. Como se explica enseguida, la expedición del Decreto número 471 el nueve de junio de dos mil veintitrés que se publicó el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, acredita la existencia de un nuevo acto legislativo que provoca la cesación de efectos de la norma general impugnada.

25. El Tribunal Pleno ha sostenido que, para decretar el sobreseimiento por cesación de efectos ante la presencia de un nuevo acto legislativo, debe acreditarse tanto un criterio formal, como uno material o sustantivo. Mientras el primero exige que se haya llevado a cabo un proceso legislativo, el segundo, en cambio, se refiere a que la modificación haya desembocado en un verdadero cambio normativo que modifique la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de tal suerte que un nuevo acto legislativo implica necesariamente una modificación al sentido normativo de la disposición(6).

26. En el presente caso, constituye un hecho notorio, con fundamento en el artículo 88(7) del Código Federal de Procedimientos Civiles y de aplicación supletoria en términos del artículo 1(8) de la Ley Reglamentaria, que el nueve de junio de dos mil veintitrés se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el Decreto número 471 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. El cambio a la porción normativa impugnada se presenta en el cuadro comparativo siguiente:

Ver cuadro comparativo

27. Como fue detallado en la síntesis de los conceptos de invalidez, la impugnación de la accionante se dirigió a cuestionar la validez constitucional de la fracción IX del artículo 10 de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero en su porción normativa "violencia familiar e incumplimiento de la obligación alimentaria".

28. La accionante expuso, en esencia, que la norma impugnada excluye de la posibilidad de ocupar un cargo público a las personas que hayan sido condenadas por delitos en materia de violencia familiar o por incumplir una obligación alimentaria y hayan compurgado su pena o se hayan puesto al corriente con una obligación alimentaria, lo que coarta su derecho a incorporarse a la sociedad a través de una actividad laboral, por lo que se vulneran los principios de igualdad y no discriminación, en relación con el derecho humano a la reinserción social.

29. Ahora bien, el Decreto número 471 reformó en su totalidad la fracción IX del artículo 10 de la ley impugnada, que prevé los requisitos para ocupar una diputación, la gubernatura del Estado o ser integrante de algún Ayuntamiento en el Estado de Guerrero.

30. El citado decreto sustituyó el requisito "No estar condenada o condenado por los delitos de violencia política contra las mujeres en razón de género, violencia familiar e incumplimiento de la obligación alimentaria;", por el diverso requisito de elegibilidad consistente en no tener sentencia firme por la comisión intencional de diversos delitos, a saber: aquellos contra la vida y la integridad corporal;(9) contra el libre desarrollo de la personalidad;(10) contra la libertad sexual y el desarrollo psicosexual;(11) contra la libertad personal(12); contra de un integrante de la familia y por discriminación contra la dignidad de las personas;(13) y contra la familia.(14)

31. Por tanto, esta Primera Sala estima que en el caso se acreditan los criterios para el sobreseimiento en la presente acción de inconstitucionalidad.

32. Ello, pues, por una parte, el criterio formal se acredita con la expedición del Decreto número 471, pues éste es prueba suficiente para concluir que hubo y concluyó un proceso legislativo por el mismo órgano que emitió la norma impugnada. Además, el citado Decreto modificó sustancialmente la ley impugnada en los términos precisados, debido a que modificó prácticamente en su integralidad la fracción impugnada, por lo que se considera que también se acredita el criterio sustantivo de nuevo acto legislativo.

33. Cabe destacar que la mencionada reforma entró en vigor el nueve de junio de dos mil veintitrés, de conformidad con el artículo primero transitorio del Decreto número 471 que establece que la norma entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

34. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 25/2016 (10a.) y, P./J. 47/99, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.".(15)

35. Por tanto, dado que se acreditan los criterios formal y material que confirman la existencia de un nuevo acto legislativo, procede el sobreseimiento en la presente acción de inconstitucionalidad en relación con el artículo 10, fracción IX, de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en las porciones normativas impugnadas.

VI. DECISIÓN

36. Por lo antes expuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad.

Notifíquese; mediante oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de la señora Ministra y los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (ponente); y el Ministro Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien indicó que está con el sentido, pero se separa del criterio de cambio normativo.

Firman el Ministro Presidente de la Primera Sala y el Ministro Ponente, con el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA

MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO

PONENTE

MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA

SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA

RAÚL MENDIOLA PIZAÑA

____________________

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

[...]

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

[...]

c)El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas; [...]

2. ARTICULO 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

[...]

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de estado, por el jefe del departamento administrativo o por el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. El acreditamiento de la personalidad de estos servidores públicos y su suplencia se harán en los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan.

3. Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: [...]

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; [...].

4. Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título II.

5. Artículo 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el ministro instructor de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20.

La (sic) causales previstas en las fracciones III y IV del artículo 19 sólo podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en éstas se presenten respecto de otra acción de inconstitucionalidad.

6. Véase la tesis de jurisprudencia número P./J. 25/2016 (10a.) emitida por el Pleno con rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.", disponible para su consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, octubre de dos mil dieciséis, Tomo I, página 65 y registro electrónico 2012802.

7. Artículo 88. Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes.

8. Artículo 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

9. Previstos en el Libro Segundo, Título Primero, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero.

10. Previstos en el Libro Segundo, Título Cuarto, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero.

11. Previstos en el Libro Segundo, Título Quinto, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero.

12. Previstos en el Libro Segundo, Título Sexto, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero.

13. Previstos en el Libro Segundo, Título Séptimo, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero.

14. Previstos en el Libro Segundo, Título Octavo, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero.

15. Tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno y disponible para su consulta en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, página 65, y registro electrónico 2012802.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200908-29cd50f3/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-poder-ejecutivo-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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