I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA PUEDE HACERSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO SEA EXPRESO Y SE REFIERA A ACTOS Y NO A NORMAS GENERALES. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA PARTE ACTORA CUANDO NO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES (LA PUBLICACIÓN Y ORDEN DE VIGENCIA DEL DECRETO 479, EN LA GACETA PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 80/2024. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 4 DE DICIEMBRE DE 2024. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y DE LOS MINISTROS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
S E N T E N C IA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 80/2024, promovida por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, en contra del Poder Legislativo del Estado.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. PRIMERO. Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Samuel Alejandro García Sepúlveda, quien se ostentó como Gobernador del Estado de Nuevo León, promovió controversia constitucional en contra del Poder Legislativo del referido Estado, en la que impugna lo siguiente:
“IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:
Decreto 479, publicado en Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de Nuevo León en fecha ocho de Febrero del dos mil veinticuatro”.
2. SEGUNDO. Antecedentes. La parte actora señaló como hechos relevantes los siguientes:
- Fue aprobado en Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los veintinueve días del mes de noviembre del dos mil veintitrés, el DECRETO 479, que consiste en Expedición del Código de Ética para el H. Congreso del Estado de Nuevo León.
- El Congreso del Estado de Nuevo León, lleva a cabo el proceso de publicación y orden de inicio de vigencia del decreto siguiente en las fechas siguientes a través de la gaceta legislativa, y el decreto publicado vía la gaceta legislativa son los siguientes:
Ver link de publicación del Decreto 479
- De igual forma dicho decreto fue publicado en los diarios el Horizonte y el porvenir en fecha de ocho de febrero de dos mil veinticuatro.
3. TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora formuló los siguientes conceptos de invalidez:
PRIMERO: LA ORDEN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO 479, Y SU VIGENCIA A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA LEGISLATIVA QUE VULNERAN EL PROCESO LEGISLATIVO Y COMO CONSECUENCIA AFECTA LA DIVISIÓN DE PODERES COMO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL EN EL ARTÍCULO 116 DE LA CARTA MAGNA.
La publicación del Decreto 479, llevado a cabo por el Congreso para que sea publicado dichos decretos como parte de la culminación del proceso legislativo y una vez hecho la consecuente obligatoriedad de inicio de su vigencia posterior a su publicación en este medio de publicitación Legislativa, trasgreden el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al decretar su inicio de vigencia a pesar de no existir su publicación en el Periódico Oficial del Estado Nuevo León en términos del artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, por lo siguiente:
El artículo 116 señala que el poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos; dicho artículo consagra la división de poderes en las entidades federativas, de dicha división se desprenden diversas facultades que llevan a cabo dentro de un Estado, El Congreso, El Ejecutivo y El Poder Judicial.
La Constitución Federal remite a que cada Estado, regulará el funcionamiento de sus tres poderes, de ahí que el proceso de creación de Leyes por parte del Legislativo del Estado de Nuevo León, se encuentra regulado por el artículo 90 y 91 de la Constitución del Estado de Nuevo León, lo que es necesario señalar es que la obligatoriedad de dichos numerales corresponde a la redacción que actualmente se encuentra vigente, ya que posterior al primero de octubre el Legislativo pretendió reformar dicho proceso, sin embargo al no estar publicado en el periódico oficial del Estado según criterio emitido por esta Suprema Corte no tiene vigencia, por lo que no puede invocarse dichos artículos para fundamentar un proceso diverso de publicación al que se encuentra establecido actualmente por los artículos 90 y 91 de la Constitución de Nuevo León y publicada en fecha de primero de Octubre del dos mil veintidós.
Partiendo de la anterior precisión, se tiene que el proceso que señala el artículo 90 que se debe de seguir una vez aprobada una Ley o decreto o acuerdo, por el Congreso del Estado; por lo que el artículo 90 de la Constitución Local señala:
''Artículo 90.- Aprobada la ley o decreto, se enviará al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Si el Ejecutivo la devolviere con observaciones dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción, el Congreso del Estado estará en aptitud de discutir nuevamente la ley o decreto que, era ser aprobado de nuevo, requerirá el voto de las dos terceras partes de las diputaciones presentes. Aprobado de nueva cuenta, se remitirán las constancias pertinentes al Ejecutivo del Estado, para que proceda a su publicación en un plazo máximo de diez días naturales, contados a partir de su recepción.
El Ejecutivo no podrá presentar observaciones a los decretos de reformas o adiciones a la Constitución, las leyes de carácter constitucional, a los que convoquen a sesiones extraordinarias, resuelvan un juicio político ni a los de declaración de procedencia. Transcurrido el plazo para formular observaciones, sin que se reciban las mismas, se tendrá por sancionada la ley o el decreto, el cual deberá publicarse en el plazo a que se contrae la parte final del segundo párrafo de este artículo, excepto tratándose de reformas a esta Constitución o a las leyes de carácter constitucional, que deberán publicarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción por el Ejecutivo.
Cuando el Poder Ejecutivo incumpla con los plazos previstos en el presente artículo, la ley o decreto será considerado sancionado, sin que se requiera refrendo, y el Presidente del Congreso ordenará dentro de los diez días hábiles siguientes su publicación en el Periódico Oficial del Estado, la cual deberá efectuarse al día siguiente.
El Ejecutivo del Estado no podrá realizar observaciones sobre las leyes y reglamentos que se refieran a la estructura y organización interna del Poder Legislativo.
Artículo 91.- Se publicarán las leyes usando esta fórmula:
"N _____________Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, a todos sus habitantes hago saber: Que el H. Congreso del Estado de Nuevo León ha tenido a bien decretar lo que sigue: "(AQUI EL TEXTO LITERAL)
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en ... ", etcétera.
Lo firmará el Gobernador del Estado, El Secretario General de Gobierno, y en su caso, el Secretario de la materia correspondiente."
El texto constitucional es muy claro respecto al medio de difusión de las leyes o decretos o acuerdo, para su difusión y posterior entrada en vigencia, tan es así que la Legislatura del Estado en Pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales genera la creación del Periódico Oficial del Estado mediante la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, norma que señala lo siguiente:
"Artículo 2.- El Periódico Oficial, es el órgano informativo del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, de carácter permanente e interés público, cuya función consiste en publicar, las Leyes, Decretos, Reglamentos, Acuerdos, Circulares, Notificaciones, Avisos y demás actos expedidos por los Poderes del Estado en sus respectivos ámbitos de competencia."
"Artículo 5.- Las. Leyes, Decretos, Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones oficiales de carácter general, surtirán efectos jurídicos y obligan por el sólo hecho de aparecer publicados en el Periódico Oficial, a menos que en el documento publicado se indique la fecha a partir de la que debe entrar en vigor."
"Artículo 6.- El Periódico Oficial será publicado los días Lunes, Miércoles y Viernes, sin perjuicio de que se ordene su publicación cualquier otro día."
"Artículo 7.- El Periódico Oficial será editado con un tiraje suficiente de ejemplares para garantizar su distribución y destinarlo a la venta de particulares.”
Por lo que resulta claro, que el proceso legislativo culmina con el refrendo y publicación de la ley o decreto o acuerdo, y que nuestro marco normativo, señala que el medio oficial es el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de ahí que las publicaciones que el Legislativo ordene su vigencia a partir de la publicación en la Gaceta Parlamentaria carece de sustento jurídico y constitucional, ya que no existe fundamento legal vigente que permita al Congreso ordenar para efecto de entrada en vigor la publicación en Gaceta Parlamentaria.
Por lo que se reclama la publicación y orden de vigencia decretada por el Congreso amparada en una reforma al artículo 90 de la misma constitución que no se encuentra actualmente vigente, precisamente por no encontrarse publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, por lo que fundamentarse en una publicación en Gaceta Parlamentaria y en periódicos de mayor circulación para el inicio de vigencia de una ley o decreto o acuerdo, vulnera el marco constitucional para la elaboración de leyes y equilibrio de poderes que existe en nuestro país, ya que lo que actualmente se encuentra vigente es la Constitución publicada en el Periódico Oficial el primero de octubre del dos mil veintitrés y la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, por lo que la pretensión de Congreso en dar vigencia a los decretos que se señalan anteriormente, vulnera el equilibrio de poderes, vulnera la seguridad y certeza jurídica, por lo que trastoca el quehacer de los órdenes de gobierno de Nuevo León, pues no cuenta con atribuciones para ordenar el inicio de vigencia a través de un medio de difusión al cual no le está conferido por Ley ser el medio por el cual toman vigencia una norma emanada de Legislativo.
Ahora bien, en la Ejecutoria de la Acción de Inconstitucionalidad 29/2023 y su Acumuladas 30/2023, 31/2023, 38/2023, 43/2023 y 47/2023, en que la Suprema Corte resolvió las cuestiones relacionadas con las Reformas en Materia Electoral llamado "Plan B", se estableció por parte de este Máximo Tribunal el siguiente criterio de aplicación análoga que señala las consecuencias y violaciones que implica la omisión de publicación en los medios legales establecidos y vigentes de la siguiente manera y que se invoca su aplicación para el caso que se somete a su revisión.
Como se puede observar la omisión de publicación que resulte obligatoria, con el caso de la Publicación de una Reforma Legal, en el medio oficial como constituye en el tema específico el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en el caso específico de los hechos descritos violenta: el principio de legalidad, seguridad y certeza jurídica, así como el derecho al efectivo ejercicio del cargo público.
SEGUNDO: LA PROMULGACIÓN, PUBLICACIÓN Y REFRENDO DEL DECRETO 479, Y SU VIGENCIA A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA LEGISLATIVA, VULNERAN LA FACULTAD EXCLUSIVA DEL EJECUTIVO Y COMO CONSECUENCIA AFECTA LA DIVISIÓN DE PODERES COMO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL EN EL ARTÍCULO 116 DE LA CARTA MAGNA.
La publicación del referido decreto en la gaceta legislativa, vulnera la esfera de atribuciones con las que cuenta el Poder Ejecutivo, suplantando el proceso legal de promulgación y refrendo, ya que en primer lugar el Ejecutivo del Estado cuenta con la facultad para dar a conocimiento de la ciudadanía respecto al inicio de vigencia de una Ley y por otro lado dicho decreto además deberá de ser rubricado por el Secretario de Gobierno del Estado de Nuevo León, la Suprema Corte de Justicia en Pleno ha señalado que la promulgación es un acto que debe contar con las características de fundamentación y motivación, por lo que el único que se encuentra Facultado para llevar a cabo el acto descrito lo es el Ejecutivo del Estado, por lo que el acto de promulgación que llevó a cabo el Poder Legislativo carece de fundamento respectivo; y que como se señaló el artículo 90 y 91 de la Constitución Local, otorga dicha facultad al Ejecutivo y no al Congreso del Estado.
El criterio del Pleno respecto a la promulgación resulta claro, para acreditar que es necesario que dicho decreto lo lleve a cabo el órgano facultado para ello, por ser un requisito la fundamentación del ente que lo lleve a cabo. Sirva de aplicación la siguiente tesis P.C/97, de registro digital 198428:
“PROMULGACIÓN DE LEYES. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESTE ACTO. La Suprema Corte ha establecido jurisprudencialmente que los requisitos de fundamentación y motivación de una ley se satisfacen cuando es expedida por el Congreso constitucionalmente facultado para ello y se refiere a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (Apéndice 1988. Primera Parte. página 131. jurisprudencia 68). El acto de promulgación de la ley forma parte del proceso legislativo que culmina con su vigencia y, por ende, para el cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación requiere que provenga de la autoridad competente para ordenar la publicación y circulación de la ley a fin de que pueda ser obedecida (fundamentación), ya que ha cumplido con las formalidades exigidas para ello (motivación); sin que sea necesario, para la satisfacción de tales requisitos, que en el texto del acto promulgatorio se citen los preceptos legales que faculten al Poder Ejecutivo Federal o Estatal para realizar tal acto, ni las razones que lo llevaron a concluir, tanto que se cumplieron las formalidades exigidas para la expedición de la ley como que la misma no es violatoria de derechos fundamentales, ya que tal cita y razonamiento en el acto mismo de autoridad no se requiere tratándose de actos legislativos.”
La promulgación se encuentra incluida en la última fase de un proceso Legislativo es señalada como la Fase integradora de eficacia, que consiste en que, una vez aprobado el proyecto de ley o decreto por los diputados Locales, se comunicará al Ejecutivo, para que este ejerza su derecho veto o proceda a sancionarlo y a disponer que se promulgue la Ley. Es entendido la sanción como el acto de aceptación de una iniciativa de ley o decreto por parte del Poder Ejecutivo.
Por otra parte, la promulgación consiste en una declaración solemne de acuerdo con la fórmula especial mediante la cual se formaliza la incorporación de la ley de manera definitiva al ordenamiento jurídico.
Ahora bien, junto con la sanción y la promulgación el Ejecutivo deberá proceder a la publicación de la Ley. La promulgación en el derecho mexicano incluye la obligación de publicar la Ley, como medio de que se vale el poder público para dar a conocer la nueva ley a todos los ciudadanos. La publicación de las leyes se realiza en el caso de Nuevo León en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.
Como se puede acreditar el ente que interviene en esta Fase es el Ejecutivo, cual es el que sanciona y luego promulga, de ahí que la Constitución del Estado faculta al Ejecutivo para llevar a cabo esta última fase, para que tenga vigencia.
La Legislatura del Estado de Nuevo León ha violentado las facultades del Ejecutivo, al llevar a cabo de manera unilateral la promulgación y publicación de la Ley, dando inicio a su vigencia a partir de una publicación en la Gaceta Legislativa, fundamentado en una Reforma del artículo 90 y 91 que no ha iniciado su vigencia porque no se encuentra publicado en el Periódico Oficial del Estado.
El Congreso del Estado ha otorgado vigencia a las leyes que contienen los decretos 399 y 403, desde el momento de su promulgación y publicación que llevó a cabo dicho Poder Legislativo, invadiendo la esfera de atribuciones que le corresponden al Poder Ejecutivo.
Como se señaló anteriormente la facultad de promulgar y publicar dichas reformas, el Legislativo del Estado pretende hacerlas suyas a través de una Reforma Constitucional sobre artículos que al día de hoy no han sido publicados en el Periódico Oficial del Estado, situación que vulnera la esfera de facultades del Ejecutivo, al ser el mismo Congreso el que pretende aprobar una Ley y además sancionarla, promulgarla y publicarla, violentado la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicano en su artículo 49.
Además de lo antes señalado, existe vulneración a la división de Poderes porque afecta el proceso post-legislativo que corresponde el Ejecutivo del Estado en su promulgación y publicación, se presenta una violación de carácter formal y que se refiere a la firma o refrendo con que se publica, misma que resulta no opcional sino necesaria para la validez de la vigencia de una norma, el proceso de refrendo que se lleva cabo en conjunto con la promulgación y publicación en el periódico Oficial del Estado, ha sido analizado por el Pleno de Tribunales Colegiados de Circuido en previas controversias, cuando estaba dicho texto contemplado de igual forma en el artículo 77 y 88 de la Constitución del Estado de Nuevo León, derivado de dicho análisis ya llevado a cabo de manera suficiente y por los Colegiados de Circuito, culminó en interpretación jurisprudencial y se señaló:
a) Que al Secretario de Gobierno (de Nuevo León), le corresponde la potestad de suscribir la publicación en el Periódico Oficial del Estado, las leyes y decretos expedidos por el Poder Legislativo y los Decretos del Ejecutivo del Estado y que esta debe ejercerla exclusivamente.
b) Que dichos actos no constituyen mero trámite.
c) No seguir dicho proceso constituye un vicio formal que actualiza la inconstitucionalidad de ley que reforma o adiciona de la norma que se promulga por infracción al principio de legalidad.
Así es que la tesis PC.IV.A. J/13A (10a.) señala:
“DECRETO NÚMERO 177 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 26 DE DICIEMBRE DE 2001. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LO HAYA REFRENDADO LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS ENCARGADA DE LA ATENCIÓN Y DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE TRÁMITE DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, CONSTITUYE UNA INFRACCIÓN A LAS REGLAS FORMALES DEL PROCESO LEGISLATIVO CONTRARIA AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, QUE ACTUALIZA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL CITADO DECRETO Y DE LOS ARTÍCULOS QUE REFORMA Y ADICIONA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA 2004).”
Por lo que existe acreditación de violación a las facultades del Ejecutivo de llevar a cabo la promulgación y publicación de una Ley expedida por el Congreso del Estado, ya que la atribución de promulgación y publicación con su respectivo refrendo fue llevada a cabo por el Poder Legislativo respecto al decreto 479.
CONEXIDAD ENTRE LAS CONTROVERSIAS 262/2023 y 405/2023
Con fundamento en el artículo 38 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como parte demandada en las controversias constitucionales en comento y con las facultades que poseo como Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, ocurro a manifestar la existencia de conexidad entre las controversias constitucionales 262/2023 y 405/2023, conforme a los siguientes términos, de modo que se acuerde lo conducente para que dichas controversias constitucionales se resuelvan en la misma sesión.” 4. CUARTO. Artículos constitucionales señalados como violados. Los artículos 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. QUINTO. Trámite de la controversia. Por proveído de diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal acordó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 80/2024, y ordenó se turnara al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, como instructor del procedimiento respectivo.
6. Mediante diverso proveído dictado el día cuatro de marzo de dos mil veinticuatro por el Ministro Instructor, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, admitió a trámite la demanda, misma que se efectuó atendiendo los argumentos esgrimidos en la sentencia emitida en el recurso de reclamación 308/2023, fallado por la Primera Sala de este Alto Tribunal el ocho de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo como demandado al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, se ordenó su emplazamiento para que formularan la contestación correspondiente y, finalmente, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, para que en su caso manifestara lo que considerara conducente, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.
7. En el mismo proveído, se tuvo por efectuadas las manifestaciones del promovente en torno a la conexidad que existe entre la presente controversia constitucional y las diversas 262/2023 y 405/2023, sin embargo, se acordó que se deberá estarse a los acordado en auto de radicación y turno.
8. SEXTO. Contestación de la demanda del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. A través del escrito depositado el siete de mayo de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Ricardo Canavati Hadjópulos, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, dio contestación a la demanda de controversia constitucional, en los términos siguientes:
a) El Poder Legislativo afirma la expedición y publicación del decreto número 479 que contiene el decreto que expide el Código de Ética para el H. Congreso del Estado de Nuevo León, publicado en la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de Nuevo León en fecha de ocho de Febrero de dos mil veinticuatro.
b) En relación a los conceptos de invalidez.
Al PRIMERO: El concepto de invalidez debe decirse que deviene infundado e improcedente, y por consiguiente deberá ser desestimado por ese Alto Tribunal, ello en atención a las consideraciones siguientes:
Refiere el promovente, que la orden y publicación del decreto 479 y su vigencia a partir de su publicación en la gaceta legislativa supuestamente vulneran el proceso legislativo y como consecuencia afecta la división de poderes, expresa el acto que la facultad de promulgar, sancionar y publicar las normas jurídicas es una facultad propia y exclusiva del Titular del Poder Ejecutivo del Estado.
Al respecto, es importante puntualizar que dicho argumento no encuentra respaldo alguno en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
En ese sentido es importante destacar que, incluso, en la Constitución federal se establece que la facultad de promulgar, sancionar y publicar las normas jurídicas no es propia y exclusiva del Titular del Poder Ejecutivo Federal. Así lo podemos vislumbrar a través del artículo 70 de la norma en comento, misma que dispone lo siguiente:
"Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto).
El Congreso expedirá la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos.
La ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados.
Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia".
Del numeral queda claro que, contrario a lo argumentado por el actor, la facultad de promulgar, sancionar y publicar las normas jurídicas no es propia y exclusiva del Ejecutivo; tan es así que la propia norma establece un supuesto específico en que dicha atribución no puede ser ejercida por el Ejecutivo.
En el caso concreto, a diferencia de la Constitución federal, se tiene que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, no solo no establece que la facultad de promulgar y sancionar las normas jurídicas sea propia del Ejecutivo, sino que tampoco establece que se trate de una facultad exclusiva del Gobernador del Estado de Nuevo León. Lo que, en consecuencia, permite al H. Congreso del Estado tener por solventado el ejercicio de tales atribuciones, en REBELDÍA del Ejecutivo estatal.
El actuar del Ejecutivo del Estado merma a todas luces el estado de derecho que debe prevalecer entre dos o tres poderes constituidos, pues dado su conducta frecuente de incumplir con la publicación de decretos y acuerdos aprobados por esta Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, y en el presente caso no fue la excepción, dado que a través de la directiva de este Poder Legislativo se le solicitó respetuosamente la publicación en el Órgano Informativo Oficial del Estado el decreto legislativo 479, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 10 fracción I y 11 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.
Con lo que se comprueba con la remisión del oficio número 1002-LXXVl-2023 expedido por la primer y segunda secretaria de la mesa directiva del Congreso del Estado de Nuevo León en fecha de veintinueve de noviembre del año dos mil veintitrés, que contenía el documento correspondiente al decreto 479 y recibido por la Consejería Jurídica del Gobernador del Estado, el día quince de diciembre del año pasado, documento que se anexa debidamente certificado.
Ahora bien, contario a lo expuesto por el compareciente en el sentido de que este Congreso del Estado no cuenta con atribuciones para ordenar la publicación de decretos, dicho argumento se desvanece por lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León que establece:
"Artículo 90. - Aprobada la ley o decreto, se enviará al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Si el Ejecutivo la devolviere con observaciones dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción, el Congreso del Estado estará en aptitud de discutir nuevamente la ley o decreto que, para ser aprobado de nuevo requerirá el voto de las dos terceras partes de las diputaciones presentes. Aprobado de nueva cuenta, se remitirán las constancias pertinentes al Ejecutivo del Estado, para que proceda a su publicación en un plazo máximo de diez días naturales, contados a partir de su recepción.
El Ejecutivo no podrá presentar observaciones a los decretos de reformas o adiciones a la Constitución, las leyes de carácter constitucional, a los que convoquen a sesiones extraordinarias, resuelvan un juicio político ni a los de declaración de procedencia.
Transcurrido el plazo para formular observaciones, sin que se reciban las mismas, se tendrá por sancionada la ley o el decreto, el cual deberá publicarse en el plazo a que se contrae la parte final del segundo párrafo de este artículo, excepto tratándose de reformas a esta Constitución o a las leyes de carácter constitucional, que deberán publicarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción por el Ejecutivo.
Cuando el Poder Ejecutivo incumpla con los plazos previstos en el presente artículo, la ley o decreto será considerado sancionado, sin que se requiera refrendo, y el Presidente del Congreso ordenará dentro de los diez días hábiles siguientes su publicación en el Periódico Oficial del Estado, la cual deberá efectuarse al día siguiente."
En este sentido se consideran infundadas las violaciones reclamadas por la parte actora, ello es así debido a que contrario a lo aducido por la parte actora, pues esta Soberanía que representó, sí cumplió con el procedimiento legislativo en términos de lo dispuesto en la Constitución local de Nuevo León.
Se considera infundado el argumento de la quejosa consistente en que el decreto 479 es contrario al principio de legalidad, división de poderes y a la autonomía e independencia del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, debido a que para su aprobación supuestamente se vulneró la esfera competencial del Ejecutivo.
Así, refiere el compareciente, a su consideración, que la facultad de promulgar, sancionar y publicar las normas jurídicas, es una facultad propia y exclusiva del Titular del Poder Ejecutivo del Estado. Al respecto, de nueva cuenta es importante puntualizar que dicho argumento no encuentra respaldo alguno en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
En ese sentido es importante destacar que, incluso, en la Constitución federal se establece que la facultad de promulgar, sancionar y publicar las normas jurídicas no es propia y exclusiva del Titular del Poder Ejecutivo Federal. Así lo podemos vislumbrar a través del artículo 70 de la norma en comento, misma que dispone lo siguiente:
"Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto).
El Congreso expedirá la Ley que regulará su e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200972-8abb01b8/i-controversia-constitucional-condiciones-para-la-procedencia-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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