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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL DE CARÁCTER FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS VIOLA DERECHOS HUMANOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LAS NORMAS IMPUGNADAS, AL HABER SIDO REFORMADAS POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 107, PRIMER PÁRRAFO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DEBERÁ OBSERVAR EN ELLOS QUE NO EXISTAN MANIFESTACIONES PATENTES DE INCAPACIDAD NATURAL Y", DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 501, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 60/2024. · Registro digital (IUS): 201025
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 60/2024. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 9 DE ABRIL DE 2025. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: MERCEDES VERÓNICA SÁNCHEZ MIGUEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al nueve de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

En la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 60/2024, promovida por la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra del artículo 107, primer párrafo, en la porción normativa “deberá observar en ellos que no existan manifestaciones patentes de incapacidad natural y”, de la Ley del Notariado del Estado de Nuevo León, reformado mediante Decreto 501, publicado el veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, en el periódico oficial de la citada entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro, en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las normas y autoridades que se detallan a continuación.

2. Norma impugnada: Artículo 107, primer párrafo, en la porción normativa “deberá observar en ellos que no existan manifestaciones patentes de incapacidad natural y”; de la Ley del Notariado del Estado de Nuevo León, reformado mediante Decreto 501, publicado el veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, en el periódico oficial de la citada entidad federativa.

• Autoridad emisora de la norma impugnada: Congreso del Estado de Nuevo León.

• Autoridad promulgadora de la norma impugnada: Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León.

3. Derechos fundamentales que se estiman vulnerados. El derecho a la consulta previa, estrecha y activa de las personas con discapacidad, previsto en los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1° y 43 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y I, II y V de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

4. Concepto de invalidez. Para sustentar la violación de los derechos antes referidos, la accionante, esencialmente aduce que:

• El artículo 107, primer párrafo, en la porción normativa “deberá observar en ellos que no existan manifestaciones patentes de incapacidad natural y”, de la Ley del Notariado del Estado de Nuevo León establece que la persona titular de la Notaria debe conocer a los comparecientes y saber que tienen capacidad legal, por lo que deberá -entre otras cuestiones- observar en ellos que no existan manifestaciones patentes de incapacidad natural.

• Que lo anterior impacta directamente en los derechos de las personas con discapacidad, toda vez que conforme al Código Civil para el Estado de Nuevo León “la incapacidad natural” se atribuye esencialmente a aquellas mayores de edad con limitaciones físicas o mentales, que les impide obligarse por sí mismos o manifestar su voluntad por algún medio; por lo tanto, el legislador se encontraba obligado a realizar la consulta a dicho colectivo, en términos del artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

• Considera que el precepto 107, en la porción normativa impugnada resulta inconstitucional, pues previo a su emisión no se consultó a las personas con discapacidad, pese a que la medida legislativa instaurada impacta directamente en el ejercicio de sus derechos reconocidos, específicamente, el de ejercer su capacidad jurídica de manera libre e independiente, lo cual actualiza la obligación a cargo del legislador local de llevar a cabo la consulta, dado que de la revisión de los antecedentes legislativos que dieron origen a la norma, no se advierte que se haya llevado a cabo dicho procedimiento consultivo.

• Apartado A: Parámetro en materia de consulta a las personas con discapacidad.

Se desarrolla el contenido y alcance de estos derechos.

• Apartado B: Análisis de la norma impugnada por falta de consulta a las personas con discapacidad.

• El párrafo segundo, del artículo 107, en la porción normativa impugnada tiene como objetivo establecer que el titular de la Notaría pueda hacer constar que quienes acuden ante él para la elaboración de alguna escritura pública efectivamente cuentan con capacidad legal para hacerlo, el cual dispone:

• Se deberá de constatar la identidad y capacidad de los comparecientes.

• No se deberá de observar en ellos manifestaciones patentes de incapacidad natural.

• No tener noticias de que estén sujetos a incapacidad civil.

• Además, su función será examinar los documentos oficiales puestos a su conocimiento que acrediten a las personas que acuden ante su fe, los cuales deberán contener fotografía, nombre y apellidos, o en su caso, el documento que de identidad autorizado por las autoridades competentes, los cuales examinará y agregará en copia al apéndice, mismos que deberán ser validados a través de datos biométricos y verificados por las instituciones que emiten dichos documentos oficiales, debiendo dejar constancias de ello.

• Adicional a ello, dispone que en aquellos casos que se requiera la presencia de testigos, estos deberán tener capacidad jurídica en los términos de la legislación aplicable y su identidad se hará constar de la misma manera ya descrita y que, en sustitución del testigo que no supiere o no pudiere firmar, lo hará otra persona que al efecto elija y aquél imprimirá sus huellas digitales.

• En ese sentido, refiere que la disposición impugnada, está destinada, por un lado, a verificar la identidad de las personas, y por el otro, a hacer constar que cuentan con capacidad para ejercer sus derechos, particularmente, para formalizar la escritura pública. Sin embargo, prevé dos supuestos por los que, a pesar de cumplir con todos los demás requisitos, no se podrá concretar la elaboración de ese instrumento notarial, a saber, si es que las personas tienen incapacidad natural o están sujetos a incapacidad civil.

• Señala que el artículo 23 bis del Código Civil para el Estado de Nuevo León, prevé que serán motivo de restricción a la personalidad jurídica: 1) la minoría de edad, 2) el estado de interdicción y 3) las demás incapacidades previstas en la ley; también precisa que los incapaces podrán ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por sí mismos o por medio de sus representantes.

• Por su parte, el numeral 450 del mismo ordenamiento establece que tendrán capacidad natural y legal: 1) Los menores de edad; 2) Los mayores de edad, con incapacidad o discapacidad originada por enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico, psicológico o sensorial que les impida gobernarse por sí mismos o no puedan manifestar su voluntad por algún medio; 3) Los sordo-mudos que no saben leer ni escribir; y 4) Los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente hacen uso inmoderado de drogas enervantes.

• Es decir, conforme a la legislación civil de la entidad, existe un sistema normativo que permite la capacidad jurídica de ciertas personas, pues su único ejercicio únicamente podrá realizarse a través de sus representantes, ya que son considerados como incapaces para la toma de propias decisiones.

• En ese sentido, de la interpretación sistemática de la porción normativa de los artículos señalados del Código Civil de la entidad, se llega a la convicción de que la persona titular de la Notaría llevará a cabo un juicio valorativo, basado en la sola apariencia del compareciente, para determinar si los usuarios cuentan o no con capacidad jurídica para la elaboración del instrumento notarial respectivo, conforme al sistema normativo vigente.

• Refiere que la disposición se constituye como una barrera social que impide la inclusión de las personas que viven con alguna discapacidad intelectual, mental y/o psicosocial en igualdad de condiciones que las demás, ya que asume que, derivado de esas deficiencias, las personas en tal situación no pueden tomar decisiones, motivo por el cual debe ser analizada a la luz de los principios y derechos previstos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, similar criterio sostuvo la Suprema Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 80/2022.

• Es claro que la porción normativa impugnada impacta directamente en las personas con discapacidad, de manera que era obligatorio consultar a este grupo social para así tomar en cuenta sus necesidades reales y su punto de vista sobre la forma en que se debe promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y libertades, pues, de lo contrario, el Estado estaría adoptando una postura unilateral sobre este sector, sin tomarlos en cuenta.

• Al omitir llevar a cabo la consulta es claro que el contenido de la disposición en análisis no está diseñado a partir de la particular perspectiva de ese sector de la población, pues al no permitirles su participación, la norma refleja una visión ajena a la realidad de las personas con discapacidad y de sus necesidades, que incluso dificultan el ejercicio de sus derechos de manera plena y autónoma. Ello, dado que el legislador estableció un sistema normativo que permite o faculta a las personas titulares de las Notarias a llevar a cabo un juicio de valor (basado en la apariencia) de quienes comparecen ante su fe, para poder llevar a cabo un procedimiento de escritura pública, siendo que de la conclusión a la que arribe se determinará si la persona compareciente puede o no llevar a cabo dicho trámite notarial, porque cuenta con capacidad jurídica plena o no tiene manifestaciones de incapacidad natural, ya que la persona notaria no las observó.

• Que derivado de la falta de la consulta a las personas con discapacidad, el legislador neoleonés estableció una norma que puede ser contraria a los derechos humanos de ese colectivo, en tanto que sujeta el reconocimiento de su capacidad jurídica a un juicio valorativo y subjetivo del titular de la Notaría, lo cual, no tiene justificación conforme al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

• Refieren que la necesidad de que estos asuntos sean consultados directamente y conforme a los lineamientos que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en distintos precedentes, radica en que las personas con discapacidad conforman un grupo que históricamente ha sido discriminado e ignorado, por lo que es necesario hacerlos partícipes del procedimiento para conocer si las medidas legislativas constituyen una medida que les beneficie, pero sobre todo, para escuchar las aportaciones y opiniones que el legislador no tuvo en cuenta para emitir la norma ahora impugnada.

• Consideraciones similares fueron sustentadas por el Pleno de este Tribunal Constitucional, al resolver diversos asuntos en los que se ha reafirmado que el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad requiere la consulta a personas con discapacidad en procesos de adopción de cesiones sobre cuestiones relacionadas con las mismas, con el fin de asegurar que las medidas dirigidas a éstas sean una respuesta a sus necesidades reales, por lo que la omisión de este requisito supone la validez de la norma.

• En virtud de que se omitió la participación de ese sector de la población antes de llevar a cabo la reforma del artículo impugnado de la Ley del Notariado del Estado de Nuevo León, resulta innecesario que esta institución nacional se pronuncie sobre si se cumplió con los requisitos de la consulta, a saber, que sea previa, pública, abierta e informada y permitiera la participación efectiva de los sujetos implicados, pues no obra constancia alguna que acredite que este importante ejercicio participativo se haya llevado a cabo en alguna fase del proceso legislativo que culminó con la modificación del ordenamiento combatido.

• Insiste en que las autoridades estatales deben observar los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo, el derecho que tienen a ser consultadas en las medidas que se relacionen con ellas directamente, ya que la obligación de consultarles no es optativa, sino obligatoria, por mandato del artículo 1° de la Norma Fundamental.

• Cuestiones relativas a los efectos.

La Comisión accionante solicita qué, de ser tildados de inconstitucionales los preceptos combatidos, se extiendan los efectos a todas aquellas normas que estén relacionadas.

5. Radicación y turno. El veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, en su carácter de Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad con el número 60/2024, y lo turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, a fin de que instruyera el procedimiento correspondiente.

6. Admisión y trámite. Por auto de once de marzo de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Nuevo León, para que rindieran sus respectivos informes y remitieran los documentos necesarios para la debida integración del expediente; a la Fiscalía General de la República para que hasta antes del cierre de instrucción, manifestara lo que a su representación correspondiera; así como, a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que de considerar que la materia del juicio trasciende a sus funciones constitucionales, manifestara lo que a su esfera competencial conviniera, hasta antes del cierre de la instrucción.

7. Certificación de plazo. El once de marzo de dos mil veinticuatro, la Secretaría de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, certificó que el plazo de quince días concedido a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, del Estado de Nuevo León, para rendir sus informes respectivos, transcurriría del veintidós de marzo al dieciséis de abril de dos mil veinticuatro.

8. Informe del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. Mediante escrito depositado en la oficina de correos de la localidad el doce de abril de dos mil veinticuatro y recibidas el veintiséis siguiente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Congreso del Estado de Nuevo León, por conducto del Diputado **********, Presidente de la Mesa Directiva del Estado de Nuevo León, rindió el informe que le fue requerido, manifestando en esencia lo siguiente:

• El concepto de validez deviene infundado e improcedente, y en consecuencia, debe desestimarse, dado que la promovente considera que el artículo 107, primer párrafo, de la Ley del Notariado del Estado de Nuevo León, impacta en los derechos de las personas con discapacidad, por lo que en el caso, el legislador se encontraba obligado a realizar la consulta a este grupo vulnerable, lo que cual no resulta válido, en virtud de que el decreto convalidó diversas reformas integrales en materia de protección de los derechos de propiedad y blindar los inmuebles contra posibles despojos, así como precisar la participación notarial en las transmisiones de propiedad que se propalan ante la fe notarial, todo ello derivado de un cúmulo de análisis y estudios en los que recayó diversas mesas de trabajo públicas, abiertas en la que participaron organismos tanto gubernamentales como de la sociedad civil.

• Refiere que el Congreso del Estado actuó dentro de la esfera jurídica competencial que le corresponde en términos del artículo 116 Constitucional, así como de los preceptos 63, 70 y 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, de manera que el actuar de esa soberanía no violenta ninguna de las garantías que la promovente menciona, lo cual encuentra fundamento en la tesis de jurisprudencia de rubro: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.”(1)

• Menciona que el concepto de invalidez hecho valer resulta infundado e improcedente en la porción normativa impugnada, dado que en el decreto del artículo 107, dispone “que se deberá contar con la declaración de dos testigos a quienes conozca el Notario o en su defecto se identifique de la manera antes referida, quien así lo expresará en la escritura. Los testigos deberán ser mayores de edad; para que los testigos aseguren la identidad y capacidad legal de los otorgantes, bastarán que sepan su nombre y apellidos, que no observen en ellos manifestaciones patentes de incapacidad natural y que no tengan conocimiento de que estén sujetos a incapacidad civil, para lo cual el Notario les explicará cuáles son las incapacidades naturales y civiles, exceptuando de esta explicación al testigo que sea perito en derecho. En sustitución del testigo que no supiere o no pudiere firmar, lo hará otra persona que al efecto elija y aquél imprimirá sus huellas digitales, en los términos del inciso e) de la fracción XI del articulo 106 de esta ley.”

• En ese sentido, agrega que el decreto no excede de las facultades de creación normativa al haber establecido en el decreto que se impugna una previsión ya contenida en tal decreto, pues de la lectura se obtiene que el legislador escuchó abiertamente a diversos sectores de la sociedad y de las autoridades que aplican estas disposiciones normativas, que se precisaron con el objeto de proteger sus derechos con personas con discapacidad, pues no se afecta jurídicamente a este sector.

• Expresa que el Pleno del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, aprobó realizar mesas de trabajo, lideradas por la Comisión de dictamen legislativo denominada de Justicia y Seguridad Pública, para analizar y estudiar la problemática y junto con autoridades municipales y estatales, Fiscalía General de Justicia del Estado, Poder Judicial del Estado, expertos, sociedad civil y víctimas del delito, para unir esfuerzos, y así poder encontrar en equipo soluciones ante las lagunas legales que existen actualmente en la legislación y que facilitan el despojo de inmuebles en la entidad, y sirvieron para entender la problemática desde una perspectiva pragmática, pero también jurídica. La participación de los entes y niveles de gobierno permitió identificar las áreas de oportunidad en la legislación, para poder impulsar reformas en la materia. Asimismo, expertos y grupos organizados de la sociedad civil, como el Colegio de abogados o el Colegio de Notarios, participaron activamente en la identificación de la problemática, para lo cual se presentan las páginas electrónicas en donde se puede observar el video de las dos mesas de trabajo que se desahogaron para análisis, estudio y elaboración del dictamen legislativo aprobado por el Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León.

• La primera mesa de trabajo puede ser consultada vía electrónica a través de la siguiente liga: https://www.youtube.com/watch?v=mEkCSveDXnc.

• La segunda mesa de trabajo se llevó también en las instalaciones del H. Congreso del Estado de Nuevo León, el tres de mayo de dos mil veintitrés, y se puede consultar vía digital en el siguiente link: http://www.youtube.com/watch?v=keF4NyKrKpg.

• Por lo anterior, y atendiendo a los fines legislativos por el legislador, la norma impugnada no es transgresora de los principios que la accionante precisa.

9. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. Mediante oficio presentado el quince de abril de dos mil veinticuatro, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema corte de Justicia de la Nación, **********, Director de Asuntos Jurisdiccionales de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León, rindió el informe que le fue requerido, en el cual aceptó como cierto que el Titular del Poder Ejecutivo promulgó el decreto 501, a través del cual se reformó el artículo 107, primer párrafo, de la Ley del Notariado del Estado de Nuevo León. 10. Alegatos. Mediante escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil veinticuatro, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló los alegatos que estimó convenientes.

11. Pedimento de la Fiscalía General de la República. Esta representación no formuló pedimento en este asunto.

12. Cierre de Instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de uno de agosto de dos mil veinticuatro, se declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

13. Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente, mediante proveído dictado el catorce de marzo de dos mil veinticinco por la Ministra Presidenta de la Primera Sala, ésta se avocó al conocimiento del asunto.

I. COMPETENCIA

14. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal,(2) 10; fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(3) en relación con el punto Segundo, fracción II(4) del Acuerdo General número 1/2023,(5) emitido el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, pues se plantea el sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad, por lo que se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. OPORTUNIDAD

15. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal prevé que: a) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del siguiente al día en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial; b) para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.(6)

16. En atención a lo anterior, si el Decreto 501, que reformó el artículo 107 de la Ley del Notariado del Estado de Nuevo León se publicó en el medio oficial de difusión de la Entidad el miércoles veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, el plazo transcurrió del jueves veinticinco de enero al viernes veintitrés de febrero del propio año.

17. En consecuencia, si el escrito de demanda de acuerdo con el sello del Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se presentó el veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro, se concluye que se presentó de manera oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

18. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo legitimado para impugnar leyes expedidas por las legislaturas estatales que estime violatorias de derechos humanos.

19. Además, conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia,(7) los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello.

20. Por su parte, el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(8) confiere al Presidente de dicho órgano, la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad.

21. En ese contexto, se advierte que la demanda fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, personalidad que acredita mediante el acuerdo de designación expedido el doce de noviembre de dos mil diecinueve por el Senado de la República, suscrito por la Presidenta y el Secretario de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura de dicho órgano legislativo.

22. Aunado a que impugna el decreto por el que se reformaron diversos preceptos de la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Chihuahua, expedido por el Poder Legislativo de esa entidad federativa, que establece aspectos relacionados con los derechos de las personas con discapacidad, por estimarlo violatorio del derecho a la consulta de las personas con discapacidad.

23. Por tanto, es evidente que se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el presente asunto fue promovido por un ente legitimado a través de su debido representante y se plantea que las disposiciones impugnadas vulneran derechos humanos.

IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

24. De los informes rendidos por el Diputado ********** en representación del Congreso del Estado de Nuevo León y **********, en representación del Poder Ejecutivo de ese Estado, no se advierte que se haya hecho valer alguna causa de improcedencia; sin embargo, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 59(9) y 64(10) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera oficiosa esta Primera Sala advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19(11) de la propia Ley, pues la norma reclamada cesó en sus efectos.

25. Para evidenciar lo anterior, conviene hacer referencia a lo determinado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 28/2015,(12) en la que determinó que para que se pueda hablar de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos a través de una acción de inconstitucionalidad deben reunirse, al menos, los siguientes aspectos:

a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y

b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material, es decir, que realmente se haya generado un cambio en el sentido normativo.

26. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación. Siendo relevante para las acciones de inconstitucionalidad la publicación de la norma general, puesto que a partir de este momento podrá ejercitarse la acción por los entes legitimados.(13)

27. El segundo aspecto consistente en que la modificación haya generado un cambio en el sentido normativo, el cual se actualiza cuando estos modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto. Una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo.

28. Asimismo, se precisó que una modificación de este tipo no se daría, por ejemplo, cuando se reproduce un artículo exactamente con el mismo contenido que el reformado; tampoco cuando solamente varíen las fracciones o párrafos de un artículo y que por cuestiones de técnica legislativa deban recorrerse, siempre y cuando las nuevas inserciones, no impliquen una modificación en el sistema normativo al que fueron adheridas; ni basta con la sola publicación de la norma para que se considere un nuevo acto legislativo, ni que se reproduzca íntegramente la norma general, sino que la modificación debe impactar el alcance de ésta con elementos novedosos que la hagan distinta a la que se encontraba regulada.

29. En otras palabras, la modificación debe producir un cambio normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema, es decir, el ajuste de la norma general debe producir un efecto normativo distinto en dicho sistema, aunque sea tenue.

30. Así, conforme a este entendimiento de un nuevo acto legislativo, no cualquier modificación puede provocar la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, sino que, una vez agotadas las fases del procedimiento legislativo, la modificación, necesariamente, debe producir un impacto en el mundo jurídico. En este sentido, también quedarían excluidas aquéllas reformas de tipo metodológico que derivan propiamente de la técnica legislativa, en la que por cuestiones formales deban ajustarse la ubicación de los textos, o en su defecto, los cambios de nombres de ciertos entes, dependencias y organismos, por ejemplo.

31. Lo que el Tribunal Pleno pretende con este entendimiento sobre nuevo acto legislativo, es controlar o verificar cambios normativos reales y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa; esto es, cambios que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el cambio normativo al que fue sujeto, que deriva precisamente del producto del poder legislativo.

32. Precisado lo anterior, en el presente caso, la norma impugnada es el artículo 107, primer párrafo, en la porción normativa “deberá observar en ellos que no existan manifestaciones patentes de incapacidad natural y”, de la Ley del Notariado del Estado de Nuevo León, reformado mediante Decreto 501, publicado el veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, en el periódico oficial de la citada entidad federativa; sin embargo, esa norma cesó en sus efectos porque sufrió una reforma que cambió su sentido normativo, pero aún más importante, se advierte que ese cambio incide directamente en el motivo por el cual fue impugnada.

33. Esto es así, pues dicho precepto fue reformado el diecisiete de enero de dos mil veinticinco; lo anterior se comprueba a través del siguiente cuadro comparativo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201025-190188a1/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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