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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LAS NORMAS IMPUGNADAS, AL HABER SIDO REFORMADAS POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (DECRETO 65-678, POR EL QUE SE REFORMARON LOS ARTÍCULOS 88 Y 89 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 216/2023. · Registro digital (IUS): 200971
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 216/2023. DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: KATHIA GONZÁLEZ FLORES.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 216/2023, promovida por Diversos Diputados integrantes del Congreso del Estado de Tamaulipas, contra el Decreto 65-678, por el que se reformaron los artículos 88 y 89 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, publicado el veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.

El problema jurídico a resolver por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si se actualiza o no la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos de las normas generales impugnadas ante un cambio de sistema normativo en los artículos 88 y 89 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el trece de noviembre de dos mil veintitrés, diversos integrantes del Congreso del Estado de Tamaulipas promovieron la presente acción de inconstitucionalidad; señalaron como norma general impugnada el Decreto 65-678, por el que se reformaron los artículos 88 y 89 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, publicado el veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.

2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, los promoventes expusieron los siguientes conceptos de invalidez:

• Primero. Es inconstitucional que el Decreto impugnado otorgue a la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, como mero órgano de concertación política, la facultad para nombrar al Auditor Superior del Estado, así sea supuestamente con carácter interino, pues dicha facultad está constitucionalmente reservada al Pleno del Congreso del Estado por mayoría calificada, disponiéndose además ciertas garantías de autonomía.

• El Estado de Tamaulipas no goza de libertad de configuración en aquellos aspectos en que la Constitución Federal y la del Estado de Tamaulipas dispongan ciertas garantías en beneficio de la autonomía de las instituciones que desempeñan funciones técnicas, como las atribuidas constitucionalmente en el artículo 74 y 116 de la Auditoría Superior de la Federación y sus homólogos órganos de fiscalización superior de las entidades federativas, respectivamente.

• Como ha asentado la Suprema Corte en diversas acciones de inconstitucionalidad (entre ellas la 157/2021) uno de los métodos por los que el Constituyente Permanente de la Unión, así como el local, tuvieron a bien establecer garantías constitucionales para asegurar que las tareas desempeñadas por los órganos autónomos –tareas de carácter técnico– sean desempeñadas con independencia de las presiones de otros poderes, es que se aceptan los procedimientos por mayoría calificada, reconociendo que si bien otorgan rigidez a los procedimientos, con ese mecanismo se respeta el principio de pesos y contrapesos y propician la negociación política. Al disponer el artículo 116 constitucional la obligatoriedad de que los Auditories Superiores de los Estados sean electos por mayoría calificada, lo que buscó el Constituyente Permanente fue que los congresos eligieran perfiles sobre los que no existiera objeción de alguna mayoría respecto a su imparcialidad, y que su proceso de designación fuera producto de una negociación producto de una deliberación democrática reforzada. En el mismo sentido, a los titulares de dichos órganos se les dotó de una larga duración en el cargo (mínimo de siete años), con lo que se pretendió que éstos no quedaran sujetos a las presiones políticas de los Gobernadores, cuya duración es menor.

• El supuesto interinato que se pretende reglar con las normas impugnadas es materialmente un cargo equivalente al del Titular de la Auditoría Superior del Estado; si dicho interino ejercerá las mismas facultades que el Auditor Titular, se está ante un fraude legislativo que únicamente pretende, ante la nula anticipada voluntad de no construir consensos políticos con fuerzas opositoras para lograr la mayoría calificada constitucionalmente establecida.

• Las tareas de la Junta de Gobierno –que antes eran facultades desempeñadas por la Junta de Coordinación Política– se limitan a la construcción de consensos políticos para llevar propuestas al Pleno del Congreso, limitando su intervención en ese nombramiento a consensuar perfiles para ser sometidos a votación de mayoría calificada, pero no puede reconocérsele facultad para expedir propiamente decretos por mayoría, pues es un órgano de mero trámite interparlamentario.

• Resulta desafortunada la argumentación en comisiones de los promoventes de la reforma impugnada, quienes sostienen que “quien pueda lo más puede lo menos”; pues no se trata del mismo órgano, uno es el Pleno y otro la Junta, y tampoco es válida la analogía de que son comparables las funciones de la junta como “presentador de propuestas” a “designador de funcionarios”. Más aún siendo la Junta de Gobierno y el Congreso de Tamaulipas entes públicos, no ha lugar a realizar prórroga de competencia y asunción de atribuciones por analogía, pues se vulnera el principio de legalidad, en atención a que las autoridades sólo pueden realizar lo que les está permitido.

• Reformar el proceso de designación del Auditor Superior del Estado en los términos que regula el Decreto impugnado conllevaría a concentrar en un órgano ajeno al Pleno del Congreso y, por ende, de menor número de integrantes (integrantes de una sola expresión partidista) dicha atribución, lo que constituye un acto de exclusión parlamentaria lacerante de los principios rectores de representación democrática del Congreso del Estado como representante del Pueblo de Tamaulipas, situación que ameritaría pertenecer a una de las categorías sospechosas, un análisis de estricto escrutinio, pues nos encontramos ante una situación de discriminación hacía las minorías parlamentarias por convicción ideológica, lo que menoscaba los derechos de los actores a la dignidad y no discriminación.

• Segundo. Es inconstitucional que la reforma, al supuestamente regular la figura del interinato, que además según su motivación pretendía originalmente regular la provisionalidad de un auditor, situación que genera incertidumbre jurídica grave, aunado a que no se disponen cualidades específicas para el perfil que ocupe el cargo de Auditor Superior del Estado Interino.

• Reconociendo precisamente que las funciones técnicas del Órgano de Fiscalización Superior, desde su creación amerito que se garantizará que los perfiles que ocuparían dichos encargos fueran de notoria probidad, disponiéndose expresamente que debían tener cinco años de experiencia en control, auditoría financiera y de responsabilidades. Por tanto, resulta violatorio de la Constitución que quieran los promoventes justificar que al formar la Auditoría y ser parte del Congreso, pueden ellos elegir perfiles con plena libertad, como si se tratara de una facultad soberana y discrecional del Congreso.

• Los órganos de fiscalización superior juegan un papel fundamental en el combate a la corrupción, al ser entidades que realizan investigaciones y formulan denuncias, conculcando la protección al derecho humano de las víctimas de los delitos de corrupción, por lo que no puede obviarse que sus titulares, así sean llamados interinos, no deban cumplir los requisitos que la Constitución Federal exige para el Auditor titular, pues desempeñan las mismas funciones que éste.

• La relevancia de dichos requisitos ha sido confirmada al reconocerse la naturaleza de las funciones de la Auditoría, en la controversia constitucional 87/2003, en que se estableció que “la revisión de las cuentas públicas es una tarea preponderantemente técnica que requiere de conocimientos especializados en materia de auditoría”.

• Tercero. Es inconstitucional que la Junta de Gobierno designe al Auditor Superior Interino, dado que dicha junta es ilegal de origen, atendiendo a los principios de legalidad y seguridad jurídica, pues el Decreto que la creó es nulo de pleno derecho, al haberse emitido por menos de veinticuatro votos de treinta y seis integrantes del Congreso, en contravención a la Ley Interna del Congreso, aunado a que ese Decreto se expidió en una sesión extraordinaria convocada por una diputación permanente ilegalmente integrada, mediante una reunión de sólo cuatro de siete diputados. Es un hecho notorio que los actores promovieron las acciones de inconstitucionalidad 177/2023 y 178/2023 contra el Decreto referido, mediante el que se creó la Junta de Gobierno, por lo que cualquier acto, más aún uno definitivo como es un nombramiento de tal importancia, resultaría viciado de origen.

• La circunstancia de que el análisis de la constitucionalidad de ese Decreto se encuentre en trámite no significa que no se pueda realizar un análisis del concepto de invalidez planteado, puesto que la multiplicidad de las arbitrariedades cometidas por un órgano arbitrariamente creado debe significar para los justiciables pluralidad de juicios constitucionales que paralelamente determinen que dicho órgano y sus actuaciones son ilegales, sin hacer depender un juicio de la resolución de uno previo, pues ello vulneraría el principio de justicia pronta.

• En las acciones de inconstitucionalidad 66/2023, 101/2023, 160/2023, 176/2023, 177/2023 y 178/2023 se combaten reformas a la ley interna, argumentándose también en los conceptos de invalidez que dichas reformas fueron aprobadas sin el número de votos necesarios, convirtiéndose el Congreso de Tamaulipas en un consuetudinario emisor de normas nulas.

• Por otra parte, viola también el principio de legalidad el hecho de que el dictamen haya sido emitido fuera del tiempo máximo permitido por la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado.

• Asimismo, resulta imposible que el Gobernador haya ejercido su personalísima capacidad de participar en el proceso legislativo mediante el uso de potestad de promulgación, así como por parte del Secretario General de Gobierno para realizar el refrendo ministerial, puesto que ninguno de los dos se encontraba en Ciudad Victoria el día que fue recibido y publicado el Decreto en la residencia oficial del Poder Ejecutivo Estatal, por lo que es de concluirse que el Decreto impugnado no fue promulgado realmente por el Ejecutivo y refrendado por el Secretario General de Gobierno, sino posiblemente por la Consejera Jurídica del Gobierno o personal del Periódico Oficial.

• Tercero (cuarto en su correcta numeración). La reforma impugnada es retroactiva y privativa, por lo que vulnera los artículos 13 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer el transitorio su vigencia inmediata y durante el encargo del actual Auditor Superior del Estado, y teniendo él mismo facultades para disponer sobre su organización interna, la norma resulta en una ley expresamente creada para mermar sus facultades en su perjuicio de manera retroactiva y con una afectación individualizada a sus derechos humanos como servidor público, lo que representa una intromisión indebida al pleno ejercicio del derecho a tomar un cargo público de acuerdo al artículo 35, fracción VI, de la Constitución Federal.

• Cuarto (quinto en su correcta numeración). La reforma impugnada viola la autonomía constitucional establecida en favor del órgano de Fiscalización Superior, al infringir su facultad para proveer sobre su normativa interna.

• La Constitución General de la República no sólo reconoció autonomía de gestión para desempeñar su trabajo al Titular del Órgano de Fiscalización Superior, sino que también le dotó de atribuciones para expedir normativa interna. Una de las principales características de la misma esfera regulatoria lo es la disposición relativa a quienes desempeñarán las funciones por ausencia del Auditor, que de acuerdo al proceso legislativo es también la razón de ser de la iniciativa, al mezclar los conceptos de interinato y provisionalidad.

• Por ende, la reforma impugnada materialmente regula un aspecto que es propio de un asunto que cabe en el ámbito de control reservado en favor de la capacidad legislativa otorgada al titular del Órgano Superior de Fiscalización, y no así al Congreso del Estado en su facultad para expedir normas generales.

• Si en el caso el objetivo es que quien encabece las funciones mantenga ciertos atributos de objetividad e imparcialidad, alejado de presiones o subordinaciones indebidas, resulta un mejor modelo en favor de la democracia actual, en que un órgano constituido conforme a la norma, que obtuvo una mayoría calificada y en uso de sus facultades de normativa interna tuvo a bien nombrar ciertos perfiles y, por vía reglamentaria, facultarle para sustituirle, con la misma lógica en que es constitucional la designación de los fiscales de delitos electorales o combate a la corrupción por parte del Fiscal General de la República (autónomo), que el mecanismo intentado a través de la reforma impugnada, en que se pretende que un órgano del Congreso nombre a un servidor público con las mismas funciones jurídico materiales que tendría el titular de la Auditoría Superior del Estado, configurándose una subordinación de un poder a otro, situación prohibida en los artículos 47 y 116 constitucionales.

• Por ende, para que ante la ausencia del titular que fue nombrado por dos terceras partes y posee las cualidades exigidas en la Constitución, siga trabajando como equipo de modo sistemático, sin interrupciones, es que deben respetarse las disposiciones contenidas en el reglamento interior expedido soberanamente por el Auditor Superior del Estado, para resolver lo conducente en caso de su ausencia, hasta que no sea nombrado quien le sustituya, por las dos terceras partes de los Diputados del Congreso del Estado, pues debe tener preponderancia la continuación del trabajo del órgano, y existe una presunción de que quien fue nombrado por mayoría calificada y cubre los requisitos legales podrá disponer normativamente sobre quien le sustituya provisionalmente, y no así una imposición por un órgano de naturaleza política, como lo es la Junta de Gobierno.

• La relación de la Auditoría Superior de la Federación y sus similares en las entidades federativas con el Congreso no es de subordinación, sino de coordinación. Cada uno tiene delimitadas competencias, incluyendo las de carácter regulatorio.

• El Congreso del Estado, como órgano emisor de la reforma impugnada, sólo cuenta con atribuciones para homologar las disposiciones constitucionales federales, no para restringirlas, condicionarlas, modificarlas o suprimirlas; en consecuencia, se encuentra inhabilitado para establecer, a través de su Junta de Gobierno, la designación de manera provisional de un Auditor interino, figura que constitucional y legalmente resulta inexistente.

• Es inviable regular a través del Decreto impugnado que se designe a la persona titular de la Auditoría Superior del Estado sin cumplir con el requisito de mayoría calificada que exige la Constitución, más aun que dicha designación sea a través de un órgano ajeno al Pleno del Congreso, ya que si bien tanto la Constitución Federal como la local son omisas en regular expresamente el proceso de suplencia del Titular de la Auditoría Superior del Estado, dicho aspecto no es susceptible de ser regulado a través del Decreto impugnado, en respeto a la autonomía de gestión de la Auditoría Superior.

• De conformidad con los artículos 116, fracción II, sexto párrafo, constitucional; 58, fracción VI, párrafo segundo, 76, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 3, 4, fracciones V y VI, 84, fracción VII, 90, fracción V, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, atendiendo a la autonomía de gestión que constitucional y legalmente faculta a la Auditoría Superior del Estado, que le delega para decidir sobre su organización interna, tal atribución constitucionalmente se encuentra reservada y regulada en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.

• Se vulnera el principio de supremacía constitucional regulado en el artículo 133 de la Constitución Federal, como equilibrio de poderes ante el trastoque de las instituciones por parte de las fuerzas políticas mayoritarias, máxime que el Decreto impugnado pretende equiparar inconstitucionalmente el proceso de designación del Titular con la suplencia por ausencia del mismo, lo que es incongruente porque ambas figuras carecen de vinculación en razón de que la designación es definitiva y debe ser por mayoría calificada, en tanto que la suplencia es temporal y debe regularse reglamentariamente de conformidad con la autonomía de gestión con la que constitucionalmente goza la Auditoría Superior del Estado.

• Contrario a lo señalado por los impulsores de la reforma, el hecho de que la Auditoría Superior del Estado “sea parte del Congreso” sólo atiende a que es el Congreso quien aprueba las cuentas públicas. Por la naturaleza de su función, la Auditoría desarrolla trabajos técnicos que se rigen bajo los principios de legalidad, objetividad, autonomía e imparcialidad que, al igual que la Auditoría Superior del Estado, desempeñan funciones atendiendo a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, gozando también de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, incluyendo la facultad regulatoria sobre su organización interna, así como otras atribuciones de naturaleza penal y de responsabilidades administrativas, por lo que es fundamental que con la reforma no se cree una relación de subordinación que rompa el principio de separación de poderes.

• Se destaca la Declaración de Lima de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, en que se determinó que “el cumplimiento efectivo y eficaz de los mandatos legales y constitucionales de las Entidades de Fiscalización, sólo puede cumplirse si son independientes y están protegidas contra influencias externas”. Premisa adoptada en el dos mil uno por el XVII Congreso de la citada organización, al determinar que las Entidades de Fiscalización “sólo pueden realizar sus cometidos si son independientes de la institución fiscalizada”, dando sustento a la Declaración de Independencia formulada en dos mil siete en México por el XIX Congreso de la mencionada organización; postulado que la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental adoptó en abril de dos mil nueve, a través de la Declaración de Zacatecas.

3. Formación de expediente y turno. Mediante acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se formara y registrara el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 216/2023, y lo turnó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para que fungiera como instructora.

4. Admisión. Por medio del auto emitido el dos de enero de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; también ordenó que se diera vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tamaulipas para que rindieran sus informes respectivos, así como para que el Legislativo enviara copia certificada del proceso legislativo del Decreto impugnado y el Ejecutivo remitiera un ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial respectivo; por último, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. 5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. Por escrito recibido el veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas rindió el informe en representación del Poder Ejecutivo Local, en los términos siguientes:

• Es cierto que el Titular del Ejecutivo local promulgó y ordenó la publicación del Decreto impugnado, con apego a lo ordenado en el artículo 91, fracción V, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; no obstante, ni la promulgación ni la publicación fueron impugnadas por vicios propios.

• En sesión pública de cinco de diciembre de dos mil veintitrés, el Congreso de Tamaulipas expidió el Decreto 65-776, por el que nuevamente se reformaron los artículos 88 y 89 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas (aquí impugnados). Dicho Decreto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el seis de diciembre siguiente. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos.

• En el caso, los promoventes sustentan la ilegalidad de la promulgación y publicación del Decreto 65-678, al sostener que hay publicaciones en internet, en Facebook y diversas páginas, de cuentas electrónicas que ponen en evidencia que se encontraban en otros lugares, en las que participaron el Gobernador del Estado y el Secretario General de Gobierno, respectivamente, lo que constituye una afirmación subjetiva, carente de razonamiento jurídico concreto que ponga en evidencia la ilegalidad de esos actos.

• Por otra parte, se precisa que la acción de inconstitucionalidad no es un medio para constatar posibles violaciones a los derechos fundamentales de los individuos, pues para ese efecto existe en el ordenamiento jurídico mexicano, el juicio de amparo, o el de protección de derechos político-electorales del ciudadano. Así, dada la naturaleza abstracta de la acción de inconstitucionalidad, las partes legitimadas que la promueven no la pueden ejercer para deducir un derecho propio o para defenderse de los agravios que eventualmente les pudiera causar la norma general cuya invalidez planteen. Se considera entonces que cuando se hagan valer violaciones al procedimiento legislativo que dio origen a las normas generales impugnadas, omitiendo los promoventes formular conceptos de invalidez específicos contra éstas, es decir, al no cuestionar el contenido resultante de tal procedimiento, deben prevalecer las normas no impugnadas, las cuales gozan de presunción de validez, y en ese sentido, debe sobreseerse en el asunto, pues se estima que no hacen valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto no plantean la no conformidad con la Constitución de las normas generales contenidas en los artículos 88 y 89 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas. Además, tratándose de las reformas a la ley impugnada, es de advertir que se realizaron con el objeto de que la Junta de Gobierno del Congreso del Estado designe de manera provisional a un Auditor Interino, hasta en tanto se realice la designación correspondiente.

• Con base en lo anterior, el Decreto impugnado tiene como finalidad garantizar el orden público y el interés social mediante el establecimiento de los mecanismos que permitan el legal funcionamiento de la Auditoría Superior.

6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado rindió el informe en representación de dicho órgano, en los términos siguientes:

• Se actualiza una causa de improcedencia por cesación de efectos de las normas impugnadas, al existir un nuevo acto legislativo que las modificó, en concreto, el seis de diciembre de dos mil veintitrés se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto 65-776, mediante el que se reformaron nuevamente los artículos 88 y 89 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas.

• En cuanto al primer concepto de invalidez, la Constitución Federal no establece un curso de acción para el caso de que no se logre elegir al Auditor Superior del Estado. La Legislatura debe garantizar que al frente de la Auditoría haya un titular o, en su defecto, se nombre provisionalmente a un interino, lo contrario vulneraría el propósito del Constituyente porque la función de la fiscalización no se puede suspender. Por ende, es falaz el razonamiento de los promoventes en cuanto a que “el Estado de Tamaulipas no goza de libertad configurativa”, pues el legislador local tiene libertad para regular la forma de cubrir la vacante del Auditor titular, ya sea por ministerio de ley o mediante designación temporal de un Auditor interino. Además, la figura del Auditor y del Auditor interino no es la misma, pues la segunda es subsidiaria o por defecto, únicamente cuando no se logre la elección del definitivo.

• Es inexacto lo afirmado por los actores en el sentido de que la Junta de Gobierno es un mero órgano de concertación política, toda vez que ésta es el órgano de dirección política del Congreso, en términos del artículo 40 de la Constitución Estatal, aunado a que su integración es con los coordinadores de cada grupo parlamentario, por lo que incluso el grupo parlamentario al que pertenecen los promoventes forma parte de la Junta.

• Es infundado el segundo concepto de invalidez, pues la reforma que regula el interinato no es inconstitucional aunado a que no genera incertidumbre, tampoco es necesario que se prevean cualidades específicas para el perfil del Auditor Superior, porque los requisitos ya están previstos normativamente y no son materia del decreto cuestionado. Aunado a lo anterior, la reforma colma los requisitos de fundamentación y motivación.

• Es inatendible el tercer concepto de invalidez, relativo a que la Junta de Gobierno del Congreso es un órgano ilegal, pues la materia de esta acción no son actos concretos cuya aplicación les agravie o vicie la emisión de un nombramiento de la citada Junta. Además, con su argumento los actores cuestionan un decreto impugnado en acciones distintas (177/2023 y 178/2023), por lo que éste es extemporáneo y, aun si fuera oportuno, el alegato sería infundado porque son válidos tanto el procedimiento legislativo como la votación a partir de la que surgió, en la ley interna del Congreso, la figura de la Junta de Gobierno.

• Por otra parte, la aseveración de los accionantes en el sentido de que al promulgarse el Decreto impugnado no estaban en Ciudad Victoria ni el Gobernador ni su Secretario General son meras conjeturas.

• Es infundado el concepto de invalidez relativo a que la reforma controvertida es retroactiva y privativa, pues el hecho de que ésta haya entrado en vigor al día siguiente de su publicación no significa que sea retroactiva o que mermara las facultades en perjuicio de quien, en ese momento fungía como Auditor Superior del Estado, pues la reforma no obró sobre el pasado.

• Es infundado lo alegado en el concepto de invalidez respecto a que la reforma vulnera la autonomía del Órgano de Fiscalización Superior, al infringir su facultad para proveer sobre su normativa interna, pues si las entidades de fiscalización gozan de autonomía, entre otras cosas para decidir sobre su organización interna, ello no llega al punto de que desplacen al legislador local de su atribución de expedir leyes enfocadas a garantizar la función de la fiscalización. La autoridad estatal de fiscalización carece de competencias legislativas, y si bien tiene facultad reglamentaria, la función legislativa corresponde únicamente a la legislatura local, a condición de que garantice a la Auditoría Superior la autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones.

7. Alegatos. La parte actora, el Legislativo y el Ejecutivo del Estado formularon los alegatos que estimaron pertinentes, los cuales fueron agregados, respectivamente, en auto de cinco de agosto de dos mil veinticuatro.

8. Cierre de la instrucción. En el mismo auto de cinco de agosto de dos mil veinticuatro la Ministra instructora consideró que el expediente estaba debidamente integrado y acordó el cierre de instrucción, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

9. Avocamiento. Previo el dictamen de mérito, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento.

10. Consecuente, con ello, el cinco de noviembre de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de la Segunda Sala determinó el avocamiento para conocer de la acción de inconstitucionalidad, así como que el expediente se remitiera a la Ministra instructora para el dictado del proyecto correspondiente.

I. COMPETENCIA

11. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso d) de la Constitución Federal,(1) 10, fracción I(2) y 21, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(3) en relación con los puntos Segundo, fracción II, a contrario sensu, y Tercero del Acuerdo General del Tribunal Pleno número 1/2023,(4) en tanto se planteó la posible contradicción entre una norma local y la Constitución Federal.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

12. En términos de lo dispuesto por el artículo 41, fracción I,(5)

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200971-4063f7a6/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-cesacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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