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Modo: Corpus Pro

I. DERECHO DE VETO. EL DESCONOCIMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD, AL NO HABERLAS SUPERADO MEDIANTE LA APROBACIÓN DEL DECRETO RESPECTIVO POR EL VOTO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONGRESO ESTATAL, SE TRANSGREDE AQUÉL, LO QUE PROVOCA UNA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES (OMISIÓN DE DISCUTIR Y VOTAR EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL, RELATIVO A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL PROYECTO DEL DECRETO MIL QUINIENTOS ONCE, POR EL QUE SE CONCEDE UNA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA). II. DERECHO DE VETO. CORRESPONDE AL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, A TRAVÉS DE UNA SEGUNDA DISCUSIÓN Y LA APROBACIÓN POR LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS MIEMBROS DE AQUÉL, SUPERAR LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD (DETERMINACIÓN DE TENER POR APROBADO EL DECRETO MIL QUINIENTOS ONCE, POR EL QUE SE CONCEDE UNA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 36/2015. · Registro digital (IUS): 26343
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-06-03
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, Pág. 1243.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 36/2015. 17 DE FEBRERO DE 2016. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Presentación de la demanda, autoridad demandada y acto impugnado. Mediante oficio recibido el dieciséis de junio de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, el Ejecutivo del Estado de Morelos, por conducto de su consejero jurídico Juan Jesús Salazar Núñez, promovió controversia constitucional para demandar la invalidez de los actos que a continuación se mencionan:

I. Del Congreso del Estado de Morelos:

La omisión de discutir y votar el dictamen emitido por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, en relación con las observaciones formuladas al "DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS ONCE, POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL C. JESÚS ANTONIO TALLABS ORTEGA", y la omisión de discutir éstas.

II. De la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos:

El dictamen de las observaciones formuladas al decreto precisado.

III. De la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos:

El oficio de veintidós de mayo de dos mil quince, por medio del cual comunicó la instrucción dada por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos al Ejecutivo Local para que publicara el decreto referido.

SEGUNDO.-Antecedentes. Los antecedentes más relevantes del caso, según se aprecian de la demanda y de las demás constancias que obran en autos, son los siguientes:

1. El nueve de julio de dos mil catorce, la Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de Morelos aprobó por mayoría de veinticuatro votos, contra seis, el "DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS ONCE, POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL C. JESÚS ANTONIO TALLABS ORTEGA", en los siguientes términos:

"Artículo 1o. Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al C. Jesús Antonio Tallabs Ortega, quien ha prestado sus servicios en los Poderes Ejecutivos y Legislativo del Estado de Morelos, así como en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo, el de consejero de la Judicatura representante del Poder Ejecutivo ante ese H. Cuerpo colegiado."

"Artículo 2o. La pensión decretada deberá cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores por el Poder Judicial del Estado de Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado."

"Artículo 3o. La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado."(1)

2. El nueve de julio de dos mil catorce, la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, por instrucciones del presidente de la Mesa Directiva de dicho Congreso, suscribió oficio sin número para remitirle al gobernador de esa entidad el decreto mencionado; lo anterior, a efecto de que lo publicara en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", con fundamento en el artículo 70, fracción XVII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.(2)

3. El quince de julio de dos mil catorce, la Oficina de la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura y la Oficina de la Secretaría de Gobierno, ambas del Estado de Morelos, recibieron el oficio y el decreto indicados.(3)

4. El ocho de agosto de dos mil catorce, respecto del citado decreto, el Ejecutivo del Estado de Morelos, formuló las observaciones que a continuación se sintetizan:

• El decreto transgrede lo dispuesto en los artículos 59 y 66, ambos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al considerar -para efectos del otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada a Jesús Antonio Tallabs Ortega- el tiempo que fungió como consejero de la Judicatura local.

Lo anterior, a pesar de que no puede estimarse que durante ese lapso tenía el carácter de trabajador, en atención a lo siguiente:

• En primer lugar, es posible equiparar el cargo de un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia Estatal al de un consejero de la Judicatura local; de modo que el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS. SON TITULARES DEL ÓRGANO QUE ENCABEZAN Y NO TRABAJADORES.", también puede aplicarse a tales consejeros. Por ende, no deben ser considerados trabajadores.

• En segundo lugar, el artículo 2 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, señala que un trabajador es la persona física que presta un servicio subordinado, de forma permanente o transitorio, en virtud de un nombramiento expedido a su favor por alguno de los poderes estatales, algún Municipio o alguna entidad paraestatal o paramunicipal.

De ahí que si en la función que ejercen los consejeros de la Judicatura local no existe el elemento de subordinación, según lo dispuesto por el numeral invocado, entonces no deben ser considerados trabajadores; sin que sea óbice para ello, el hecho de que el precepto haya sido reformado, pues las disposiciones transitorias no pueden estar por encima de la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• En tercer lugar, una de las razones principales por las que el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito concedió a Jesús Antonio Tallabs Ortega la protección de la Justicia Federal, al resolver el amparo en revisión 112/2013, fue que no debía considerársele como un trabajador, porque en su cargo gozaba de autonomía e independencia.

• Por otro lado, el decreto también es violatorio de los artículos 59 y 66, ambos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en tanto otorga a Jesús Antonio Tallabs Ortega una pensión por cesantía en edad avanzada, sin que hubiera cubierto la antigüedad necesaria de diez años de servicio, según se advierte ya que se ha restado al cómputo respectivo el tiempo que se desempeñó como consejero de la Judicatura Local.(4)

5. El ocho de agosto de dos mil catorce, el secretario de Gobierno del Estado de Morelos, suscribió el oficio número SG/0172/2014, para comunicarle al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de esa entidad las referidas observaciones del Ejecutivo Local.(5)

6. El trece de agosto de dos mil catorce, la Diputación Permanente de la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos tomó conocimiento de las observaciones apuntadas y ordenó turnarlas, mediante oficio SSLyP/DPLyP/AÑO2/D.P./2690/14, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social para que las dictaminara.(6)

7. El doce de septiembre de dos mil catorce, Jesús Antonio Tallabs Ortega, promovió demanda de amparo indirecto contra el Ejecutivo del Estado de Morelos, por las observaciones formuladas al decreto que le había otorgado una pensión por cesantía en edad avanzada, y contra actos de otras autoridades de esa entidad.

El juicio quedó registrado con el número de expediente 2288/2014, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos.

8. El veintinueve de septiembre de dos mil catorce, la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, suscribió el oficio CTPySS/LII/395/2014 para comunicarle a la presidenta de la Mesa Directiva de ese Congreso, las siguientes consideraciones:

• Los artículos 48 y 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, disponen que cuando el Ejecutivo formule observaciones a algún decreto deberá devolver éste para que sea discutido nuevamente por el Congreso estatal; luego, sólo en caso de que sea aprobado por las dos terceras partes de sus miembros, podrá ordenarse la publicación respectiva.

• De tales numerales, consecuentemente, se desprende que la devolución del decreto, es un requisito esencial para que éste pueda ser analizado y discutido por segunda ocasión; y, por ello, si no se hace, se impide el estudio de fondo de las observaciones que a su respecto se emitan.

• En el caso, el secretario de Gobierno del Estado de Morelos, no remitió el "DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS ONCE, POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL C. JESÚS ANTONIO TALLABS ORTEGA" con las observaciones formuladas; por tal razón, no fue posible examinarlas.

• Por otro lado, el artículo 47 de la misma Constitución, establece que se reputará aprobado por el Ejecutivo todo proyecto que no devuelva con observaciones dentro de los días hábiles siguientes a que tenga conocimiento de su contenido. En consecuencia, dado que el decreto no fue devuelto junto con las observaciones, debe estimarse que fue aprobado.

Asimismo, mediante tal oficio, dicha comisión comunicó la siguiente determinación:

"Primero. Se determina la falta de un elemento sine qua non, establecido en la Constitución Local, por lo que existe un impedimento legal para analizar y estudiar de fondo el contenido de las observaciones realizadas por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, en consecuencia, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47 de nuestra Constitución, se deberá considerar como aprobado por dicho Poder Ejecutivo, el Decreto Número Mil Quinientos Once, por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al C. Jesús Antonio Tallabs Ortega.

"Segundo. Túrnese la presente determinación al Pleno para su conocimiento.

"Tercero. Se ordena la inmediata publicación del Decreto Número Mil Quinientos Once, por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al C. Jesús Antonio Tallabs Ortega en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, órgano de difusión del Estado Libre y Soberano de Morelos, mismo que fue aprobado por el Pleno de esta Asamblea Legislativa, en sesión de fecha 9 de julio de 2014."(7)

9. El quince de octubre de dos mil catorce, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, recibió el oficio con la determinación que antecede.(8)

10. El nueve de enero de dos mil quince, el Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio del Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, sobreseyó en el juicio de amparo indirecto 2288/2014, en atención a que cambió la situación jurídica del quejoso, porque el decreto había sido aprobado.

11. En contra de la sentencia de amparo, Jesús Antonio Tallabs Ortega, el Ejecutivo del Estado de Morelos y el Congreso de esa entidad interpusieron recurso de revisión; el primero de los recursos fue sobreseído, porque el recurrente se desistió; el segundo fue declarado sin materia por tratarse de un recurso adhesivo; y, el tercero, fue desechado.(9)

12. El veintidós de mayo de dos mil quince, la encargada del despacho de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, por instrucciones de la presidenta de la Mesa Directiva de ese Congreso, suscribió oficio para remitirle al secretario de Gobierno estatal la determinación alcanzada en relación con el "DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS ONCE, POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL C. JESÚS ANTONIO TALLABS ORTEGA", a efecto de que se ordenara su publicación.(10)

TERCERO.-Conceptos de invalidez. La parte actora hizo valer los siguientes conceptos de invalidez.

a) La omisión de discutir y votar el dictamen emitido por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a las observaciones formuladas al proyecto de decreto aludido, transgrede el procedimiento legislativo previsto en los artículos 44, 47 y 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

Los artículos referidos establecen que cuando el Ejecutivo Local haga observaciones a un proyecto de decreto, lo devolverá al Legislativo Local para que éste lo someta a una nueva discusión; posteriormente, y sólo en caso de que el instrumento sea confirmado por el voto de las dos terceras partes de los diputados locales, será devuelto al Ejecutivo Local para que lo publique.

Sin embargo, en el presente caso, el decreto no fue discutido por segunda ocasión ni aprobado por el número necesario de votos, a pesar de que el Ejecutivo Local formuló observaciones.

Por tanto, el decreto debe ser declarado inválido.

b) El dictamen de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso, transgrede lo dispuesto por el artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como por los artículos 51 y 151 del Reglamento para el Congreso del Estado y 53 de su Ley Orgánica.

Las disposiciones normativas indicadas, disponen que los dictámenes elaborados por las comisiones, en relación con observaciones del Ejecutivo Local, sólo pueden versar sobre éstas y deben ser sometidos a la aprobación del Legislativo.

Sin embargo, en el presente caso, el proyecto de decreto no fue sometido a la aprobación del órgano Legislativo Estatal, sino que fue aprobado por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, porque no había sido devuelto físicamente junto con las observaciones que se le hicieron.

En adición, no es posible sostener que el documento autógrafo en el que se plasmó el proyecto de decreto deba ser anexado al oficio de observaciones que emita el Ejecutivo Local para que éstas puedan ser analizadas y, con ello, aquél pueda ser discutido nuevamente.

La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, al ser el órgano que emitió el decreto cuya invalidez se solicita, lo tenía en su poder y a su alcance; de modo que si la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social forma parte de la Legislatura, entonces se encontraba en condiciones de allegarse el documento y, en consecuencia, éste no podía ser considerado un requisito sine qua non para analizar las observaciones.

Además, tal comisión ofreció copia del documento como prueba superveniente en el amparo en revisión 148/2015, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, promovido contra la sentencia dictada en el amparo indirecto 2288/2014, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos.

Por ende, la determinación de reputar como aprobado el decreto debe ser declarada inválida.

c) La determinación de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, por medio de la cual, siguiendo instrucciones de la presidenta de la mesa directiva, ordenó al Ejecutivo que publicara el proyecto de decreto, transgrede el artículo 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

El numeral invocado, establece que el presidente de la mesa directiva es la única autoridad que puede ordenar, previa aprobación del Pleno de ese Congreso, la publicación de un decreto en el Periódico Oficial estatal, cuando hubiere vencido el plazo que el Ejecutivo Local tiene para formular observaciones o cuando no las hubiere realizado.

Por otro lado, la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, es un organismo administrativo del Legislativo Local, y tiene el propósito de brindar apoyo profesional y técnico a los demás órganos políticos integrantes del mismo; de ahí que entre sus funciones se encuentre la de auxiliar al presidente de la mesa directiva.

Sin embargo, la orden de publicación de un decreto es un acto trascedente debido a las consecuencias que conlleva, por lo que debe provenir directamente del titular de la dependencia facultada para emitirla, es decir, del presidente de la mesa directiva.

Por consiguiente, si esta última autoridad no emitió la orden de publicación, entonces ésta debe ser declarada inválida.

CUARTO.-Artículos constitucionales que el actor considera vulnerados. El Ejecutivo del Estado de Morelos considera que se violan en su perjuicio los artículos 39, 40, 41, párrafo primero, 49, 115 primer párrafo, 116, 127, fracción IV, y 134, fracción I, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.-Admisión y trámite. Por acuerdo de dieciséis de junio de dos mil quince, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, asignándole el número 36/2015; asimismo, designó como instructor al Ministro José Fernando Franco González Salas.

Posteriormente, en proveído de veintidós de junio de dos mil quince, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional; tuvo como demandado al Poder Legislativo del Estado de Morelos, a quien ordenó emplazar para que presentara su contestación de demanda; tuvo como tercero interesado al Poder Judicial de dicha entidad y ordenó dar vista a la procuradora general de la República para que manifestara lo que su representación correspondiera.

SEXTO.-Contestación de la demanda. En su contestación de demanda, la parte demandada esgrimió los siguientes argumentos:

i. El artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece que el Congreso tiene la facultad formal de legislar.

Por otro lado, el artículo 70, fracción XVII, inciso a), del mismo ordenamiento legal, le otorga al Ejecutivo Local la facultad de promulgar las leyes.

No obstante, el Ejecutivo Local no puede abstenerse ni negarse a realizar la publicación correspondiente porque con ello obstaculizaría la función legislativa estatal, pues la promulgación es la última etapa del procedimiento de creación de disposiciones normativas.

ii. La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, determinó que existía un impedimento para analizar las observaciones formuladas por el Ejecutivo al "DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS ONCE, POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL C. JESÚS ANTONIO TALLABS ORTEGA".

Lo anterior, ya que si bien los artículos 48 y 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, establecen que el Ejecutivo Local debe devolver los decretos a los que formule observaciones para que éstas puedan ser analizadas, en el caso no se remitió el decreto observado.

Así, la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social no omitió analizar las observaciones emitidas por el Ejecutivo Local, sino que se vio imposibilitada para ello.

iii. La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social emitió una determinación, fundada y motivada, en la que explicó que debía tenerse por aprobado el decreto aludido.

La determinación que emitió no es un dictamen y, por ello, no requiere de la aprobación del Congreso estatal, sino que basta únicamente que a éste se le dé cuenta con ella para que ordene su publicación.

iv. El "DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS ONCE, POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL C. JESÚS ANTONIO TALLABS ORTEGA" fue votado por el Congreso estatal, en sesión de nueve de julio de dos mil catorce, cumpliendo las formalidades contenidas en los artículos 39, 44 y 70, fracción XVII, inciso a), todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

En consecuencia, no puede alegarse que en su emisión se incumplió con las etapas del proceso legislativo.

v. La Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, tiene facultad para enviar al Ejecutivo Local proyectos de creación de nuevas normas para que los publique, conforme a lo dispuesto en los artículos 92 y 94 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado.

No es posible, entonces, considerar que el oficio mediante el cual dicha secretaría ordenó al Ejecutivo Local que realizara la promulgación correspondiente sea inválido.

SÉPTIMO.-Opinión de la procuradora general de la República. La procuradora general de la República no emitió opinión alguna.

OCTAVO.-Audiencia y cierre de instrucción. Agotado el trámite respectivo, el quince de octubre de dos mil quince, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento, se hizo constar que no se presentaron las partes; se tuvo por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y se puso el expediente en estado de resolución.

NOVENO.-Radicación en Sala. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Tribunal, para su radicación y resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos con motivo de actos, por lo que es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.-Oportunidad. En la presente controversia se impugna, por una parte, la omisión del Congreso del Estado de Morelos, de discutir y votar el dictamen elaborado por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del propio Congreso, en relación con las observaciones formuladas por el Ejecutivo Local al "DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS ONCE, POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL C. JESÚS ANTONIO TALLABS ORTEGA.", así como la omisión del mismo Congreso de discutir dichas observaciones.

Respecto de tales omisiones, se considera que la demanda fue promovida de manera oportuna, en términos de la jurisprudencia P/J. 43/2003,(11) cuyos rubro y texto establecen:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.-El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista."

Por otra parte, en la presente controversia se impugna el citado dictamen elaborado respecto de las observaciones formuladas por el Ejecutivo estatal al decreto mencionado, así como el oficio de veintidós de mayo de dos mil quince, emitido por la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual, comunicó al Poder Ejecutivo de la entidad que debía ordenar la publicación del citado decreto en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".

También, respecto de tales actos se considera que la demanda fue presentada en tiempo, conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(12) el cual dispone que, una controversia constitucional debe promoverse dentro de los treinta días contados a partir: a) del día siguiente al en que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación del acto reclamado; b) del día siguiente al que se haya conocido el acto reclamado; o c) del día siguiente al en que la parte actora se ostente sabedora del acto reclamado.

Lo anterior, dado que el Ejecutivo Local conoció de los actos reclamados el veintidós de mayo de dos mil quince, según se observa del sello de recepción de la oficina del secretario de Gobierno de esa entidad;(13) de modo que el plazo de treinta días para promover la demanda de controversia transcurrió del veinticinco de mayo al tres de julio de dos mil quince, descontando del cómputo respectivo los días treinta y treinta y uno de mayo; seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de junio, por ser sábados y domingos, respectivamente, inhábiles de conformidad con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 2 y 3, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(14)

Por ende, si la demanda fue recibida el dieciséis de junio de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluye que se promovió dentro del plazo legal.(15)

TERCERO.-Legitimación activa. A continuación, se analizará la legitimación de quien promueve la presente controversia constitucional, para lo cual es necesario considerar lo siguiente:

El artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(16) establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe conocer de las controversias suscitadas entre los poderes de una misma entidad federativa por la constitucionalidad de sus actos.

Luego, el artículo 10, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(17) señala que tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales, como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia.

A su vez, el diverso 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria en cita,(18) dispone que la parte actora debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que la rigen, estén facultados para representarla.

En el caso, la demanda fue suscrita por el consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, Juan Jesús Salazar Núñez, quien acredita su cargo con el "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA Y AUTORIZA A LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA EJERCER LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE REQUIERAN DEL PREVIO ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS", publicado el once de julio de dos mil quince en el Periódico Oficial de dicha entidad.(19)

El promovente, en términos de los artículos 35, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,(20) y 8, fracción XXI, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica,(21) tiene la representación del Ejecutivo Local para todos los actos en que éste sea parte, incluyendo las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Federal.

De lo anterior se aprecia que el Ejecutivo del Estado de Morelos demandó a otro poder de la misma entidad (el Legislativo) por la constitucionalidad de sus actos y por conducto del funcionario facultado para representarlo; por tal razón, se concluye que tiene legitimación para promover la presente controversia constitucional.

CUARTO.-Legitimación pasiva. En líneas subsecuentes, se analizará la legitimación de la parte demandada, porque constituye un presupuesto de procedencia de la acción, pues se verá obligada a satisfacer las pretensiones conducentes si resulta fundada la controversia que nos ocupa.

Con tal propósito, es conveniente considerar que los artículos 10, fracción II y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(22) establecen, respecto de la parte demandada en controversia constitucional, que es la entidad, el poder o el órgano que hubiera emitido el acto objeto de la controversia y que debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarla.

En el caso, la parte actora atribuye los actos reclamados al Poder Legislativo del Estado de Morelos, pues -afirma- no discutió ni votó el dictamen de la Comisión respecto de las observaciones formuladas al "DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS ONCE, POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL C. JESÚS ANTONIO TALLABS ORTEGA"; además -señala-, no discutió las propias observaciones formuladas al decreto referido.

De igual modo, los oficios signados por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social y la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, al tratarse de actuaciones de órganos del Legislativo Local, son atribuibles a este poder.

El poder demandado comparece a juicio por conducto de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, quien acredita su cargo con la copia certificada del "Acta 102", relativa a la sesión extraordinaria, de ocho de agosto de dos mil catorce, celebrada por la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso mencionado.(23)

La promovente, según lo dispuesto por el artículo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26343-786c2f01/i-derecho-de-veto-el-desconocimiento-del-poder · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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