I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE CUANDO RESULTA EXTEMPORÁNEA EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS, QUE NO FUERON APLICADAS EN EL ACTO QUE SE COMBATE (ACUERDO DEL MINISTRO INSTRUCTOR DE SEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, POR EL QUE DESECHÓ PARCIALMENTE LA DEMANDA DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL PROMOVIDA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN CONTRA DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL, LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO Y SU REGLAMENTO, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN EN EL DECRETO NÚMERO 1511, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDE UNA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA CON CARGO A SU PRESUPUESTO. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES QUE NO SE APLICARON POR PRIMERA OCASIÓN EN EL DECRETO IMPUGNADO (ACUERDO DEL MINISTRO INSTRUCTOR DE SEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, POR EL QUE DESECHÓ PARCIALMENTE LA DEMANDA DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL PROMOVIDA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN CONTRA DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL, LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO Y SU REGLAMENTO, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN EN EL DECRETO NÚMERO 1511, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDE UNA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA CON CARGO A SU PRESUPUESTO.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 1/2017-CA, DERIVADO DEL LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 238/2016. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 19 DE ABRIL DE 2017. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecinueve de abril de dos mil diecisiete.
VISTOS para resolver los autos del recurso de reclamación 1/2017-CA derivado de la controversia constitucional 238/2016, interpuesto por Alejandro Becerra Arroyo, en su carácter de delegado del Poder Judicial del Estado de Morelos, en contra del auto de seis de enero de dos mil diecisiete dictado por el Ministro instructor,(1) en el que se desecha parcialmente la demanda de controversia constitucional presentada por el citado órgano actor; y
RESULTANDO:
PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el quince de diciembre de dos mil dieciséis ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Carmen Verónica Cuevas López, en su carácter de Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Morelos, en representación del Poder Judicial de dicho Estado, promovió demanda de controversia constitucional, alegando violación a los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(2)
El promovente señaló como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como del Secretario de Gobierno, todos de la entidad, impugnando lo siguiente:
"[...] Se reclama la invalidez por sí y por vicios propios del Decreto número mil quinientos once, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5452, de 7 de diciembre de 2016, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por cesantía en edad avanzada al C. Jesús Tallabs Ortega, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones del Poder Judicial del Estado de Morelos.
Consecuentemente de lo anterior, y por virtud de la aplicación de las normas que permiten a la Legislatura Local emitir el citado Decreto, demando, además, la invalidez de los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo, 59, inciso f) y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, mismos que fueron reformados (sic) mediante Decreto número 1511, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Número 5452, de 7 de diciembre de 2016 y, por extensión de efectos, al modificar el sistema normativo que rige el sistema de pensiones y formar parte de la estructura normativa, se demanda también la invalidez de los artículos siguientes:
a). Los artículos 1, 8, 43, fracción XIV, 45, fracción XV, en su párrafo primero e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56 y 57 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
b). El artículo 56, fracción I, (sic) de la Ley Orgánica del (sic) Congreso del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4529, de 9 de mayo de 2007.
c). El artículo 109 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4546, de 12 de junio de 2007."
SEGUNDO. Turno. Mediante acuerdo de dos de enero de dos mil diecisiete, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia ordenó que se formara y registrara el expediente relativo a la controversia constitucional 238/2016, y determinó que se turnara al Ministro Eduardo Medina Mora I., para que fungiera como instructor del procedimiento.(3)
TERCERO. Desechamiento parcial. Mediante auto de seis de enero de dos mil diecisiete el Ministro instructor determinó desechar la demanda de controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos respecto de las normas generales impugnadas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII,(4) en relación con el artículo 21, fracción II,(5) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por otra parte, admitió a trámite la demanda por lo que hace al Decreto número 1511, publicado en el Periódico Oficial de Morelos el siete de diciembre de dos mil dieciséis.
CUARTO. Auto impugnado. La materia del presente recurso de reclamación es el acuerdo de seis de enero de dos mil diecisiete, emitido por el Ministro instructor Eduardo Medina Mora I., el cual, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:
"(...) el Poder Judicial de Morelos controvierte diversos artículos de la Ley del Servicio Civil, la Ley Orgánica para el Congreso y su Reglamento, con motivo de su aplicación en el Decreto Número 1511, publicado en el Periódico Oficial del Estado el siete de diciembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se concede a Jesús Tallabs Ortega pensión por cesantía en edad avanzada con cargo a su presupuesto.
Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de la Materia, el Ministro instructor en una controversia constitucional puede válidamente desecharla de plano si advierte la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia y, en el caso, respecto de la impugnación de las citadas normas generales, se actualiza la causal prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el artículo 21, fracción II, de la citada ley.
En efecto, de conformidad con el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para promover una controversia constitucional cuando se impugnen normas generales es de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha de su publicación o al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
Así, con base en el referido precepto, es dable concluir que los entes, poderes u órganos legitimados para promover una controversia constitucional gozan de una doble oportunidad para cuestionar la constitucionalidad de una norma de carácter general, ya que pueden hacerlo con motivo de su publicación o del primer acto de aplicación en su perjuicio.
En este orden de ideas, en el caso concreto, aunque el promovente pretenda impugnar los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracción XIV, 45, fracción XV, párrafo primero e inciso c), 54, fracción VII, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 y 68 de la Ley del Servicio Civil, 56, fracción I (sic), de la Ley Orgánica para el Congreso y 109 de su Reglamento, todos del Estado de Morelos, con motivo de su primer acto de aplicación, dichos preceptos no fueron aplicados por la autoridad legislativa estatal al emitir su Decreto.
En efecto, del contenido íntegro del Decreto controvertido, se advierte que los artículos citados no fueron aplicados por el Congreso Local, de ahí que no pueda considerársele como un acto concreto de aplicación de tales normas en perjuicio del Poder demandante y, por tanto, no se actualice el segundo supuesto a que se refiere el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior se corrobora con las propias manifestaciones hechas por el actor en su demanda, en las que refiere impugnar tales normas -con excepción del artículo 24, fracción XV- "por extensión de efectos, al modificar el sistema de pensiones".
Por otra parte, por lo que hace a los artículos 55, 56, 59 y 66 de la citada Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el Decreto número 1511 no constituye su primer acto de aplicación, sino uno ulterior.
Se afirma lo anterior, pues, mediante Decreto número 461, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, el Congreso del Estado otorgó pensión por cesantía en edad avanzada a otra persona que había prestado sus servicios en el Poder Judicial Local, obligando a dicha dependencia a realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida destinada para pensiones, conforme a lo dispuesto por los referidos artículos 55, 56, 59 y 66 de Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; lo que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 de Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de la Materia.
En tales condiciones, al no haberse aplicado por primera vez los citados artículos en el Decreto señalado en la demanda, sino en uno anterior, de veintisiete de abril del año en curso, es evidente que, respecto de ellos, opera la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional.
Esto se confirma con lo expresado por la promovente, en el sentido de que: "(...) la Legislatura Local no atendió la solicitud planteada para cubrir la obligación dineraria impuesta a través de los diversos decretos emitidos a lo largo de esta anualidad".
Aunado a lo anterior, aun cuando se impugnara la Ley del Servicio Civil con motivo de su publicación, la demanda resultaría extemporánea, en tanto dicho ordenamiento se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el seis de septiembre de dos mil y su última reforma el ocho de octubre de dos mil catorce; lo que pone de manifiesto que el plazo de treinta días para combatirla, atendiendo a cualquiera de estas fechas, ha transcurrido en exceso. Lo mismo sucede con los artículos 56 de la Ley Orgánica para el Congreso y 109 de su Reglamento, cuyas fechas de publicación datan del nueve de mayo y veinticinco de julio de dos mil siete, respectivamente.
En consecuencia, como se adelantó, se desecha la demanda de controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos respecto de las normas generales impugnadas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el artículo 21, fracción II, de la citada Ley Reglamentaria de la Materia.
No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 11, párrafo primero y 26 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, se tiene por presentada a la promovente con la personalidad que ostenta y se admite a trámite la demanda por lo que hace al Decreto número 1511, publicado en el Periódico Oficial de Morelos el siete de diciembre de dos mil dieciséis; sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia."
En síntesis, el Ministro instructor concluyó que se configura la causal de improcedencia relativa a la extemporaneidad de la demanda, en relación con las normas generales impugnadas, pues por un lado algunas de ellas, no fueron aplicadas en el Decreto que se combate, y por otro, las restantes no se aplicaron por primera ocasión en el referido acto impugnado en la demanda, sino en uno anterior, pues como hecho notorio, se advirtió que en un Decreto anterior, el Congreso del Estado otorgó pensión por cesantía en edad avanzada a otra persona que había prestado sus servicios en el Poder Judicial Local, obligando a dicha dependencia a realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida destinada para pensiones.
QUINTO. Interposición y admisión del recurso de reclamación. Inconforme con ese acuerdo, por escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alejandro Becerra Arroyo, en su carácter de delegado del Poder Judicial del Estado de Morelos, interpuso el presente recurso de reclamación.(6)
Por acuerdo de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el recurso y le asignó el número de expediente 1/2017-CA; además, ordenó correr traslado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, y turnó el asunto al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.(7)
Una vez transcurrido el plazo de cinco días hábiles otorgado a las partes, se tuvieron por presentadas las manifestaciones del Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos, y por acuerdo de dos de febrero de dos mil diecisiete, el Presidente de este Alto Tribunal determinó que se enviara el asunto para su radicación y resolución a la Primera Sala, a la que se encuentra adscrito el Ministro ponente.(8)
Consecuentemente, por acuerdo de nueve de febrero de dos mil diecisiete, el Ministro Presidente de la Primera Sala señaló que la misma se avocaba al conocimiento del asunto y envió los autos a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto correspondiente.(9)
SEXTO. Agravios. En su escrito de reclamación, la parte actora expuso en síntesis los siguientes agravios:
I. Que fue incorrecta la decisión del Ministro instructor de desechar la demanda en relación con los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracción XIV, 45, fracción XV, párrafo primero e inciso c), 54, fracción VII, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 y 68 de la Ley del Servicio Civil, 56, fracción I (sic), de la Ley Orgánica para el Congreso y 109 de su Reglamento, todos del Estado de Morelos, por configurarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el artículo 21, fracción II, de la citada Ley Reglamentaria de la Materia; ello en virtud de que no puede considerarse que dicha improcedencia cumpla con los requisitos de "manifiesta" e "indudable".
De tal forma que, la ausencia de la cita de los referidos numerales en el Decreto impugnado, no implica que los mismos no hayan sido aplicados, pues forman parte en su conjunto de un sistema normativo que regula las pensiones a cargo del Poder Judicial.
II. Que el Ministro instructor debió interpretar el "primer acto de aplicación" de los artículos 55, 56, 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en un sentido amplio e irrestricto, pues por un lado, el plazo se reinicia cada vez que se aplican en un nuevo Decreto las referidas normas; y por otro lado, debió tomar en cuenta que el perjuicio se causa en virtud del Decreto impugnado, pues es en este momento cuando las finanzas del órgano actor no cuentan con los fondos suficientes para otorgar pensiones.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de reclamación 1/2017-CA, derivado de la controversia constitucional 238/2016, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 fracción V, y 11 fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece.
SEGUNDO. Oportunidad. El recurso de reclamación se presentó dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de la materia,(10) de conformidad con lo siguiente:
I. El acuerdo que desechó parcialmente la controversia constitucional intentada fue notificado por oficio a la parte recurrente el jueves doce de enero de dos mil diecisiete.(11)
II. La notificación surtió efectos el día hábil siguiente, esto fue el viernes trece de enero de dos mil diecisiete.
III. El plazo de cinco días señalado por el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para interponer el recurso de reclamación transcurrió del lunes dieciséis, al viernes veinte de enero de dos mil diecisiete.
IV. El escrito de reclamación fue presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el miércoles dieciocho de enero de dos mil diecisiete, por lo que su presentación resulta oportuna.
TERCERO. Procedencia. El artículo 51 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(12) establece las hipótesis de procedencia del recurso de reclamación, mismas que atienden a la finalidad de dicho medio de impugnación, consistente en que las partes, ante una determinación que dicte el Ministro instructor o el Ministro Presidente de este Alto Tribunal y que pudiera trascender al propio trámite, o a la sentencia definitiva que al efecto se dicte, cuenten con el medio de defensa para combatirlo.
Como se advierte del aludido numeral, en estos juicios procederá el recurso de reclamación, entre otros supuestos, contra aquellos autos que desechen una demanda de controversia constitucional.
En la especie, debe tenerse en consideración que, mediante el auto impugnado, el Ministro instructor desechó parcialmente la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Poder Judicial del Estado de Morelos.
Por lo anterior, el presente recurso de reclamación es procedente, por ubicarse en el supuesto que prevé la fracción I del aludido artículo 51, ya que se interpuso en contra del auto en el que desechó la demanda en vía de controversia constitucional.
CUARTO. Legitimación. El escrito de agravios está signado por Alejandro Becerra Arroyo, ostentándose como delegado del Poder Judicial del Estado de Morelos.
Al respecto, debe precisarse que del escrito mediante el cual se promovió la controversia constitucional, así como del acuerdo impugnado, se advierte que Alejandro Becerra Arroyo fue nombrado bajo los términos antes señalados.
Así, del segundo párrafo, del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(13) se desprende que en las controversias constitucionales el actor, el demandado y el tercero interesado, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos; asimismo podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esa ley; por lo que, se considera que Alejandro Becerra Arroyo tiene legitimación para interponer este recurso de reclamación, de conformidad con el citado numeral.
QUINTO. Estudio de fondo. El presente asunto se constriñe a analizar si con los agravios expresados, el recurrente logra demostrar que la determinación del Ministro instructor, consistente en desechar parcialmente la demanda de controversia constitucional, por lo que respecta a las normas generales impugnadas, fue correcta o no.
La materia del presente medio impugnativo consiste únicamente en examinar la legalidad o ilegalidad del acuerdo de trámite recurrido, para que, en caso de que haya existido alguna irregularidad se corrija el procedimiento, razón por la cual, los agravios ajenos a dicho acuerdo deben desestimarse.
Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia número P./J. 10/2007(14) sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU MATERIA CONSISTE EN ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL ACUERDO RECLAMADO".
Ahora, conviene tener presente, que de conformidad con el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional, cuando advierta que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
Al respecto, este Alto Tribunal ha sustentado el criterio, que por manifiesto debe entenderse todo aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la simple lectura de la demanda, los escritos aclaratorios o de ampliación y, en su caso, de los documentos que se anexen a dichas promociones; en tanto que lo indudable se configura cuando se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, de manera tal que, aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no sería posible obtener una convicción diversa.
Tal criterio se encuentra plasmado en la tesis de jurisprudencia P./J. 128/2001, publicada en la página ochocientos tres, Tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por 'manifiesto' debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."
Así, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que dé lugar al desechamiento de la demanda, debe apreciarse de la simple lectura de ésta y de las pruebas que en su caso se hubieran adjuntado, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido claramente manifestados por el demandante, o bien, porque se encuentren probados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que se tenga la plena certeza de que los actos posteriores del procedimiento, como son la contestación de la demanda y la fase probatoria, no serían necesarios para configurarla ni tampoco podrían desvirtuar su contenido.
Al efecto, es aplicable el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal en la tesis jurisprudencial P./J. 9/98, visible en el Tomo VII, correspondiente a enero de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido."
Además, es importante señalar que como las causas de improcedencia son de orden público y deben analizarse de oficio, es necesario que éstas queden probadas de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones, ya que para efectos del desechamiento de una demanda, debe tenerse la certeza de que se surten los extremos del motivo de improcedencia en forma manifiesta e indudable. Ello, en atención a que por sus propias características, el auto inicial, tiene el carácter de una apreciación preliminar de mero trámite, en el que no pueden realizarse estudios exhaustivos por no ser propios de este tipo de acuerdos, pues en este estado procesal tan sólo se pueden tener en cuenta las manifestaciones que se hagan en la demanda y las pruebas que a ésta se adjunten, ya que, el emitir un pronunciamiento de fondo traería como consecuencia que no se actualizara la hipótesis del artículo 25 de la Ley Reglamentaria de la materia.
Una vez precisada la facultad del Ministro instructor para desechar una demanda que en vía de controversia constitucional se hace valer, por advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se procede al análisis de lo manifestado por la parte recurrente en su escrito de agravios.
En la especie, el Ministro instructor determinó desechar parcialmente la demanda de controversia constitucional, en lo relativo a las normas generales impugnadas, por considerar que se actualizaba la causal de improcedencia a que alude la fracción VII, del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 21, fracción II del mismo ordenamiento, en virtud de que: a) por un lado los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracción XIV, 45, fracción XV, párrafo primero e inciso c), 54, fracción VII, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 y 68 de la Ley del Servicio Civil, 56 de la Ley Orgánica para el Congreso y 109 de su Reglamento, todos del Estado de Morelos, no fueron aplicados por el órgano legislativo al emitir el Decreto número 1511, y; b) por otro lado, respecto de los artículos 55, 56, 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el Decreto número 1511 no constituye su primer acto de aplicación.
Ahora, para estar en aptitud de determinar la legalidad o ilegalidad del acuerdo recurrido, debe analizarse, en primer lugar, el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(15) el cual establece que plazo para promover una controversia constitucional cuando se impugnen normas generales es de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha de su publicación o al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
Así, con base en el referido precepto, es dable concluir que los entes, poderes u órganos legitimados para promover una controversia constitucional gozan de una doble oportunidad para cuestionar la constitucionalidad de una norma de carácter general, ya que pueden hacerlo con motivo de su publicación o del primer acto de aplicación en su perjuicio. Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia P./J. 29/97,(16) que textualmente establece:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. OPORTUNIDAD PARA PROMOVERLAS CUANDO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES. De conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la impugnación de normas generales en la vía de controversia constitucional, puede llevarse a cabo en dos momentos distintos: 1) Dentro del plazo de treinta días, contado a partir del día siguiente de su publicación; y, 2) Dentro del plazo de treinta días, contado a partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma controvertida. Con base en la citada disposición legal, los órganos de poder legitimados para intentar una controversia constitucional, gozan de una doble oportunidad para cuestionar la constitucionalidad de una norma de carácter general, ya que pueden hacerlo con motivo de su publicación, o del primer acto de aplicación en perjuicio del órgano demandante; de esto se sigue que, en el primer caso, si esta Suprema Corte de Justicia decretara el sobreseimiento por la improcedencia de la controversia constitucional, fundada en que se promovió fuera del plazo de treinta días posteriores a la publicación de la norma general respectiva, aquel mismo órgano de poder estaría en aptitud jurídica de ejercer válidamente, con posterioridad, la acción de controversia constitucional para impugnar la referida norma, si lo hiciera con motivo del primer acto de aplicación."
En este orden, tratándose de la impugnación de normas generales, al estudiarse la oportunidad en la presentación de la demanda deberá analizarse en qué momento se hizo, si fue con motivo de su publicación, o bien, de su primer acto de aplicación. Sirve como sustento la tesis de jurisprudencia P./J. 65/2009,(17) de rubro y texto siguientes:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, AL ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RELATIVA DEBERÁ ANALIZARSE SI LA IMPUGNACIÓN DE AQUÉLLAS SE HACE CON MOTIVO DE SU PUBLICACIÓN O DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus fracciones I y II el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales, el que se computará tratándose de actos: a) a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efecto la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; b) al en que el actor haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) al en que el actor se ostente sabedor de los mismos; y en el caso de normas generales: a) a partir del día siguiente a la fecha de su publicación; o, b) a partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia. En este orden, tratándose de la impugnación de normas generales, al estudiarse en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200224-a2d6fdb6/i-controversia-constitucional-su-improcedencia-manifiesta-e-indudable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES QUE NO SE APLICARON POR PRIMERA OCASIÓN EN EL DECRETO IMPUGNADO (ARTÍCU (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES QUE NO SE APLICARON POR PRIMERA OCASIÓN EN EL DECRETO IMPUGNADO (ARTÍCU (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES QUE NO SE APLICARON POR PRIMERA OCASIÓN EN EL DECRETO IMPUGNADO (ARTÍCU (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES QUE NO SE APLICARON POR PRIMERA OCASIÓN EN EL DECRETO IMPUGNADO (ARTÍCU (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. EL ESTUDIO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD DEBE HACERSE CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y NO CON BASE E (XVIII.4o.5 L (9a.))
- CESACIÓN DE EFECTOS. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN DOS MIL TRES, CUYA INVALIDEZ SE DECLARÓ EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2 (IV.2o.A.74 A )
- PENSIONES DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MORELOS. CORRESPONDE AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO A SU OTORGAMIENTO, Y (XVIII.C.1 L (10a.))
- PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO AL PAGO DE LOS MONTOS VENCIDOS Y NO RECLAMADOS GENERADOS POR SU INCREMENTO (ARTÍCULO 104 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVI (XVIII.2o.P.A.39 A (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis