Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. III. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO CONSISTENTE EN GOZAR DE AMPLIA SOLVENCIA MORAL PARA OCUPAR UN CARGO PÚBLICO, ES UN CONCEPTO CON ALTO GRADO DE SUBJETIVIDAD, PORQUE QUIEN REALICE LA VALORACIÓN DE TAL EXIGENCIA SERÁ EL QUE, CONFORME A SU ENTENDER, DETERMINARÁ SI NO HAY DUDAS EN CUANTO A LA MORAL DEL ASPIRANTE Y CÓMO DEBERÁ SER LA MORALIDAD REQUERIDA PARA INGRESAR AL CARGO PÚBLICO CORRESPONDIENTE. IV. PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. EL REQUISITO CONSISTENTE EN GOZAR DE AMPLIA SOLVENCIA MORAL PARA ACCEDER A UN CARGO PÚBLICO, ES UNA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, YA QUE SU CUMPLIMIENTO QUEDA AL JUICIO VALORATIVO DE LAS PERSONAS QUE REALICEN LA DESIGNACIÓN A PARTIR DE LO QUE CONSIDEREN COMO EL BIEN O EL MAL, EN FUNCIÓN DE SU VIDA INDIVIDUAL Y SI LOS INTERESADOS CALIFICAN O NO SATISFACTORIAMENTE SUS EXPECTATIVAS MORALES SOBRE SU FORMA DE VIVIR. V. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO CONSISTENTE EN GOZAR DE AMPLIA SOLVENCIA MORAL PARA SER TITULAR DE LA RECTORÍA Y PARA FORMAR PARTE DEL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE JALISCO, VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN VI, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "AMPLIA SOLVENCIA MORAL Y DE", Y 29, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y DE AMPLIA SOLVENCIA MORAL", DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE JALISCO). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN VI, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "AMPLIA SOLVENCIA MORAL Y DE", Y 29, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y DE AMPLIA SOLVENCIA MORAL", DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE JALISCO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 71/2024. · Registro digital (IUS): 33622
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-09-12
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Septiembre de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.427.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 71/2024. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 24 DE FEBRERO DE 2025. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: VICTOR MANUEL MIRANDA LEYVA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 17, fracción VI, en la porción normativa “amplia solvencia moral y de” y 29, fracción III, en la porción normativa “y de amplia solvencia moral”, de la Ley Orgánica de la Universidad Intercultural de Jalisco, expedida mediante el Decreto número 29524/LXIII/24 publicado el veinticuatro de febrero de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial del Gobierno de Jalisco.

Ver índice temático

Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la Acción de Inconstitucionalidad 71/2024, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de los artículos 17, fracción VI, en la porción normativa “amplia solvencia moral y de” y 29, fracción III, en la porción normativa “y de amplia solvencia moral”, de la Ley Orgánica de la Universidad Intercultural de Jalisco, expedida mediante el Decreto 29524/LXIII/24, publicado el veinticuatro de febrero de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el veintidós de marzo de dos mil veinticuatro en el buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió una acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 17, fracción VI, en la porción normativa “amplia solvencia moral y de” y 29, fracción III, en la porción normativa “y de amplia solvencia moral”, de la Ley Orgánica de la Universidad Intercultural de Jalisco, expedida mediante el Decreto 29524/LXIII/24, publicado el veinticuatro de febrero de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de Jalisco.

2. Preceptos que se estiman violados. La parte accionante considera que los artículos impugnados en las porciones normativas referidas vulneran los derechos humanos reconocidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Concepto de invalidez. En el único concepto de invalidez de la demanda, la promovente expuso lo siguiente:

ÚNICO

• Los artículos 17 y 29, en las fracciones y porciones normativas impugnadas, de la Ley Orgánica de la Universidad Intercultural de Jalisco son inconstitucionales pues establecen el requisito de contar con amplia solvencia moral para acceder a la titularidad de la Rectoría, así como para formar parte del Consejo Académico, de esa institución de educación superior.

• Dicha exigencia, vulnera el derecho de seguridad jurídica y al principio de legalidad, dado que se trata de un término indeterminado, impreciso, amplio, ambiguo y subjetivo que permite arbitrariedad en su determinación, debido a que su acreditamiento dependerá del juicio valorativo personal de la autoridad que califique los perfiles de los aspirantes, generando inseguridad jurídica en los destinatarios de las normas.

• Su imprecisión permite que la autoridad que revisa el acreditamiento de los requisitos sea quien califique, de forma subjetiva, si el aspirante cuenta o no con amplia solvencia moral, otorgándole así un amplio margen de discrecionalidad.

A. Derecho de seguridad jurídica y principio de legalidad

• En el apartado A de la demanda, la accionante desarrolla sus consideraciones respecto de la seguridad jurídica y el principio de legalidad previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales.

• Destaca que las autoridades también tienen la obligación de establecer leyes que brinden certidumbre jurídica y se encuentren encaminadas a la protección de los derechos de las personas.

• Es así que, de una interpretación armónica y congruente del contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales que salvaguardan los principios de legalidad y seguridad jurídica de las personas, se colige que el actuar de todas las autoridades debe estar perfectamente acotada de manera expresa en la ley y debe tener como guía en todo momento, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

B. Análisis de las normas impugnadas

• Si bien los congresos tienen amplia libertad de configuración legislativa, las exigencias que prevean deben ser inteligibles para evitar su aplicación arbitraria, y no excluir injustificadamente a las personas interesadas en ocuparlos.

• La exigencia de tener amplia solvencia moral para ocupar diversos cargos en la Universidad Intercultural de Jalisco no satisface dicho estándar, pues resulta ambiguo y subjetivo, dado que no es posible definir de manera objetiva, uniforme y certera cuándo una persona satisface dicha cualidad.

• Este tipo de terminología resulta subjetiva, porque depende de lo que cada quien opine, practique o quiera entender sobre cuáles son los componentes éticos o morales que rigen en la vida de una persona.

• La evaluación que hará la autoridad para determinar si un individuo acredita este requisito no parte de un parámetro objetivo, sino que se sujeta a criterios personales, propios, sesgados y de los que estime relevantes o adecuados la persona que evalúe a los aspirantes, a fin de concluir si tiene o no una moralidad “ampliamente solvente”, derivado de una evaluación y valoración de su estilo de vida, modos de pensar, posturas ideológicas o el tipo de trabajo que desempeñó previamente, entre otros criterios considerados como relevantes para calificar o evaluar el perfil.

• Esta exigencia, por su ambigüedad y falta de uniformidad en su apreciación, se traduce en una forma de discriminación, toda vez que los aspirantes a ocupar los puestos en cuestión, pese a cumplir con las demás exigencias, quedan subordinados al juicio valorativo y discrecional de quienes los designan, lo que impide el acceso a esos empleos en condiciones de igualdad.

• Como lo ha sostenido la SCJN, si quisiera valorarse el requisito en cuestión, debe partirse de la premisa favorable de que toda persona cuenta con solvencia moral y en todo caso, quien afirme lo contrario, tendría que acreditar por qué objeta tan relativo concepto en el ámbito social. Así, no cabe exigir que demuestren lo que, en principio y salvo prueba en contrario, es inherente a su persona, pues existe una presunción de moralidad.

4. Admisión y trámite. Mediante acuerdo del primero de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la Acción de Inconstitucionalidad 71/2024 y turnó el expediente a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf como instructora en el procedimiento.

5. Informe del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Mediante escrito recibido en este Alto Tribunal el diez de mayo de dos mil veinticuatro, la Primera Presidenta y los Segundos Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, en representación del Poder Legislativo del Estado, rindieron su informe en los siguientes términos:

Contestación a los conceptos de invalidez

• El Decreto 29524/LXIII/24, fue expedido en concordancia con lo establecido en la Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley General de Educación, la Ley General de Educación Superior, la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, así como de la Ley de Educación Superior del Estado de Jalisco; por lo que su expedición se sujeta a los lineamientos marcados por las normas generales en materia de educación.

• La expedición del decreto impugnado es resultado de lo que establece el artículo 35, fracción I de la Constitución Federal, que al tenor de la competencia de las entidades federativas le corresponde al Congreso de la Entidad, legislar en todas las ramas del orden interior del Estado, así como expedir leyes y ejecutar actos sobre materias que le son propias, tal y como lo son las de carácter educativo, salvo aquéllas concedidas al Congreso de la Unión.

• La legalidad de la expedición legislativa es válida y está justificada, pues el objetivo principal es que el cargo sea asumido por personas altamente capacitadas y con perfiles idóneos para garantizar educación de calidad, de conformidad con la Constitución Política.

• Dada la relevancia del cargo de titular de la rectoría, la persona que ejerza dicha encomienda debe contar con el perfil idóneo para garantizar que la educación en la institución será aplicada bajo los lineamientos Constitucionales. Para ello, se deben establecer requisitos relacionados con méritos profesionales, académicos, cívicos y de honorabilidad.

• Considera que la norma se ajustó a los lineamientos legales tendientes a cubrir los anteriores aspectos para regular el ingreso del Titular de la Rectoría de la Universidad Intercultural de Jalisco, lo cual se realizó de acuerdo a las necesidades propias de dicha institución, así como de las atribuciones depositadas en el cargo en cuestión.

• Estima que el requisito lleva implícita su característica de honorabilidad de acuerdo al prestigio profesional, establecida en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Universidad Intercultural de Jalisco, por lo que no es ambiguo ni genera incertidumbre ni es contraria a la seguridad jurídica y legalidad.

• Si bien la claridad de las leyes es un imperativo necesario para evitar su vaguedad, confusión y contradicción, ello no puede llegar al extremo de obligar a definir toda locución, o se constituiría como una labor interminable y nada práctica.

6. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Mediante escrito recibido en este Alto Tribunal el diez de mayo de dos mil veinticuatro, el Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en representación del Titular del Poder Ejecutivo de la entidad, expuso en su informe las consideraciones que a continuación se precisan:

Primero. Existencia de las normas cuya invalidez se reclama

• Manifestó que únicamente es cierto que sancionó, promulgó y ordenó la publicación del “Decreto número 29524/LXIII/24, mediante el cual, Se expide la Ley Orgánica de la Universidad Intercultural de Jalisco”; mismo que fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día veinticuatro de febrero de dos mil veinticuatro.

Segundo. Razones y fundamentos tendientes a sostener la constitucionalidad de la norma cuya invalidez se reclama

• Se precisa que los actos que integran el procedimiento legislativo, que culminan en la creación de un ordenamiento legal, su reforma, adición, derogación o abrogación, deben emanar de órganos construidos que ajusten su actuación a las formalidades esenciales que se encuentren consagradas en los ordenamientos correspondientes. En ese sentido, los actos que le competen al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, se cumplieron a cabalidad respecto del acto reclamado que se le atribuye, es decir, por lo que ve a la sanción, promulgación y orden de publicación del Decreto cuya invalidez se pretende.

7. Alegatos. Mediante oficio depositado en el buzón judicial de este Alto Tribunal el doce de junio de dos mil veinticuatro, la Delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló sus alegatos.

8. Pedimento de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República no emitió opinión en el presente asunto.

9. Cierre de la instrucción. En auto de dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro, se tuvo a la delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formulando sus alegatos, se declaró cerrada la instrucción y se envió el expediente a la Ministra Instructora para la elaboración del proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

10. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente Acción de Inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(3) en relación con el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario 1/2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés,(4) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó la posible contradicción entre la Ley Orgánica de la Universidad Intercultural de Jalisco y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS

11. En términos de lo dispuesto en el artículo 73, relacionado con el diverso 41, fracción I, ambos de la Ley Reglamentaria, de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) esta Suprema Corte advierte que la Comisión accionante impugnó los artículos 17, fracción VI, en la porción normativa “amplia solvencia moral y de” y 29, fracción III, en la porción normativa “y de amplia solvencia moral”, de la Ley Orgánica de la Universidad Intercultural de Jalisco, cuyo texto es el siguiente:

Ley Orgánica de la Universidad Intercultural de Jalisco

Artículo 17. Para ser Titular de la Rectoría se requiere:

I.- V. [...]

VI. Ser persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio profesional; [...]

Artículo 29. Para formar parte del Consejo Académico se requiere:

I.- II. [...]

III. Gozar de buena reputación y de amplia solvencia moral; [...]

[Énfasis añadido]

Ver artículos con énfasis

III. OPORTUNIDAD

12. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 60, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial.

13. En este caso, el Decreto número 29524/LXIII/24, por el que se expidieron las normas impugnadas fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Jalisco el sábado veinticuatro de febrero de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo para promover la demanda respectiva transcurrió del domingo veinticinco del mismo mes al lunes veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro.

14. Por lo tanto, si el escrito de demanda fue presentado en este Alto Tribunal el viernes veintidós de marzo de dos mil veinticuatro, su presentación fue oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

15. La acción fue promovida por parte legitimada, pues, de conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se encuentra legitimada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de las entidades federativas que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución General y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

16. Lo anterior, bajo el entendido de que la Comisión Nacional considera que las normas impugnadas vulneran la seguridad jurídica y legalidad,(7) así como el principio de igualdad y no discriminación, en relación con el derecho de acceder a un cargo, en condiciones de igualdad,(8) derechos humanos reconocidos en nuestro parámetro de control constitucional y convencional.

17. Por su parte, el artículo 11, párrafo primero,(9) de la Ley Reglamentaria, dispone que las partes deberán comparecer a juicio por conducto de las o los funcionarios, que en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

18. De igual forma, el artículo 15, fracciones I y XI,(10) de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dispone como facultad de la o el Presidente de la Comisión Nacional ejercer su representación legal y, específicamente, promover las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

19. En este caso, la demanda fue suscrita por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cargo que acredita con una copia certificada de su nombramiento, expedido por la Mesa Directiva del Senado de la República el doce de noviembre de dos mil diecinueve, por un periodo de cinco años, que comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.

20. En consecuencia, se concluye que la presente acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada para ello.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y DE SOBRESEIMIENTO

21. El Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco manifestó en su informe que actuó en estricto cumplimiento a los artículos 31, 32 y 50 fracción I, de la Constitución Local, que ordena la promulgación y la publicación de las leyes y los decretos que expida el Congreso de la entidad.

22. Si bien dicho argumento no fue señalado expresamente como una causa de improcedencia, se destaca que este Máximo Tribunal ha determinado que la circunstancia de que el Poder Ejecutivo Local tenga injerencia en el proceso de creación de las normas generales para otorgarles plena validez y eficacia hace que se encuentre invariablemente implicado en la emisión del decreto impugnado, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución Federal.(11)

23. Así, al no haberse hecho valer alguna causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento diverso al analizado ni advertirse de oficio algún otro, por este Alto Tribunal, se procede a realizar el estudio de fondo respectivo.

24. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidente en funciones Pérez Dayán. Ausentes el señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y la señora Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández (votación realizada en la sesión celebrada el diecisiete de febrero de dos mil veinticinco).

VI. ESTUDIO DE FONDO

25. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuestiona la constitucionalidad de los artículos 17, fracción VI, en la porción normativa “amplia solvencia moral y de” y 29, fracción III, en la porción normativa “y de amplia solvencia moral”, de la Ley Orgánica de la Universidad Intercultural de Jalisco, cuyo texto se transcribe a continuación:

Artículo 17. Para ser Titular de la Rectoría se requiere:

I.- V. [...]

VI. Ser persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio profesional; [...]

Artículo 29. Para formar parte del Consejo Académico se requiere:

I.- II. [...]

III. Gozar de buena reputación y de amplia solvencia moral; [...]

[Énfasis añadido]

Ver numerales con énfasis

26. Como se puede apreciar, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna el requisito de contar con amplia solvencia moral, para acceder a la titularidad de la Rectoría, así como para formar parte del Consejo Académico, ambos de la Universidad Intercultural de Jalisco.

27. La Comisión accionante sostiene que la exigencia establecida en los artículos impugnados es contraria al derecho de seguridad jurídica y al principio de legalidad, pues se trata de un término indeterminado, impreciso, amplio, ambiguo y subjetivo que permite arbitrariedad en su determinación. Ello, pues su acreditamiento dependerá del juicio valorativo personal de la autoridad que califique los perfiles de los aspirantes, generando inseguridad jurídica en los destinatarios de la norma, ya que no sabrán los parámetros bajo los cuales se evaluará el cumplimiento de tal requisito. 28. La promovente explica que aun cuando en términos generales los Congresos de las entidades federativas tienen libertad configurativa para establecer este tipo de exigencias, persiste un deber de cuidado consistente en que las exigencias que se prevean para tal fin sean inteligibles para evitar su aplicación arbitraria, con el objetivo de que no se excluya injustificadamente a las personas interesadas en ocuparlos.

29. En ese sentido, la exigencia de tener amplia solvencia moral para ocupar diversos cargos en la Universidad Intercultural de Jalisco no satisface dicho estándar, pues se trata de un requerimiento impreciso, contrario al derecho de seguridad jurídica y al principio de legalidad.

30. Finalmente, destaca que dicha exigencia, por su ambigüedad y falta .de uniformidad en su apreciación, también se traduce en una forma de discriminación, toda vez que los aspirantes a ocupar los puestos o cargos en comento, pese a cumplir con los demás requisitos, quedan subordinados a la plena voluntad del juicio valorativo y de orden discrecional de quienes los designan, lo que impide el acceso a esos empleos en condiciones de igualdad.

31. Cómo se verá a continuación, este Tribunal Pleno estima que lo planteado por la accionante es fundado.

32. Al respecto, a efecto de analizar la constitucionalidad de las disposiciones normativas impugnadas, es necesario recordar las consideraciones que sostuvo este Alto Tribunal en las acciones de inconstitucionalidad 65/2021,(12) 300/2020,(13) 114/2021(14) y 175/2021,(15) en las que se declaró la inconstitucionalidad del mismo requisito que ahora se impugna.

33. En la Acción de Inconstitucionalidad 65/2021,(16) este Tribunal Pleno declaró la invalidez de requisitos idénticos a los aquí analizados, de los artículos 15, fracción V(17) y 17, fracción V,(18) de la Ley que crea el Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo del Estado de Nuevo León, para acceder a los cargos de Director General y Director de las Unidades Académicas del citado instituto.

34. En dicho asunto, este Alto Tribunal indicó que el requisito para ocupar un cargo público consistente en contar con una “amplia solvencia moral” es inconstitucional, toda vez que es un concepto con alto grado de subjetividad, porque quien realice la valoración de tal exigencia será el que, conforme a su entender, determinará, en primer lugar, si no hay dudas en cuanto a la moral del aspirante y, en segundo, cómo deberá ser la moralidad requerida para ingresar al cargo público correspondiente.

35. También refirió que el requisito en cuestión es una forma de discriminación, ya que su cumplimiento queda al juicio valorativo de las personas que realicen la designación, a partir de lo que consideren como el bien o el mal en función de su vida individual y si los interesados califican o no satisfactoriamente sus expectativas morales sobre su forma de vivir.

36. Por tanto, se concluyó que resulta discriminatorio exigirle a quien pretende acceder a un cargo público acreditar contar con una “amplia solvencia moral”, sin saber cuáles son los criterios morales de las personas que lo calificarán y, peor aún, ignorando si esos valores son compartidos por el propio aspirante o por los demás integrantes de la comunidad en forma mayoritaria y sin prejuicios, lo que podría generar que se le niegue el acceso al cargo por prejuicios de orden religioso, condición social, preferencia sexual, estado civil, etcétera.

37. En la Acción de Inconstitucionalidad 300/2020,(19) este Alto Tribunal declaró la invalidez del requisito consistente en “contar con reconocida solvencia moral”, previsto en el artículo 81, fracción V,(20) de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, para ser Titular del Órgano Interno de Control de dicho Tribunal.

38. En esa ocasión, se enfatizó que esa exigencia vulnera el principio de seguridad jurídica, pues exige no haber incurrido en alguna conducta sociablemente reprobable para acceder a un cargo público, resultando en un requisito arbitrario, ya que los aspirantes quedan subordinados a la plena voluntad del juicio valorativo y de orden discrecional de quienes designan.

39. En dicho asunto, se recordó que el principio de seguridad jurídica ha sido definido como el inequívoco conocimiento del resultado que provendrá de la eventual aplicación de las normas.

40. De este modo, la seguridad jurídica, prevista en el artículo 16 de la Constitución General, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado de forma que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades; para lo cual es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deban detallar extremadamente, pero siempre que la intención legislativa se encuentre definida de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular.

41. En la Acción de Inconstitucionalidad 114/2021, se declaró la inconstitucionalidad del numeral 37, fracciones IV y V,(21) ambas en la porción normativa “y solvencia moral”, de la Ley de los Cuerpos de Bomberos para el Estado de Chihuahua. Bajo las consideraciones ya mencionadas de los precedentes, este Alto Tribunal concluyó que se vulneraba el derecho a la seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

42. Finalmente, de manera más reciente, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 175/2021,(22) este Tribunal Pleno, a partir de las consideraciones de los precedentes mencionados,(23) consideró que el requisito consistente en “contar con reconocida solvencia moral” para ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, establecido en el artículo 62 Bis, fracción VII,(24) de la Ley en la materia era inconstitucional.

43. En dicho asunto, se destacó que la dificultad para encontrar una apreciación uniforme sobre dicho concepto se traduce en una forma de discriminación, pues provoca que las personas que aspiran a ocupar un cargo público, pese a cumplir con el resto de los requisitos para desempeñarse en la función, queden a merced del juicio valorativo de las personas facultadas para realizar la designación en el cargo.

44. En esta medida, el acceso al cargo de la persona aspirante depende de lo que, en la conciencia del aplicador de la norma, supone “contar con reconocida solvencia moral”, situación que podría llevar al extremo de negar el acceso al cargo sólo por prejuicios de orden religioso, condición social, preferencia sexual o de género, estado civil, entre otros, en detrimento del principio de igualdad y no discriminación, reconocido en el artículo 1° constitucional.

45. Así, consideró que resulta discriminatorio exigir dicho requisito a quien pretende acceder a un cargo público acreditar sin saber cuáles son los criterios morales de las personas que lo calificarán y, peor aún, ignorando si esos valores son compartidos por el propio aspirante o por los demás integrantes de la comunidad en forma mayoritaria y sin prejuicios.

46. Tomando en cuenta las consideraciones señaladas, este Tribunal Pleno considera que el concepto de invalidez planteado por la accionante resulta fundado, y por tanto, el requisito para ser Titular de la Rectoría y para formar parte del Consejo Académico, consistente en gozar de “amplia solvencia moral”, establecido en la fracción VI tanto del artículo 17, como en la fracción III del diverso 29 de la Ley Orgánica de la Universidad Intercultural de Jalisco, resulta inconstitucional.

47. Tal como se detalló, este requisito trae consigo un alto grado de subjetividad, porque quien realice la valoración de tal exigencia será el que, conforme a su entender, determinará si no hay dudas en cuanto a la moral del aspirante y cómo deberá ser la moralidad requerida para dicho cargo.

48. Lo anterior, bajo los parámetros establecidos por este Alto Tribunal ya desarrollados, se traduce en una vulneración al principio de seguridad jurídica reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política.

49. Finalmente, como ya se mencionó, dada la subjetividad de este requisito, se podría llegar al extremo de negar el acceso al cargo sólo por prejuicios de orden religioso, condición social, preferencia sexual o de género, estado civil, etcétera, por lo que resulta discriminatoria dicha exigencia, sin saber si los criterios morales de las personas que lo calificarán están exentos de prejuicios o estereotipos.

50. Al respecto, cabe destacar que la Comisión Interamericana ya ha señalado que las normas de carácter vago o abierto relativas a “moralidad” y “buenas costumbres” tienen un impacto diferenciado discriminatorio en ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, sobre personas trans y de género diverso.(25)

51. Estas disposiciones suelen otorgar poderes amplios y discrecionales para emplear prejuicios y discriminar a las personas, incluso llegando al punto de que se juzgue a las personas con base en su apariencia física.(26) En el marco de las Naciones Unidas, estas normas han sido cuestionadas también por el Comité de Derechos Humanos(27) y el Comité contra la Tortura.(28)

52. En conclusión, este Alto Tribunal considera que la porción normativa impugnada es susceptible de tener un impacto discriminatorio en las persona

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33622-9b90d0eb/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.