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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA LEY DE CARÁCTER ESTATAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. IV. LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL Y FAMILIAR. METODOLOGÍA PARA DETERMINAR SI LAS NORMAS IMPUGNADAS INVADEN LAS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALMENTE ASIGNADAS A LA FEDERACIÓN. V. LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL Y FAMILIAR. LA VIGENCIA DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL Y FAMILIAR DE LA FEDERACIÓN Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ESTÁ CONDICIONADA A LA ENTRADA EN VIGOR DE UN NUEVO CÓDIGO ÚNICO EN EL PAÍS, POR LO QUE LOS CONGRESOS LOCALES SE ENCUENTRAN IMPEDIDOS PARA REALIZAR CUALQUIER ADICIÓN, DEROGACIÓN, O MODIFICACIÓN A SU LEGISLACIÓN ADJETIVA EN ESA MATERIA. VI. LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL Y FAMILIAR. REGLAS A LAS QUE ESTÁ SUJETA LA FACULTAD DE LA FEDERACIÓN Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA DECIDIR EN QUÉ MOMENTO ENTRA EN VIGOR LA LEGISLACIÓN NACIONAL DE LA MATERIA. VII. LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL Y FAMILIAR. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIRLA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 52, 82, 282 BIS, 284, 290, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112 Y 1113, TODOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, REFORMADOS Y ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO 28327/LXII/21). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 52, 82, 282 BIS, 284, 290, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112 Y 1113, TODOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, REFORMADOS Y ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO 28327/LXII/21).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 118/2021. · Registro digital (IUS): 33534
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-22
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH).
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo IV, Volumen 1, Pág.215.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 118/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 7 DE AGOSTO DE 2023. PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: JOSÉ OMAR HERNÁNDEZ SALGADO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco por estimarlas violatorias del derecho humano a la seguridad jurídica y del principio de legalidad, al considerar que el Congreso local es incompetente para modificar las disposiciones en materia procesal civil y familiar desde que entró en vigor el artículo 73, fracción XXX, constitucional, que faculta al Congreso de la Unión para emitir la legislación única.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de agosto de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 118/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el artículo Tercero del Decreto 28327/LXII/21, por el que se reformaron los artículos 52, párrafos primero y quinto; 82, párrafo primero y fracción IV; 282 bis, párrafo primero; 284; 290, párrafo segundo; y se adicionó el Título Decimoquinto, que comprende los numerales 1099 al 1113 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, publicado el seis de julio de dos mil veintiuno en el periódico oficial de la entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial. El día cinco de agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante “Comisión” o “CNDH”) presentó escrito de demanda ante este Tribunal para impugnar la constitucionalidad del artículo tercero del Decreto por el que se reformaron los artículos 52, párrafos primero y quinto, 82, párrafo primero y fracción IV, 282 bis, párrafo primero, 284, 290, párrafo segundo, y se adicionó el Título Decimoquinto, que comprende los numerales 1099 al 1113, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, publicado el seis de julio de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial de la Entidad.

2. Conceptos de invalidez. En el escrito inicial, la Comisión sostuvo, en su único concepto de invalidez, que el Congreso local carecía de facultades para legislar en materia procedimental civil y familiar por las siguientes razones:

A. El quince de septiembre de dos mil diecisiete se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares);

B. Esa reforma modificó el artículo 73, fracción XXX, constitucional para establecer como facultad exclusiva del Congreso de la Unión la de expedir la legislación única en materia procedimental civil y familiar.

C. A partir de la fecha de entrada en vigor de esa reforma constitucional, se facultó de manera exclusiva al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, con el objetivo de unificar y establecer procedimientos homologados en todo el territorio nacional, para así tener procesos expeditos y uniformes en toda la República.

D. Desde que se otorgó esa facultad al Congreso de la Unión, las entidades federativas ya no pueden normar al respecto; sólo podrán ejercer las facultades concurrentes que se les reconozcan en la legislación única que se expida.

E. Las normas impugnadas violan del derecho humano a la seguridad jurídica, así como el principio de legalidad, pues el Congreso del Estado de Jalisco no se encuentra habilitado para regular sobre la materia procedimental civil y familiar.

3. Admisión y trámite. La demanda se tuvo por presentada(1) y fue turnada al ministro Javier Laynez Potisek, quien la admitió a trámite e instruyó el procedimiento.(2)

• Informe del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Aseguró que en el decreto:

No se invade la competencia del Congreso de la Unión porque: a) así como el legislador local no puede crear ni reformar la normatividad federal, tampoco el legislador federal puede crear ni reformar la normativa local; b) han pasado más de ciento ochenta días desde la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación, sin que se haya emitido la legislación civil y familiar, y c) las reformas que se impugnan son para los procedimientos que inicien antes de la entrada en vigor de la normativa civil y familiar a nivel nacional por lo que se atañe a la función especial legislativa que atiende a dichos asuntos.

• Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Señaló que su intervención se limitó a participar en el proceso legislativo en lo relativo a la publicación, ejecución y hacer valer las leyes, por lo que dio autenticidad al Decreto impugnado cuando se publicó en el Periódico Oficial de la entidad por conducto de la Secretaría General de Gobierno, como lo dispone el artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Por otro lado, hizo valer tres causas de improcedencia que más adelante se precisan.

I. COMPETENCIA

4. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad en términos de los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución General (en adelante CPEUM); 1° de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Ley Reglamentaria), y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al haberse planteado la posible contradicción entre el artículo tercero del Decreto 28327/LXII/21, por el que se reformaron los artículos 52, párrafos primero y quinto, 82, párrafo primero y fracción IV, 282 bis, párrafo primero, 284, 290, párrafo segundo, y adicionó el Título Decimoquinto que comprende los numerales 1099 al 1113, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, publicado el seis de julio de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial de esa entidad, y la CPEUM.

5. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

6. Se tiene como normas impugnadas los artículos 52 ,párrafos primero y quinto, 82, párrafo primero y fracción IV, 282 Bis, párrafo primero, 284, 290, párrafo segundo, así como los respectivos 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112 y 1113 del Título Decimoquinto, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, modificados y adicionados por el artículo Tercero del Decreto 28327/LXII/21, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el seis de julio de dos mil veintiuno.

III. OPORTUNIDAD

7. Conforme al artículo 60, párrafo primero de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.

8. En este caso, la acción es oportuna, toda vez que el Decreto impugnado se publicó en el periódico oficial de la entidad el seis de julio de dos mil veintiuno, el plazo inició el siete de julio y venció el cinco de agosto de dos mil veintiuno.

9. Por lo tanto, si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó la demanda el cinco de agosto de dos mil veintiuno, la misma resulta oportuna.

10. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos.

IV. LEGITIMACIÓN

11. La acción fue promovida por parte legitimada. El artículo 105, fracción II, de la CPEUM señala qué órganos cuentan con legitimación para presentar acciones de inconstitucionalidad. Dichos órganos deben comparecer por conducto de los funcionarios facultados para representarlos y, en todo caso, se debe presumir que quien comparece goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario (artículos 11(3) y 59(4) de la Ley Reglamentaria).

12. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General, la CNDH puede promover la acción de inconstitucionalidad contra leyes expedidas por las legislaturas locales si considera que vulneran derechos humanos. Esto se actualiza en el caso concreto, pues en el escrito de demanda se aduce que las normas impugnadas son violatorias del derecho humano a la seguridad jurídica, así como el principio de legalidad, previstos en los artículos 1, 14 y 16 de la CPEUM; 1, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 2 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues a su juicio el Congreso del Estado de Jalisco no se encuentra habilitado para legislar sobre la materia procedimental civil y familiar.

13. Aunado a lo anterior, la demanda fue suscrita por María del Rosario Piedra Ibarra, quien se ostentó como Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dicho carácter lo acreditó con la copia certificada del acuerdo emitido por el Senado de la República el doce de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual fue elegida para desempeñar el cargo por un periodo de cinco años.(5)

14. En virtud de que se impugnan violaciones a derechos humanos y de que el escrito de demanda fue presentado y firmado por la persona facultada para representar al órgano,(6) se concluye que la Comisión ha acreditado el requisito de legitimación.

15. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

16. Conforme al artículo 19, último párrafo de la Ley Reglamentaria, se debe analizar las causas de improcedencia, ya sea que las partes las hagan valer, o que de oficio advierta este Alto Tribunal, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.

17. El Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco hizo valer tres causas de improcedencia: a) la Comisión carece de legitimación puesto que los preceptos reclamados, por sí mismos, no vulneran ningún derecho humano sustantivo; b) se interpretó de manera incorrecta el contenido del artículo 73, fracción XXX, constitucional porque debe entenderse que mientras no se expida la legislación nacional en materias civil y familiar, las entidades federativas sí pueden legislar en esas materias, y c) se atenta contra el derecho a la protección de la salud porque invalidar las normas no sólo sería un retroceso en la impartición de justicia, sino que también contribuiría al contagio masivo de la población Jalisciense del virus SARS-CoV-2.

18. Este Tribunal considera que dichas causas son infundadas. Por un lado, en relación con la referida como a) en el párrafo anterior, este Tribunal advierte que la Comisión reclamó la invalidez del Decreto 28327/LXII/21, por el que se reformaron artículos 52, párrafos primero y quinto, 82, párrafo primero y fracción IV, 282 bis, párrafo primero, 284, 290, párrafo segundo, y adicionó el Título Decimoquinto que comprende los numerales 1099 al 1113, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, al considerar que vulneraban los artículos 1o, 14 y 16 de la CPEUM, 1o, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 2 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por tal razón, para efectos de la legitimación -tal como quedó asentado en el apartado anterior-, basta con que en su concepto de invalidez la Comisión plantee algún tipo de violación a los derechos humanos, sin que sea necesario en este apartado definir si las normas controvertidas vulneran o no derechos fundamentales.(7)

19. Respecto a los restantes incisos b) y c), también deben desestimarse, al estar relacionados con un estudio de fondo, conforme a la jurisprudencia de este Alto Tribunal P./J. 36/2004, de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE”.(8)

20. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos.

VI. ESTUDIO DE FONDO

21. La CNDH impugna el Artículo Tercero del Decreto 28327/LXII/21 por el que se reformaron los artículos 52, párrafos primero y quinto, 82, párrafo primero y fracción IV, 282 bis, párrafo primero, 284, 290, párrafo segundo, y adicionó el Título Decimoquinto que comprende los numerales 1099 al 1113, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, publicado el seis de julio de dos mil veintiuno. En su único concepto de invalidez sostiene que el Congreso local es incompetente para legislar en materia procesal civil y familiar, ya que la competencia para emitir la legislación única en esa materia fue trasladada al Congreso de la Unión desde que entró en vigor la reforma al artículo 73, fracción XXX, de la CPEUM, esto es, el dieciséis de septiembre de dos mil diecisiete por ser el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por esa razón, la accionante sostiene que las normas impugnadas son violatorias del derecho humano a la seguridad jurídica y del principio de legalidad.

22. Tomando en cuenta su planteamiento, la pregunta inicial que este Tribunal debe responder y orientar el presente estudio es si: ¿las normas impugnadas son inconstitucionales por haber interferido en las atribuciones que la Constitución Federal le asigna al Congreso Federal, en tanto se trata de normas procesales en materia civil y familiar? Para darle respuesta es necesario iniciar por el análisis de la disposición constitucional que se estima vulnerada:

Artículo 73 CPEUM. El Congreso tiene facultad: (...)

XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, así como sobre extinción de dominio en los términos del artículo 22 de esta Constitución, y

23. El texto constitucional expresamente confiere competencia al Congreso de la Unión para expedir la legislación procesal única que regirá las materias procesal civil y familiar. Para saber si las normas impugnadas corresponden a esa materia, en primer lugar, se determinará lo que se entiende por materia procesal civil y familiar. Una vez esclarecido, se analizará si las normas pertenecen a esta materia.

24. La expresión lingüística procesal hace referencia a “todo lo perteneciente o relativo al proceso”,(9) y al estar vinculada a lo civil y familiar, debe entenderse relacionada con los procesos que se siguen para dirimir conflictos en esas materias. La doctrina ha definido que tienen el carácter de “normativa procesal” el conjunto de normas jurídicas, principios y condiciones conforme a las cuales las partes, el juzgador y los demás participantes deben conducirse en los actos coordinados por los principios y reglas que constituyen, desarrollan y resuelven un proceso determinado y cohesionado.(10)

25. El proceso tiene un principio y un final. Dentro de esos extremos existe una variedad de conexiones entre los diversos actos que deben realizar sus participantes y que permiten vincularlos dentro de una misma secuencia (el proceso). Por ello, las normas procesales regulan aspectos temporales, espaciales y formales que deben cumplirse durante la sustanciación del proceso como totalidad. Así, el procedimiento es una sucesión específica de actos, mientras que el proceso es la sucesión total de esos actos apuntada hacia lograr la cosa juzgada.(11)

26. Así entendido, el derecho procesal civil y familiar englobará, por un lado, todos aquellos procesos cuyo objeto consiste en una pretensión, acción o petición fundada en el derecho privado(12) y, por otro, los vinculados con la resolución de disputas que se encuentren inmersos en la materia familiar. De tal manera que cualquier disposición normativa encaminada a regular la actuación (hacer o no hacer) de las partes, de los juzgadores o de cualquier otra autoridad involucrada en la sucesión de actos (procedimiento) que comprende el proceso, en los cuales se involucren cuestiones de derecho privado en materia civil o familiar, se entenderá como materia procesal civil y familiar.

27. Partiendo de esta visión sobre la naturaleza procesal civil y familiar, este Tribunal ha resuelto diversos asuntos en los que se cuestionó si ciertas legislaciones locales invadían la competencia de la Federación para legislar en esa materia. El primer precedente donde se analizó esta problemática fue la acción de inconstitucionalidad 144/2017.(13) En ella se impugnaron diversos artículos de legislaciones del Estado de Coahuila de Zaragoza que regulaban figuras procesales como el desistimiento, la caducidad, la prueba de declaración de parte, el plazo para impugnar resoluciones y el procedimiento familiar en los casos de divorcio. Este Tribunal invalidó dichas disposiciones pues concluyó que con motivo de la reforma al artículo 73, fracción XXX, de la CPEUM publicada el dieciséis de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, los congresos locales perdieron su competencia de legislar y modificar disposiciones del Código Procesal Civil y del Código de Procedimientos Familiares.

28. El Pleno reiteró ese criterio en tres asuntos posteriores. El primero fue la acción de inconstitucionalidad 37/2018,(14) en la que se invalidó la reforma al artículo 662 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas que suprimió la obligación de registrar la posesión para producir la prescripción cuando se tratara de cierto tipo de bienes públicos. El segundo fue la acción de inconstitucionalidad 32/2018(15) en la que se invalidaron las reformas a los artículos 58 y 868 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Coahuila de Zaragoza que introdujeron formalidades del ejercicio de la competencia, así como el plazo para la interposición del recurso de apelación. Finalmente, el criterio en comento se reiteró, por última vez, en la acción de inconstitucionalidad 58/2018(16) donde se invalidaron diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes que eliminaron la posibilidad de apelar juicios de jurisdicción voluntaria.

29. En todos esos precedentes este Tribunal siguió la siguiente metodología y argumentación para determinar que las normas impugnadas invadían las atribuciones constitucionalmente asignadas a la Federación:

A. El objetivo de la reforma de quince de septiembre de dos mil diecisiete al texto constitucional fue homologar los procesos civiles y familiares a nivel nacional, y para ello se pretendió establecer una misma base regulatoria que fije los elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizarlos.

B. Basta que las disposiciones impugnadas se encuentran contenidas en un ordenamiento nominativamente procesal (criterio formal) y/o que incidan de alguna manera en los actos o consecuencias de las partes o de las autoridades en el proceso civil o familiar (criterio material) para que se consideren parte de la materia asignada a la Federación.

C. Desde la entrada en vigor de la reforma constitucional cualquier modificación o adición que realicen las entidades federativas en su normativa adjetiva civil y familiar resultará inconstitucional, pues de una interpretación del artículo quinto transitorio,(17) si bien se reconoció la vigencia de los ordenamientos locales, en tanto no se emitiera la legislación única, lo cierto es que se vedó toda posibilidad para que las legislaturas locales la modificaran.

30. Conforme a esas consideraciones y precedentes, para resolver este caso el Tribunal debe determinar, en primer lugar, (A) si las normas impugnadas pueden considerarse desde un punto de vista formal y/o material de naturaleza procesal civil y, en segundo lugar, (B) si fueron expedidas con posterioridad a la vigencia de la reforma constitucional referida, en oposición al mandato previsto en el quinto transitorio de la reforma constitucional de quince de septiembre de dos mil diecisiete en materia de justicia cotidiana. A. ¿Las normas impugnadas pueden considerarse de naturaleza procesal civil y familiar?

31. En relación con la primera cuestión, tal como se adelantó, el Pleno ha utilizado un doble estándar: un criterio formal y uno material. En el caso, este Tribunal considera que las normas en estudio sí pueden considerarse, desde un punto de vista formal y material de naturaleza procesal civil, por lo siguiente.

32. Criterio formal. Este requisito se actualiza ya que el legislador de Jalisco modificó e incorporó los contenidos en disputa en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco (ver, supra, párrafo 1). De modo que, siguiendo nuestros precedentes, su posición en el ordenamiento sugiere un vínculo con el cuerpo normativo procesal civil, en tanto se presupone que se incorporaron figuras jurídicas tendientes a regular conductas, actos o principios vinculados con el proceso civil en general.

33. Criterio material. Por otro lado, este Tribunal advierte que las disposiciones reformadas y/o adicionadas que son objeto de impugnación en esta acción pueden considerarse materialmente como normas de carácter procesal civil, pues inciden en la substanciación del proceso civil en la entidad. Esto es así porque se dirigen a regular: a) actuaciones judiciales; b) audiencias de conciliación; c) diligencias para el ofrecimiento y desahogo de pruebas; d) establecer reglas y definiciones para la sustanciación de los procedimientos civiles a través de medios electrónicos, posibilitando de esta forma la sustanciación de esos juicios en línea.

34. El Decreto impugnado reformó los artículos 52, párrafos primero y quinto, 82, párrafo primero y fracción IV, 282 bis, párrafo primero, 284, 290, párrafo segundo, y adicionó el Título Decimoquinto que comprende los numerales 1099 al 1113, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Así, por un lado, este Tribunal considera que las disposiciones reformadas –contenidas en los capítulos “De las Formalidades y de las Actuaciones Judiciales”, “De la Audiencia de Conciliación” y “Reglas Generales de la Prueba”– son normas procesales ya que: a) establecen la posibilidad de registrar actuaciones judiciales a través de medios electrónicos (artículo 52, párrafos primero y quinto)(18), y b) permiten la práctica de diligencias y audiencias de forma remota o presencial (artículos 82, párrafos primero y fracción IV(19) y 284),(20) así como la posibilidad de celebrarlas de manera remota o presencial (artículos 282 Bis, párrafo primero(21) y 290, párrafo segundo).(22) Es decir, las disposiciones objeto de reforma constituyen y regulan aspectos específicos del proceso, pues se introdujeron para permitir a las partes y al juzgador substanciar actuaciones, pruebas y diligencias por medios electrónicos, sin perjuicio de que se conserve la opción de sustanciarlo de manera presencial y escrita, es decir, “tradicional”.

35. Por otro lado, el Decreto impugnado adicionó el Título Decimoquinto y las disposiciones que lo contienen establecen una serie de reglas, términos y definiciones necesarias para quienes optan por sustanciar su procedimiento en línea.(23) En sus primeros dos capítulos: a) define los conceptos relacionados o necesarios para tramitar el juicio en línea, tales como “expediente electrónico”, “firma electrónica avanzada”, “notificaciones y promociones electrónicas” y “sistema informático” (artículo 1100);(24) b) ordena la creación de un sistema informático donde se substanciará el juicio en línea y se definen sus funciones (artículos 1101(25) y 1102);(26) c) establece los requisitos para el acceso, consulta de actuaciones, registros y resoluciones judiciales, al interior de la plataforma (artículos 1103 a 1106).(27) Su tercer capítulo regula las promociones electrónicas y la forma en que deben actuar los particulares que decidan optar por el juicio en línea: a) se les confiere la opción de presentar y contestar la demanda mediante la plataforma electrónica, así como solicitar el acceso al expediente en línea (artículo 1107);(28) b) se establecen requisitos a los que deben sujetarse las promociones electrónicas (artículo 1108);(29) c) se les permite revocar a los autorizados (artículo 1109);(30) d) se exige la firma electrónica avanzada como requisito para presentar promociones electrónicas (artículo 1110),(31) y e) se impone a los particulares la obligación de hacer saber a los tribunales y juzgados de las fallas técnicas que adviertan en el sistema para que, en todo caso, las promociones se presenten de forma física (artículo 1111).(32) Finalmente, el Capítulo IV también adicionado por el Decreto impugnado: a) reconoce validez legal de las notificaciones electrónicas e impone la obligación de enviarlas junto con todas las promociones, oficios o cualquier otro escrito que se hubiera acordado (artículo 1112),(33) y b) precisa que el usuario que acepte llevar el juicio en línea da su consentimiento para que las notificaciones se practiquen vía electrónica (artículo 1113).(34)

36. De la descripción de las normas impugnadas este Tribunal concluye que todas son materialmente procesales, en tanto regulan la actuación que deben tomar las partes, el juzgador, o todas las cuestiones centrales y necesarias para poder substanciar un juicio línea. Es decir, los contenidos de cada una de las normas se dirigen a incidir o regular aspectos propios de un proceso de carácter civil.

37. Ahora bien, este Pleno advierte que el siete de junio de dos mil veintitrés se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (en adelante “Código Nacional”), con el que el Congreso de la Unión ejerció la facultad contemplada en el artículo 73, fracción XXX, constitucional. El análisis de dicho ordenamiento sirve a este Tribunal para confirmar que las normas ahora impugnadas sí son de naturaleza procesal, pues incluso, regulan contenidos que fueron contemplados en la nueva legislación nacional.

38. En primer lugar, el artículo 2, fracción XXXI, del Código Nacional,(35) al igual que el 1099 del impugnado (ver supra nota 23) definen qué debe entenderse por procedimiento y juicio en línea. El primero es más amplio y refiere a todo procedimiento (contencioso o no) que se tramite utilizando los sistemas de justicia digital; el segundo, por su parte, lo entiende como el procesamiento de información virtual que permite la substanciación de asuntos jurisdiccionales ante el Poder Judicial del Estado. En todo caso, ambas codificaciones refieren a la posibilidad de tramitar juicios por vía virtual, conforme a las reglas que cada una disponga.

39. El Libro octavo. De la Justicia Digital cuyo Título Único. Del procedimiento en Línea e Integración del Expediente Judicial, que comprende los artículos 933 al 973 del Código Nacional introdujo un sistema normativo dirigido a regular los aspectos necesarios para la tramitación digital y en línea. Vale la pena hacer referencia a algunos de tales preceptos para evidenciar que, aunque con naturales diferencias, regulan los mismos aspectos que fueron contemplados por el Congreso local:

• Los artículos 933 a 938 del Código Nacional regulan cuestiones generales del proceso, tales como los principios que lo regirán (elegibilidad, equivalencia funcional o no discriminación; neutralidad tecnológica y seguridad de la información) así como la potestad de las partes para solicitar que su trámite sea digital. Además, prevé principios similares a los contenidos en los preceptos 52, párrafos primero y quinto, 82, párrafo primero y fracción IV, 282 bis, párrafo primero, 284, 290, párrafo segundo, y 1107 del Código impugnado (ver supra, notas 19 a 22, y 28), ya que habilitan a las autoridades judiciales para ordenar y a las partes para solicitar que los juicios se substancien de manera digital y en línea.(36)

• Sus artículos 939 a 946 refieren a la integración del expediente judicial; a las acciones que deberán realizarse de forma física y electrónica, y a las obligaciones que deben observarse para que ambos expedientes sean idénticos. Al igual que los 1100, fracción I, y 1105 del Código impugnado (ver supra, notas 24 y 27), se define el expediente electrónico y qué elementos lo integran (documentos digitalizados, promociones electrónicas, y el resto de las actuaciones judiciales que deriven del juicio).(37)

• Aunque con diferencias, tanto la codificación nacional como la local contienen disposiciones relativas para la consulta del expediente electrónico: mientras que la primera deja a los Consejos de la Judicatura (federal y locales) la emisión de los lineamientos a los que se tendrán que sujetar las partes para promover, consultar y acceder a los expedientes digitales,(38) los artículos 1103, 1104, 1107 y 1110 del Código local sí los desarrolla (ver supra, notas 27, 28 y 31).

• Los artículos 947 a 956 del Código Nacional regulan la digitalización de diligencias, promociones, resoluciones o cualquier otra actuación, así como el uso de la firma electrónica, su funcionamiento y los supuestos para efectos de las notificaciones. Al igual que los artículos 52, 1100, fracción II, 1108 y 1110 (ver supra, notas 18, 24, 29 y 31) del Código local, el Nacional exige el uso de la firma electrónica para toda promoción, documentación o actuación digital o electrónica(39) Asimismo, tal como lo hace la legislación local en sus artículos 1112 y 1113 (ver supra, notas 33 y 34), el Nacional regula el funcionamiento de las notificaciones digitales y las reglas para cuando surtirán efectos.(40)

• Los numerales 957 y 958(41) del Código Nacional regulan aspectos generales que deben observarse en el procedimiento en línea (autentificación mediante firma electrónica de las promociones; las reglas a seguir en las diligencias y audiencias; las medidas que se

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33534-a2041977/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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