I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LAS NORMAS IMPUGNADAS, AL HABER SIDO DEROGADAS POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 18, FRACCIÓN XI DE LA LEY DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, REFORMADA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 159/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 14 DE FEBRERO DE 2024. PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN.
ÍNDICE TEMÁTICO
Norma impugnada: La fracción XI, del artículo 18, de la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, reformada mediante Decreto publicado el trece de junio de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.
Ver índice temáticoCiudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de febrero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 159/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante "CNDH o "Comisión"), contra la fracción XI del artículo 18 de la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, reformada mediante Decreto publicado el trece de junio de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Escrito inicial. Por escrito recibido el trece de julio de dos mil veintitrés en el Buzón Judicial y al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su calidad de Presidenta de la CNDH, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la fracción XI del artículo 18 de la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, reformada mediante Decreto publicado el trece de junio de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.
2. Conceptos de invalidez. En su escrito la Comisión hizo valer, en esencia, los siguientes conceptos de invalidez:
• El precepto impugnado establece el requisito de no haber sido condenado por la comisión de delito doloso para acceder a la titularidad de la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, lo cual transgrede los derechos de igualdad y no discriminación, así como el derecho de acceso a un cargo público. Esto al excluir de manera injustificada a determinadas personas para ocupar el mencionado cargo público, pues quienes han sido sancionadas en algún momento de su vida por la comisión de un delito, si ya cumplieron con la pena que les fue impuesta y la conducta ilícita cometida no guarda relación estrecha con las atribuciones a desempeñar, deben tener la posibilidad de ocupar empleos públicos en igualdad de condiciones que las demás personas.
• La norma impugnada es desproporcionada y sobreinclusiva, pues tiene por efecto excluir de forma injustificada a un sector de la población de la posibilidad de ejercer el mencionado cargo público.
• Dada la generalidad y amplitud con la que fue diseñada la norma impugnada, ocasiona un amplio espectro de exclusión, al prever una multiplicidad de supuestos que no consideran si las conductas infractoras que engloban guardan relación estrecha o manifiesta con las funciones a desempeñar, ni tampoco puntualiza alguna temporalidad entre la comisión del ilícito o de la fecha del cumplimiento de la sanción y el posible acceso al cargo público señalado.
• El mero hecho de cometer un ilícito o haber sido sancionado no tiene la consecuencia de marcar a su autor como un "delincuente" o "infractor" del orden social de por vida o como una persona que carece de honestidad o probidad, pues una vez que la persona ha compurgado la pena o la sanción administrativa debe estimarse que se encuentra en aptitud de volver a ocupar un cargo público.
• La norma impugnada establece una doble sanción: por un lado, la impuesta en ejercicio de la facultad punitiva del Estado con motivo de la comisión de un delito y, por el otro, el reproche social posterior a la compurgación de la pena que tiene como consecuencia que una persona que ha cometido un delito pueda insertarse de manera funcional a la sociedad con el ejercicio de un oficio o profesión.
• El requisito impugnado no supera un escrutinio ordinario de razonabilidad, ya que si bien busca generar las condiciones propicias para que quienes accedan al cargo tengan el perfil necesario, lo cierto es que no guarda relación directa, clara e indefectible con ese fin.
• De estimar que la norma impugnada resulta inconstitucional, se solicita extender los efectos de esa declaratoria a todas aquellas normas que estén relacionadas.
3. Admisión registro y turno. Por acuerdo de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, los Ministros integrantes de la Comisión de Receso de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al primer periodo de dos mil veintitrés, admitieron a trámite la acción de inconstitucionalidad. En ese mismo acuerdo ordenaron dar vista a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Puebla para que rindieran sus informes, así como a la Fiscalía General de la República para que estuviera en posición de formular pedimento y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que, en su caso, manifestara lo que a su representación corresponda.
4. Finalmente, por acuerdo de primero de agosto de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación turnó el expediente al Ministro Javier Laynez Potisek para que instruyera el procedimiento correspondiente.
5. Informe del Poder Legislativo del Estado de Puebla. Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés se tuvo por rendido el informe requerido al Poder Legislativo del Estado de Puebla. En dicho informe se expuso, medularmente, lo siguiente:
• En la actualidad ninguna persona profesora investigadora titular ha sido condenada por la comisión de un delito doloso, por lo que los argumentos de la accionante están realizados sobre una hipótesis que en la actualidad no existe.
• La norma impugnada debe ser interpretada conforme a la Constitución Federal. En particular con los principios y valores que rigen en materia de educación (artículo 3°), así como con otros preceptos (artículos 95 y 102) que establecen requisitos para quienes aspiran a ocupar cargos de importancia.
• Al discutir y resolver la acción de inconstitucionalidad 106/2019, algunos de los integrantes del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalaron que: 1) no es posible analizar la disposición impugnada con apoyo en los principios de igualdad y no discriminación, ya que se tiene que atender a los tipos de funciones o de cargos para considerar que la norma cumple con un test de razonabilidad y 2) que en ciertos casos el legislador local goza de libertad configurativa para establecer este tipo de requisitos para ocupar ciertos cargos.
6. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. Por acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés se tuvo por rendido el informe requerido al Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, que expuso, en síntesis, lo siguiente:
• Los actos atribuidos al Ejecutivo local no son inconstitucionales, ya que éste cuenta con atribuciones para promulgar, publicar y sancionar las leyes que del Congreso del Estado emanen, lo que en el presente caso se hizo respetando la legislación aplicable.
• El artículo 35, fracción VI, de la Constitución Federal limita el derecho a ocupar un cargo público, al establecer que los ciudadanos pueden ser nombrados para cualquier empleo o comisión en el servicio público, siempre y cuando tengan las calidades que establezca la ley. Por tanto, la norma impugnada resulta apegada a lo establecido en la norma fundamental, pues no establece calidades, requisitos, circunstancias o condiciones que se traduzcan en restricciones indebidas.
• Los requisitos a satisfacer por quienes pretendan acceder a un cargo público constituyen una materia dentro del ámbito de libertad de configuración de los legisladores locales, siempre que pongan de relieve el perfil idóneo para desempeñar con eficiencia y eficacia el cargo, empleo o comisión que se les asigne.
• La norma debe ser interpretada conforme al artículo 95 constitucional, pues dicho precepto también establece un requisito similar al ahora impugnado.
7. Pedimento y manifestaciones. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de hacer manifestaciones.
8. Cierre de instrucción. Por acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés se declaró cerrada la instrucción a efecto de proceder a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
9. Avocamiento. El asunto quedó radicado en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo de nueve de febrero de dos mil veinticuatro.
I. COMPETENCIA
10. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal,(1) 1° de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) 10, fracción I,(3) y 11, fracción VIII,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario 1/2023,(5) publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente, toda vez que los promoventes plantean la posible contradicción entre una disposición de carácter general emitida por el Poder Legislativo del Estado de Puebla y la Constitución Federal, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno, por no poder llevarse a cabo un estudio de fondo del asunto.
11. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
II. PRECISIÓN DE LA NORMA RECLAMADA
12. La CNDH alegó la inconstitucionalidad de la fracción XI, del artículo 18, de la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, reformada mediante Decreto publicado el trece de junio de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial de esa entidad federativa. Por tanto, se tiene por impugnada dicha norma.
13. El texto de dicho precepto es el siguiente:
"Artículo 18. Para ser persona titular de la Rectoría se requiere:
"[...]
"XI. No haber sido condenada por la comisión de delito doloso".
14. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
III. OPORTUNIDAD
15. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante "Ley Reglamentaria"),(6) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial y, en caso de que el último día del plazo sea inhábil la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
16. En el caso la norma impugnada fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el martes trece de junio de dos mil veintitrés, por lo que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del miércoles catorce de junio al jueves trece de julio de dos mil veintitrés.
17. En ese sentido, toda vez que el escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad se recibió el jueves trece de julio de dos mil veintitrés en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera que su presentación fue oportuna.
18. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
IV. LEGITIMACIÓN
19. En términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión está legitimada para promover este medio de control constitucional en contra de leyes de las entidades federativas, entre otras normas generales, que desde su perspectiva vulneren derechos humanos.
20. El escrito inicial fue suscrito por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la CNDH.(7) Demostró desempeñar dicho cargo con la copia certificada del acuerdo de doce de noviembre de dos mil diecinueve, expedido por la Presidenta y el Secretario de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Senado de la República, en el que consta su designación por el período comprendido del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro. Además, dicha funcionaria promovió la presente acción de inconstitucionalidad con fundamento en los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(8) y 18, párrafo primero, de su Reglamento Interno.(9) Por tanto, la acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legítima.
21. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
22. Esta Segunda Sala considera que debe sobreseerse en la presente acción de inconstitucionalidad, debido a que han cesado los efectos de las normas impugnadas.
23. La Comisión promovió el presente medio de control constitucional al considerar que el artículo 18, fracción XI, de la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla vulnera el derecho humano de igualdad y no discriminación, así como el derecho de acceso a un cargo público, al prever como requisito para acceder a la titularidad de la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el no haber sido condenado por la comisión de delito doloso.
24. Sin embargo, el veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el Decreto por el que se deroga la fracción XI del artículo 18 de la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
25. De esta manera, en este caso se actualiza la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos, debido a que se derogó la porción normativa impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
26. Sin que en el caso pudieran darse efectos retroactivos a la determinación que en el fondo llegara a adoptarse, debido a que no se trata de normas de naturaleza penal, en términos de los artículos 105 de la Constitución Federal(10) y 45 de la ley referida.(11)
27. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V,(12) debe sobreseerse en la acción de inconstitucionalidad, con fundamento en el artículo 20, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria.(13)
28. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
VI. DECISIÓN
29. Por lo antes expuesto, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad.
Notifíquese; haciéndolo por oficio a las partes y, en su oportunidad, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite y Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek (ponente) y Presidente Alberto Pérez Dayán.
Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y el Ministro Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA
MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN
PONENTE
MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK
SECRETARIA DE ACUERDOS
CLAUDIA MENDOZA POLANCO
_________________
1. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"[...]
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"[...]
"c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas;
"[...]
"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas;
"[...]."
2. "Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles."
3. "Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
"I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
"[...]."
4. "Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones:
"[...]
"VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda;
"[...]."
5. "[...]
"SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:
"[...]
"II. Las acciones de inconstitucionalidad, salvo en las que deba sobreseerse, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención; [...]."
6. "Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
7. Esa calidad quedó acreditada con la copia certificada del acuerdo de doce de noviembre de dos mil diecinueve, expedido por la Presidenta y el Secretario de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Senado de la República, en el que consta su designación por el período comprendido del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.
8. "Artículo 15.- El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones: [...]
"I.- Ejercer la representación legal de la Comisión Nacional; [...]
"XI.- Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, y (...)."
9. "Artículo 18. (Órgano ejecutivo)
La Presidencia es el órgano ejecutivo de la Comisión Nacional. Está a cargo de un presidente, al cual le corresponde ejercer, de acuerdo con lo establecido en la Ley, las funciones directivas de la Comisión Nacional y su representación legal. [...]."
10. "Artículo 105.- [...]
"La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia. [...]"
11. "Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia."
12. "Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: [...] V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; [...]"
13. "Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: [...] II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; [...]"
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200926-d2105dcd/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-de-la-comision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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