I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOÁPAM, ESTADO DE OAXACA, TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA (ARTÍCULO 71, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 49, FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO POR EL QUE SE EXPIDIERON LAS CREDENCIALES DE ACREDITACIÓN DEL CARGO DE UN AGENTE DE POLICÍA (EXPEDICIÓN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA DE LA CREDENCIAL DE ACREDITACIÓN RESPECTO DEL CARGO DE AGENTE DE POLICÍA DE SAN ISIDRO ALOÁPAM EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOÁPAM, DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ, ESTADO DE OAXACA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 357/2023. MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOÁPAM, IXTLÁN DE JUÁREZ, ESTADO DE OAXACA. 10 DE ABRIL DE 2024. PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: PABLO RAÚL GARCÍA REYES. COLABORÓ: MARÍA DEL CARMEN CARRERA ALLARD.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: La expedición de una credencial que acredita en el cargo de Agente de Policía a Roque Cruz García.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente.
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional promovida por el Municipio de San Miguel Aloápam, Ixtlán de Juárez, Estado de Oaxaca en contra del Poder Ejecutivo de la entidad en la que impugna la expedición de una credencial que acredita a Roque Cruz García en el cargo de Agente de Policía en San Isidro Aloápam.
ANTECEDENTES
1. Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales de la Ciudadanía en el Régimen de Sistemas Normativos Internos. El veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, Roque Cruz García, Cayetano Cruz Alavez, Heriberto Alavez Cruz y Liberio Alavez Pérez, en su carácter de Agentes de Policía, Agente Suplente, Secretario y Tesorero, respectivamente, todos pertenecientes a la Agencia de Policía de San Isidro Aloápam, Municipio de San Miguel Aloápam, Distrito de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, promovieron ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca un juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía en el Régimen de Sistemas Normativos Internos.
2. En dicho juicio, demandaron del Presidente Municipal de San Miguel Aloápam y la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca, la omisión de expedirles sus nombramientos como autoridades auxiliares de la Agencia de Policía de San Isidro Aloápam, así como la omisión de la Secretaria de Gobierno del Estado de Oaxaca de expedirle la acreditación correspondiente como Agente de Policía de la citada comunidad.
3. Resolución. El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en sesión del ocho de junio de dos mil veintitrés, desechó de plano la demanda al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia consistente en la inexistencia del acto reclamado ya que las presuntas omisiones planteadas fueron subsanadas previo a la promoción del juicio.
4. En concreto, señaló que obraba en los autos de ese juicio el oficio SEGO/SDD/DJ/DC/1300/2023 de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, remitido por el Director Jurídico de la Secretaría de Gobierno, mediante el cual informó que el once de abril anterior se había entregado la credencial de acreditación de Agente de Policía de San Isidro Aloápam al actor Roque Cruz García.
5. Sin que pasara desapercibido que la parte actora se doliera también de la omisión del Presidente Municipal de recibir sus nombramientos y la toma de protesta para que se solicitaran las acreditaciones correspondientes ante la Secretaría de Gobierno, pues de acuerdo con dicho órgano esto únicamente se llevaba a cabo para la acreditación del representante o Agente Municipal o de policía de la comunidad, mas no así a las autoridades suplentes, tesorero o secretario de la agencia.
6. De ahí que, al haberse llevado a cabo la acreditación del Agente de Policía previo a la presentación de dicho medio de impugnación estimó que se actualizaba la improcedencia del mismo.
7. Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Wilfrido Cruz Alavéz, en su carácter de Síndico Municipal del Municipio de San Miguel Aloápam, Ixtlán de Juárez, Oaxaca, promovió controversia constitucional en representación del citado Municipio, en la que solicitó la invalidez de lo siguiente:
Entidad, poder u órgano demandado:
• Secretario de Gobierno del Estado de Oaxaca;
• Subsecretario de Fortalecimiento Municipal de la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca; y,
• Directora de Gobierno de la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca.
Norma general o acto cuya invalidez se demanda:
A las autoridades responsables les demando como acto reclamado la invasión de la esfera de competencias al otorgar el nombramiento y acreditación al Ciudadano ROQUE CRUZ GARCÍA, como Agente de Policía de la Agencia Municipal de San Isidro Aloápam, perteneciente a nuestro municipio de San Miguel Aloápam, Ixtlán de Juárez. Oaxaca, cuando desconocemos si se llevó a cabo la elección de dicha localidad dado que no nos informaron al respecto, porque es competencia de esta municipalidad que represento el calificar la elección de la agencia de policía y en su caso gestionar ante las responsables la acreditación como agente de policía.
8. Conceptos de invalidez. La parte actora esgrimió, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
• Manifiesta que el Poder Ejecutivo Estatal a través del Secretario de Gobierno, Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal y Directora de Gobierno, violentaron flagrantemente su competencia y autonomía municipal, transgrediendo el artículo 2°, apartado A, fracción III, Constitucional.
• Alega que su municipio se rige por asambleas generales comunitarias, en las que se toman decisiones de la naturaleza de la que se duele en el presente medio de defensa, pues tratándose de los problemas de la agencia de policía, los responsables generan deslealtad política y social a la comunidad, por su invasión de competencia.
• Alega que son inconstitucionales los actos que se realizaron de manera individual y conjunta por parte de las autoridades responsables, pues dichos actos van encaminados a perjudicar la competencia, autonomía y autodeterminación del ayuntamiento, ya que se transgrede la voluntad de la asamblea general comunitaria.
• Arguye que los municipios tienen personalidad jurídica y se gobiernan a través de un Ayuntamiento y en particular de su órgano supremo, Asamblea General Comunitaria, quien es la encargada de apegarse a la competencia plena para organizar su autonomía.
• Manifiesta que el artículo 41, fracción V, del Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, establece que la Dirección de Gobierno debe validar el trámite para la expedición de las credenciales de acreditación y el registro de sellos de las autoridades municipales y auxiliares, por tanto el titular de la Dirección de Gobierno de la Subsecretaría de Gobierno tiene la atribución de llevar el registro y control de las autoridades municipales y auxiliares del Estado, para la expedición oportuna de las credenciales correspondientes (artículo 44 del Reglamento en cita).
• Alega que el Poder Ejecutivo Local, a través de la Dirección de Gobierno deberá de realizar el trámite de expedición de las credenciales que acrediten a las autoridades, funcionarios y auxiliares municipales, ante la comparecencia de dichos funcionarios, los que deberán cumplir los requisitos expresamente previstos y al no hacerlo los responsables violan la competencia de la municipalidad.
9. Artículos constitucionales señalados como violados. Los preceptos que la parte actora estima violados son los artículos 2, 14, 16, 17 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
10. Trámite de la controversia. Por acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 357/2023 y turnó el expediente al Ministro Javier Laynez Potisek para que fungiera como instructor.
11. Admisión. Mediante proveído de ocho de agosto de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, en la que tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, mas no así, a la Secretaría General de Gobierno, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal y a la Dirección de Gobierno, todas pertenecientes al Estado de Oaxaca, en virtud de que se tratan de dependencias subordinadas a dicho poder.
12. Se ordenó emplazar al Poder Ejecutivo local para que formulara su contestación y al momento de formularla remitiera copias certificadas de todas las documentales relacionadas con el acto impugnado; ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que emitiera la opinión que le corresponde y mandó formar el cuaderno relativo con motivo del incidente de suspensión solicitado por la parte actora.
13. Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. El nueve de octubre de dos mil veintitrés, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, ostentándose como representante legal del Poder Ejecutivo del Estado, contestó la demanda planteada y señaló lo siguiente:
• De acuerdo con los artículos 25 del Reglamento Interno de la Secretaría de Gobierno y 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, la Dirección de Gobierno de Oaxaca es el órgano encargado de realizar la acreditación de todas las autoridades municipales dentro de las Agencias de Policías de los Municipios.
• Manifiesta que el Ejecutivo Local está facultado para expedir los nombramientos de los Agentes de la Policías de los Municipios, por lo que no se encuentra invadiendo la competencia del Municipio actor, pues el nombramiento y expedición de credenciales de los Agentes Municipales corresponde a la Secretaría del Gobierno del Estado de Oaxaca.
• El día que acudió de buena fe el ciudadano involucrado ante la Secretaria de Gobierno a solicitar su acreditación sin que se implicara poner en duda los documentos que presentó, se señaló que existía un conflicto intercomunitario entre la autoridad municipal y la asamblea comunitaria que él representaba por lo que a fin de evitar consecuencias irreparables, mantener la paz social y gobernabilidad y al no existir duplicidad de solicitudes o conflicto notorio, se procedió a emitir la acreditación correspondiente.
• La labor del municipio únicamente consistía en gestionar ante el Ejecutivo Estatal la solicitud de acreditación, toda vez que, la calificación de la elección llevada a cabo por la asamblea general comunitaria no requiere ser realizada por la autoridad municipal sino en todo caso por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, conforme a lo establecido en el artículo 32, fracción XXII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de dicha entidad federativa.
• Finalmente, arguye que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción II, de la Ley Reglamentaria, en virtud de que se está ante la inconformidad de la parte accionante por el ejercicio de un derecho político electoral (derecho de ser votado en su vertiente de desempeño de un cargo), lo que ya fue materia de un juicio para la protección de los derechos político electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos indígenas del que conoció el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.
14. Audiencia y cierre de instrucción. Agotado el trámite respectivo el veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos y se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes.
15. En acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintitrés, el Ministro Instructor cerró la instrucción para efecto de elaborar el proyecto de resolución.
16. Avocamiento. Por auto de diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, esta Segunda Sala, previo dictamen de radicación formulado por el Ministro ponente, se avocó al conocimiento del asunto.
CONSIDERANDO
17. PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Puntos Segundo, fracción I y Tercero del Acuerdo 1/2023,(1) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril del año en cita, por tratarse de un asunto en el que se estima que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
18. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros y Ministras Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek (ponente) y Presidente en funciones Luis María Aguilar Morales. Ausente el Ministro Alberto Pérez Dayán.
19. SEGUNDO. Precisión de los actos impugnados. En términos del numeral 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,(2) es dable fijar los actos u omisiones objeto de esta controversia y apreciar las pruebas respectivas para tenerlos o no por demostrados.
20. En el apartado correspondiente de su demanda el municipio actor señaló como acto reclamado, el siguiente:
A las autoridades responsables les demando como acto reclamado la invasión de la esfera de competencias al otorgar el nombramiento y acreditación al Ciudadano ROQUE CRUZ GARCÍA, como Agente de Policía de la Agencia Municipal de San Isidro Aloápam, perteneciente a nuestro municipio de San Miguel Aloápam, Ixtlán de Juárez. Oaxaca, cuando desconocemos si se llevó a cabo la elección de dicha localidad dado que no nos informaron al respecto, porque es competencia de esta municipalidad que represento el calificar la elección de la agencia de policía y en su caso gestionar ante las responsables la acreditación como agente de policía.
21. Como se observa, el actor reclama del Poder Ejecutivo de la entidad el haber otorgado el nombramiento y acreditación a Roque Cruz García como Agente de Policía de la Agencia de San Isidro Aloápam, perteneciente al Municipio de San Miguel Aloápam, Ixtlán de Juárez, Oaxaca.
22. No obstante, del análisis de los conceptos de invalidez propuestos, de la contestación del Poder Ejecutivo local, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que lo efectivamente impugnado de la autoridad demandada no es el haber otorgado el nombramiento, sino la expedición de una credencial que acredita en el cargo de Agente de Policía a Roque Cruz García.
23. Lo cual se sustenta en el nombramiento realizado por la comunidad de San Isidro Aloápam en el Municipio de San Miguel Aloápam, Ixtlán de Juárez, Oaxaca, conforme al acta de la Asamblea General de uno de noviembre de dos mil veintidós.
24. Por lo tanto, ese acto es el que se debe tener por impugnado.
25. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros y Ministras Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek (ponente) y Presidente en funciones Luis María Aguilar Morales. Ausente el Ministro Alberto Pérez Dayán.
26. TERCERO. Oportunidad. A continuación se determinará si la controversia fue promovida en tiempo contra el acto impugnado.
27. De conformidad con el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia,(3) tratándose de actos, el plazo para la promoción de controversias constitucionales será de treinta días, contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
28. El Municipio actor impugna la expedición de una credencial que acredita a Roque Cruz García como Agente de Policía de la Agencia Municipal de San Isidro Aloápam, perteneciente al Municipio de San Miguel Aloápam, Ixtlán de Juárez, Oaxaca; siendo que el nueve de junio de dos mil veintitrés, mediante oficio TEEO/SG/A/4692/2023, se le notificó la resolución de ocho de los citados mes y año mediante la cual se desechó de plano la demanda que dio inicio al Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía en el Régimen de los Sistemas Normativos Internos.
29. Lo anterior, al considerar que constaba que a través del diverso oficio SEGO/SDD/DJ/DC/1300/2023 de cuatro de mayo del año en cita, el Director Jurídico de la Secretaría de Gobierno informó a ese órgano jurisdiccional que ya había sido entregada la credencial al ciudadano antes referido.
30. Así, el plazo de treinta días para promover la controversia constitucional transcurrió del trece de junio al ocho de agosto de dos mil veintitrés, descontándose los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco de junio, uno, dos, ocho, nueve de julio, cinco y seis de agosto, todos de dos mil veintitrés; así como del quince al treinta y uno de julio de la referida anualidad, de conformidad con los artículos 2(4) y 3(5) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 3o. y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
31. En consecuencia, toda vez que la demanda de controversia constitucional se presentó el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, según se advierte del sello de recepción, es evidente que su presentación fue oportuna.
32. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros y Ministras Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek (ponente) y Presidente en funciones Luis María Aguilar Morales. Ausente el Ministro Alberto Pérez Dayán.
33. CUARTO. Legitimación. La demanda fue presentada por parte legítima.
34. En el caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por Wilfrido Cruz Alavéz, en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Aloápam, Ixtlán de Juárez, Oaxaca, quien acredita su personalidad con los siguientes documentos en copia certificada:
a) Constancia de mayoría y validez de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, de la que se advierte que Wilfrido Cruz Alavéz fue electo como Síndico Municipal; y,
b) Nombramiento de Wilfrido Cruz Alavéz como Síndico Municipal, por el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés.
35. Asimismo, del artículo 71, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, se advierte que es atribución de los síndicos representar jurídicamente al municipio en los litigios en los que éstos fueren parte.(6)
36. Por tanto, debe concluirse que el promovente tiene legitimación en la presente controversia para representar al Municipio de San Miguel Aloápam, Ixtlán de Juárez, Oaxaca, en tanto que en autos se encuentra acreditado su carácter de Síndico Municipal, funcionario a quien la Ley Orgánica Municipal de la entidad le otorga facultades para acudir a juicio en defensa de los intereses del Municipio correspondiente.
37. Por cuanto hace a la legitimación de la autoridad demandada, debe señalarse que, en representación del Poder Ejecutivo de Oaxaca contestó la demanda el Consejero Jurídico del Estado, Geovany Vásquez Sagrero, quien acreditó su personalidad con la copia certificada de su nombramiento, expedido por el Gobernador constitucional de la entidad el uno de diciembre de dos mil veintidós.
38. En términos del artículo 49, fracción VI,(7) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se prevé que corresponde a la Consejería Jurídica representar al Ejecutivo en las controversias constitucionales en las que sea parte, por lo que es de concluirse que cuenta con la representación del Poder Ejecutivo, el cual tiene legitimación pasiva en este medio de control constitucional por ser a quién se le atribuye el acto impugnado.
39. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros y Ministras Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek (ponente) y Presidente en funciones Luis María Aguilar Morales. Ausente el Ministro Alberto Pérez Dayán.
40. QUINTO. Causas de improcedencia. Esta Segunda Sala advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el artículo 20, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, al haber cesado en sus efectos el acto cuya invalidez se demanda en esta controversia constitucional, por las razones que enseguida se señalan.
41. Los citados preceptos legales prevén como causa de improcedencia de la controversia constitucional la cesación de los efectos de la norma general o acto impugnado, en los siguientes términos:
Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
(...)
V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;
(...)"
"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
(...)
II. Cuando durante el ejercicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior.
42. Por otra parte, los artículos 105, fracción I y III, penúltimo párrafo de la Constitución Federal y 45 de su Ley Reglamentaria establecen:
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
[...].
III. [...] La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.
Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.
43. El alcance de las disposiciones legales acabadas de reproducir, en cuanto a la cesación de efectos se refiere, ha sido interpretada por el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J. 54/2001 de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS."(8)
44. De la jurisprudencia señalada, se desprende que, tratándose de la controversia constitucional, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo de la Constitución Federal y 45 de su Ley Reglamentaria.
45. Ahora bien, como se adelantó, en la presente controversia constitucional se impugna del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca la expedición de una credencial que acredita al ciudadano Roque Cruz García en el cargo de Agente de Policía.
46. No obstante, de las constancias que obran en autos se advierte que dicho Agente fue nombrado por la comunidad de San Isidro Aloápam en el Municipio de San Miguel Aloápam, Ixtlán de Juárez, Oaxaca, mediante Asamblea General de uno de noviembre de dos mil veintidós, para fungir en ese cargo durante el período del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, de modo que fue electo sólo durante ese año.(9)
47. Por lo anterior, es evidente que los actos combatidos cesaron en sus efectos totalmente al desaparecer la afectación reclamada por esta vía, pues la expedición de esa credencial para el cargo de Agente de Policía a favor de Roque Cruz García, dejó de surtir sus efectos al concluir el período por el cual se le designó.
48. En este orden de ideas, aun y cuando se estudiara el fondo del presente asunto y, en su caso, se declarara la invalidez de lo impugnado, la sentencia no podría surtir plenos efectos respecto de aquél.
49. Similares consideraciones sostuvo la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 278/2019.(10)
50. Por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el 45, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede sobreseer en la presente controversia constitucional, de conformidad con la fracción II del artículo 20 del propio ordenamiento legal.
51. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros y Ministras Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek (ponente) y Presidente en funciones Luis María Aguilar Morales. Ausente el Ministro Alberto Pérez Dayán.
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la presente controversia constitucional.
Notifíquese; haciéndolo por oficio a las partes, y en su oportunidad devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cuatro votos de los Ministros y Ministras Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek (ponente) y Presidente en funciones Luis María Aguilar Morales. Ausente el Ministro Alberto Pérez Dayán.
Firman el Ministro Presidente en funciones de la Segunda Sala y el Ministro Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
PRESIDENTE EN FUNCIONES DE LA SEGUNDA SALA
MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES
PONENTE
MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK
SECRETARIA DE ACUERDOS
CLAUDIA MENDOZA POLANCO
Esta hoja corresponde a la controversia constitucional 357/2023, fallada en sesión de diez de abril de dos mil veinticuatro. CONSTE.
________________
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
(...)
i).- Un Estado y uno de sus Municipios;
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
(...)
Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones:
(...)
VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda;
ACUERDO GENERAL NÚMERO 1/2023, DE VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE EL PLENO CONSERVARÁ PARA SU RESOLUCIÓN, Y EL ENVÍO DE LOS DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA A LAS SALAS Y A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.
SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:
I. Las controversias constitucionales, salvo en las que deba sobreseerse y aquéllas en las que no se impugnen normas de carácter general, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención.
Una vez resuelto el problema relacionado con la impugnación de normas generales, el Pleno podrá reservar jurisdicción a las Salas para examinar los conceptos de invalidez restantes, cuando así lo estime conveniente;
(...)
TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Plenos Regionales o a los Tribunales Colegiados de Circuito.
2. Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados;
(...)
3. "Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la Ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos; (...)".
4. Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200951-a2ec5046/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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