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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LAS NORMAS IMPUGNADAS, AL HABER SIDO REFORMADAS POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 77, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LA MORAL", DE LA LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 140/2022. · Registro digital (IUS): 200935
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 140/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN ESTÁ CON EL SENTIDO, PERO SE SEPARA DEL CRITERIO DE CAMBIO NORMATIVO. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: VÍCTOR MANUEL MIRANDA LEYVA.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de marzo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la Acción de Inconstitucionalidad 140/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra del artículo 77, fracción V en su porción normativa "la moral," de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Yucatán expedida mediante el Decreto 555/2022 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el doce de septiembre de dos mil veintidós.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. El trece de octubre de dos mil veintidós, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentó el escrito inicial de demanda ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2. Autoridades demandadas

• Autoridad emisora: Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán.

• Autoridad promulgadora: Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Yucatán.

3. Norma general impugnada

•Artículo 77, fracción V, en su porción normativa "la moral," de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Yucatán, expedida mediante el Decreto 555/2022 publicado el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el día doce de septiembre de dos mil veintidós.

4. Preceptos que se estiman violados. La parte accionante considera que con la emisión del decreto en cuestión se vulneran los derechos humanos reconocidos en los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 1o., 2o. y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

5. Concepto de invalidez. En el único concepto de invalidez de la demanda, la promovente expuso lo siguiente:

"• El artículo impugnado contiene, entre otras, la obligación de las personas usuarias del transporte público de no realizar ‘actos contra la moral’. En caso de incumplimiento, la persona operadora puede negar el ascenso al transporte público o, en su caso, solicitar que abandone la unidad.

"• La porción normativa ‘moral,’ constituye un vocablo ambiguo e impreciso que genera una vulneración al principio de le galidad y al derecho a la seguridad jurídica. Ello pues las y los usuarios no tienen certeza sobre cuáles son las conductas efectivamente sancionadas, debido a que su interpretación queda sujeta a un margen de aplicación muy amplio e injustificado por parte de la persona operadora de la unidad de transporte público.

"• Por otra parte, como resultado de tal amplitud y ambigüedad, bajo el argumento de salvaguardar ‘la moral’, se admite que se produzcan actos discriminatorios en contra de determinadas expresiones de integrantes de algunas poblaciones en situación de vulnerabilidad, en contravención del artículo primero constitucional."

6. Admisión y trámite. Mediante acuerdo del veintiséis de octubre de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la Acción de Inconstitucionalidad 140/2022 y turnó el expediente a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf como instructora en el procedimiento, quien la admitió a trámite el diez de noviembre de la referida anualidad.

7. Informe del Poder Legislativo del Estado de Yucatán. En representación del Poder Legislativo, la Diputada Presidenta de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Yucatán presentó el informe correspondiente, recibido el catorce de diciembre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que manifestó que el concepto de invalidez de la accionante es infundado e inoperante por lo siguiente:

"• Las penas administrativas guardan una similitud fundamental con el derecho penal, pues ambos implican el ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, dentro del derecho administrativo sancionador es posible acudir a algunos principios penales, como el de taxatividad. Este último conlleva la exigencia de que las normas describan con suficiente precisión las conductas prohibidas y sus eventuales sanciones.

"• En este sentido, en la Acción de Inconstitucionalidad 95/2014, para que una norma sea válida no requiere certeza absoluta, sino que el grado de imprecisión sea razonable y el precepto sea lo suficientemente claro. En el caso concreto, considera que la norma impugnada se apega a estos principios.

"• Además, de acuerdo con precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emplear conceptos jurídicos indeterminados, como en aquellas normas que sancionan conductas contra la moral o las buenas costumbres no son en sí mismas inconstitucionales. Tal carácter deviene solo cuando la autoridad administrativa facultada para imponer sanciones, lo hace sin apegarse a la observancia de las garantías de fundamentación y motivación, así como sin atender al contexto social."

8. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán. Por oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el catorce de diciembre de dos mil veintidós, el Consejero Jurídico del Estado de Yucatán, en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad, presentó su respectivo informe, en el que expuso que los agravios resultaban infundados por las consideraciones que a continuación se precisan:

"• El objeto del Decreto impugnado fue la protección y garantía del derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, por lo que se establecieron obligaciones para las personas usuarias a fin evitar que realicen actos indecentes o que afecten a terceras personas, lo cual hace válido y razonable establecer esta obligación.

"• Lo anterior, pues en materia de derechos humanos son admisibles ciertas limitantes o restricciones cuando se dañen o vulneren derechos de terceras personas. En el caso concreto, esto hace válido y fundado que se sancionen, en beneficio de las y los usuarios del transporte, actos considerados inmorales o en contra de la moral.

"• No es necesario que las normas o disposiciones definan o puntualicen cada vocablo o locución que se utilice, puesto que esto tornaría imposible la función legislativa en atención al número de leyes y ordenamientos que existen en la actualidad."

9. Pedimento de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República no emitió opinión en el presente asunto.

10. Cierre de la instrucción. El ocho de septiembre de dos mil veintitrés, se declaró cerrada la instrucción y se envió el expediente a la Ministra Instructora para la elaboración del proyecto de resolución.

11. Avocamiento. Derivado de la solicitud de la Ministra Instructora, mediante acuerdo de dos de febrero de dos mil veinticuatro la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación remitió el asunto a la Primera Sala de este Alto Tribunal. Posteriormente, por acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinticuatro el Ministro Presidente de esta Primera Sala determinó el avocamiento del presente asunto.

I. COMPETENCIA

12. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, y 11, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con los puntos segundo, fracción I, a contrario sensu, y tercero del Acuerdo General del Tribunal Pleno número 5/2013,(3) de trece de mayo de dos mil trece, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promueve el presente medio de control constitucional contra una norma general, al considerar que su contenido es inconstitucional; sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno, por no poder llevarse a cabo un estudio de fondo del asunto.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

13. De acuerdo con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) esta sentencia debe contener la fijación breve y precisa de las normas generales que son materia de la presente acción de inconstitucionalidad.

14. En este caso, la norma impugnada es el artículo 77, fracción V, en su porción normativa "la moral," de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Yucatán, cuyo texto es el siguiente:

LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN

"Artículo 77. Obligaciones de las personas usuarias del servicio de transporte público de personas pasajeras

"Las personas usuarias del servicio de transporte público de personas pasajeras tienen las siguientes obligaciones: ...

"V. No realizar actos contra la moral, la tranquilidad, la integridad o la seguridad de otras personas usuarias. ...

"En caso de que la persona usuaria incumpla alguna de las obligaciones establecidas en este artículo, la persona operadora podrá negarle el ascenso o solicitarle que abandone la unidad. En caso de que la persona usuaria lleve a cabo conductas delictivas o que alteren el orden público y que violen otros ordenamientos, la persona usuaria podrá ser consignada ante la autoridad competente."

15. De dicho precepto se advierte que las personas usuarias del servicio de transporte público del Estado de Yucatán se encuentran obligadas a no realizar, entre otros, actos contra la moral; y en caso contrario, en términos del último párrafo del propio numeral, se sancionará con la negativa de ascenso al servicio o con la solicitud de abandono de la unidad de transporte.

III CAUSAS DE IMPROCEDDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

16. En este caso resulta innecesario pronunciarse sobre la oportunidad y la legitimación de las partes, pues independientemente de que la demanda estuviera en tiempo, o de que hubiese sido presentada por un ente legitimado para promover acciones de inconstitucionalidad, se actualiza una causa de improcedencia. Ello es razón suficiente para que la Primera Sala se encuentre impedida para emitir un pronunciamiento de fondo en esta acción de inconstitucionalidad.

17. Si bien las partes no hicieron valer causas de improcedencia ni motivos de sobreseimiento, esta Primera Sala advierte de oficio la existencia de un nuevo acto legislativo que actualiza la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos de la norma impugnada, prevista en el artículo 19 fracción V de la Ley Reglamentaria, aplicable en términos del artículo 65 de la misma Ley.(5)

18. En reiterados precedentes, esta Suprema Corte ha considerado que, para declarar el sobreseimiento por cesación de efectos ante la presencia de un nuevo acto legislativo, debe acreditarse i) un criterio formal, que exige que se haya llevado a cabo un proceso legislativo, y ii) un criterio material o sustantivo, que refiere a que la modificación realizada haya resultado en un verdadero cambio de sentido normativo que modifique la transcendencia, contenido o alcance del precepto.(6)

19. En el presente caso, se invoca como hecho notorio(7) que el día veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés, se emitió el Decreto 710/2023 por el que se modificaron diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Yucatán, entre ellas, el artículo 77, fracción V impugnado. Tal como se abordará, dicha modificación actualiza un nuevo acto legislativo.

20. En ese sentido, el contenido de la disposición impugnada se modificó de la siguiente forma:

Ver disposición impugnada

21. A partir de lo anterior, se puede afirmar que el criterio formal se acredita con la publicación del Decreto 710/2023 de veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés, pues es suficiente para concluir que sí existió un proceso legislativo que modificó la norma. Por otra parte, la nueva redacción de la porción normativa impugnada arroja que sufrió un cambio de sentido normativo.

22. En primer lugar, cabe destacar que la norma impugnada imponía a las personas usuarias del servicio de transporte público de personas pasajeras la de no realizar actos contra la moral, la tranquilidad, la integridad o la seguridad de otras personas usuarias.

23. En segundo lugar, como quedó precisado en el apartado de "precisión de las normas reclamadas" la Comisión accionante impugnó precisamente la porción normativa "la moral" por considerar que constituye un vocablo ambiguo e impreciso que vulnera el principio de legalidad y al derecho a la seguridad jurídica, pues no da certeza sobre cuáles son las conductas efectivamente sancionadas. Además, consideró que dicha porción admite que se produzcan actos discriminatorios en contra de determinadas expresiones de integrantes de algunas poblaciones en situación de vulnerabilidad.

24. Además, es necesario precisar que conforme al artículo primero transitorio(8) del referido Decreto 710/2023 por el que se modificaron diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Yucatán, el mismo entró en vigor al día siguiente al de su publicación; de modo que en el caso, resulta indubitable que la norma anterior fue plenamente sustituida por la nueva.(9)

25. En ese sentido, toda vez que mediante el Decreto 710/2023, del veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés se eliminó la porción normativa impugnada del artículo 77, fracción V, ya no sigue vigente la porción normativa impugnada que se consideró inconstitucional.

26. Sobre esto, la Suprema Corte ha señalado que la modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema; y, en este caso, es evidente que se actualiza un cambio de sentido normativo, pues el contenido y alcance del artículo vigente, es distinto a la porción impugnada por la parte accionante.

27. Por ende, dado que existió un cambio de sentido normativo en el precepto impugnado, procede el sobreseimiento en la presente acción de inconstitucionalidad, ante la existencia de un nuevo acto legislativo.

28. Al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria, con fundamento en la fracción II del artículo 20 de la propia ley, ambos aplicables en términos de los artículos 59 y 65 de ese mismo ordenamiento, lo procedente es sobreseer en la presente acción de inconstitucionalidad.

IV. DECISIÓN

Por lo antes expuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

ÚNICO.—Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad.

Notifíquese; haciéndolo por oficio a las partes, y en su oportunidad devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros y las señoras Ministras: Loretta Ortiz Ahlf (Ponente), Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien está con el sentido, pero se separa del criterio de cambio normativo.

Firman el Ministro Presidente de la Primera Sala y la Ministra Ponente, con el Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.

Esta foja corresponde a la acción de inconstitucionalidad 140/2022, fallada en sesión de trece de marzo de dos mil veinticuatro, por unanimidad de cinco votos, bajo el punto resolutivo siguiente: ÚNICO.—Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad. Conste.

________________

"1. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: ...

"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas;"

2. "Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

"I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ..."

"Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones: [...]VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda; ..."

3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"...

"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas; "..."

Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Artículo 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles."

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

"I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ..."

"Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones:

"...

"VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda; ..."

Acuerdo General del Tribunal Pleno número 5/2013

"...

"SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:

"I. Las controversias constitucionales, salvo en las que deba sobreseerse y aquéllas en las que no se impugnen normas de carácter general, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención. Una vez resuelto el problema relacionado con la impugnación de normas generales, el Pleno podrá reservar jurisdicción a las Salas para examinar los conceptos de invalidez restantes, cuando así lo estime conveniente; ..."

"TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito."

4. "Artículo 41. Las sentencias deberán contener:

I. La fijación breve y precisa de las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados;"

5. "Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;"

"Artículo 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el ministro instructor de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20."

6. Bajo consideraciones similares se resolvieron las acciones de inconstitucionalidad 108/2022, 98/2021 y 40/2021 y su acumulada 41/2021.

7. Código Federal de Procedimientos Civiles

"Artículo 88. Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni por las partes."

Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Artículo 1.

"...

"A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles."

8. Transitorios

Entrada en vigor

"Artículo primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán."

9. Tesis 1a. XLVIII/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 1412, registro digital 175709, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA ESTIMAR ACTUALIZADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA, DEBE ANALIZARSE EL DERECHO TRANSITORIO QUE RIGE LA REFORMA."

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200935-a222a58b/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-cesacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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