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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LAS NORMAS IMPUGNADAS, AL HABER SIDO REFORMADAS POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 95 Y 103, SEGUNDO PÁRRAFO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "REGLAMENTOS Y ACUERDOS GENERALES" DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 65/2023. · Registro digital (IUS): 200910
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 65/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 11 DE OCTUBRE DE 2023. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: JUAN CARLOS SALAMANCA VÁZQUEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 11 de octubre de 2023, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 65/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contra los artículos 95 y 103, segundo párrafo, en la porción normativa "reglamentos y acuerdos generales", de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, expedida mediante decreto publicado el 6 de enero de 2023 en el Periódico Oficial del gobierno de esa entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial. El 7 de febrero de 2023, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante "CNDH") presentó demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.

2. Autoridades emisora y promulgadora. El Congreso del Estado de Puebla y el Gobernador Constitucional del Estado de Puebla.

3. Normas impugnadas. Los artículos 95 y 103, segundo párrafo, en la porción normativa "reglamentos y acuerdos generales", de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla (en adelante "LOPJEP"), emitida mediante Decreto publicado el 6 de enero de 2023 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla.

Artículo 95. Serán causas de responsabilidad para las personas servidoras públicas del Poder Judicial:

I. Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones, o cualquier acción que genere o implique subordinación indebida respecto de alguna persona, del mismo u otro Poder;

II. Inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que competan a otros órganos del Poder Judicial;

III. Tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar;

IV. Impedir en los procedimientos judiciales que las partes ejerzan los derechos que legalmente les correspondan en los procedimientos;

V. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos;

VI. Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones generales correspondientes;

VII. No poner en conocimiento del Consejo cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia de la función judicial;

VIII. No preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial en el desempeño de sus labores;

IX. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento;

X. Abandonar la residencia del órgano jurisdiccional al que esté adscrito o adscrita, o dejar de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo;

XI. Incumplir las disposiciones constitucionales y legales en materia de propaganda y de informes de labores y de gestión;

XII. La omisión a que se refiere el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales;

XIII. Acosar u hostigar sexualmente, o bien, llevar a cabo una o más conductas de naturaleza sexual, valiéndose de su posición jerárquica o, aunque no exista dicha posición sobre otra persona de su entorno laboral, sin el consentimiento de esta;

XIV. Valerse de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente para designar, nombrar o intervenir para que se contrate en cualquier órgano jurisdiccional o área administrativa del Poder Judicial del Estado en que ejerza funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o vínculo de matrimonio, concubinato o afectivo;

XV. Que las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza directa o indirectamente designen, nombren o intervengan para que se contrate a los cónyuges, concubinos, convivientes o parejas en relaciones análogas, o a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de la persona que las nombró;

XVI. Reunirse con las partes o sus representantes o apoderados fuera de los recintos o diligencias judiciales para tratar los asuntos jurisdiccionales en los que participen, y

XVII. Las previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional.

Además de la imposición de la responsabilidad administrativa que corresponda, los nombramientos dados en contravención a las fracciones XIV y XV de este artículo quedarán sin efectos.

Artículo 103. [...] En todo caso, se considerarán como faltas graves, además de las así calificadas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las demás que determinen las leyes, reglamentos y acuerdos generales correspondientes [...]

[subrayado propio de las porciones normativas impugnadas]

4. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La promovente argumenta que la norma impugnada es contraria a los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al diverso 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

5. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la CNDH expuso un único concepto de invalidez en el que alegó las siguientes violaciones:

a. Las normas impugnadas establecen un catálogo de conductas que constituirán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos que laboran en el Poder Judicial del Estado de Puebla, sin embargo, no precisan cuáles son graves y no graves. Por otro lado, el segundo párrafo del artículo 103 permite que se establezcan faltas administrativas graves de los servidores públicos en reglamentos y acuerdos generales. Tal regulación vulnera el derecho humano de seguridad jurídica y el principio de legalidad, ya que el legislador inobservó las bases mínimas previstas por la Constitución Federal, consistente en que se clasifiquen en función de su gravedad y se encuentren previstas en ley.

b. Respeto al derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, la accionante señala que son prerrogativas fundamentales por virtud de las cuales las personas se encuentran protegidas frente al arbitrio de la autoridad Estatal. Este derecho y principio obligan al legislador a establecer disposiciones claras y precisas, que no den pauta a una aplicación arbitraria y que den certeza a los gobernados sobre el contenido de la norma, a quien se dirige y las consecuencias de su incumplimiento.

c. La accionante también refiere a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción de 2015, así como a que el Título Cuarto, y especialmente el artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal, establecen los principios y directrices generales de las responsabilidades y sanciones administrativas aplicables a los servidores públicos. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 260/2020,(1) ha identificado las bases mínimas que todo régimen en la materia debe observar, entre las que se encuentra la necesidad de distinguir entre faltas graves y no graves y contemplar las sanciones y procedimientos aplicables a cada caso.

d. Asimismo, refiere a la facultad constitucional del Congreso de la Unión para expedir la ley general en la materia, y que, en ejercicio de dicha facultad, emitió en 2016 la Ley General de Responsabilidades Administrativas (en adelante "LGRA"). Aquí, la accionante destaca que, aunque el Congreso de la Unión y los congresos locales se encuentran habilitados para legislar en materia de responsabilidades administrativas, deben hacerlo conforme a parámetros establecidos por la Constitución Federal y la ley general. Argumenta que la LGRA preserva una competencia residual muy limitada para las legislaturas locales.

e. Señala que, aunque el régimen disciplinario del poder judicial puede ser, en parte, diferenciado del régimen de responsabilidades administrativas, no se exime el hecho de que, en su diseño, dicho modelo debe observar las bases constitucionales y leyes que le resulten aplicables.

f. Así pues, el legislador poblano se encuentra facultado para expedir la LOPJEP e incluir un título dedicado a prever un modelo diferenciado y especializado de responsabilidad administrativa para la función judicial, pero debió clasificar las conductas en función de la gravedad de las conductas prohibidas.

g. Al respecto, el vicio de inconstitucionalidad no se subsana por el hecho de que el artículo 103 de la LOPJEP establezca que: i) las faltas serán valoradas y sancionadas de conformidad con los criterios establecidos en la LGRA, y ii) se considerarán como graves, además de las clasificadas por la LGRA, las faltas que se determinen en las leyes, reglamentos y acuerdos generales correspondientes. Además, lo segundo vulnera el principio de reserva de ley, pues, de acuerdo con el artículo 73, fracciones XXIX-H y XXIX-V, las faltas administrativas deben establecerse en una ley formal y material; y, de acuerdo con el artículo 109 constitucional, las condiciones de permanencia deben estar establecidas en las Constituciones y Leyes Orgánicas de los Estados.

h. La omisión rompe el esquema previsto por el Poder Reformador de la Constitución, lo que no es una cuestión de mera formalidad, pues la clasificación de la gravedad es un elemento esencial para fines procesales, necesario para fincar la responsabilidad. Así, se deja en incertidumbre jurídica a los destinatarios de la norma, pues los servidores públicos infractores no sabrán con certeza cómo será clasificada la conducta cometida, ni la posible sanción que se les podría imponer, ni la autoridad competente para su resolución.

6. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de 7 de marzo de 2023, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se formara y registrara el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 65/2023, y, de conformidad con la certificación respectiva, lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor.

7. Por medio del auto emitido el 10 de abril de 2023, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad. Asimismo, ordenó que se diera vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Puebla para que rindieran sus informes respectivos, así como para que el Poder Legislativo local enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada; y al Poder Ejecutivo local un ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial del Estado. Por último, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que estuvieran en posibilidad de formular manifestaciones.

8. Informe del Poder Legislativo del Estado de Puebla.(2) En su informe, el Poder Legislativo sostiene la validez de la norma impugnada. Esgrime, en síntesis, los siguientes argumentos:

a. Destaca que para la aprobación de la norma impugnada se desahogó debidamente el proceso legislativo de conformidad con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y el Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.

b. En respuesta a la argumentación de la accionante, en primer lugar, afirma que la acción de inconstitucionalidad sólo procede en contra de normas y no representa un medio a través del cual se puedan impugnar actos de carácter negativo de los Congresos de los Estados, por no constituir una norma general que no se ha promulgado ni publicado, presupuestos indispensables de la acción.

c. En segundo lugar, el Poder Legislativo del Estado de Puebla sostiene que el artículo 103 –cuya porción "reglamentos generales y acuerdos" se impugna– sigue, respecto de los acuerdos, el modelo legislativo establecido en el artículo 94, párrafo octavo de la Constitución Federal, en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia está facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas en los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir asuntos a los Plenos Regionales y a los Tribunales Colegiados de Circuito. Por lo anterior la circunstancia de que se reenvíe a los acuerdos generales no es contrario a la Constitución. A mayor abundamiento, la disposición impugnada realiza el reenvío a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que sí tiene establecido de manera expresa cuáles son las faltas graves. Por lo anterior, considera que el Tribunal Pleno debe declarar la validez de las disposiciones normativas impugnadas.

9. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla.(3) En su informe, el Poder Ejecutivo sostiene la validez de la norma impugnada. Esgrime, en síntesis, los siguientes argumentos:

a. El Poder Ejecutivo reconoce que el 23 de diciembre de 2023 (sic) promulgó y mandó a publicar del Decreto por el que se expide la norma impugnada, lo que señala no es inconstitucional en virtud de que lo hizo conforme a las facultades y obligaciones conferidas en al artículo 79, fracción III, de la Constitución local.

b. El representante del ejecutivo local propone desestimar la primera parte del concepto de invalidez, referente a omisión de precisar entre las faltas administrativas graves y no graves, y para su argumentación refiere a las acciones de inconstitucionalidad 115/2017, la diversa 69/2019 y sus acumuladas 71/2019 y 75/2019, así como a la controversia constitucional 210/2019. De ellas, deriva que los Congresos de los Estados se encuentran impedidos para legislar respecto de la gravedad o falta de gravedad de los hechos que constituyan faltas administrativas de personas servidoras públicas, facultad que se encuentra reservada para el Congreso de la Unión, razón por la cual el Poder Legislativo Poblano prescindió de la distinción en el artículo 95 de la Ley del poder Judicial del Estado de Puebla. Además, el artículo 95 de la norma impugnada no puede interpretarse de manera aislada, sino en forma sistemática junto con los artículos 97, 98, 101, 103 y 104 del mismo ordenamiento que hacen referencia al procedimiento de sanción administrativa y procedimiento disciplinario, las autoridades resolutoras competentes, las sanciones, los criterios de sanción y los casos en los que procede la destitución, respectivamente. El Poder Ejecutivo destaca que la normatividad señalada resulta acorde con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

c. En lo que respecta a la segunda parte del análisis del concepto de invalidez, relativa a la remisión a leyes, reglamentos y acuerdos generales, el Poder Ejecutivo citó las acciones de inconstitucionalidad 4/2006 y 95/2014 y la tesis de jurisprudencia 24/2016 emitida por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para referir al principio de legalidad en materia penal y su mandato de taxatividad, que resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionador. Asevera que el artículo 103 de la LOPJEP en cuestión es claro y preciso. Además, argumenta que el artículo remite a "reglamentos y acuerdos generales correspondientes" para no eximir de responsabilidad a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Puebla que cometan una acción u omisión que sea generadora de responsabilidad administrativa pero que no se encuentre en una ley. Lo anterior, considerando que el artículo 109 constitucional no exige que las conductas u omisiones generadoras de responsabilidad administrativas de las personas servidoras públicas deban estar catalogadas en una norma general, impersonal, abstracta y de observancia obligatoria.

10. Pedimentos. En este asunto, el Fiscal General de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no realizaron manifestaciones.

11. Alegatos. Mediante escritos de 12 y 16 de junio de 2023, el Poder Ejecutivo del Estado de Puebla y la CNDH, respectivamente, formularon alegatos.

12. Reformas a la legislación impugnada. El 19 de junio de 2023, en el Periódico Oficial del Estado de Puebla se publicó el "DECRETO del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla".

13. Cierre de la instrucción. El 20 de junio de 2023, el Ministro instructor cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

14. Promoción del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. Mediante escrito presentado ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el 27 de junio de 2023, el Director de Procedimientos Constitucionales, adscrito a la Dirección General de Análisis y Litigio Estratégico de la Consejería Jurídica del Estado de Puebla, en representación del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, informó que en la presente acción de inconstitucionalidad sobreviene la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria. Lo anterior, ante la publicación del "DECRETO del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla", en el que se reformaron, entre otros, los artículos 95 y 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, por lo que han cesado los efectos de las normas generales impugnadas. Asimismo, remitió el Periódico Oficial del Estado de Puebla de fecha de 19 de junio de 2023, Tomo DLXXVIII, Número 13, Sexta Sección, donde se publicó el decreto referido.

15. Radicación a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante solicitud de 23 de agosto de 2023, el Ministro instructor solicitó la radicación del asunto a la Primera Sala.

16. Avocamiento de la acción de inconstitucionalidad en la Primera Sala. Finalmente, el 18 de septiembre de 2023, el Ministro Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y se remitieran los autos al Ministro ponente para que elaborara el proyecto de resolución respectivo.

I. COMPETENCIA

17. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(4) 10, fracción I y 11, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(5) 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(6) y Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 1/2023 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.(7) Lo anterior, dado que se planteó la posible contradicción entre ciertas normas de la LOPJEP y la Constitución Federal, y porque se plantea el sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad, por lo que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS

18. Se desprende de la demanda de acción de inconstitucionalidad que la Comisión accionante impugna los artículos 95 y 103, segundo párrafo, en la porción normativa "reglamentos y acuerdos generales", de la LOPJEP, expedida mediante Decreto publicado el 6 de enero de 2023 en el Periódico Oficial del Gobierno de esa entidad federativa.

III. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

19. Esta Primera Sala advierte de manera oficiosa que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria,(8) aplicable en acciones de inconstitucionalidad en virtud de lo dispuesto en los artículos 59 y 65 de ese mismo ordenamiento.(9)

20. Por lo tanto, en este caso, resulta innecesario pronunciarse sobre la oportunidad y la legitimación de las partes, pues independientemente de que la demanda estuviera en tiempo, o de que hubiese sido presentada por un ente legitimado para promover acciones de inconstitucionalidad, se actualiza una causa de improcedencia que impide emitir un pronunciamiento de fondo en esta acción de inconstitucionalidad.

21. Como se explica en seguida, se acredita la existencia de un nuevo acto legislativo que provoca la cesación de efectos de la norma general impugnada como consecuencia de la expedición del "DECRETO del Honorable Congreso del Estado, por el que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla," publicado el 19 de junio de 2023 en el Periódico Oficial del Estado de dicha entidad federativa.

22. El Tribunal Pleno ha sostenido que, para decretar el sobreseimiento por cesación de efectos ante la presencia de un nuevo acto legislativo, debe acreditarse tanto un criterio formal, como uno material o sustantivo. Mientras el primero exige que se haya llevado a cabo un proceso legislativo, el segundo, en cambio, se refiere a que la modificación haya desembocado en un verdadero cambio normativo que modifique la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de tal suerte que un nuevo acto legislativo implica necesariamente una modificación al sentido normativo de la disposición.(10)

23. En el presente caso, se observa de las constancias que integran el expediente que, el 19 de junio de 2023, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el "DECRETO del Honorable Congreso del Estado, por el que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla". Los cambios a las disposiciones impugnadas se presentan en el cuadro comparativo siguiente:

Ver cuadro comparativo

24. Como fue detallado en la síntesis de los conceptos de invalidez, la accionante cuestiona la validez de las normas impugnadas por dos razones fundamentales. En primera instancia, porque establecen un catálogo de conductas que constituirán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos que laboran en el Poder Judicial del Estado de Puebla, pero no precisa cuáles son graves y cuáles no son graves. En segunda instancia, porque el segundo párrafo del artículo 103 LOPJEP permite que se establezcan faltas administrativas graves de los servidores públicos en reglamentos y acuerdos generales, lo que, considera, vulnera el derecho humano de seguridad jurídica y el principio de legalidad.

25. El Decreto de reforma referido, publicado el 19 de junio de 2023, modifica de manera sustancial diversas disposiciones de la LOPJEP, entre las cuales se encuentran los artículos 95 y 103, segundo párrafo. Al respecto del artículo 95, además de modificar algunas de sus fracciones, adiciona un párrafo final, en el cual se señala que considerará faltas graves las contenidas en el artículo, con la excepción de las fracciones II, III, IV y VII. Por su parte, el artículo 103, segundo párrafo, se modifica para suprimir la porción normativa "reglamentos y acuerdos generales".

26. Por lo tanto, esta Primera Sala estima que, en el caso, se acreditan los criterios que exige el Tribunal Pleno para el sobreseimiento de la presente acción de inconstitucionalidad.

27. Por una parte, el criterio formal se acredita con la expedición del "DECRETO del Honorable Congreso del Estado, por el que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, publicado el 19 de junio de 2023", pues éste es prueba suficiente para concluir que hubo y concluyó un proceso legislativo por el mismo órgano que emitió las normas impugnadas.

28. Por otra parte, el Decreto referido modificó las normas impugnadas, en el caso del artículo 95, para clasificar las faltas previstas en el artículo como graves, exceptuando las previstas en las fracciones II, III, IV y VII, y en el caso del artículo 103, párrafo segundo, para suprimir la referencia a reglamentos y acuerdos generales. Por ello, se considera que también se acredita el criterio sustantivo de nuevo acto legislativo.

29. Por último, cabe destacar que la mencionada reforma entró en vigor el 20 de junio de 2023, de conformidad con el artículo primero transitorio del Decreto referido, que establece que la norma entrará en vigor al día hábil siguiente de su publicación.(12)

30. Al respecto, resultan aplicables las tesis P./J. 24/2005; 1a. XLVIII/2006 y, P./J. 47/99, de rubros: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA",(13) "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA ESTIMAR ACTUALIZADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA, DEBE ANALIZARSE EL DERECHO TRANSITORIO QUE RIGE LA REFORMA"(14) y, "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO ES ABROGADA LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, DEBE ESTIMARSE QUE HA CESADO EN SUS EFECTOS, POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO",(15) respectivamente.

31. Por lo tanto, dado que se acreditan los criterios formal y material que confirman que estamos ante un nuevo acto legislativo, procede el sobreseimiento en la presente acción de inconstitucionalidad por cesación de efectos de las normas impugnadas.

32. Al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria,(16) con fundamento en la fracción II del artículo 20 de la propia ley,(17) ambos aplicables en términos de los artículos 59 y 65 de ese mismo ordenamiento, lo procedente es sobreseer en la presente acción de inconstitucionalidad.

IV. DECISIÓN

33. Por lo antes expuesto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad.

Notifíquese; mediante oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Juan Luis González Alcántara Carrancá (ponente), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el señor Ministro Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien está con el sentido, pero se aparta del criterio de cambio normativo. Ausente la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

Firman el Ministro Presidente de la Primera Sala y el Ministro Ponente, con el Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA

MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO

PONENTE

MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ

SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA

MTRO. RAÚL MENDIOLA PIZAÑA

________________

1. Resuelta por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el 11 de julio de 2022 bajo la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

2. Presentado por Gilberto Ramón Navarro Jiménez, Director General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en representación del Poder Legislativo del Estado a través del oficio DGAJEP/CAJC/433/2023. Recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el 30 de mayo de 2023.

3. Presentado por José Eduardo Serrano Bustillos, Director de Procedimientos Constitucionales adscrito a la Dirección General de Análisis y Litigio Estratégico de la Consejería Jurídica del Estado de Puebla, en representación del Titular del Poder Ejecutivo del Estado a través del oficio CJ/SJCAE/DGALE-DPC-D/0822/2023. Recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el 29 de mayo de 2023.

4. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: [...]

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: [...]

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas;

[...]

5. Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno:

I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

[...]

Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones: [...]

VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda;

[...]

6. Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200910-da1fecaa/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-cesacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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