I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU TUTELA JURÍDICA ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA PARTE ACTORA REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL O LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS VINCULADOS CON ÉSTA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, ANTE LA INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE SU ESFERA COMPETENCIAL (DECRETO MIL CIENTO TRES POR EL QUE SE ESTABLECE EL RETIRO VOLUNTARIO PARA LAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES QUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 480/2023. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS. 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y PRESIDENTE ALBERTO PÉREZ DAYÁN (PONENTE). PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 480/2023, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, contra el Poder Legislativo de la misma entidad.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Demanda. Por escrito presentado electrónicamente el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, Dulce Marlene Reynoso Santibáñez, en su carácter de Consejera Jurídica y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra del Poder Legislativo de esa entidad, por los siguientes actos:
"IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO.
Del Poder Legislativo del Estado de Morelos, o Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, se impugna:
l. La aprobación, expedición y orden de ficción jurídica de promulgación del ‘DECRETO MIL CIENTO TRES POR EL QUE SE ESTABLECE EL RETIRO VOLUNTARIO PARA LAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES QUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS’ (en adelante Decreto 1103), el cual fue publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, número 6243, de fecha 12 de octubre de 2023.
II. Los efectos y consecuencias del ordenamiento legal impugnado, tales como:
a) La recepción y trámites que, en su caso, se pretenda dar a las solicitudes de retiro voluntario que sean presentadas por las Magistradas y Magistrados de los Tribunales que integran el Poder Judicial del Estado de Morelos y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, ante la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, en acatamiento al artículo o disposición segundo transitorio del Decreto impugnado señalado en el numeral I que antecede. Particularmente en lo referido en este inciso se demanda al Poder Legislativo del Estado de Morelos, incluyendo desde luego su Mesa Directiva del Congreso.
b) La dictaminación y correspondiente proyecto de decreto que conforme al artículo o disposición tercero transitorio del Decreto impugnado señalado en el numeral I que antecede, realice la Comisión del Trabajo, Seguridad y Previsión Social, sobre la procedencia de las solicitudes referidas en el inciso a) anterior. Particularmente en lo referido en este inciso se demanda al Poder Legislativo del Estado de Morelos, incluyendo desde luego su Comisión del Trabajo, Seguridad y Previsión Social.
c) La orden contenida en el artículo o disposición cuarto transitorio del Decreto impugnado señalado en el numeral I que antecede para que los Tribunales del Poder Judicial del Estado de Morelos, y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, contemplen el pago de dichas pensiones en sus respectivos anteproyectos de presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal subsecuentes, que para tales efectos se envíen al Poder Ejecutivo para su inclusión en el paquete económico, en términos del artículo 92 A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como el último párrafo del artículo 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.
d) El efecto emanado del artículo o disposición quinto transitorio del Decreto impugnado señalado en el numeral I que antecede, conforme al cual el Congreso del Estado de Morelos, en términos del artículo 40 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, garantizará en el Presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal, los recursos necesarios para el cumplimiento del Decreto combatido, máxime cuando se encuentra siguiendo el proceso legislativo correspondiente el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el 2024.
e) La orden contenida en el artículo o disposición sexto transitorio del Decreto impugnado señalado en el numeral I que antecede para que las y los Magistrados de los Tribunales del Poder Judicial del Estado de Morelos, y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que se adhieran al presente Decreto, se separen de su encargo el treinta y uno de diciembre del dos mil veintitrés.
f) La designación de las Magistraturas cuyas vacantes se generen con motivo de la aplicación del Decreto impugnado señalado en el numeral I que antecede, las cuales conforme al artículo o disposición transitorio séptimo del DECRETO MIL CIENTO TRES impugnado se ordena sean convocadas por el Órgano Político Calificador y designadas por el Pleno del Congreso del Estado. Particularmente en lo referido en este inciso se demanda al Poder Legislativo del Estado de Morelos, incluyendo desde luego al Órgano Político Calificador.
g) La aprobación y expedición del o los decretos pensionatorios correspondientes emanados de la aplicación y bajo el amparo del DECRETO MIL CIENTO TRES combatido, conforme al artículo o disposición transitorio séptimo del DECRETO MIL CIENTO TRES impugnado.
h) En general cualquier otro acto, orden, efecto o consecuencia que se pretenda realizar o se esté efectuando con apoyo en el citado Decreto 1103.
2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 1, 14, 16, 39, 40, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Trámite y admisión. La Ministra Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de veinte de octubre de dos mil veintitrés, ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número de controversia constitucional 480/2023, y lo turnó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; y posteriormente, por auto de uno de diciembre de dos mil veintitrés, se ordenó returnar el expediente al Ministro Alberto Pérez Dayán
4. Por acuerdo de quince de enero de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda; reconoció el carácter de demandado al Poder Legislativo del Estado de Morelos, y lo requirió para que enviara copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado, así como al Poder Judicial y al Tribunal de Justicia Administrativa, ambos de la misma entidad, para que exhibieran copias certificadas de las documentales relacionadas con los actos que hayan realizado en cumplimiento del Decreto reclamado.
5. De igual forma ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
6. Contestación a la demanda. Por acuerdo de veinte de marzo de dos mil veinticuatro, se tuvo por contestada la demanda por el Congreso de Morelos, en la que señaló lo siguiente:
a Por cuanto hace al primer concepto de invalidez del Poder Ejecutivo local, respecto a que se actualiza una violación al proceso legislativo en lo referente a la promulgación y sanción del Decreto mil ciento tres, se estima que el Congreso local no limitó la facultad de realizar observaciones al actor, pues fueron debidamente recibidas y remitidas para su análisis y aprobación a la Comisión respectiva y en sesión extraordinaria de veintiocho de junio de dos mil veintitrés aprobó el dictamen que tuvo por solventadas las mencionadas observaciones, para posteriormente someterlo a consideración del Pleno del Congreso local.
El Poder Ejecutivo estatal pretende ejercer a conveniencia la facultad de "vetar" las leyes o decretos aprobados por el Congreso local al afirmar que puede realizar observaciones en más de una ocasión a un mismo instrumento legislativo, lo cual es contrario al texto vigente de la Constitución morelense, pues se establece que una vez que el decreto, ley o acuerdo de que se trate, sea nuevamente aprobado por las dos terceras partes de los miembros del órgano legislativo, deberá ser remitido para su publicación. De lo anterior, debe considerarse que en Morelos no puede ejercerse en más de una ocasión el derecho a observar una misma ley o decreto, ya que en el texto constitucional no está prevista una disposición que autorice su uso ilimitado y absoluto, pues ello desnaturaliza la figura del "veto" contemplado como mecanismo de contrapeso que podría atentar contra el principio de división y cooperación entre los Poderes del Estado.
La controversia constitucional es improcedente contra el ejercicio del derecho de veto, pues al constituir un medio de control político, no es susceptible de análisis en sede judicial, además, admitir su procedencia en el supuesto indicado generaría la irrupción del Tribunal Constitucional en el sistema de pesos y contrapesos.
No existe una facultad prevista en favor del Poder Ejecutivo estatal que se encuentre vulnerada, pues el ejercicio desmedido del derecho de veto es lo que se traduciría en una violación al principio de división de poderes, ya que no puede sustituir al Congreso del Estado en el proceso de creación de leyes o decretos, en tanto que su participación dentro del proceso legislativo se limita a la promulgación y aprobación de los mismos, una vez agotada su facultad de realizar observaciones por única ocasión dentro del plazo de diez días a partir de que es de su conocimiento el instrumento legislativo respectivo, pues caso contrario se reputará aprobado y deberá ordenarse su publicación.
Además, el Ejecutivo Estatal pretende alegar que el Congreso local no cuenta con la facultad de emitir "determinaciones", lo que resulta incorrecto, ya que derivado de que el accionante remitió por segunda ocasión observaciones al Decreto mil ciento tres, el Pleno del Congreso del Estado se tuvo que pronunciar al respecto, tratándose de una situación extraordinaria que no está prevista por la Constitución local, en la inteligencia de que el artículo 49 de dicho ordenamiento, únicamente establece la obligación del Poder Legislativo de analizar las observaciones que por única ocasión realice el Ejecutivo de la entidad y discutir nuevamente el instrumento legislativo de que se trate.
Las únicas violaciones que se actualizaron durante el proceso legislativo derivaron del incumplimiento a las obligaciones conferidas por la Constitución local al accionante en perjuicio de los intereses públicos de buen despacho y funcionamiento de las instituciones, en tanto que la omisión de la publicación provocó que un decreto aprobado por el Poder Legislativo local no pudiera adquirir vigencia; por lo que se concuerda con la parte actora en que se vulneran los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Por lo anterior, se observa que el Poder Ejecutivo estatal no hizo valer violaciones relacionadas con la protección de los principios de economía procesal y de equidad en la deliberación parlamentaria, insistiéndose en que únicamente hizo referencia a vulneraciones a las etapas del proceso legislativo en las que por mandado constitucional requieren de la intervención directa del accionante, como lo es la promulgación y publicación de leyes o decretos; por lo que es evidente que no son argumentos suficientes para acreditar que en el caso existan violaciones al proceso legislativo, en virtud de que en el caso se han cumplido con las formalidades del procedimiento legislativo al que debe ceñirse el Congreso local, pues fueron observadas las exigencias que promueven un consenso más sólido entre las fuerzas políticas que integran el Congreso del Estado.
b. Respecto al segundo concepto de invalidez, el Poder Ejecutivo Estatal está planteando un conflicto futuro, virtual o preventivo, lo que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que éstos surgen por el simple peligro de que esa lesión se produzca y no por una lesión real, por lo que no tienen cabida en la regulación actual de las controversias constitucionales, pues por mucho que llegue a ampliarse el objeto del conflicto, no puede identificarse con la invasión o lesión misma.
Además, para salvaguardar la autonomía financiera del Estado, el Congreso local cuenta con facultades exclusivas para estudiar, discutir y aprobar la Ley de Ingresos del Estado y los Municipios, así como Presupuesto de Egresos y autorizar el destino y monto del gasto público estatal para cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo cuya aprobación también le corresponde en exclusiva.
Por lo que hace a los argumentos sobre la preocupación del accionante en el sentido de que los tribunales podrían alegar no contar con recursos económicos suficientes para cubrir las pensiones por retiro anticipado, son infundados, pues el Poder Ejecutivo local tiene la obligación de ocupar el presupuesto aprobado por el Congreso local al Poder Judicial del Estado, equivalente al 4.7% del monto total programable autorizado en el Presupuesto de Egresos, sin que el cumplimiento de esa atribución se encuentre supeditada a la impugnación de los decretos de pensión respectivos por parte del Tribunal Superior de Justicia y Tribunal de Justicia Administrativa, respectivamente. De ahí que, es inoperante el reclamo que hace el actor pues carece de legitimación por la falta de afectación en su contra.
Además, es infundado el argumento que pretende hacer el actor respecto a que se afectaría de manera directa a los tribunales del Estado, la gestión presupuestal y facultades constitucionales del Gobernador; se considera así, toda vez que primero debe actualizarse un acto para que, quien cuente con legitimación, pueda impugnarlo.
El instrumento impugnado no trató de retirar anticipadamente a los Magistrados de manera obligatoria, pues fue cada uno de ellos, los que decidieron si se separaban del cargo en las condiciones mencionadas en el Decreto impugnado o si continuaban como juzgadores hasta que culminara su encargo; por lo que el actor no puede pretender dolerse de una posibilidad al suponer que podría tratarse del retiro de hasta ocho Magistrados, pues se insiste que en la especie únicamente se otorgaron tres pensiones en términos del Decreto combatido, cuyos montos para cubrirlos fueron debidamente autorizados en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo estatal realiza una comparativa que no es objetiva el Decreto impugnado con el Decreto 938 publicado el quince de octubre de dos mil ocho, en el que se permitió por única ocasión el retiro voluntario de las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al existir cambios y reconfiguración que pusieron fin a los efectos vitalicios del cargo de Magistrado; sin embargo, el Decreto mil ciento tres pide mayores requisitos para la procedencia, pues los porcentajes son acordes a los años de servicios prestados. De ahí que, se observa que el Ejecutivo local no reclama un aspecto jurídico de invasión a la esfera de competencias, sino que tiene un sustento político.
c. Respecto al tercer concepto de invalidez, se señala que el Decreto combatido pretendió generar un trato diferenciado entre los titulares del Poder Judicial local y el resto de los trabajadores al servicio del Estado; sin embargo, dicho instrumento legislativo se emitió como un medio para salvaguardar la independencia de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos quienes tienen derecho de gozar de un retiro digno y acorde a los principios de autonomía e independencia judiciales. Máxime que fue emitido en ejercicio de una facultad expresamente conferida tanto por la Constitución Federal como la Constitución local. Además, no existe precepto constitucional que prohíba a las entidades, a través de sus legislaturas, el establecimiento de ese tipo de beneficios para los funcionarios jurisdiccionales.
Asimismo, los Magistrados del Poder Judicial de la Entidad son servidores públicos con derecho a recibir una pensión por jubilación o un haber para el retiro al momento en que termina su periodo de encargo o decidan separarse del encargo, sin que puedan hacerse acreedores de ambas, como en el caso, el Decreto mil ciento tres establece que la renuncia al haber de retiro es uno de los requisitos previstos en el inciso 3 del articulo 2 del instrumento legislativo de mérito para gozar de la pensión por retiro anticipado.
De los artículos 2, 3 y 9 del Decreto impugnado, se desprende que no existe trato diferenciado o desigualdad que afecte al resto de los servidores públicos que pueden ser acreedores a una pensión, pues incluso se requieren mayores requisitos para el caso de que las y los Magistrados quisieran optar por el retiro anticipado, pues los porcentajes de pensión en comparación con los años de servicio son distintos.
El Decreto impugnado pretendió garantizar en condiciones de igualdad el derecho a la seguridad social, por lo tanto, no se intenta anular y limitar el reconocimiento del derecho de otras personas. Máxime cuando en ninguno de los preceptos del instrumento legislativo se aducen limitantes basadas en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquiera otra naturaleza, por el contrario, principalmente se toma en cuenta los años de servicio y tiempo en el encargo; por lo que, contrario a lo que aduce el Ejecutivo Estatal, en el presente caso, no se genera una situación de categoría sospechosa que dé lugar a una práctica discriminatoria o trato inequitativo.
7. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento, ni expresó manifestación alguna.
8. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el quince de mayo de dos mil veinticuatro, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del diverso 34 de la propia Ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, y se puso el expediente en estado de resolución.
9. Cierre de instrucción. En auto de dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro el Ministro instructor dictó auto de cierre de instrucción.
10. Radicación en Sala. En atención a la solicitud formulada por el Ministro instructor a la Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala para su radicación y resolución, lo que ocurrió por auto de catorce de noviembre del año en curso.
I. COMPETENCIA.
11. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los puntos segundo, fracción I, párrafo primero, y tercero, del Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. OPORTUNIDAD.
12. El artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) establece que el plazo para la presentación de la demanda será, tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a partir de su publicación o de su primer acto de aplicación; mientras que el numeral 3, fracción II, del mismo ordenamiento legal,(2) indica que para el cómputo de los plazos se contarán solo los días hábiles; lo que revela que el plazo para promover una controversia constitucional contra una disposición de observancia general es de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación o a que se produzca su primer acto de aplicación. 13. El acto impugnado fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 6243, el doce de octubre de dos mil veintitrés, por lo que el plazo referido transcurrió del trece de octubre al veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés; descontando los días catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho, veintinueve de octubre; uno, dos, tres, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco y veintiséis de noviembre de dos mil veintitrés, de conformidad con los artículos 2 y 3 de la Ley Reglamentaria, en relación con el artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los incisos k), m) y n) del Acuerdo General 18/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como de los de descanso para su personal, respectivamente.
14. Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó a través del Sistema Electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, es claro que su presentación resultó oportuna.
III. ANTECEDENTES Y PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO.
15. Presentación y trámite de las iniciativas. De las constancias que obran en el expediente del presente asunto, se advierte que, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado de Morelos correspondiente al veinticinco de mayo de dos mil veintitrés y concluida el siete de junio siguiente, fue presentada la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se establece la pensión por retiro voluntario de las Magistradas y los Magistrados de los Tribunales que integran el Poder Judicial del Estado de Morelos y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
16. El Presidente de la Mesa Directiva procedió a turnar la iniciativa en comento a la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, para su análisis y dictamen.
17. Dictamen de las iniciativas. Turnada la iniciativa, en la misma sesión, existiendo quorum legal, fue aprobado el dictamen para que continuara la iniciativa de mérito.
18. Debate en la sesión del Pleno. En lo que interesa, se dio lectura del Dictamen con proyecto de decreto por el que se establece la pensión por retiro voluntario de las Magistradas y los Magistrados de los Tribunales que integran el Poder Judicial del Estado de Morelos y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
19. Con lo anterior, el Presidente de la Mesa Directiva tuvo por aprobado el dictamen y por oficio SSLyP/DPLyP/POEM/AÑO2/P.O.2/1103/2023 de trece de junio de dos mil veintitrés, instruyó la expedición del decreto respectivo, así como la remisión al titular del Ejecutivo de la entidad para su publicación.
20. Observaciones del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Mediante oficio JOGE/0064/2023 de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, el Gobernador del Estado de Morelos emitió diversas observaciones al Decreto mil ciento tres, respecto al impacto presupuestal para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinticuatro, así como a la vulneración de la autonomía financiera del Poder Judicial del Estado de Morelos, solicitando al Congreso local reconsiderara en su totalidad los términos del referido Decreto. Dichas observaciones fueron recibidas en la misma fecha por la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas.
21. Debate en la sesión del Pleno respecto a las observaciones emitidas por el Gobernador del Estado de Morelos. En sesión extraordinaria de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, existiendo quorum legal, los diputados integrantes de la mencionada Comisión aprobaron el dictamen que tuvo por solventadas las observaciones del Ejecutivo estatal para que fuera sometido a consideración del Pleno del Congreso del Estado de Morelos.
22. Con lo anterior, el Presidente de la Mesa Directiva tuvo por aprobado el dictamen y por oficio SSLyP/DPLyP/POEM/AÑO2/P.O.2/1763/2023 de tres de julio de dos mil veintitrés, instruyó la expedición del decreto respectivo, así como la remisión al titular del Ejecutivo de la entidad para su publicación.
23. Publicación del Decreto y entrada en vigor. Mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/1785/2023, de once de julio de dos mil veintitrés, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos solicitó al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" publicara el Decreto mil ciento tres, de conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
24. Segundas observaciones del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Mediante oficio JOGE/0070/2023 de trece de julio de dos mil veintitrés, el Gobernador del Estado de Morelos, por segunda ocasión, emitió diversas observaciones al Decreto mil ciento tres, en las que aduce que el Congreso local de nueva cuenta incurría en una falta de congruencia interna, sin que se encuentre debidamente motivado, violando el principio de seguridad jurídica respecto a los porcentajes y antigüedad para el cálculo de la pensión. Dichas observaciones fueron recibidas en la misma fecha por la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas.
25. Debate en la sesión del Pleno respecto a las observaciones emitidas por el Gobernador del Estado de Morelos. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado de Morelos iniciada el dieciocho y concluida el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, se determinó la improcedencia de las observaciones hechas de "nueva cuenta" por el Gobernador del Estado de Morelos, emitiendo la "DETERMINACIÓN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS DE NUEVA CUENTA POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO AL DECRETO MIL CIENTO TRES POR EL QUE SE ESTABLECE LA PENSIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO DE LAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES QUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS".
26. Publicación del Decreto y entrada en vigor. Mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/2185/2023, de cinco de octubre de dos mil veintitrés, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos solicitó al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" publicara el Decreto mil ciento tres, de conformidad la "determinación" señalada con anterioridad, emitida por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos.
27. Dicho decreto se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 6243, el doce de octubre de dos mil veintitrés.
28. Ahora bien, en términos del numeral 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) se deben fijar los actos u omisiones objeto de esta controversia y apreciar las pruebas respectivas para tenerlos o no por demostrados.
29. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la parte actora impugna la aprobación, expedición y orden de ficción jurídica de promulgación del "DECRETO MIL CIENTO TRES POR EL QUE SE ESTABLECE EL RETIRO VOLUNTARIO PARA LAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES QUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS", publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 6243, el doce de octubre de dos mil veintitrés, que se transcribe a continuación:
DECRETO NÚMERO MIL CIENTO TRES POR EL QUE SE ESTABLECE EL RETIRO VOLUNTARIO DE LAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES QUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS Y DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS
Artículo 1. Por esta única ocasión, el retiro voluntario para las Magistradas y Magistrados de los Tribunales que integran el Poder Judicial del Estado de Morelos y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, procederá en los casos y mediante las condiciones que establece, el presente decreto.
Artículo 2. Las Magistradas o Magistrados de los Tribunales que integran el Poder Judicial del Estado de Morelos y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, podrán optar por el retiro voluntario y obtendrán una pensión en las condiciones de este Decreto, únicamente cuando cumplan con los tres requisitos siguientes:
1) Que tengan antecedentes como trabajadores al servicio de los Poderes del Estado; de organismos públicos descentralizados; de organismos públicos autónomos o de ayuntamientos, con una antigüedad de quince años o más, incluyendo el tiempo del ejercicio de la magistratura para efectos del cómputo de esa antigüedad;
2) Que hayan ejercido el cargo de Magistrada o Magistrado, por un lapso mínimo de ocho años y que se encuentre pendiente de ejercer el cargo de por lo menos dos años previos a la conclusión de su periodo constitucional, y
3) Optar por la pensión que otorga de este Decreto, renunciando al haber retiro que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, bajo la condición de que el decreto de retiro voluntario se mantenga vigente.
Artículo 3. Para el cálculo de la pensión correspondiente al retiro voluntario de las Magistradas o Magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, además de haber cumplido cuando menos cincuenta años de edad, se tomará en cuenta la siguiente tabla:
I. Por 15 años de servicios: 75%;
II. Por 16 años
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200998-3352426e/i-controversia-constitucional-su-tutela-juridica-es-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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