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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. EL EXAMEN DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY RELATIVA, ES PREVIO AL ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA.

Tipo de asunto: INCIDENTE DE SUSPENSIÓN (REVISIÓN) 514/2006. · Registro digital (IUS): 20092
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, , Pág. 1628.

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN (REVISIÓN) 514/2006. RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

QUINTO. En principio, es pertinente precisar que en la demanda de amparo la sociedad recurrente reclamó el proveído de tres de julio de dos mil seis, dictado por la Magistrada instructora de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio contencioso administrativo número 17947/06-17-02-9, a través del cual se concedió a la actora en ese juicio Axtel, Sociedad Anónima de Capital Variable, la suspensión provisional del acto impugnado; el oficio de trece de septiembre del citado año, identificado con el número CFT/D01/P/200/2006, emitido por el presidente de la referida comisión, así como los efectos y consecuencias de esos actos.

Cabe destacar que el acto materia del referido juicio, lo constituye la resolución de cinco de abril de dos mil seis, emitida por el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, mediante la cual se modifican las reglas del servicio de larga distancia, publicadas el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cinco, para la implantación de la modalidad "el que llama paga nacional" para llamadas de larga distancia nacional e internacional cuyo destino es un usuario del servicio local móvil.

Asimismo, es pertinente señalar que en la interlocutoria recurrida, la Juez de Distrito decidió negar la suspensión definitiva respecto de la ejecución de esa resolución administrativa, sobre la base de que si bien en el caso se encuentran demostrados los requisitos previstos en las fracciones I y II del artículo 124 de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa solicitó la medida suspensional y de concederse ésta no se afectarían disposiciones de orden público o se causarían perjuicios al interés social; no se acreditó el requisito contemplado en la fracción III del referido artículo, en la medida que la quejosa no demostró que con la ejecución del auto reclamado se le causen daños y perjuicios de difícil reparación.

Ahora bien, en el escrito de revisión, la recurrente aduce que mediante la interlocutoria recurrida, la Juez de Distrito violó en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 122, 124 y 138 de la Ley de Amparo, sobre la base de considerar lo siguiente:

1. Porque contrario a lo que resolvió la Juez, la medida precautoria solicitada resulta procedente, toda vez que la solicitó y con ella no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público.

2. Porque no tomó en consideración que en caso de no concederse la medida precautoria de que se trata contra la ejecución de la resolución reclamada, se le causarían tanto a ella como a la sociedad daños y perjuicios de difícil y aun de imposible reparación, por las siguientes razones:

a) Con la suspensión decretada por la Magistrada instructora de la Sala responsable, tanto ella como el público se ven imposibilitados de gozar del derecho que le conceden las reglas de larga distancia expedidas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en las que se establece la modalidad denominada "el que llama paga nacional", para no recibir ningún cargo que provenga de llamada de larga distancia que tenga como destino sus teléfonos celulares.

b) Se le impide explotar sus concesiones y cumplir con las reglas que rigen la prestación del servicio de telefonía local móvil, respecto de Axtel, Sociedad Anónima de Capital Variable, pues no puede negociar con ella y celebrar los convenios de interconexión correspondientes, en relación con la modalidad "el que llama paga nacional".

c) Se encuentra en la necesidad de operar bajo un régimen dual de modalidades para prestar los servicios que tiene concesionados, ya que respecto de otros operadores de larga distancia, a partir del cuatro de noviembre de dos mil seis, debe establecer un régimen que cumpla con esas reglas en cuanto a la interconexión y cobro de las llamadas de larga distancia que tengan como destino a sus usuarios, mientras que con Axtel, Sociedad Anónima de Capital Variable, debe conservar el régimen anterior, lo que se traduce en una situación costosa e injustificable de indiscutible ineficiencia e inseguridad.

d) La suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad implica, tanto para ella como para sus millones de usuarios, pérdida de tiempo para prestar el servicio; demostrándose el interés suspensional con los títulos concesión exhibidos como pruebas de su parte.

3. Porque no tomó en consideración que la autoridad responsable concedió a Axtel, Sociedad Anónima de Capital Variable, la suspensión de la ejecución de un acto administrativo de carácter general, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no obstante que en la especie no se encuentran satisfechos los requisitos previstos en ese precepto legal, toda vez que con tal medida se perjudica el interés social, se contravienen disposiciones de orden público y, además, no existen daños irreparables que puedan causarse a dicha persona moral con las reglas "el que llama paga nacional".

4. Porque de manera inexacta sostuvo que la falta de exhibición del acuerdo reclamado del tres de julio de dos mil seis, impidió que se analizara si opera o no la apariencia del buen derecho, en la medida que en el informe previo la autoridad responsable reconoció su existencia tal y como fue transcrito en la demanda de amparo, además de que correspondía a la Sala responsable acreditar tal existencia, porque ella (la recurrente) no podía exhibirlo, dado que es tercera extraña al juicio contencioso administrativo de origen y nunca ha sido notificada de la resolución reclamada, sino que supo de la existencia a través del oficio reclamado del trece de septiembre de dos mil seis.

Precisado lo anterior, cabe señalar que por razón de método, en el estudio de los argumentos antes enunciados no se seguirá el orden en el que fueron expuestos.

En esa tesitura, en primer lugar debe significarse que resulta inoperante el argumento enunciado en el cardinal 1 (uno) precedente, toda vez que se encuentra orientado a demostrar que en la especie se satisficieron los requisitos previstos en las fracciones I y II del artículo 124 de la Ley de Amparo, para que se conceda la suspensión definitiva de la ejecución de la resolución reclamada, siendo que la Juez de Distrito no determinó negar la medida precautoria respectiva sobre la base de que tales requisitos no se encuentran colmados, sino que, por lo contrario, los consideró satisfechos, pues como antes se precisó, sostuvo que la quejosa solicitó la medida precautoria de que se trata y que de concederse no se seguiría perjuicio al interés social ni se contravendrían disposiciones de orden público.

También es inoperante el planteamiento señalado en el cardinal 3 (tres) anterior, en la medida que además de que se encuentra orientado a demostrar que la Sala responsable concedió la suspensión de la ejecución de la resolución materia del juicio contencioso administrativo de origen, perdiendo de vista que en el caso no quedaron satisfechos los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para conceder la suspensión del acto, lo que involucra una cuestión de fondo, cuyo estudio no es dable emprender en esta instancia, en que no se estudia si el acto reclamado es o no violatorio de garantías, sino sólo si sus efectos o consecuencias son o no susceptibles de ser paralizados, no controvierte las consideraciones expuestas por la Juez de Distrito en la interlocutoria recurrida.

Por otra parte, para dar respuesta a los argumentos precisados en el cardinal 2 (dos) anterior, en principio cabe precisar que el objetivo de la institución de la suspensión del acto reclamado en el juicio de garantías, prevista en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República y 124 de la Ley de Amparo, es mantener viva la materia de ese juicio, impidiendo que el acto que lo motiva se consume irreparablemente y haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitándole así los perjuicios que la ejecución del acto pudiera ocasionarle.

También es importante señalar que para resolver sobre tal medida, debe examinarse, en primer lugar, si son o no ciertos los actos reclamados; posteriormente, si conforme a su naturaleza sus efectos son susceptibles o no de ser paralizados; enseguida, si se satisfacen o no las exigencias previstas en el artículo 124 de la Ley de Amparo; y, por último, determinar si procede exigir alguna garantía para que surta efectos tal medida.

Ahora bien, toda vez que la finalidad de la suspensión de los actos reclamados estriba en preservar las cosas en el estado que se encuentran al momento de concederse, sólo en caso de que exista la titularidad jurídica de un bien o de un derecho a favor del quejoso, se entiende que hay interés para obtener la medida suspensional y merece ser protegida la situación jurídica que guardan las cosas (derechos, posesiones, propiedades y personas, entre otros) del quejoso al momento de que se decrete tal medida, puesto que a través de la suspensión no es posible crear un derecho del que no gozaba el quejoso antes de la promoción del amparo y, por ende, del otorgamiento de la suspensión.

En la especie, en aras de demostrar el interés suspensional, la sociedad recurrente ofreció como pruebas de su parte copias certificadas de diversos títulos de concesión para construir, instalar, mantener, operar y explotar diversas redes públicas de radiotelefonía móvil con tecnología celular, para las regiones 1 (uno), 2 (dos), 3 (tres), 4 (cuatro), 5 (cinco), 6 (seis), 7 (siete), 8 (ocho) y 9 (nueve), todos expedidos a favor de ella por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tales copias certificadas obran en el legajo de pruebas que obra por separado.

Empero, debe señalarse que dichos documentos no son idóneos para demostrar el interés suspensional de la recurrente, toda vez que sólo acreditan lo que en ellos se contiene, esto es, que la quejosa cuenta con diversas concesiones para construir, instalar, mantener, operar y explotar diversas redes públicas de telefonía móvil con tecnología celular, no así que con la ejecución del auto reclamado, dictado por la Magistrada instructora de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se le ocasione alguna afectación directa en su patrimonio.

Se expone el anterior aserto, en la medida que en términos de lo transcrito por la quejosa a fojas de la 18 (dieciocho) a 20 (veinte) de su demanda de amparo, en el auto reclamado del tres de julio de dos mil seis, la Magistrada instructora de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo concedió a la actora Axtel, Sociedad Anónima de Capital Variable, la suspensión provisional del acto impugnado, sobre la base de que de no hacerse quedaría sin materia el juicio contencioso administrativo, además de que con la concesión no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público.

Sin que tal determinación sea susceptible de incidir en alguno de los derechos derivados a favor de la quejosa de los títulos de concesión expedidos a su favor por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de modo que le impida gozar de las prerrogativas que le conceden las reglas de larga distancia expedidas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones en las que se establece la modalidad denominada "el que llama paga nacional", así como la explotación de sus concesiones y cumplir con las reglas que rigen la prestación de su servicio de telefonía local móvil, pues sólo se determina que debe prevalecer la situación de hecho existente, y ni siquiera por lo que se refiere a la sociedad denominada Axtel, Sociedad Anónima de Capital Variable. Lo anterior es así, toda vez que en autos no existe evidencia que entre dicha empresa y la quejosa exista un vínculo por virtud del cual aquélla se encuentre obligada a celebrar con la recurrente algún convenio de interconexión respecto de la modalidad "el que llama paga nacional" y, por tanto, que por virtud de la suspensión concedida por la referida Sala, la sociedad recurrente tenga que implantar dos modalidades en la prestación de los servicios que tiene concesionados, dejando de obtener beneficios económicos y sin que pueda tenerse por acreditado el interés jurídico con las manifestaciones formuladas por la recurrente, en la medida que el interés suspensional debe estar plenamente acreditado al momento de resolver sobre la suspensión definitiva.

En esa tesitura, si no se encuentra acreditado en autos que a la quejosa le asista interés suspensional, pues con los títulos de concesión exhibidos en copia certificada no se demuestra tal extremo, es evidente que es correcta la negativa de la Juez de Distrito de conceder la suspensión definitiva del auto reclamado, dictado por la Magistrada instructora de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Es corolario de lo expuesto que los planteamientos compendiados en el cardinal 2 (dos) precedente resultan infundados y, por tanto, ineficaces para revocar la interlocutoria recurrida.

No obstante lo anterior, cabe señalar que el acto atribuido a la Magistrada instructora de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consistente en el auto de tres de julio de dos mil seis, por el que se concedió a Axtel, Sociedad Anónima de Capital Variable, la suspensión provisional del acto materia del correspondiente juicio contencioso administrativo, no es susceptible de ser suspendido, toda vez que en la especie no se satisface el requisito previsto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, consistente en que con la concesión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

Se expone tal aserto, toda vez que de concederse la suspensión definitiva para que no siga surtiendo efecto la suspensión provisional decretada en el juicio contencioso administrativo y se mantengan las cosas en el estado en que se encuentra hasta en tanto se resuelva el fondo del juicio de amparo, se impediría que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de lo dispuesto en los artículos 24, 25, 27 y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sustanciara el incidente de petición de medidas cautelares (entre ellas la suspensión del acto impugnado) previsto en esos numerales, que debe ser resuelto en definitiva por la Sala Regional correspondiente funcionando en Pleno, previo análisis de las razones que el promovente del incidente aduzca sobre el particular y la valoración de la necesidad de establecer la medida y fijar garantías o contragarantías en lo que la sociedad se encuentra interesada, toda vez que la finalidad de ese incidente tiene un marcado interés público, puesto que estriba en mantener la situación de hecho existente para no dejar el litigio sin materia e impedir que se cause un daño irreparable al actor, esto es, posibilitar que una eventual declaración de nulidad del acto impugnado efectivamente restituya al actor en el pleno goce de sus derechos y, por ende, no se haga nugatorio el principio de justicia previsto en el artículo 17 constitucional.

Para corroborar tal aserto, a continuación se transcriben los citados artículos 24, 25, 27 y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo:

"Artículo 24. Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, pueden decretarse todas las medidas cautelares necesarias para mantener la situación de hecho existente, que impidan que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor, salvo en los casos en que se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.

"I. El escrito en donde se soliciten las medidas cautelares señaladas, deberá contener los siguientes requisitos:

"a) Nombre y domicilio para oír notificaciones en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando el solicitante tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala Regional competente, en cuyo caso, el domicilio señalado para tal efecto deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala competente.

"b) Resolución que se pretende impugnar y fecha de notificación de la misma.

"c) Los hechos que se pretenden resguardar con la medida cautelar, y

"d) Expresión de los motivos por los cuales solicita la medida cautelar que se solicita.

"II. Con el escrito de solicitud de medidas cautelares, se anexarán los siguientes comentarios:

"a) El que pida la medida cautelar deberá acreditar el derecho que tiene para gestionar la necesidad de la medida que solicita, y

"b) Una copia del escrito mencionado por cada una de las partes que vayan a participar en el juicio, para correrles traslado.

"En caso de no cumplir con los requisitos de las fracciones I y II, se tendrá por no interpuesto el incidente.

"El Magistrado instructor podrá ordenar una medida cautelar, cuando considere que los daños que puedan causarse sean inminentes. En los casos en que se pueda causar una afectación patrimonial, el Magistrado instructor exigirá una garantía para responder de los daños y perjuicios que se causen con la medida cautelar.

"En los demás casos que conozca la Sala Regional, ésta podrá dictar las medidas cautelares cuando las pida el actor pero deberá motivar cuidadosamente las medidas adoptadas; para ello, el particular justificará en su petición las razones por las cuales las medidas son indispensables."

"Artículo 25. En el acuerdo que admita el incidente de petición de medidas cautelares, el Magistrado instructor ordenará correr traslado a quien se impute el acto administrativo o los hechos objeto de la controversia, pidiéndole un informe que deberá rendir en un plazo de tres días. Si no se rinde el informe o si éste no se refiere específicamente a los hechos que le impute el promovente, dichos hechos se tendrán por ciertos. En el acuerdo a que se refiere este párrafo, el Magistrado instructor resolverá sobre las medidas cautelares previas que se le hayan solicitado.

"Dentro del plazo de cinco días contados a partir de que haya recibido el informe o de que haya vencido el término para presentarlo, la Sala Regional dictará resolución definitiva en la que decrete o niegue las medidas cautelares solicitadas, decida, en su caso, sobre la admisión de la garantía ofrecida, la cual deberá otorgarse dentro de un plazo de tres días. Cuando no se otorgare la garantía dentro del plazo señalado, las medidas cautelares dejarán de tener efecto.

"Mientras no se dicte sentencia definitiva, la Sala Regional que hubiere conocido del incidente, podrá modificar o revocar la resolución que haya decretado o negado las medidas cautelares, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique.

"Si el obligado por las medidas cautelares no da cumplimiento a éstas o la autoridad no admite la garantía, la Sala declarará, en su caso, la nulidad de las actuaciones realizadas con violación a dichas medidas e impondrá al renuente una multa por el monto equivalente de uno a tres tantos del salario mínimo general del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, elevado al mes, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento, el sueldo del servidor público de que se trate, su nivel jerárquico, así como las consecuencias que el no acatamiento de la suspensión hubiere ocasionado cuando el afectado lo señale. En este caso, el solicitante tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios, la que, en su caso, correrá a cargo de la unidad administrativa en la que preste sus servicios al servidor público."

"Artículo 27. En los casos en los que las medidas cautelares puedan causar daños a terceros, la Sala Regional las ordenará siempre que el actor otorgue garantía bastante para reparar mediante indemnización el daño y los perjuicios que con aquéllas pudieran causarse si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Si no es cuantificable la indemnización respectiva, la Sala Regional fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

"Las medidas cautelares podrán quedar sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para indemnizar los daños y perjuicios que pudieran causarse por subsistir las medidas cautelares previstas.

"Por su parte, la autoridad puede obligarse a resarcir los daños y perjuicios que se pudieran causar al particular; en cuyo caso, el tribunal, considerando cuidadosamente las circunstancias del caso, puede no dictar las medidas cautelares. En este caso, si la sentencia definitiva es contraria a la autoridad, la Sala Regional, la sección o el Pleno debe condenarla a pagar la indemnización administrativa correspondiente."

"Artículo 28. El demandante, podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, cumpliendo con los siguientes requisitos.

"I. Podrá solicitarla en la demanda o en cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte sentencia, ante la Sala de conocimiento del juicio.

"II. Acompañar copias de la promoción en la que solicite la suspensión y de las pruebas documentales que ofrezca, para correr traslado a cada una de las partes y una más para la carpeta de suspensión.

"III. Ofrecer, en su caso, las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de garantía, a la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora y, si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución, únicas admisibles en la suspensión.

"IV. Ofrecer garantía suficiente mediante billete de depósito o póliza de fianza expedida por institución autorizada, para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que pudieran ocasionarse a la demandada o a terceros con la suspensión si no se obtiene sentencia favorable en el juicio contencioso administrativo.

"V. Los documentos referidos deberán expedirse a favor de la otra parte o de los terceros que pudieran tener derecho a la reparación del daño o a la indemnización citadas.

"VI. Tratándose de la solicitud de la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, procederá la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.

"El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos:

"a) Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso, y

"b) Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito.

"VII. Exponer en el escrito de solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, las razones por las cuáles considera que debe otorgarse la medida y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite.

"VIII. La suspensión se tramitará por cuerda separada y con arreglo a las disposiciones previstas en este capítulo.

"IX. El Magistrado instructor, en el auto que acuerde la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, podrá decretar la suspensión provisional, siempre y cuando con ésta no se afecte al interés social, se contravenga disposiciones de orden público o quede sin materia el juicio, y se esté en cualquiera de los siguientes supuestos:

"a) Que no se trate de actos que se hayan consumado de manera irreparable.

"b) Que se le causen al demandante daños mayores de no decretarse la suspensión, y

"c) Que sin entrar al análisis del fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto administrativo impugnado.

"X. El auto que decrete o niegue la suspensión provisional, podrá ser impugnado por las autoridades demandadas mediante el recurso de reclamación previsto en el artículo 59 de esta ley, dejando a salvo los derechos del demandante para que lo impugne en la vía que corresponda.

"XI. En el caso en que la ley que regule el acto administrativo cuya suspensión se solicite, no prevea la solicitud de suspensión ante la autoridad ejecutora, la suspensión tendrá el alcance que indique el Magistrado instructor o la Sala y subsistirá en tanto no se modifique o revoque o hasta que exista sentencia firme.

"XII. Mientras no se dicte sentencia en el juicio, la Sala podrá modificar o revocar la sentencia interlocutoria que haya decretado o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique.

"XIII. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia firme favorable, la Sala ordenará la cancelación o liberación, según el caso, de la garantía otorgada.

"Asimismo, si la sentencia firme le es desfavorable, a petición de la contraparte o, en su caso, del tercero, y previo acreditamiento que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala, ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante el tribunal.

"XIV. Si la solicitud de suspensión de la ejecución es promovida por la autoridad demandada por haberse concedido en forma indebida."

Finalmente, debe señalarse que resulta ineficaz el argumento enunciado en el cardinal 4 (cuatro) precedente, habida cuenta que si en la especie no se encuentra demostrado que a la quejosa, aquí recurrente, le asista interés suspensional, esto es, que se encuentre satisfecho el requisito previsto en la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo, es evidente que resulta irrelevante determinar si quedó o no demostrado el contenido del auto reclamado y a quién correspondía la carga de probar tal circunstancia, así como analizar si en el caso se actualiza la apariencia del buen derecho y aun el peligro en la demora, en la medida en que el estudio de la actualización de estas figuras jurídicas precisan del análisis y satisfacción previa de los requisitos establecidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo.

Se expone tal aserto, pues tal medida suspensional no puede concederse, aun ante la actualización de esa apariencia y peligro, cuando no se encuentran satisfechos tales requisitos legales, es decir, ante el evento de que no la solicitara el agraviado (fracción I), se contravinieran disposiciones de orden público o se afectara el interés social (fracción II), o no se causaran al agraviado daños de difícil reparación (fracción III). Es decir, sería un contrasentido jurídico que se otorgara la medida cautelar, aun ante la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, a quien no fuera el agraviado, cuando se actualizara una contravención a disposiciones de orden público o se afectara a la sociedad, o cuando el daño que pudiera causarse al quejoso no fuera de difícil reparación, pues en cualquiera de estos casos el otorgamiento de la medida cautelar no encontraría justificación y pondría en peligro los intereses de la sociedad o de otros sujetos de derecho, desnaturalizándose de esta manera la institución de la suspensión, toda vez que la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora sólo pueden justificar el otorgamiento de la medida cautelar en presencia de actos consumados, cuando se hayan satisfecho antes de un aparente buen derecho y peligro en la demora los requisitos mínimos establecidos en el citado artículo 124.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de este Tribunal Colegiado, que a continuación se precisa:

"-La suspensión de los actos reclamados es una providencia cautelar en el juicio de amparo, de carácter instrumental, para preservar la materia del propio juicio a afecto de evitar que se consume de manera irreparable la violación de garantías alegada. De acuerdo con esa finalidad de la suspensión, el examen de su procedencia debe partir del análisis de la naturaleza del acto o actos reclamados, para arribar a la conclusión de si pueden ser o no paralizados, en razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado; hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación de garantías relativa y, eventualmente, la actualización de la figura de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, en conceptos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera se basa en un conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, sustentado en la posible frustración de los derechos del solicitante de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En esos términos, el estudio de la actualización de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora, precisan del análisis y satisfacción previa de los requisitos establecidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, pues ésta no puede concederse, aun ante la actualización de esa apariencia y peligro, cuando no se encuentran satisfechos tales requisitos legales, es decir, ante el evento de que no la solicitara el agraviado (fracción I), se contravinier

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20092-604c1111/suspension-en-el-juicio-de-amparo-el-examen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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