I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL DE CARÁCTER FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS VIOLA DERECHOS HUMANOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISOS C) Y G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LAS NORMAS IMPUGNADAS, AL HABER SIDO DEROGADAS Y REFORMADAS POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 70, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", 120, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO QUE AMERITE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD", Y 122, FRACCIÓN IV, QUE DICE: "NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO QUE AMERITE PENA DE PRISIÓN; Y"; TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 153/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 13 DE AGOSTO DE 2025. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LAS SEÑORAS MINISTRAS Y LOS SEÑORES MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: MERCEDES VERÓNICA SÁNCHEZ MIGUEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de agosto de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
En la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 153/2022, promovida por la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de los artículos 70, fracción I, en la porción normativa “por nacimiento”, 120, fracción IV, en su porción normativa “y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de libertad” y 122, fracción IV, que dice: “No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión; y” todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro, reformados mediante decreto publicado el treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” de la citada entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el tres de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las normas y autoridades siguientes:
2. Normas impugnadas: Artículos 70, fracción I, en la porción normativa “por nacimiento”, 120, fracción IV, en su porción normativa “y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de libertad” y 122, fracción IV, que dice: “No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión; y” todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro, reformados mediante decreto publicado el treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” de la citada entidad federativa.
• Autoridad emisora de la norma impugnada: Congreso del Estado de Querétaro.
• Autoridad promulgadora de la norma impugnada: Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro.
3. Derechos fundamentales que se estiman vulnerados. El derecho a la seguridad jurídica, a la igualdad y prohibición de discriminación, acceso a un cargo en el servicio público, libertad de trabajo y principio de legalidad. Los anteriores previstos en los artículos 1°, 5°, 14, 16, 32 y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
4. Conceptos de invalidez. Para sustentar la violación de los derechos antes referidos, la accionante, esencialmente aduce que:
• Primero. El artículo 70, fracción I, en la porción normativa “por nacimiento”, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro, dispone que para que una persona sea designada como secretaria de acuerdos, auxiliar, proyectistas y actuaria del Tribunal Superior de Justicia queretano se requiere la calidad mexicana “por nacimiento”.
- La Norma Fundamental establece que el Congreso de la Unión es el único ente legitimado para reservar determinados cargos a las personas mexicanas por nacimiento, de manera que el Congreso Local no se encuentra habilitado constitucionalmente para prever dicha exigencia, de manera que con la emisión de la norma se transgrede el derecho fundamental de seguridad jurídica y principio de legalidad.
- Apartado A: Derecho a la seguridad jurídica y principio de legalidad.
Se desarrolla el contenido y alcance de estos derechos.
- Apartado B. Inconstitucionalidad de los requisitos impugnados.
Refiere que la exigencia consistente en tener la calidad de mexicano por nacimiento para ocupar las secretarías de acuerdos, auxiliar, proyectista y actuaria de Tribunal Superior de Justicia Queretano contraviene el derecho fundamental de seguridad jurídica y el principio de legalidad.
- Por disposición del artículo 32 Constitucional se reserva de manera exclusiva al Constituyente Federal la facultad de determinar los cargos públicos en los que su titular deba cumplir con el requisito de la nacionalidad mexicana por nacimiento, las entidades federativas no pueden, en caso alguno, establecer ese requisito para acceder a otros cargos distintos a los expresamente señalados en la Constitución Federal.
- Este Tribunal Pleno ha sustentado en otros precedentes que las legislaturas locales carecen de habilitación constitucional para establecer el requisito de contar con la nacionalidad mexicana por nacimiento, por ejemplo, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 35/2018, 46/2018, 59/2018, 87/2018, 88/2018, 4/2019, 40/2019, 111/2019, 113/2020, 182/2020, 192/2020, 39/2021 y 65/2021, todas promovidas por la accionante.
- Es inconcuso que el legislador de la entidad al establecer el requisito previsto en la norma impugnada consistente en exigir la nacionalidad mexicana por nacimiento para ocupar las secretarías de acuerdos, auxiliar, proyectista y actuaria de Tribunal Superior de Justicia Queretano actuó sin tener sustento constitucional.
- La disposición normativa controvertida, vulnera el derecho contemplado en el artículo 35, fracción VI, de la Constitución Federal, que se refiere al acceso de cualquier ciudadano mexicano a la ocupación de cargos en la función pública, en condiciones de igualdad, siempre y cuando cumplan las calidades exigidas por las leyes y, siendo que por dichas calidades deben entenderse méritos y capacidades, resulta claro que la norma es inconstitucional, pues el adquirir la nacionalidad por naturalización o tener doble y hasta múltiple nacionalidad no es un elemento que pueda influir en méritos o capacidades de una persona.
- El Congreso Queretano al establecer en el precepto normativo impugnado el requisito de nacionalidad mexicana por nacimiento, actuó sin estar habilitado constitucionalmente para ello, pues como se precisó supra los congresos locales no cuentan con la facultad para determinar los cargos públicos en los que se deba satisfacer tal exigencia, por lo que estos no pueden, en ningún caso, prever ese requisito para acceder a otros cargos distintos a los que emanan por mandato de la Constitución.
- Segundo. Los artículos 120, fracción IV, en la porción normativa impugnada, y 122, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro establecen que, para la designación de la titularidad de la Coordinación de gestión judicial administrativa, y de auxiliar jurídico, de causa y de sala, que integren las unidades de los Distritos Judiciales del Sistema Penal Acusatorio y oral en la entidad, deberán de satisfacer los siguientes requisitos:
a) no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de libertad.
b) no haber sido condenado por delito que amerite pena de prisión.
- Refiere que los requisitos previstos transgreden los derechos de la igualdad y de no discriminación, la libertad de trabajo, de acceso a un cargo público, dado que impiden de manera injustificada que las personas puedan desempeñar tal cargo, aun cuando ya han sido sancionadas penalmente en algún momento y que ya cumplieron con la condena que les fue impuesta, deben tener la posibilidad de ocupar puestos públicos en igualdad de circunstancias que las demás personas.
- Menciona que dicha disposición resulta incompatible con el parámetro de regularidad constitucional, dado que resulta desproporcionada y tiene por efecto excluir de forma injustificada a un sector de la población de la posibilidad de ejercer los mencionados cargos públicos, en contravención con el derecho de igualdad y no discriminación, aunado a que constituye una medida legislativa que atenta contra el ejercicio del derecho a la libertad de trabajo y de acceso a un empleo en el servicio público.
- Apartado A. Derecho a la igualdad y no discriminación.
Se desarrolla el contenido y alcance de estos derechos, así como criterios emitidos por esta Suprema Corte.
- Apartado B: Libertad de trabajo y derecho a ocupar un cargo público.
Se desarrolla el contenido y alcance de estos derechos y se hace referencia a los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- Apartado C: Inconstitucionalidad de la norma impugnada.
- Aduce que las normas impiden de manera injustificada que las personas que fueron condenadas por un delito doloso que ameritara pena privativa de la libertad o pena de prisión accedan a la titularidad de la Coordinación de gestión judicial administrativa, y auxiliar jurídico, de causa y de sala que integren las unidades de los distritos judiciales del sistema penal acusatorio y oral en la entidad.
- Las disposiciones normativas establecen una limitación a las personas que se encuentran en ese supuesto, es decir, aquellas que fueron condenadas por cualquier delito doloso que amerite pena privativa de la libertad o pena de prisión, sin importar la duración de las mismas y en su caso, si ésta ya fue cumplida, o bien, el tiempo transcurrido desde su comisión, para que quienes sean excluidas de toda posibilidad de acceder a los puestos públicos.
- No es constitucionalmente válido que se impida el acceso al desempeño del servicio público a las personas que hayan sido sentenciadas con pena privativa de la libertad por un delito doloso, una vez que cumplieron con la temporalidad de la misma, dado que tales medidas se traducen en una exclusión injustificada y discriminatoria para las personas que se encuentren en ese supuesto que les impide ejercer su derecho a la libertad de trabajo y, en específico, a ocupar un cargo público.
- Agrega que para que una restricción de esa naturaleza sea válida, deben examinarse las funciones y obligaciones que tiene a cargo el puesto correspondiente y, una vez hecho lo anterior, señalar con precisión únicamente las conductas ilícitas que se encuentran estrechamente vinculada con el empleo en cuestión.
- Las exigencias reclamadas previstas en las disposiciones normativas impugnadas no atienden a casos concretos y permiten que se impida a una persona desempeñar con el carácter de titular de la Coordinación de gestión judicial administrativa, y de auxiliar jurídico, de causa y de sala, que integren las unidades de los distritos judiciales del sistema penal acusatorio y oral en la entidad, de manera que es inconcuso que las normas resultan sobre inclusivas.
- Las disposiciones normativas de Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro excluyen a personas que pretenden reinsertarse a la sociedad por haber sido acreedoras de una sanción penal en el pasado.
- Esta Suprema Corte ha reiterado que para asegurar el correcto desempeño de la función en un determinado cargo público en atención a sus actividades, no es constitucionalmente válido recurrir a cuestiones morales o prejuicios sociales, dado que ello no garantiza que la persona ejerza de manera correcta su función, sino todo lo contrario, atiende a una cuestión estigmatizante que presume que una persona que ha cometido un delito necesariamente seguirá delinquiendo; lo cual es contrario al derecho penal del acto, que ha sido recogido la Constitución Federal a partir de la reforma constitucional de 2008.
- Por tanto, una vez que la persona ha compurgado la pena o sanción que le ya sido impuesta, debe estimarse que se encuentra en aptitud de volver a ocupar un cargo público.
- Esta Comisión Nacional estima que los requisitos contenidos en los artículos 120, fracción IV, en la porción normativa impugnada, y 122, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro deben ser analizados a la luz de la proscripción constitucional de hacer distinciones entre las personas que han sido condenadas y aquellas que no tienen antecedentes penales.
- El legislador local realizó una distinción injustificada en perjuicio de las personas que fueron sentenciadas por la comisión de algún delito doloso que les impide ocupar titularidad del cargo público referido, en desigualdad de circunstancias que aquellos que no se encuentran en esa situación.
- Test de escrutinio ordinario de proporcionalidad.
- Los preceptos normativos impugnados podrían cumplir con el primer requisito de escrutinio, pues buscan generar las condiciones propicias para quien acceda a la titularidad de la Coordinación de gestión judicial administrativa, y de auxiliar jurídico, de causa y de Sala, que integren las unidades de los distritos judiciales del sistema penal acusatorio y oral en la entidad, es decir, que sean rectos, probos, honorables, entre otras cualidades, que el legislador local pudo estimar que no los reúnen las personas que cuentan con algún antecedente penal.
- Respecto a la segunda grada de escrutinio, se considera que las medidas legislativas establecidas por el Legislador Queretano no tienen relación directa, clara e indefectible para el necesario cumplimiento del fin constitucionalmente válido de contar con servidoras y servidores públicos adecuados y eficientes.
- Lo anterior, porque no existe base objetiva para determinar que una persona sin antecedentes penales ejercerá las funciones correspondientes al cargo con rectitud, probidad y honorabilidad o que las personas que sí se encuentren en tal supuesto per se no ejercerán sus labores de forma adecuada, o que carezcan de tales valores, ni mucho menos que no tengan la aptitud necesaria para cumplir con sus funciones con eficiencia, competencia o conocimiento.
- En consecuencia, no se advierte que las disposiciones normativas controvertidas tengan una conexión directa con el cumplimiento del fin constitucionalmente válido que persiguió el Congreso Local, por lo que es claro que los requisitos de mérito se traducen en medidas que atentan contra el derecho de igualdad.
- Resulta innecesario verificar que se cumpla con el resto del escrutinio, pues es inconcuso que los preceptos normativos controvertidos contradicen el parámetro de regularidad constitucional.
- Que los requisitos previstos en los artículo 120, fracción IV, en la porción normativa impugnada, y 122, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro no aprueban un escrutinio ordinario de proporcionalidad, por lo que resultan transgresores de derechos humanos contemplados en el orden constitucional, dado que la medida no guarda relación directa, clara e indefectible para el cumplimiento del fin constitucionalmente válido que pudiera ser el ejercicio de las funciones que corresponden a los citados cargos públicos.
- Considera que el hecho de que una persona haya sido condenada por la comisión de algún y cuya pena haya sido privativa de libertad o de prisión, forma parte de su vida privada, de su pasado y su proyección social: por ello, no es dable que por esa razón se les impida participar activamente en los asuntos que le atañen a su comunidad, como lo es el desempeñarse en un cargo en el servicio público.
- Cuestiones relativas a los efectos.
- La Comisión accionante solicita qué, de ser tildados de inconstitucionales los preceptos combatidos, se extiendan los efectos a todas aquellas normas que estén relacionadas.
5. Radicación y turno. El once de noviembre de dos mil veintidós, el entonces Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en su carácter de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad con el número 153/2022 y lo turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, a fin de que instruyera el procedimiento respectivo.
6. Admisión y trámite. Por auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado Querétaro, para que rindieran sus respectivos informes y remitieran los documentos necesarios para la debida integración del expediente; a la Fiscalía General de la República para que hasta antes del cierre de instrucción, manifestara lo que a su representación correspondiera; así como, a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que de considerar que la materia del juicio trasciende a sus funciones constitucionales, manifestara lo que a su esfera competencial conviniera, hasta antes del cierre de la instrucción.
7. Certificación de plazo. El uno de diciembre de dos mil veintidós, la Secretaría de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, certificó que el plazo de quince días concedido a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, del Estado de Querétaro, para rendir sus informes respectivos, transcurriría del treinta de noviembre de dos mil veintidós al cuatro de enero de dos mil veintitrés.
8. Informe de la autoridad promulgadora: El dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por rendido el informe solicitado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro,(1) pues dicho Poder a través de María Guadalupe Murguía Gutiérrez, en su carácter de Secretaria de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro,(2) aceptó como cierto que el Titular del Poder Ejecutivo promulgó el decreto a través del cual se reformaron los artículos 70, fracción I, 120, fracción IV y 122, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro.
9. Aunque el informe de referencia se rindió fuera del plazo concedido para ello, cabe destacar que en él se hizo valer la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto por considerar que habían cesado sus efectos al haber sido derogadas, a través del decreto No 91, publicado el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” del Estado de Querétaro.
10. Informe de la autoridad emisora. El cuatro de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por rendido el informe solicitado al Poder Legislativo del Estado de Querétaro, en el que la Diputada Liz Selene Salazar Pérez, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Querétaro, hizo valer la causa de improcedencia prevista en la fracción V, del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
11. Lo anterior por considerar que cesaron los efectos de las disposiciones impugnadas, al haber sido derogadas a través del decreto publicado el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” del Estado de Querétaro.
12. Cierre de Instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de diez de abril de dos mil veintitrés, se declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
13. Esta Primera Sala es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, y 10, fracción I,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) en relación con el punto Segundo, fracción II(5) del Acuerdo General número 1/2023,(6) publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés, pues se plantea el sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad, por lo que se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. LEGITIMACIÓN
14. El artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional dispone que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales, que vulneren los derechos protegidos en la Constitución Federal o en los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Bajo esa premisa, si la demanda fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, quien en virtud de su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(7) se encuentra legitimada para interponerla en representación de la Comisión(8) y, adicionalmente, impugna una ley de una entidad federativa por considerar que viola un derecho humano, esta Primera Sala concluye que la acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por parte legitimada.
III. OPORTUNIDAD
15. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal prevé que: a) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del siguiente al día en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial; b) para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.(9)
16. En atención a lo anterior, si el decreto a través del cual se publicó el contenido de las normas impugnadas, fue publicado el viernes treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” del Estado de Querétaro, el plazo transcurrió del sábado primero de octubre al domingo treinta de octubre de dos mil veintidós, no obstante, al ser un día inhábil, la posibilidad de presentar la demanda se extendió hasta el día tres de noviembre de ese mismo año, por ser el primer día hábil siguiente.
17. Esto es así, pues mediante oficio SGA/MFEN/67/2022, se informó que en la sesión privada celebrada el seis de octubre de dos mil veintidós, el Tribunal Pleno, en términos de lo establecido en el Punto primero, inciso n) del Acuerdo General 5/2013 (vigente en esa fecha) acordó suspender las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el lunes treinta y uno de octubre, así como el martes uno y miércoles dos de noviembre de dos mil veintidós, y que no correrían términos.
18. En ese orden de ideas, si la demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día tres de noviembre de dos mil veintidós, es claro que se interpuso de manera oportuna.
IV. SOBRESEIMIENTO
19. En el caso procede sobreseer la presente acción de inconstitucionalidad, pues tal y como lo hicieron valer las autoridades demandadas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V, del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en el caso las normas reclamadas han cesado en sus efectos, al haber sido reformadas y derogadas mediante el decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós.
20. En efecto, esa reforma trastocó precisamente el contenido de las normas impugnadas, pues en el artículo único del decreto correspondiente, se determinó lo siguiente:
“ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción I del articulo 70 y la fracción IV del artículo 120; así mismo se deroga la fracción IV del artículo 122, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro.”
21. Se dice que se trastocó por completo el contenido de las normas impugnadas, pues la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro, publicada el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, tuvo el potencial de dejar sin efectos el contenido de las mismas.
22. Para evidenciar lo anterior, a continuación, se introduce un cuadro que permitirá comparar el contenido de las normas impugnadas, y su contenido después de la reforma mencionada.
Ver cuadro
23. Como se desprende de lo anterior, las normas impugnadas cesaron en sus efectos, pues los artículos 70, fracción I y 120, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro, fueron reformadas precisamente en las porciones normativas impugnadas, mientras que la fracción IV del artículo 122 de la misma ley, también impugnada, fue derogada.
24. En ese orden de ideas, si las normas impugnadas cesaron en sus efectos con motivo de un nuevo acto legislativo, es claro que procede sobreseer la presente acción de inconstitucionalidad, pues en el caso, las normas impugnadas no sólo fueron objeto de un nuevo proceso legislativo, sino que con motivo de éste tuvieron una modificación que generó un cambio en su sentido normativo.
25. En efecto, al resolver la acción de inconstitucionalidad 28/2015,(10) el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó que para que se pueda hablar de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos a través de una acción de inconstitucionalidad deben reunirse, al menos, los siguientes dos aspectos:
a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y
b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material, es decir, que realmente se haya generado un cambio en el sentido normativo.
26. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación. Siendo relevante para las acciones de inconstitucionalidad la publicación de la norma general, puesto que a partir de este momento podrá ejercitarse la acción por los entes legitimados.(11)
27. El segundo aspecto consistente en que la modificación haya generado un cambio en el sentido normativo, se actualiza cuando se modifique la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto. Una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo.
28. Asimismo, se precisó que una modificación de este tipo no se daría, por ejemplo, cuando se reproduce un artículo exactamente con el mismo contenido que el reformado. Tampoco cuando solamente se varíen las fracciones o párrafos de un artículo y que por cuestiones de técnica legislativa deban recorrerse, siempre y cuando las nuevas inserciones, no impliquen una modificación en el sistema normativo al que fueron adheridas. Tampoco basta con la sola publicación de la norma para que se considere un nuevo acto legislativo, ni que se reproduzca íntegramente la norma general, sino que la modificación debe impactar el alcance de ésta con elementos novedosos que la hagan distinta a la que se encontraba regulada.
29. En otras palabras, esta modificación debe producir un cambio normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema. Es decir, el ajuste de la norma general debe producir un efecto normativo distinto en dicho sistema, aunque sea tenue.
30. Así, conforme a este entendimiento de un nuevo acto legislativo, no cualquier modificación puede provocar la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, sino que, una vez agotadas las fases del procedimiento legislativo, la modificación, necesariamente, debe producir un impacto en el mundo jurídico. En este sentido también quedarían excluidas aquellas reformas de tipo metodológico que derivan propiamente de la técnica legislativa, en la que por cuestiones formales deban ajustarse la ubicación de los textos, o en su defecto, los cambios de nombres de ciertos entes, dependencias y organismos, por ejemplo.
31. Lo que este Tribunal Pleno pretende con este entendimiento sobre nuevo acto legislativo, es controlar o verificar cambios normativos reales y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa, esto es, cambios que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el cambio normativo al que fue sujeto, que deriva precisamente del producto del poder legislativo.
32. En estas condiciones y aplicando ese entendimiento al caso que nos ocupa, es claro que en el caso se dio un nuevo acto legislativo que dejó sin efectos las normas impugnadas, lo cual conduce a sobreseer la presente acción de inconstitucionalidad.
V. DECISIÓN
Por lo expuesto y fundado,
ÚNICO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad.
Notifíquese; conforme a derecho corresponda y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de las Señoras Ministras y los Señores Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo (Ponente), quien se separa de las consideraciones de criterio de cambio normativo, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidenta Ministra Loretta Ortiz Ahlf.
Firman la Ministra Presidenta de la Primera Sala y el Ministro Ponente, con el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.
PRESIDENTA DE LA PRIMERA SALA
MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF
PONENTE
MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO
SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA
MTRO. RAÚL MENDIOLA PIZAÑA
________________
1. El informe de referencia se presentó el doce de enero de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema corte de Justicia de la Nación.
2. Carácter que acreditó con la certificación emitida el dos de septiembre de dos mil veintidós, por la Licenciada Harlette Rodríguez Meníndez, actuando como Directora Jurídica y Consultiva de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
3. Ley Orgánica del Poder Judicial de l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201052-4bfbb457/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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