RENTA. DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. RENTA. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, AL PERMITIR QUE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL, DECIDA QUÉ PÉRDIDAS SUFRIDAS EN LA ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE ACCIONES PUEDEN SER DEDUCIBLES.
AMPARO EN REVISIÓN 2549/2003. RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Son infundados los agravios aducidos por la autoridad recurrente, relativos al tema de constitucionalidad planteado, en los que sostiene, en esencia, que el artículo reclamado no viola las garantías de legalidad y proporcionalidad tributarias, al limitar la deducción de las pérdidas sufridas por la adquisición y enajenación de acciones a aquellos casos en los que se cumplan los requisitos que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria, y hasta por un monto que no exceda de la ganancia derivada de dicho concepto, obtenida en el mismo ejercicio o en los cinco siguientes, en los términos que se desarrollan a continuación:
A) Contrariamente a lo argumentado por la recurrente esta Primera Sala estima que el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, efectivamente vulnera la garantía de legalidad tributaria.
El artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta medularmente dispone que no serán deducibles las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones y de otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos del artículo 9o. de esta ley, salvo que su adquisición y enajenación se efectúe dando cumplimiento a los requisitos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general.
Lo anterior, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atenta contra la garantía constitucional de legalidad tributaria, consagrada por el artículo 31, fracción IV, de nuestra Carta Magna.
El referido numeral constitucional claramente establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos de la Federación, así como del Estado y Municipio en el que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
En efecto, resulta evidente que toda relación tributaria debe llevarse a cabo dentro de un marco legal que la establezca y la regule, dado que sólo la ley permite que el contribuyente conozca de antemano hasta dónde llega su obligación de contribuir al gasto público, a través de qué procedimientos debe efectuar el pago de las contribuciones, cuáles son las conductas susceptibles de ser sancionadas y qué derechos puede hacer valer ante las actuaciones del fisco federal.
Consecuentemente, la existencia de normas jurídico tributarias constituye la mejor barrera que puede oponerse a la actitud de quienes, detentando el poder público, podrían utilizar el derecho que el Estado tiene de exigir aportaciones económicas de sus gobernados, como pretexto para hacerlos víctimas de abusos y confiscaciones, es decir, el vínculo necesario en virtud del cual el Estado se encuentra facultado para exigir de los ciudadanos la entrega de prestaciones monetarias o en especie, debe ser de carácter legal, entendiéndose por tal un acto tanto formal como materialmente legislativo.
En efecto, debe precisarse que semejante respeto por la ley y estricto apego a la misma, no proviene exclusivamente de su apelativo, de su estructura y de sus formas, sino principalmente de su origen: semejante veneración a la ley proviene de la fuerza del procedimiento legislativo, en virtud del cual los mexicanos votamos, por medio de nuestros representantes y en ejercicio de la soberanía popular, las disposiciones que nos obligarán y los términos en los cuales quedaremos conminados a su cumplimiento.
Como puede apreciarse, lo que el principio de legalidad tributaria salvaguarda es la protección a los contribuyentes de la posible existencia de alguna actuación caprichosa de parte de las autoridades administrativas, determinando que debe ser el legislador quien determine todos los elementos esenciales de la contribución.
En el presente caso se observa que el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece, genéricamente, que no es deducible la pérdida derivada de adquisición y enajenación de acciones, con la excepción de aquellos casos en los que su adquisición y enajenación se efectúe dando cumplimiento a los requisitos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, caso en el cual, por ende, la pérdida sufrida sí podrá ser deducida.
Dicho caso de excepción, a través del cual se permite la deducción de la pérdida derivada de adquisición y enajenación de acciones, debe entenderse necesariamente referida a uno de los elementos esenciales del impuesto sobre la renta, a saber, la base, misma que se integra, en los términos del artículo 10 de la ley del impuesto relativo, considerando los ingresos acumulables del contribuyente, de los cuales se restan las deducciones autorizadas por la ley, a fin de determinar una utilidad o pérdida fiscal, siendo el caso que, de obtenerse una utilidad, el contribuyente se encuentra autorizado para amortizar las pérdidas correspondientes a ejercicios anteriores, a fin de determinar el resultado fiscal, que es la cantidad sobre la cual se aplica la tasa del impuesto, para la determinación del gravamen en cantidad líquida.
Consecuentemente, en el presente asunto se observa que, en caso de que un contribuyente reporte pérdida por la adquisición y enajenación de acciones, uno de los elementos integrantes de la base, es decir, la deducción a la que podría tener derecho el contribuyente, no es específicamente delimitada en el texto del citado artículo, toda vez que el mismo efectúa una inapropiada remisión a las reglas de carácter general que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria.
En efecto, el texto del numeral referido pasa por alto dicho principio de legalidad, de tan alta estimación en materia tributaria, toda vez que posibilita que uno de los elementos esenciales de la contribución, como lo es la base, sea determinado, no por el propio legislador, sino por la autoridad administrativa, atendiendo a criterios, condiciones, circunstancias y requerimientos que no son originalmente contemplados por un texto formal y materialmente legislativo.
En este contexto, no asiste la razón a la parte recurrente al señalar que, en los términos del numeral combatido, el Servicio de Administración Tributaria no estaría determinando elemento alguno de la exención, toda vez que la remisión a las reglas de carácter general efectuada por el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ciertamente posibilita que sea la autoridad fiscal quien incorpore un contenido normativo a dicho precepto, determinando qué pérdidas sí pueden ser deducibles y cuáles no serán deducibles.
Sin que resulte suficiente el que la autoridad recurrente manifieste que es la disposición legal la que establece la no deducibilidad de las pérdidas derivadas de la adquisición y enajenación de acciones, dejándose a la autoridad administrativa lo correspondiente al establecimiento de la salvedad a dicha regla general, toda vez que esta circunstancia es precisamente la que se traduce en una afectación a la garantía constitucional de legalidad en materia tributaria, en la medida en la que uno de los elementos de la base del tributo no es determinado en un acto material y formalmente legislativo, con independencia de si dicho elemento se incorpora a la base incrementándola o disminuyéndola.
Así, es claro que, a fin de salvaguardar la garantía constitucional de legalidad tributaria, los elementos que integran la base de la contribución deben desprenderse del propio texto de la ley, lo cual, ciertamente, aplica por igual, tanto en el caso de que el efecto final sea el de aumentar la base (como acontece al determinar el carácter acumulable de un ingreso, o bien, el carácter deducible de un gasto o una pérdida), como en caso de que se provoque su disminución (como acontece al determinar un ingreso como exento o al desautorizar una deducción).
Finalmente, tampoco resulta eficiente lo aducido por la recurrente, en el sentido de que la remisión efectuada por el texto del artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a las reglas de carácter general, se justifique en la conveniencia de evitar la posibilidad de hacer reformas constantes a la legislación fiscal, máxime cuando, a su juicio, no habría prohibición expresa para dicha remisión. Lo anterior en razón de que la garantía de legalidad tributaria, contrariamente a lo aducido por la recurrente, implica el efectivo establecimiento de límites materiales para el legislador ordinario, a fin de que sólo en cuerpos formal y materialmente legislativos, se establezcan los elementos esenciales de la contribución, precisamente a fin de que la delimitación del alcance y contenido de la obligación fiscal sea determinada por los representantes populares, independientemente de la conveniencia o inconveniencia que podría revestir el efectuar constantes reformas a la legislación fiscal.
Por todo lo anterior se concluye que si, como acontece en la especie, una disposición legal delega en la autoridad administrativa el establecimiento de los requisitos y condiciones que trascenderán hasta determinar en qué casos podrá efectuarse la deducción de una pérdida y en cuáles no, dicha situación atenta contra la legalidad y contra la división de poderes, toda vez que los requisitos de tal trascendencia definitivamente deben de hacerse constar en disposiciones legales, derivadas del procedimiento legislativo y de la voluntad popular, expresadas a través de los legítimos representantes del pueblo soberano.
Por lo anteriormente expuesto esta Primera Sala concluye que el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, vulnera la garantía de legalidad en materia tributaria, consagrada por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al permitir que sea la autoridad administrativa la que determine uno de los elementos esenciales del impuesto, al decidir qué pérdidas pueden ser deducibles.
Asimismo, debe tomarse en cuenta que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había establecido un criterio análogo, al pronunciarse en relación con el artículo 25, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil uno, tal como se desprende de la tesis cuyo texto es el siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVI, diciembre de 2002
"Tesis: 1a./J. 79/2002
"Página: 172
"RENTA. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN XVIII, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, AL PREVER QUE PARA QUE SEAN DEDUCIBLES LAS PÉRDIDAS ORIGINADAS POR LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y OTROS TÍTULOS VALOR, SE REQUIERE QUE ESA OPERACIÓN SE HAYA EFECTUADO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que el respeto a la garantía de legalidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que la carga impositiva esté prevista en una ley para evitar la arbitrariedad de las autoridades exactoras en la fijación del tributo, quienes sólo deberán aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad a cada caso concreto, por lo que es facultad exclusiva del legislador y no de otro órgano, precisar tales elementos. En ese sentido se concluye que al establecer el artículo 25, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que para que sean deducibles las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones y otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos del artículo 7o. A del ordenamiento citado, se requiere que su adquisición y enajenación se haya efectuado conforme a los lineamientos previstos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general, transgrede la citada garantía constitucional de legalidad tributaria, en virtud de que delega en dicha secretaría la facultad de establecer los supuestos en los cuales opera la mencionada deducción de las pérdidas fiscales, elemento esencial de la base gravable del impuesto sobre la renta, el cual únicamente puede ser fijado por un acto formal y materialmente legislativo."
B) Por otra parte, y contrariamente a lo argumentado por la autoridad recurrente, esta Primera Sala estima que el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, asimismo vulnera la garantía de proporcionalidad tributaria
Del texto de dicho numeral, previamente citado, se desprende que el mismo dispone que sólo serán deducibles las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones, en la medida en la que dichas pérdidas no excedan del monto de las ganancias que, en su caso, obtenga el contribuyente en el mismo ejercicio o en los cinco siguientes, derivadas de la enajenación de acciones y otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos del artículo 9o. de esta ley, o en operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones o índices accionarios.
Dicha circunstancia, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vulnera la garantía constitucional de proporcionalidad tributaria, misma que igualmente se desprende del texto del artículo 31, fracción IV, de nuestra Ley Fundamental, el cual, como se ha señalado, establece que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
Dicha garantía de proporcionalidad tributaria implica que los sujetos pasivos de la relación tributaria deben contribuir a los gastos públicos en función de sus respectivas capacidades económicas, aportando a la hacienda pública una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. De esta manera, cada contribuyente será obligado por la ley a aportar sólo una parte razonable de sus percepciones gravables.
En consecuencia, las leyes tributarias (y específicamente las que establezcan impuestos directos) deben, por mandato constitucional, atender a la capacidad contributiva de los causantes a fin de que cada uno de ellos tribute cualitativamente en función de dicha capacidad y, asimismo, afecte fiscalmente una parte justa y razonable de los rendimientos o utilidades obtenidos por cada contribuyente individualmente considerado.
En relación con lo anterior, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la capacidad contributiva de los sujetos pasivos de la relación jurídico tributaria atiende a la potencialidad de contribuir a los gastos públicos, potencialidad ésta que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto, concluyendo que resulta necesaria una estrecha relación entre el objeto del impuesto y la unidad de medida (capacidad contributiva) a la que se aplica la tasa de la obligación. Lo anterior, se desprende claramente de la tesis P. XXXI/96, Novena Época, visible a foja 437 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, parte III, marzo de mil novecientos noventa y seis, cuyo texto es el siguiente:
"IMPUESTOS. CONCEPTO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el objeto del tributo establecido por el Estado, guarde relación con la capacidad contributiva del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad de contribuir a los gastos públicos, potencialidad ésta que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto. Ahora bien, tomando en consideración que todos los supuestos de hecho de los impuestos tienen una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el objeto del impuesto y la unidad de medida (capacidad contributiva) a la que se aplica la tasa de la obligación.
"Amparo en revisión 1113/95. Servitam de México, S.A. de C.V. 9 de noviembre de 1995. Unanimidad de diez votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez.
"El Tribunal Pleno, en sesión privada celebrada el doce de marzo en curso, aprobó, con el número XXXI/96, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a doce de marzo de mil novecientos noventa y seis."
En este tenor, es importante señalar que para analizar la proporcionalidad de un impuesto debe atenderse a los términos en los que se realiza el respectivo hecho imponible, tomando en cuenta su naturaleza, es decir, si grava una manifestación general de la riqueza de los gobernados.
Al respecto, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el objeto del impuesto sobre la renta lo constituyen los ingresos y no las utilidades que tengan los sujetos pasivos del mismo, tal como se desprende de la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: IV, octubre de 1996
"Tesis: P./J. 52/96
"Página: 101
"RENTA. SOCIEDADES MERCANTILES. OBJETO Y MOMENTO EN QUE SE GENERA EL IMPUESTO. De conformidad con el artículo 1o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el objeto de este impuesto está constituido por los ingresos y no por las utilidades que tengan los sujetos pasivos del mismo. La obligación tributaria a cargo de éstos nace en el momento mismo en que se obtienen los ingresos, bien sea en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito, como lo establece el artículo 15 del mismo ordenamiento, y no hasta que al término del ejercicio fiscal se determina que hubo utilidades. No es óbice para esta conclusión el hecho de que sean las utilidades las que constituyen la base a la que habrá de aplicarse la tarifa de acuerdo con la cual se determinará el impuesto, así como tampoco la circunstancia de que aun cuando haya ingresos, si no hay utilidades, no se cubrirá impuesto alguno, pues en este caso debe entenderse que esos ingresos que, sujetos a las deducciones establecidas por la ley, no produjeron utilidades, están desgravados, y lo que es más, que esa pérdida fiscal sufrida en un ejercicio fiscal, será motivo de compensación en ejercicio posterior. No es cierto pues, que el impuesto sobre la renta se causa anualmente, ya que, como se dijo, éste se va causando operación tras operación en la medida en que se vayan obteniendo los ingresos; por ende, no es cierto tampoco, que al realizar pagos provisionales a cuenta del impuesto, se esté enterando un tributo no causado y que ni siquiera se sabe si se va a causar. El impuesto se ha generado, se va causando operación tras operación, ingreso tras ingreso, y el hecho de que, de conformidad con el artículo 10 de la ley en comento, sea hasta el fin del ejercicio fiscal cuando se haga el cómputo de los ingresos acumulables, y se resten a éstos las deducciones permitidas por la ley, para determinar una utilidad fiscal que va a constituir la base (no el objeto), a la que se habrá de aplicar la tarifa que la misma ley señala, para obtener así el impuesto definitivo a pagar, no implica que dicha utilidad sea el objeto del impuesto y que éste no se hubiese generado con anterioridad."
En este contexto debe apreciarse que el impuesto sobre la renta recae sobre una manifestación general de riqueza, lo cual obliga a analizar si la contribución sujeta al análisis constitucional, particularmente en lo que se refiere al artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se ajusta a la capacidad contributiva del sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria, es decir, de los gobernados.
En este orden de ideas, se aprecia que el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que las personas morales acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, no debiendo desconocerse que dichos ingresos acumulables, a fin de atender a la garantía constitucional de proporcionalidad tributaria, deben ser atemperados por las deducciones autorizadas por el propio ordenamiento a fin de que el tributo efectivamente atienda a la capacidad contributiva del gobernado.
Para tales efectos el artículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta reconoce la necesidad de que el gravamen atienda no al ingreso bruto sino a una utilidad o ganancia, es decir, a un ingreso neto, obtenido mediante la disminución de las deducciones autorizadas, con lo cual se acata lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República.
Consecuentemente, la disminución de ciertos conceptos deducibles, aplicada a los ingresos percibidos por el causante, permite la determinación de una utilidad, es decir, de un ingreso neto, debiendo apreciarse que la proporcionalidad que deben observar las contribuciones se ve servida en la medida en la que los causantes se vean conminados a efectuar enteros que atiendan a su efectiva capacidad contributiva, es decir, para el caso de impuestos directos, que atiendan al referido nivel de ingresos netos, pues sólo éste permite determinar la capacidad que tiene el contribuyente para resentir las cargas tributarias, siendo claro que el gravamen correspondiente debe determinarse considerando una utilidad real, y no una que no corresponda a la capacidad contributiva (como lo es una utilidad determinada sin considerar los gastos y costos deducibles).
En este contexto, debe apreciarse que el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no permite la determinación del gravamen atendiendo a la capacidad contributiva real del causante, toda vez que únicamente permite la deducción de las pérdidas que llegara a sufrir el contribuyente, derivadas de la adquisición y enajenación de bienes, en la medida de las ganancias que obtuviera el particular, por el mismo concepto, en el ejercicio y en los cinco siguientes.
Entre los conceptos deducibles que deben atemperar los ingresos acumulados por el contribuyente a fin de determinar una utilidad real, ajustada a su capacidad contributiva, deben ser contempladas las pérdidas derivadas de la adquisición y enajenación de acciones, toda vez que éstas constituyen un concepto que efectivamente impacta negativamente el patrimonio del particular y que, por ende, no debe ser considerado para efectos de la determinación del gravamen a su cargo.
Para esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pasa desapercibido el que no cualquier concepto que impacte negativamente el haber del causante necesariamente deba ser deducible. Sin embargo, en el presente caso se observa que la deducción de las pérdidas sufridas es demandada por la lógica y la mecánica del tributo, toda vez que se incurre en dichas pérdidas por la realización de actividades que producen ingresos o ganancias, o bien, cuando menos, son orientadas a producir ingresos o ganancias.
En efecto, la deducción de pérdidas derivadas de la adquisición y enajenación de acciones debe ser considerada deducible, en razón de la lógica del impuesto sobre la renta, como se detalla a continuación: para generar ingreso el particular debe de asumir el riesgo y, eventualmente la realidad de una pérdida. Dicha pérdida es el costo de llevar a cabo negocios o inversiones y, desde luego, de materializarse, reduce la capacidad contributiva del causante.
A mayor abundamiento, la legislación fiscal debe aspirar a que las decisiones de negocios no se tomen por motivos fiscales, sino por causas relacionadas con la operación de que se trate. En tal virtud, si la legislación fiscal ha de permanecer "neutral" a las decisiones de riesgo e inversión, debe permitir la deducción de las pérdidas sufridas en actividades o transacciones que se orienten a la generación de ingresos. De otra manera la legislación fiscal tendría el involuntario e indeseable efecto de que las inversiones sobre las que pese un riesgo elevado no se lleven a cabo, o bien, que requieran de una tasa de retorno lo suficientemente alta para que compensaran, si son exitosas, la pérdida no mitigada que provocarían de no tener éxito.
Finalmente, no debe pasarse por alto que, en los términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el contribuyente se encuentra obligado a acumular la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio. Por ende, la garantía de proporcionalidad tributaria demanda que si para efectos de la acumulación, no se distinguen, por un lado, los ingresos provenientes de conductas activas (como lo son las empresariales en las que el contribuyente efectivamente participa materialmente) y conductas pasivas por el otro (como lo sería una inversión en un negocio en el que el contribuyente no participa materialmente), no existe razón objetiva para que las deducciones relacionadas con unas y otras, deban de distinguirse, como lo hace el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al limitar la deducción de las pérdidas provenientes de la adquisición y enajenación de acciones, a aquellos casos en los que se cuente con una ganancia por ese mismo concepto.
Consecuentemente, se aprecia que la base gravable para efectos del impuesto sobre la renta es viciada por el artículo 32, fracción XVII, de la ley del impuesto relativo, ya que no corresponde en su totalidad a la efectiva capacidad contributiva del sujeto pasivo de la relación tributaria, pues no se le permite efectuar una deducción lícita y que dada su naturaleza, resulta necesaria para efectos de calcular la base de dicho gravamen.
En efecto, el numeral combatido por la parte quejosa le conmina a contribuir al gasto público, de conformidad con una situación económica y fiscal que realmente no refleja su capacidad contributiva auténtica, toda vez que se le obliga a determinar una utilidad que realmente no reporta su operación, en el entendido de que las pérdidas que llegara a reportar un contribuyente por la adquisición y enajenación de acciones, ciertamente afecta su capacidad económica y, por ende, su capacidad contributiva.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también había establecido un criterio equivalente, al pronunciarse en relación con la inconstitucionalidad del artículo 25, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil uno, tal como se desprende de la tesis del siguiente texto:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: X, mayo de 2002
"Tesis: 1a. XXXII/2002
"Página: 41
"RENTA. DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL UNO, ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteradamente ha sostenido el criterio de que la proporcionalidad tributaria consiste en que los sujetos pasivos de un tributo contribuyan a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, esto es, para que un gravamen sea proporcional se requiere que el hecho imponible del tributo refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos, de manera que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto. Ahora bien, el indicador de capacidad contributiva a que atendió el legislador al establecer el impuesto sobre la renta, lo constituye la obtención de ingresos que representen una renta o incremento en el haber patrimonial de los contribuyentes, ya que, si bien es cierto que de conformidad con lo previsto por el artículo 1o. de la ley que regula ese impuesto, son objeto del mismo los ingresos y no las utilidades, también lo es que la base gravable se obtiene al acumular la totalidad de los ingresos y restar las deducciones procedentes, para determinar la utilidad fiscal a la que debe aplicarse la tasa para obtener el monto del impuesto a cubrir, según lo establecido por el artículo 10 de la ley referida. En congruencia con lo anterior, se concluye que la fracción XVIII del artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es violatoria del principio de proporcionalidad tributaria consagrado por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque al limitar la posibilidad de deducir pérdidas por enajenación de acciones y otros títulos valor al monto de las ganancias que se obtengan por ese concepto en el mismo ejercicio o en los cinco siguientes, obliga a cubrir el impuesto en función de una capacidad económica irreal.
"Amparo en revisión 467/2001. Controladora de Servicios de Telecomunicaciones, S.A. de C.V. 27 de febrero de 2002. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González."
En este contexto, las consideraciones vertidas por la autoridad recurrente no resultan eficientes para revocar la sentencia impugnada, toda vez que no se ajusta a la realidad su apreciación de que el legislador haya establecido un beneficio para los contribuyent
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18390-c7fd3aa6/renta-deduccion-de-perdidas-por-enajenacion-de-acciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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