I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. V. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. FORMA PARTE DEL PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL AL ESTAR RECONOCIDA EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AUNQUE LA CONSTITUCIÓN GENERAL NO HAGA REFERENCIA EXPRESA A AQUÉLLA. VI. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SU AUSENCIA EN CUESTIONES RELACIONADAS CON ESTOS GRUPOS, SIGNIFICARÍA NO CONSIDERARLOS EN LA DEFINICIÓN DE SUS PROPIAS NECESIDADES Y VOLVER DE ALGUNA MANERA A UN MODELO REHABILITADOR O ASISTENCIALISTA DE LA DISCAPACIDAD, DONDE LAS PERSONAS CON ESTA CONDICIÓN SON SUJETOS PASIVOS DE LA AYUDA QUE SE LES BRINDA, EN LUGAR DE FAVORECER A UN MODELO SOCIAL EN EL QUE LA CAUSA DE LA DISCAPACIDAD ES EL CONTEXTO QUE LA GENERA. VII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ES UN REQUISITO INELUDIBLE EN LA LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES PARA ASEGURAR LA PERTINENCIA Y CALIDAD DE TODAS LAS ACCIONES ENCAMINADAS A ASEGURAR EL PLENO GOCE DE SUS DERECHOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON LAS DEMÁS PERSONAS. VIII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 4, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA PARTICIPACIÓN DE ESTOS GRUPOS VULNERABLES DEBE SER PREVIA, PÚBLICA, ABIERTA Y REGULAR, ESTRECHA Y CON PARTICIPACIÓN PREFERENTEMENTE DIRECTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ACCESIBLE, INFORMADA, SIGNIFICATIVA, CON PARTICIPACIÓN EFECTIVA Y TRANSPARENTE. IX. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CONSTITUYE UN REQUISITO PROCEDIMENTAL DE RANGO CONSTITUCIONAL, CUYA OMISIÓN CONSTITUYE UN VICIO FORMAL INVALIDANTE DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO Y, CONSECUENTEMENTE, DEL PRODUCTO LEGISLATIVO. X. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA CONSULTA PREVIA EN MATERIA DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ES UNA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, CUYA EXIGIBILIDAD SE ACTUALIZA CUANDO LAS ACCIONES ESTATALES OBJETO DE LA PROPUESTA AFECTEN LOS INTERESES Y/O DERECHOS DE ESOS GRUPOS. XI. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LAS MODIFICACIONES AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL SON SUSCEPTIBLES DE AFECTAR A ESE GRUPO VULNERABLE, POR LO QUE DEBEN ESTAR PRECEDIDAS DE DICHA CONSULTA [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 1520 BIS, PÁRRAFO PRIMERO, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "Y OÍR" Y "ASÍ COMO HABLAR CON ÉL", Y ÚLTIMO PÁRRAFO; 1520 TER, FRACCIONES III, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DE VIVA VOZ", Y VI, INCISO C), EN LA PORCIÓN NORMATIVA "ASÍ COMO QUE EL TESTADOR NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS CASOS A LOS QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 1515, 1516 O 1517 DEL PRESENTE CÓDIGO", DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL]. XII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA EXCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, AUDITIVA O DE LENGUAJE DE LA POSIBILIDAD DE ACCEDER A LA MODALIDAD ELECTRÓNICA PARA REALIZAR TESTAMENTO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO GENERA UNA DISTINCIÓN QUE RESULTA DISCRIMINATORIA [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 1520 BIS, PÁRRAFO PRIMERO, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "Y OÍR" Y "ASÍ COMO HABLAR CON ÉL", Y ÚLTIMO PÁRRAFO; 1520 TER, FRACCIONES III, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DE VIVA VOZ", Y VI, INCISO C), EN LA PORCIÓN NORMATIVA "ASÍ COMO QUE EL TESTADOR NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS CASOS A LOS QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 1515, 1516 O 1517 DEL PRESENTE CÓDIGO", DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL]. XIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 1520 BIS, PÁRRAFO PRIMERO, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "Y OÍR" Y "ASÍ COMO HABLAR CON ÉL", Y ÚLTIMO PÁRRAFO; 1520 TER, FRACCIONES III, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DE VIVA VOZ", Y VI, INCISO C), EN LA PORCIÓN NORMATIVA "ASÍ COMO QUE EL TESTADOR NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS CASOS A LOS QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 1515, 1516 O 1517 DEL PRESENTE CÓDIGO", DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL]. XIV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 135/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 8 DE AGOSTO DE 2023. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: ALEJANDRO FÉLIX GONZÁLEZ PÉREZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), contra los artículos 1520 bis, párrafo primero, en las porciones normativas: "y oír", "así como hablar con él", y último párrafo; y 1520 ter, fracciones III, en la porción normativa: "de viva voz" y VI, inciso c), en la porción normativa: "así como que el testador no se encuentra en ninguno de los casos a los que se refieren los artículos 1515, 1516 o 1517 del presente código", del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México).
Ver índice temático
Ciudad de México. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al ocho de agosto de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 135/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), contra los artículos 1520 bis, párrafo primero, en las porciones normativas: "y oír", "así como hablar con él", y último párrafo; y 1520 ter, fracciones III, en la porción normativa: "de viva voz" y VI, inciso c), en la porción normativa: "así como que el testador no se encuentra en ninguno de los casos a los que se refieren los artículos 1515, 1516 o 1517 del presente Código", del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), adicionados mediante decreto publicado el cuatro de agosto de dos mil veintiuno en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mediante escrito recibido el tres de septiembre de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial de este Alto Tribunal y registrado el seis siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidenta, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 1520 bis, párrafo primero, en las porciones normativas: "y oír", "así como hablar con él", y último párrafo; y 1520 ter, fracciones III, en la porción normativa: "de viva voz" y VI, inciso c), en la porción normativa: "así como que el testador no se encuentra en ninguno de los casos a los que se refieren los artículos 1515, 1516 o 1517 del presente código", del Código Civil para el Distrito Federal, adicionados mediante decreto publicado el cuatro de agosto de dos mil veintiuno en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
2. La promovente señaló como autoridades emisora y promulgadora de las normas impugnadas al Congreso y a la jefa de Gobierno, respectivamente, ambas de la Ciudad de México.
3. Conceptos de invalidez. En su único concepto de invalidez, la Comisión accionante expuso lo siguiente:
• Las disposiciones impugnadas del Código Civil para el Distrito Federal, contravienen el derecho al igual reconocimiento de las personas con discapacidad, particularmente en su vertiente de heredar bienes en igualdad de condiciones, así como la garantía de accesibilidad aplicable a esta materia.
• Esto es así pues las normas que regulan el otorgamiento de testamento público abierto mediante el uso de medios electrónicos excluyen a las personas con discapacidad visual, auditiva y del lenguaje de la posibilidad de acceder a esta modalidad para testar.
• La construcción normativa no responde al modelo social vigente en materia de discapacidad, pues no se prevén mecanismos de apoyo para que las personas interesadas puedan ejercer sus derechos plenamente y en forma independiente.
• Para sostener la inconstitucionalidad de los preceptos combatidos, refiere al modelo social y de derechos de las personas con discapacidad y además explica el contenido y alcances de los derechos humanos que se estiman transgredidos, particularmente reconocidos en los numerales 9 y 12.5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
A. Parámetro de control de la regularidad constitucional en materia de derechos de las personas con discapacidad.
• Señala que la concepción jurídica sobre la discapacidad ha ido modificándose en el devenir de los años, en principio existía el modelo de prescindencia en el que las causas de la discapacidad se relacionaban con motivos religiosos, el cual fue sustituido por un esquema denominado "rehabilitador", en el cual el fin era normalizar a la persona a partir de la desaparición u ocultamiento de la deficiencia que tenía, mismo que fue superado por el denominado "modelo social", donde se propugna que la causa que genera una discapacidad es el contexto en el que se desenvuelve la persona.
• Este nuevo enfoque considera que las limitaciones a las que se ven sometidas las personas con discapacidad son producidas por las deficiencias de la sociedad de prestar servicios apropiados, que aseguren que las necesidades de las personas con discapacidad sean tomadas en consideración.
• Dicho modelo social fue incorporado en nuestro país a través de la firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que contiene y desarrolla los principios de tal modelo, los cuales gozan de fuerza normativa en nuestro ordenamiento jurídico.
• A la luz de dicho modelo, la discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada por las barreras que la organización social genera, al no atender de manera adecuada las necesidades de las personas con diversidades funcionales.
• Tal postura es congruente con la promoción, protección y aseguramiento del goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, lo que ha provocado la creación de ajustes razonables, los cuales son medidas paliativas que introducen elementos diferenciadores, es decir, propician la implementación de medidas de naturaleza positiva que involucran un actuar y no sólo una abstención de discriminar.
• La Primera Sala del Alto Tribunal Constitucional ha hecho patente que de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1o. de la Constitución Federal y 1 y 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se deriva el igual reconocimiento de las personas con discapacidad ante la ley y la obligación del Estado para adoptar las medidas pertinentes para que puedan ejercer plenamente su capacidad jurídica.
• En ese contexto, en el sistema de apoyo en la toma de decisiones basado en un enfoque de derechos humanos, propio del modelo social, la toma de decisiones asistidas se traduce en que la persona con discapacidad no debe ser privada de su capacidad de ejercicio por otra persona que sustituya su voluntad, sino que simplemente es asistida para adoptar decisiones en diversos ámbitos, como cualquier otra persona, pues este modelo contempla en todo momento la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad, sin restringir su facultad de adoptar decisiones legales por sí mismas, pero, en determinados casos, se le puede asistir para adoptar sus propias decisiones legales dotándole para ello de los apoyos y las salvaguardas necesarias, para que de esta manera se respetan los derechos, voluntad y preferencias de la persona con discapacidad.
• De ese modo, atendiendo al modelo social de discapacidad, previsto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los presupuestos en los que se sustenta tal materia son:
• Dignidad de la persona– referida al pleno respeto de los individuos por el solo hecho de serlo, sin que una diversidad funcional implique una disminución de tal reconocimiento.
• Accesibilidad universal– consistente en la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones, en todos los ámbitos y servicios de su entorno social.
• Transversalidad– relativa a la concepción de la discapacidad como un aspecto en íntima relación con todas las facetas del contexto que se desenvuelve.
• Diseño para todos– referido a que las políticas se conciban de tal manera que puedan ser utilizadas por el mayor número posible de usuarios.
• Respecto a la diversidad– consistente en que las medidas a implementarse reconozcan las diferencias funcionales como fundamento de una sociedad plural.
• Eficacia horizontal– relativa a que la exigencia de respeto a las personas con discapacidad se dirija tanto a las autoridades, así como a los particulares.
• El modelo señala que la premisa que genera la discapacidad es el contexto en que se desenvuelve la persona, por lo que las medidas que propone se encuentran dirigidas a aminorar tales barreras. Así, las limitaciones son producidas por las deficiencias de la sociedad de prestar servicios apropiados que aseguren que las necesidades de las personas con discapacidad son tomadas en consideración.
• Las discapacidades tienen como punto toral la existencia de factores sociales que vuelven adversas las diversidades funcionales que posee una persona, y que limitan el acceso potencial a los mismos fines del resto de las personas. Eso implica que la dificultad para participar de manera plena en la sociedad tiene como nota distintiva, la existencia de una inadecuada construcción del entorno social, mismo que impide la consecución de los propios planes de vida en igualdad de oportunidades.
• De esta manera, el concepto de discapacidad que asume la Convención en la materia no es un concepto rígido, sino que en ella se adopta un enfoque dinámico acorde con el concepto de discapacidad, pues no tiene su origen en las limitaciones o diversidades funcionales de las personas, sino en las limitantes que la propia sociedad produce.
• La discapacidad no sólo es la deficiencia de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, sino que resulta de la interacción de la deficiencia con las barreras que impone el entorno y que impide la inclusión plena y efectiva de la persona con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás personas.
• Por ende, resulta válido afirmar que en el modelo social y de derechos el punto de partida es la dignidad de la persona con discapacidad, lo cual conlleva el deber de tratarla como a cualquier otra persona. De ahí que todo ordenamiento jurídico debe reconocer siempre y en todo momento que toda persona es sujeto de derecho y tiene personalidad jurídica.
• El reconocimiento de la capacidad jurídica es una de las notas fundamentales, aspecto que implica que una persona es titular de derechos y obligaciones y sujetos de relaciones jurídicas. Por tanto, la persona con discapacidades es un sujeto de derecho.
• La Comisión accionante divide el argumento por el que sustenta la inconstitucionalidad de las normas impugnadas en dos subapartados:
Derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley
• El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de forma expresa, prohíbe toda discriminación, entre otras cuestiones, por discapacidades. De esta manera, la propia Constitución protege a las personas con discapacidad.
• Por otro lado, el treinta de mayo de dos mil once, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, misma que tiene como finalidad expresa establecer las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.
• Señala que los principios de igualdad y no discriminación se encuentran consagrados en diversos instrumentos internacionales, destaca que México forma parte de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y la diversa Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
• De este último instrumento internacional recalca el artículo 12 que constriñe a los Estados a reconocer, en igualdad de condiciones con los demás, que las personas con discapacidad cuenten con personalidad y capacidad jurídicas, así como a acceder a mecanismos de apoyo para poder ejercitar éstas en los distintos ámbitos de la vida, privilegiando su independencia y autonomía.
• En relación, el Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad sostiene que el derecho a la capacidad jurídica es un derecho mínimo, es decir, es necesario para el disfrute de casi todos los demás derechos contemplados en la Convención, incluido el derecho a la igualdad y la no discriminación.
• De manera particular, indica que el párrafo 5 del citado artículo 12 dispone que los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para "garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria".
• En ese sentido, el derecho a heredar bienes puede ser entendido desde la posibilidad de ser nombrado heredero/a y desde otra perspectiva en que la persona con discapacidad puede manifestar su voluntad respecto del destino de sus bienes, una vez ocurrida su muerte.
• Por tanto, la interpretación no debe ser limitada en el sentido que las personas con discapacidad únicamente pueden ser nombradas herederas, sino que la interpretación más favorable de ese texto permite válidamente afirmar que el sector poblacional en comento debe tener garantizado el derecho a otorgar en testamento sus bienes y que, para ello, los Estados se encuentra obligados a tomar las medidas legislativas, administrativas y judiciales encaminadas al cumplimiento de dicho fin.
Garantía de accesibilidad de las personas con discapacidad
• El reconocimiento del derecho de accesibilidad de las personas con discapacidad encuentra su fundamento en el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual establece que "los Estados Partes adoptaran las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones".
• A fin de garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad se asignan diversas obligaciones a los Estados para que adopten las medidas pertinentes, entre otras, aquellas destinadas a:
• Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de los servicios abiertos al público.
• Asegurar que las entidades privadas que proporcionan servicios abiertos al público tengan en cuenta todos los aspectos de accesibilidad para las personas con discapacidad.
• Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad.
• Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público.
• Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información.
• Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet.
• Por su parte la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, para el cumplimiento de sus objetivos dispone que los Estados deberán comprometerse a adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole para dicho fin.
• Por tanto, se hace patente que el derecho a la accesibilidad comprende la facilitación de todos los bienes y servicios públicos o de uso público, empleando toda clase de sistemas y formas de hacer posible que la persona con discapacidad no encuentre barreras en ese rubro.
• Así, tal como lo señala la Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la obligación por parte de los Estados de asegurar la accesibilidad no debe confundirse con la diversa de garantizar el acceso a un apoyo.
• Al respecto, la accesibilidad es la obligación relacionada con el entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, mientras que el apoyo es una obligación vinculada a las personas; sin embargo, ambas son obligaciones complementarias para asegurar que las personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida.
• Hablar de accesibilidad implica que el Estado tiene la obligación general y abstracta de garantizar indiscriminadamente a todas las personas con discapacidad el acceso a los servicios públicos y así incidir en que los particulares que ofrecen servicios al público, garanticen igualmente la accesibilidad para la comunidad diversa de personas con discapacidad.
• Así, conforme a las obligaciones de accesibilidad, particularmente en las materias de servicios públicos –como la actividad notarial– los Estados deben modificar la forma en que las personas con discapacidad se comunican o interactúan con la persona de la notaría al momento de expedir su testamento.
Inconstitucionalidad de las porciones normativas impugnadas
• La Comisión accionante concluye que los artículos 1520 bis, párrafo primero, en las porciones normativas: "y oír", "así como hablar con él", y último párrafo; y 1520 ter, fracciones III, en la porción normativa: "de viva voz" y VI, inciso c), en la porción normativa: "así como que el testador no se encuentra en ninguno de los casos a los que se refieren los artículos 1515, 1516 o 1517 del presente código", del Código Civil para el Distrito Federal, carecen de justificación constitucional para dar un trato diferenciado a las personas con algún tipo de discapacidad, al impedirles que otorguen testamentos haciendo uso de medios electrónicos.
• Lo anterior es así, pues aunque las normas impugnadas representan un esquema innovador que hace uso de los beneficios de la tecnología para regular el acto jurídico del testamento y, con ello, se permite a las personas manifestar su voluntad en relación con el destino de sus bienes una vez ocurrida su muerte; en forma particular advierte que las disposiciones impugnadas transgreden los derechos de las personas con discapacidad, pues se excluye de esta nueva modalidad de otorgar testamento a las personas con discapacidad visual, auditiva y de lenguaje.
• Lo anterior, pues la norma exige que el notario pueda oír y hablar con el testador, aunado a que éste no debe encontrarse en alguno de los supuestos contemplados en los numerales 1515, 1516 y 1517 del Código Civil vigente en la Ciudad de México (los cuales refieren a la forma en que las personas mudas o sordomudas, enteramente sordas o ciegas, expresaran su voluntad ante el notario).
• En ese sentido, de la simple lectura sistemática de las normas se advierte que las personas con estas condiciones físicas no pueden acceder a la modalidad de testamento público abierto suscrito por medios digitales, lo que les exige necesariamente acudir a la oficina del notario para estar en posibilidad de otorgar testamento, incluso si se encuentra en algún supuesto de suma urgencia como peligro inminente de muerte, enfermedad grave o contagiosa, lesiones que pongan en riesgo la vida.
• En esa tesitura, lejos de considerar las obligaciones del Estado en la materia, las autoridades legislativa y ejecutiva de la Ciudad de México optaron por excluir de esta nueva modalidad para testar a quienes viven con las discapacidades referidas. • La exclusión implícita en el primer párrafo del artículo 1520 bis impugnado establece que el testamento público abierto también podrá realizarse por medios electrónicos, siempre y cuando el testador cuente con la posibilidad de comunicarse con el notario, a través de un dispositivo electrónico y el notario pueda ver y oír al testador, así como hablar con él de manera directa, simultánea y en tiempo real durante todo el acto del otorgamiento.
• De forma similar el artículo 1520 ter, fracción III, en su porción normativa "de viva voz" exige que la voluntad del testador sea expresada al notario de forma oral por él mismo.
• Conforme a ello, es evidente que los preceptos señalados se erigen como una condición sine qua non para el otorgamiento del testamento, pues el notario requiere escuchar al otorgante. Sin embargo, tales reglas pasan por alto que existen personas que no pueden hablar por tener alguna discapacidad sensorial o de la comunicación, por lo que quien se encuentre en esta situación no podrá testar, pues no podrá expresar su voluntad en forma oral directamente.
• Por otra parte, la restricción se patentiza y se evidencia con otras partes de los numerales referidos 1520 bis y ter, que señalan que cuando el testador se encuentre en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 1515, 1516 y 1517 no podrá llevarse a cabo esta modalidad del testamento público abierto.
• En esa tesitura, es dable afirmar que el sistema normativo excluye a las personas con discapacidad auditiva, de lenguaje y visual de otorgar su testamento público abierto por medios electrónicos, por lo que es innegable que la construcción normativa que regula esta modalidad vulnera los derechos a la igualdad y a la accesibilidad de ese segmento poblacional.
• Atento a lo anterior, las medidas relacionadas con la discapacidad, incluso aquellas de índole legislativa, deben buscar la igualdad, entendida ésta como un estado en el que las personas tengan la capacidad real de alcanzar un bienestar social, ello a través de valores instrumentales, no sólo referidos a posturas de no discriminación en sentido estricto, sino también a la implementación de determinadas acciones.
• En tal sentido, las personas con discapacidad auditiva y de lenguaje, por ejemplo, al otorgar su testamento por medios digitales, deben tener toda posibilidad de otorgarlo, desde el diseño normativo al acto de aplicación, al permitirles encontrarse asistidas de un intérprete de Lenguaje de Señas Mexicano y, de igual modo, que el notario cuente con uno diverso que permita y facilite la comunicación entre ambos.
• Asimismo, para acceder a esta nueva modalidad de testamento, quienes viven con discapacidad visual pueden suscribir este acto jurídico estando asistidos por familiares o testigos que los apoyen al momento de iniciar la comunicación con el notario. Ello para el caso que la plataforma digital no les permita ingresar de manera autónoma.
• La accionante estima relevante mencionar que los supuestos para que se actualice esta modalidad para otorgar testamento se encuentra limitado a que el testador se encuentre en peligro inminente de muerte, sufra al momento una enfermedad grave o contagiosa, haya sufrido lesiones que pongan en riesgo la vida o se encuentre en un lugar al que, por una situación excepcional, no se pueda acceder en persona.
• En ese sentido, es probable que la situación física del testador dificulte la presencia de una persona que lo asista o de algún interprete, por ejemplo, en los casos de enfermedades contagiosas, sin embargo, considerando que la norma privilegia el uso de las tecnologías de la información y comunicación, tal circunstancia permite que varias personas estén conectadas en forma simultánea, incluso desde diferentes lugares.
• Por tanto, aun y cuando la presencia física de testigos fuere poco viable por la condición en que se encuentre el testador, cuya voluntad sea acceder a la modalidad digital, ello no es óbice para que, haciendo uso de la tecnología pueda estar asistido de testigos, intérpretes o intermediarios vía remota y así estar en condiciones de otorgar su testamento público abierto.
• No obstante, la promovente estima que las disposiciones reclamadas no responden a la exigencia de accesibilidad de personas con discapacidad, pues aborda distinciones injustificadas que redundan, reproducen y perpetúan la segregación de ese segmento e institucionalizan la discriminación en su perjuicio, de manera que resultan inconstitucionales e inconvencionales.
4. Admisión y trámite. Mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 135/2021, y la turnó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.
5. Posteriormente, por acuerdo de diez de septiembre siguiente, la Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos de la Ciudad de México para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al Congreso Local para que remitiera copia certificada del proceso legislativo de las normas impugnadas y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada de la Gaceta Oficial en la que conste su publicación.
6. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, antes del cierre de instrucción, manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.
7. Informe del Poder Legislativo de la Ciudad de México. Mediante escrito depositado el trece de octubre de dos mil veintiuno en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrado el mismo día en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Héctor Díaz Polanco, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, compareció a rendir el informe solicitado, en el que expuso lo siguiente:
• Lo expuesto por la promovente es infundado, ya que la norma impugnada debe ser analizada en su contexto, analizando la institución jurídica que pretende regular en su totalidad, es decir "el testamento", el cual es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte.
• El derecho para dictar un testamento por parte de las personas con discapacidad visual, auditiva y de lenguaje, está plenamente garantizado, ya que, pueden dictar su testamento ante notario o por medio del ámbito de su actuación digital con fundamento en la Ley del Notariado para la Ciudad de México. El notario, en el ámbito de su actuación, redactará las cláusulas del testamento, sujetándose estrictamente a la voluntad del testador y las leerá en voz alta para que éste manifieste su conformidad o, en su caso, también podrá reenviar el archivo electrónico al testado a efecto de que sea leído por él mismo, cualquiera de estas dos circunstancias se hará constar en el testamento. Una vez que el testador estuviese conforme, lo hará saber al notario y procederá a firmar el testamento, haciendo uso de su Firma Electrónica Avanzada.
• La reforma planteada busca ampliar la posibilidad de las personas para otorgar su testamento en circunstancias de gravedad, urgencia o situaciones en las que la presencia de un notario resulte difícil, sin embargo, se debe premiar la certeza y seguridad jurídica para la persona testadora, así como la fe pública del notario. Esto es, aun tratándose de actos celebrados en tiempo real a través de medios electrónicos, el notario o notaria deberán constatar que la persona testadora se encuentra en condiciones idóneas para la celebración del acto protocolario, es decir, deberá cubrir los requisitos de ley para considerarlo en aptitud y sin coacción alguna.
• Ahora bien, si se trata de una situación de gravedad o urgencia es riesgosa la presencia de dos testigos. Siendo el caso de una persona con discapacidad auditiva, visual, o de habla, se está en presencia de requisitos aún más específicos para validar su voluntad, ya que en muchos casos se requiere de al menos un intérprete, una persona de confianza que puede fungir como testigo y del tiempo suficiente para que el notario verifique que no existe coacción o vicio respecto a la voluntad expresada en el testamento.
• El artículo 1520 bis, regula la posibilidad de dictar un testamento público abierto empleando medios electrónicos en circunstancias excepcionales –ante peligro inminente de muerte, que la persona sufra una enfermedad grave o contagiosa, que haya sufrido lesiones que pongan en riesgo su vida o que se encuentre en algún lugar al que no se pueda acceder en persona– pues la regla general es que el testamento público abierto se dicte acudiendo personalmente ante el notario o mediante el empleo de la actuación digital de notario.
• Por tanto, al regularse el otorgamiento de testamento público abierto mediante el uso de medios electrónicos, se parte del alcance y límites de la utilización de los medios tecnológicos, sin que pueda excluirse para dictarse el mismo, de la expresión libre de la voluntad de testar, en consecuencia, es indispensable que el notario, mediante el uso de medios electrónicos tenga comunicación de manera directa, simultánea y en tiempo real durante todo el acto del otorgamiento.
• La exclusión de las personas que se encuentran en el supuesto de los artículos 1515, 1516 y 1517, es decir, personas con discapacidad verbal, auditiva o visual, no responde a una práctica discriminatoria, sino es consecuencia de la limitación tecnológica que no permite garantizar plenamente la expresión libre y voluntaria del testador con estas discapacidades. Incluso bajo determinadas circunstancias podría resultar una desventaja para las personas s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31980-88312105/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [AR (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [AR (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL SISTEMA NORMATIVO CONFORMADO POR LOS ARTÍCULOS 450, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CIVIL Y 102, FRACCIÓN XX Y 105 DE LA LEY DEL NOTARIADO ABROGADA, AMBOS ORD (1a. XXIX/2022 (10a.))
- PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LOS ARTÍCULOS 102, FRACCIÓN XX Y 105 DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO) ABROGADA, QUE FACULTAN AL NOTARIO PÚBLICO (1a. XXXIX/2022 (10a.))
- PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ES OBLIGACIÓN DEL NOTARIO PÚBLICO REALIZAR AJUSTES RAZONABLES EN SEDE NOTARIAL, A EFECTO DE HACER VIABLE EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA PLENA DE A (1a. XXXVIII/2022 (10a.))
- PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA ESCRITURA PÚBLICA DE SU CONSTITUCIÓN COMO ASOCIACIÓN CIVIL, CUANDO ASÍ SE SOLICITE, PUEDE CONTENER DECLARACIONES EXPRESAS SOBRE SU CONDICIÓN, HACERSE (1a. XXVIII/2022 (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis