I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SU AUSENCIA EN CUESTIONES RELACIONADAS CON ESTOS GRUPOS SIGNIFICARÍA NO CONSIDERARLOS EN LA DEFINICIÓN DE SUS PROPIAS NECESIDADES, VOLVIENDO DE ALGUNA MANERA A UN MODELO REHABILITADOR O ASISTENCIALISTA. IV. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ES UN REQUISITO INELUDIBLE EN LA LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES PARA ASEGURAR LA PERTINENCIA Y CALIDAD DE TODAS LAS ACCIONES ENCAMINADAS A ASEGURAR EL PLENO GOCE DE SUS DERECHOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON LAS DEMÁS PERSONAS. V. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA CONSULTA PREVIA EN MATERIA DE DERECHO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ES UNA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, CUYA EXIGIBILIDAD SE ACTUALIZA CUANDO LAS ACCIONES ESTATALES OBJETO DE LA PROPUESTA AFECTEN LOS INTERESES Y/O DERECHOS DE ESOS GRUPOS. VI. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 4, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA PARTICIPACIÓN DE ESTOS GRUPOS VULNERABLES DEBE SER PREVIA, PÚBLICA, ABIERTA Y REGULAR, ESTRECHA Y CON PARTICIPACIÓN PREFERENTEMENTE DIRECTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ACCESIBLE, INFORMADA, SIGNIFICATIVA, CON PARTICIPACIÓN EFECTIVA Y TRANSPARENTE. VII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CONSTITUYE UN REQUISITO PROCEDIMENTAL DE RANGO CONSTITUCIONAL, CUYA OMISIÓN, CONSTITUYE UN VICIO FORMAL INVALIDANTE DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO Y, CONSECUENTEMENTE, DEL PRODUCTO LEGISLATIVO. VIII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EN LOS CASOS DE LEYES QUE NO SON EXCLUSIVAS O ESPECÍFICAS EN REGULAR LOS INTERESES Y/O DERECHOS DE ESTOS GRUPOS, LA FALTA DE CONSULTA PREVIA NO IMPLICA LA INVALIDEZ DE TODO EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, SINO ÚNICAMENTE DE LOS PRECEPTOS QUE DEBÍAN SER CONSULTADOS Y RESPECTO DE LOS CUALES EL LEGISLADOR FUE OMISO EN LLEVAR A CABO LA CONSULTA PREVIA CONFORME A LOS ESTÁNDARES ADOPTADOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. IX. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA OMISIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS DE REALIZARLA CUANDO UNA LEGISLACIÓN LOCAL AFECTA DIRECTAMENTE A ESE GRUPO DE PERSONAS, VULNERA EL ARTÍCULO 4, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO NO. 113, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS). X. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LAS MODIFICACIONES AL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE ZACATECAS, EN RELACIÓN CON EL ESTADO DE INTERDICCIÓN Y LAS DEMÁS CONDICIONES DE DISCAPACIDAD ESTABLECIDAS POR EL MISMO CÓDIGO, QUE SERÁN VALORADAS EN CADA CASO CONCRETO PARA DECIDIR QUÉ TIPO DE AJUSTES RAZONABLES SE REQUIEREN A FIN DE QUE LAS DECISIONES QUE TENGAN RELEVANCIA JURÍDICA Y AFECTEN LA VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PUEDAN SER VÁLIDAS Y ACORDES CON SUS DERECHOS HUMANOS, EJERCIENDO SUS DERECHOS Y CONTRAYENDO OBLIGACIONES MEDIANTE EL APOYO DE SUS REPRESENTANTES, SON SUSCEPTIBLES DE AFECTAR A DICHAS COMUNIDADES POR LO QUE DEBEN ESTAR PRECEDIDAS DE AQUÉLLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO NO. 113, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DE ZACATECAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO NO. 113, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ NO SE LIMITA A LA EXPULSIÓN DEL ORDEN JURÍDICO DE LA NORMA CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL, SINO QUE CONLLEVA LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL CONGRESO DE ZACATECAS PARA LLEVAR A CABO LA CONSULTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA CUAL DEBERÁ TENER UN CARÁCTER ABIERTO, A EFECTO DE OTORGAR LA POSIBILIDAD DE QUE SE FACILITE EL DIÁLOGO DEMOCRÁTICO Y BUSQUE LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO VULNERABLE INVOLUCRADO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA REGULACIÓN QUE ESTIME CORRESPONDIENTE LEGISLAR Y SOBRE LA CUAL DEBA REALIZAR LA CONSULTA PREVIA, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA LA INCONVENCIONALIDA
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 136/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 4 DE JUNIO DE 2024. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: ALEJANDRO FÉLIX GONZÁLEZ PÉREZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cuatro de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 136/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el artículo 44 del Código Civil del Estado de Zacatecas, reformado mediante Decreto No. 113, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el veintisiete de agosto de dos mil veintidós.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial. Mediante escrito recibido en el Buzón Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós y registrado el veintisiete siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su Presidenta, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 44 del Código Civil del Estado de Zacatecas, reformado mediante Decreto No. 113, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el veintisiete de agosto de dos mil veintidós.
2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La accionante estima violentados los artículos 1 de la Constitución Federal; 1, 4.3, 5 y 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y I, II y V de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
3. Conceptos de invalidez. En sus conceptos de invalidez, la Comisión promovente expuso, esencialmente, lo siguiente:
• PRIMERO. En su primer concepto de invalidez la Comisión accionante señala que la norma impugnada es incompatible con los principios y finalidades del modelo social de discapacidad, pues persiste la figura de los representantes de las personas con discapacidad para ejercer sus derechos, impidiendo su inclusión en igualdad de condiciones, así como el pleno reconocimiento de su capacidad jurídica y autonomía en la toma de sus decisiones.
• Para demostrar lo anterior, la Comisión promovente desarrolla el parámetro de control de regularidad constitucional en materia de derechos de las personas con discapacidad, sustentado en el modelo social, el cual garantiza que las personas que formen parte de ese colectivo sean reconocidas como sujetos de derechos en igualdad de condiciones.
• Es así que a la luz del modelo social, la discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada por las barreras que la sociedad genera al no atender de manera adecuada las necesidades de las personas con diversidades funcionales.
• A su vez, señala que el reconocimiento de la capacidad jurídica es un derecho fundamental que implica a una persona titular de derechos, obligaciones y sujeto de relaciones jurídicas.
Inconstitucionalidad de la norma por ser contraria al modelo social de la discapacidad
• La Comisión accionante expone la forma en que el Código Civil de Zacatecas regula la capacidad jurídica de las personas; de goce, definida por el artículo 26, como la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones; de ejercicio, contemplada en el diverso 27, como la aptitud legal para ser titular de derechos y obligaciones.
• Asimismo, señala que el artículo 43 del Código Civil estatal se define que la capacidad de ejercicio para celebrar actos jurídicos, cumplir obligaciones y hacer valer derechos, se reconoce por ese Código a los mayores de edad en pleno uso de sus facultades mentales y a los menores de edad emancipados, en los casos declarados expresamente.
• Conforme a ello, argumenta que la regulación de la capacidad jurídica en el Estado de Zacatecas parte de una tradición civilista. Por ello, si bien la reforma al artículo 44 impugnado tuvo la intención de dejar a un lado dicho sistema civilista, lo cierto es que el producto legislativo no atiende a los principios, valores y mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El legislador mantiene la institución de la interdicción
• La Comisión promovente establece que el Congreso zacatecano determinó que la institución de la interdicción continuara aplicándose y restringiendo el pleno reconocimiento de la capacidad jurídica. A pesar de que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el estado de interdicción no es acorde con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y no admite interpretación conforme, al ser violatoria del derecho a la igualdad y no discriminación.
• Ello se traduce en que se dejó de considerar que la discapacidad deviene de la deficiencia con la que viven las personas, para ahora entender que ésta surge cuando una persona que vive con alguna deficiencia, física, mental, intelectual y/o psicosocial, al interactuar con la sociedad se encuentra con diversas barreras sociales actitudinales, jurídicas o de cualquier otro tipo que les impide su inclusión de manera plena y en igualdad de condiciones que los demás.
• De ahí que la interdicción se constituya como una restricción desproporcionada al derecho a la capacidad jurídica y que represente una injerencia indebida que no es posible armonizar con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por tanto, no existe justificación para que el legislador zacatecano dejara vigente dicha institución y menos aún si su intención fue justamente dejar a un lado el sistema paternalista y de representación de las personas con discapacidad.
• La accionante advierte que el artículo impugnado no garantiza el ejercicio pleno de la capacidad jurídica de quienes viven con una discapacidad en igualdad de condiciones que las demás personas, por lo que resulta incompatible con el parámetro de regularidad constitucional vigente.
• En consecuencia, considera que el producto legislativo no atiende los principios, valores y mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ya que el legislador mantiene la institución de interdicción, confunde el funcionamiento de los ajustes y de los sistemas de apoyo y continúa estableciendo la representación de las personas que viven con alguna discapacidad, cuestiones por las cuales el artículo impugnado debe declararse inválido.
Análisis de la disposición impugnada por falta de consulta
• SEGUNDO. En el segundo concepto de invalidez, la accionante considera que de acuerdo con el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Congreso de Zacatecas se encontraba obligado a llevar a cabo una consulta previa a dicho sector de la población, toda vez que el artículo 44 del Código Civil del Estado de Zacatecas, está dirigida a las personas con alguna discapacidad e incide directamente en el ejercicio de sus derechos.
• La promovente menciona que el Congreso local omitió practicar el proceso participativo de las personas con discapacidad al que estaba obligado de conformidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
• En un primer apartado, desarrolla el parámetro convencional en materia de consulta a las personas con discapacidad y menciona los requisitos mínimos que este Alto Tribunal ha establecido a través de diversos precedentes, en materia de consulta de las personas con discapacidad.
• Finalmente señala que la norma impugnada incide de manera directa en la esfera de las personas con discapacidad, por lo que el Congreso del Estado de Zacatecas se encontraba obligado a realizar una consulta previa, siguiendo los requisitos que se han establecido por este Tribunal Pleno, lo cual no aconteció y por tanto debe declararse su invalidez.
4. Registro, prevención y admisión. Mediante proveído de seis de octubre de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de la presente acción de inconstitucionalidad con el número 136/2022. En este mismo acuerdo, turnó el expediente a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para su trámite y elaboración del proyecto correspondiente.
5. Posteriormente, por acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintidós, la Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Zacatecas para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada del proceso legislativo del decreto impugnado y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial estatal en el que conste su publicación. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, antes del cierre de instrucción, manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.
6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Por escrito recibido y registrado el catorce de noviembre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; Jehú Eduí Salas Dávila, titular de la Presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, rindió el correspondiente informe, en el que expuso lo siguiente:
• La aprobación de la reforma al artículo impugnado tuvo como objetivo principal asegurar el goce y condiciones de igualdad de los derechos humanos de las personas con discapacidad, atendiendo a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
• La mencionada Convención obliga, entre otras cosas, a adaptar los ordenamientos legales con la finalidad de que este grupo de personas haga valer sus derechos. De acuerdo con ello, el legislador zacatecano observó que continuaba vigente en su marco normativo la institución de interdicción y aún no se encontraba adaptada al modelo social, por lo que estimó necesario modificar esa figura ajustándola a los parámetros internacionales.
• El modelo de asistencia establecido por el legislador local permite a las personas con discapacidad tomar decisiones por sí mismas conforme a su voluntad, siendo apoyadas en el proceso y no en el esquema de sustitución absoluta de la voluntad, como sucedía con la redacción anterior del artículo 44 del Código Civil local.
• Es decir, el legislador estatal determinó la modificación del artículo 44 del Código Civil del Estado con la finalidad de ampliar el espectro de ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y abandonar el modelo de sustitución de la voluntad, por lo que dicho artículo debe ser analizado como ampliación de derechos a las personas con discapacidad.
• Así, expone que la modificación efectuada es una medida mínima y la única posible dado el impedimento para reformar el ordenamiento adjetivo a partir de la reforma constitucional de quince de septiembre de dos mil diecisiete, en el sentido que las entidades federativas están impedidas para modificar sus leyes procedimentales en materia civil y familiar, ya que esta facultad se le confirió al Congreso de la Unión.
7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas. Por escrito recibido el quince de noviembre de dos mil veintidós en el Buzón Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrado el dieciséis siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y de Correspondencia de este Alto Tribunal; Ricardo Humberto Hernández León, titular de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado de Zacatecas, rindió el informe solicitado, manifestando lo siguiente:
• El artículo impugnado es acorde al esquema contenido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
• El artículo reclamado, previo a su reforma, restringía la personalidad jurídica a los menores de edad, las personas en estado de interdicción y a las demás condiciones de discapacidad establecidas por el propio código civil.
• Es decir, el contenido anterior del artículo 44 impugnado, anulaba prácticamente la personalidad del interdicto frente al derecho; por tanto, se modificó la redacción del numeral con la finalidad de sustituir palabras en desuso, incluyendo conceptos como “ajustes razonables” y suprimiendo la palabra “minoría de edad”.
8. Acuerdo de returno. Mediante proveído de dos de enero de dos mil veintitrés, la Presidencia de este Alto Tribunal estableció que el asunto le fuera returnado al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.(1)
9. Alegatos. Por escritos presentados por la Delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXIV Legislatura del Estado de Zacatecas; y el titular de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del referido Estado, formularon sus respectivos alegatos.
10. Cierre de la instrucción. Mediante proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, el Ministro instructor decretó el cierre de instrucción en la acción de inconstitucionalidad, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
11. Acuerdo de returno. Por acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó returnar el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, para continuar actuando como Ministra instructora del asunto.
I. COMPETENCIA
12. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(2) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre una disposición del Código Civil del Estado de Zacatecas, la Constitución Federal y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
13. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
14. Del examen integral de la demanda de acción de inconstitucionalidad, se advierte que la Comisión promovente reclama el artículo 44 del Código Civil del Estado de Zacatecas, reformado mediante Decreto No. 113, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el veintisiete de agosto de dos mil veintidós, cuyo texto se transcribe a continuación:
44.- El estado de interdicción y las demás condiciones de discapacidad establecidas por este Código, deberán ser valoradas en cada caso para decidir qué tipo de ajustes razonables se requieren a fin de que las decisiones que tengan relevancia jurídica y afecten la vida de las personas en tal situación puedan ser válidas y acordes con sus derechos humanos; las personas con discapacidad pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones mediante el apoyo de sus representantes, sin que las decisiones que, en su caso, tomen estos sean contrarias a su voluntad, atenten contra su dignidad humana o socaven sus derechos.
15. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
III. OPORTUNIDAD
16. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(4) establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al que se publicó la norma impugnada.
17. En el caso, el artículo 44 del Código Civil del Estado de Zacatecas, fue reformado mediante Decreto No. 113, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el sábado veintisiete de agosto de dos mil veintidós; por tanto, conforme a lo establecido en el párrafo anterior, el plazo legal para promover la presente acción de inconstitucionalidad transcurrió del domingo veintiocho de agosto al lunes veintiséis de septiembre de dos mil veintidós.
18. En consecuencia, si el escrito de demanda del presente medio de control constitucional fue recibido en el Buzón Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, debe concluirse que su presentación resulta oportuna.
19. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
IV. LEGITIMACIÓN
20. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por parte legítima.
21. Legitimación en la causa. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal dispone que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las acciones de inconstitucionalidad ejercitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de carácter federal y local, así como tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
22. La demanda de esta acción de inconstitucionalidad se promovió en contra de la reforma del artículo 44 del Código Civil del Estado de Zacatecas, por considerarlos violatorios del derecho de las personas con discapacidad, por tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuenta con legitimación para presentarla.
23. Legitimación en el proceso. Los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(5) y 18 de su Reglamento Interno,(6) otorgan a la persona en que recaiga la Presidencia la representación legal de dicho órgano, así como la facultad para promover el presente medio de control constitucional.
24. En ese sentido, obra en autos copia certificada del Acuerdo de doce de noviembre de dos mil diecinueve emitido por la Mesa Directiva del Senado de la República, mediante el cual se hace constar que, en sesión de siete de noviembre del mismo año, se designó como Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a María del Rosario Piedra Ibarra, por un periodo de cinco años, comprendido del dos mil diecinueve al dos mil veinticuatro.
25. En consecuencia, toda vez que la acción de inconstitucionalidad fue promovida por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se debe colegir que dicha servidora pública tiene legitimación en el proceso.
26. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
27. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que se deben analizar las que sean formuladas por las partes, así como aquellas que este Alto Tribunal advierta de oficio. 28. En el caso, las partes no hicieron valer causas de improcedencia; sin embargo, aunque no lo manifiesta como tal, el Poder Ejecutivo de Zacatecas señala que el acto que se le atribuye se ejecutó en total apego al artículo 82, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en virtud que la promulgación del Decreto impugnado se efectuó para su debida publicación y observancia.
29. Al respecto, dicho argumento se desestima toda vez que en el proceso legislativo de las normas impugnadas se encuentra involucrado el Poder Ejecutivo, pues, al promulgarlas y publicarlas, le da plena validez y eficacia. Como se observa de la jurisprudencia P.J. 38/2010, de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES.”(7)
30. Finalmente, al no existir otro motivo de improcedencia planteado por las partes ni advertirse alguno de oficio por este Tribunal Pleno, se procede a realizar el estudio de fondo.
31. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
VI. ESTUDIO DE FONDO
32. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea dos conceptos de invalidez, el primero relacionado con la posible inconstitucionalidad de la norma impugnada por transgredir los principios y finalidades del modelo social de la discapacidad y, el segundo, encaminado a evidenciar que al ser una norma que incide directamente en las personas con discapacidad, el Congreso local se encontraba obligado a llevar a cabo una consulta previa a dicho sector de la población.
33. Por cuestión de metodología, en primer término, se analizará el concepto de invalidez relativo a si el legislador local, al emitir el Decreto por el que se reformó el artículo 44 del Código Civil del Estado de Zacatecas, llevó a cabo una consulta previa en materia de personas con discapacidad, como formalidad esencial del proceso legislativo.
34. Para ello, el estudio se dividirá en dos apartados, el primero relacionado con los criterios emitidos por este Tribunal Pleno al analizar la consulta a personas con discapacidad y, una vez hecho lo anterior, en el segundo apartado se estudiará si el Decreto combatido es susceptible de afectar a las personas con discapacidad, lo que haría indispensable la consulta previa y, de ser el caso, se constatará si el Congreso del Estado de Zacatecas llevó a cabo el procedimiento de consulta previa.
VI.I Consulta a personas con discapacidad
35. A través de diversos precedentes [construidos a partir de la acción de inconstitucionalidad 80/2017 y su acumulada 81/2017;(8) 68/2018,(9) así como la diversa 84/2021(10)], esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la obligación de consultar a las personas con discapacidad deriva expresamente del artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,(11) que refiere que en todos los procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados parte celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y niñas, a través de las organizaciones que los representan.
36. Si bien es cierto que el derecho a la consulta previa a las personas con discapacidad no se encuentra previsto expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en ningún otro ordenamiento jurídico, también lo es que, atendiendo al criterio actual de este Pleno(12) y con base en el artículo 1 constitucional, que reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, es que el derecho de consulta en favor de las personas con discapacidad, reconocido en el diverso 4.3 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, forma parte del parámetro de regularidad constitucional, por lo que es deber de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vigilar que sea respetado por los poderes legislativos.
37. Así, para comprender a cabalidad la obligación de consulta a personas con discapacidad prevista en la Convención mencionada, resulta pertinente destacar algunas cuestiones del contexto en el que aquélla surge, así como su importancia en la lucha del movimiento de personas con discapacidad por exigir sus derechos.
38. En primer lugar, la razón que subyace a esta exigencia consiste en que se supere un modelo rehabilitador de la discapacidad –donde las personas con estas condiciones son sujetos pasivos de la ayuda que se les brinda– y, en cambio, se favorezca un modelo social en el que la causa de la discapacidad es el contexto que la genera, es decir, las deficiencias de la sociedad en la que estas personas se encuentran para generar servicios adecuados una vez consideradas las necesidades particulares de las personas con esta condición. Dicho de otro modo, una ausencia de consulta en cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad significaría no considerarlas en la definición de sus propias necesidades, volviendo de alguna manera a un modelo rehabilitador o asistencialista.
39. En segundo lugar, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad se encuentra estrechamente relacionado con los principios generales de autonomía e independencia que rigen la Convención –artículo 3, inciso a)–, con su derecho de igualdad ante la ley –artículo 12– y a la participación –artículos 3, inciso c), y 29–.
40. Finalmente, el derecho a la consulta es uno de los pilares de la Convención, debido a que el proceso de creación de ese tratado internacional fue justamente uno de participación genuina y efectiva, colaboración y consulta estrecha con las personas con discapacidad. La Convención fue el resultado de todas las opiniones ahí vertidas, por lo que se aseguró la calidad de la Convención y su pertinencia para las personas con discapacidad.
41. En esta tesitura, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad en la legislación y políticas públicas nacionales es un requisito ineludible para asegurar la pertinencia y calidad de todas las acciones encaminadas a asegurar el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Dicho de otro modo, la consulta es lo que asegura que las medidas dirigidas a las personas con discapacidad sean una respuesta a sus necesidades reales.
42. Ahora bien, este Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 33/2015,(13) determinó que la consulta previa en materia de derechos de personas con discapacidad es una formalidad esencial del procedimiento legislativo, cuya exigibilidad se actualiza cuando las acciones estatales objeto de la propuesta incidan en los intereses y/o derechos esas personas.
43. En dicho precedente, se concluyó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad involucra a la sociedad civil y, más concretamente, a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, en las acciones estatales que incidan en esos grupos, ya que éstas tienen un impacto directo en la realidad, al reunir información concreta sobre presuntas violaciones de los derechos humanos de personas con discapacidad, y colaboran para que la discapacidad sea vista como un tema fundamental de derechos humanos.
44. Por su parte, en la acción de inconstitucionalidad 101/2016,(14) el Tribunal Pleno invalidó la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down para el Estado de Morelos al existir una ausencia absoluta de consulta a las personas con discapacidad. Así, se reconoció el deber convencional del derecho a la consulta de las personas con discapacidad.
45. En el citado asunto, se puntualizó que con anterioridad a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas se pronunció respecto de la necesidad de consultar a grupos representativos de las personas con discapacidad sobre decisiones que les conciernen.(15)
46. Posteriormente, al resolver la acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018(16) esta Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que, como elementos mínimos para cumplir con la obligación de consultar a personas con discapacidad, establecida en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, su participación debe ser:
• Previa, pública, abierta y regular. El órgano legislativo debe establecer reglas, plazos razonables y procedimientos en una convocatoria, en la que se informe de manera amplia, accesible y por distintos medios, la manera en que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan podrán participar tanto en el proyecto de iniciativa, como en el proceso legislativo, dentro del cual se debe garantizar su participación, de manera previa al dictamen y ante el Pleno del órgano deliberativo, durante la discusión, por lo cual deben especificarse en las convocatorias los momentos de participación.
• Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad no deben ser representadas, sino que, en todo caso, cuenten con la asesoría necesaria para participar sin que se sustituya su voluntad, es decir, que puedan hacerlo tanto de forma individual, como por conducto de las organizaciones de personas con discapacidad, además de que también se tome en cuenta a los niños con discapacidad, así como a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad.
• Accesible. Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32723-bc731ded/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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