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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE SE RECLAME CONFORME A LA LEY DEL PROPIO ACTO; AL EN QUE EL ACTOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ELLOS O DE SU EJECUCIÓN; O, AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTE SABEDOR DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE MORELOS. MARCO CONSTITUCIONAL QUE LO RIGE. III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE MORELOS. ASPECTOS RELEVANTES QUE DIERON LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO. IV. DERECHO DE VETO. CONSTITUYE UN MEDIO DE CONTROL POLÍTICO CUYO EJERCICIO REPRESENTA EL PRINCIPAL CONTRAPESO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CONTRA LA ACTIVIDAD DEL ÓRGANO LEGISLATIVO A FIN DE LOGRAR UN EQUILIBRIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE AMBOS. V. DERECHO DE VETO EN EL ESTADO DE MORELOS. MARCO CONSTITUCIONAL QUE LO RIGE. VI. DERECHO DE VETO EN EL ESTADO DE MORELOS. SON EXCEPCIONES PARA SU EJERCICIO LA APROBACIÓN, LAS REFORMAS Y LAS ADICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO LOCAL; CUANDO ÉSTE EJERZA FUNCIONES DE JURADO O CUANDO DECLARE QUE DEBE ACUSARSE A ALGUNOS DE LOS SERVIDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR LA COMISIÓN DE UN DELITO O EN LOS JUICIOS DE RESPONSABILIDAD POLÍTICA; Y CUANDO SE TRATE DEL DECRETO DE CONVOCATORIA QUE EXPIDA LA DIPUTACIÓN PERMANENTE EN LOS CASOS DE NOMBRAMIENTO DE GOBERNADOR INTERINO O SUSTITUTO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 38, PÁRRAFO SEGUNDO Y 52 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y 4 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO, AMBAS DE ESA ENTIDAD. VII. DERECHO DE VETO. SU EJERCICIO NO ES ILIMITADO, EN TANTO QUE EXISTEN ACTOS QUE NO PUEDEN SER OBJETO DE AQUÉL, ATENTO AL PRINCIPIO DE LA NO INTERVENCIÓN DE UN PODER EN OTRO TRATÁNDOSE DE ACTOS DE DETERMINADA NATURALEZA. VIII. DERECHO DE VETO. ES UN ACTO DE COLABORACIÓN ENTRE LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO, Y UN MECANISMO A TRAVÉS DEL CUAL LA CONSTITUCIÓN EVITA QUE UN PODER SE SOBREPONGA A OTRO, ESTABLECIENDO ASÍ UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS. IX. DERECHO DE VETO EN EL ESTADO DE MORELOS. PARA QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN PARA SU EJERCICIO EN EL CASO DE LA APROBACIÓN, REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO LOCAL, DEBEN TRATARSE DE DISPOSICIONES NORMATIVAS A TRAVÉS DE LAS CUALES EL ÓRGANO LEGISLATIVO REGULA SU ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO INTERNO CON EL OBJETO DE EVITAR QUE EL EJECUTIVO INTERFIERA EN SU ESFERA DE ATRIBUCIONES. X. DERECHO DE VETO EN EL ESTADO DE MORELOS. SU EJERCICIO NO ES ILIMITADO POR LO QUE NO SE VULNERA CON LA "DETERMINACIÓN" EMITIDA POR EL PLENO DEL CONGRESO LOCAL, MEDIANTE LA CUAL SE DETERMINÓ LA IMPROCEDENCIA DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR SEGUNDA OCASIÓN POR EL PODER EJECUTIVO ESTATAL AL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECIÓ LA PENSIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO DE LOS TITULARES DE LAS MAGISTRATURAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DE ESA ENTIDAD; TODA VEZ QUE, PERMITIR SU EJERCICIO EN MÁS DE UNA OCASIÓN ROMPERÍA CON TAL MECANISMO DE COLABORACIÓN, COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO ENTRE AMBOS PODERES (DECRETO NÚMERO MIL CIENTO TRES, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECIÓ LA PENSIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO DE LOS TITULARES DE LAS MAGISTRATURAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE MORELOS. EL QUE DERIVÓ EN EL DECRETO IMPUGNADO POR EL QUE SE ESTABLECIÓ LA PENSIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO DE LOS TITULARES DE LAS MAGISTRATURAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DE ESA ENTIDAD SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DERIVÓ EN EL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO TRES, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECIÓ LA PENSIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO DE LOS TITULARES DE LAS MAGISTRATURAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS PUBLICADO, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INOPERANTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ RELATIVO A QUE LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS POR EL PODER LEGISLATIVO EN EL PRIMER DECRETO MIL CIENTO TRES NO HABÍA SIDO MATERIA DEL ACTO LEGISLATIVO EN CUESTIÓN EN TANTO QUE EL PODER EJECUTIVO LOCAL ACTOR CARECE DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA (DECRETO NÚMERO MIL CIENTO TRES, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECIÓ LA PENSIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO DE LOS TITULARES DE LAS MAGISTRATURAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS PUBLICADO, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 475/2023. · Registro digital (IUS): 201056
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Duodécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 475/2023. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS. 8 DE ENERO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: VALERIA PALMA LIMÓN.

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SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 475/2023, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, contra el Poder Legislativo de la misma entidad.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Demanda. Por escrito presentado electrónicamente el once de octubre de dos mil veintitrés, Dulce Marlene Reynoso Santibáñez, en su carácter de Consejera Jurídica y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra del Poder Legislativo de la misma entidad, por los siguientes actos:

“a) La “DETERMINACIÓN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS DE ‘NUEVA CUENTA’ POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO AL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO TRES POR EL QUE SE ESTABLECE LA PENSIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO DE LAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES QUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS” que se adoptó en sesión ordinara de Pleno iniciada el 18 y concluida el 26 de septiembre de 2023, consistente en los siguientes puntos:

PRIMERO. Se determina la improcedencia de la posibilidad de formular ‘nuevas observaciones’ por parte del Poder Ejecutivo al Decreto 1103 y para los efectos conducentes de acuerdo con el marco jurídico aplicable, además de hacerle la devolución de sus oficios y anexos; asimismo se dictamina necesario que se le informe que el instrumento legislativo de mérito quede publicado debidamente en la Gaceta Parlamentaria de este Poder Legislativo; ello en razón de que dada su negativa ficta de publicar el citado instrumento, que, subyace del oficio JOGE/0070/2023 y sus anexos, el mismo debe ser promulgado y, consecuentemente, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado debe instruir la realización de dicha publicación en la aludida Gaceta Parlamentaria y, a su vez, ordenar a quien corresponda, que dentro del término de cinco días hábiles, se realice la publicación del Decreto 1103 en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, órgano de difusión del Gobierno del Estado, para todos los efectos conducentes.

SEGUNDO. Notifíquese al Titular del Poder Ejecutivo Estatal la presente determinación en los términos precisados.

TERCERO. Se instruya a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado, dar cumplimiento en sus términos lo señalado en el presente dictamen ...”

b) Los efectos, órdenes y consecuencias derivadas de la Determinación impugnada.”

2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 1, 14, 16, 39, 40, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Trámite y admisión. Por auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta ordenó registrar y turnar el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para que instruyera el procedimiento correspondiente.

4. Mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veintitrés se ordenó returnar el expediente al Ministro Alberto Pérez Dayán, para que continuara actuando como instructor en la presente controversia constitucional.

5. Por acuerdo de quince de enero de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda; reconoció el carácter de demandado al Poder Legislativo del Estado de Morelos, y lo requirió para que enviara copia certificada de las documentales relacionadas con los actos impugnados.

6. De igual forma ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.

7. Conceptos de invalidez. El poder actor planteó en esencia los siguientes conceptos de invalidez en la demanda:

• Señala que el Congreso local en el proceso legislativo, sin la debida fundamentación y motivación, introduce una figura inexistente llamada “determinación”, a través de la cual pretende limitar, en perjuicio del actor, sus facultades para formular nuevas observaciones, por parte del Poder Ejecutivo Estatal al Decreto 1103, en términos de la Constitución local, contrariando lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, y con base en ella invade la esfera de competencias del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, pretendiendo subordinarlo y limitarlo en sus facultades, violando el principio de división de poderes establecido en los artículos 39, 40, 41 y 116 de la Constitución Federal.

• El acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que por una parte de los artículos 42 a 52 de la Constitución local no se desprende la existencia de la figura “determinación” como una potestad con que cuente el Congreso local, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de ese ordenamiento, por lo que transgrede los principios de legalidad y debido proceso, pues el Congreso local tiene la facultad de emitir leyes, decretos o acuerdos, pero no para emitir “determinaciones” como la que se está impugnando.

• Al haber emitido una “determinación” sin fundamento ni motivación, se vulnera e invade la esfera de competencia del Poder Ejecutivo local para realizar observaciones a las leyes o decretos aprobados por el Congreso local, establecida en los artículos 47, primer párrafo, 48, 49 y 70, fracción II, de la Constitución local.

• El actuar del Congreso local pretende subordinar al Poder Ejecutivo estatal, al limitarle una facultad que constitucionalmente tiene conforme a los principios y valores constitucionales, pues la figura de “veto” representa un equilibrio entre poderes.

• La “determinación” actualiza una subordinación del Poder Ejecutivo local, y vulnera su competencia al coartarle el derecho que tiene de formular observaciones correspondientes al Decreto 1103, violando el principio de división de poderes consagrado en los artículos 39, 40, 41 y 116 de la Constitución Federal.

• Reitera que el Congreso local, con la “determinación” impugnada, invade la esfera de competencia del Poder Ejecutivo local, violando el principio de división de poderes consagrado en los artículos 14, 16, 39, 40, 41 y 116 de la Constitución Federal, al pretender suprimir la facultad que tiene para realizar observaciones a los decretos que apruebe el Congreso del Estado, ya que no existe fundamento o motivación alguna por la cual se determine improcedente la posibilidad de formular nuevas observaciones al Decreto 1103, pues el legislador local consignó una nueva porción normativa que no fue conocida por el Gobernador sino hasta la segunda versión del Decreto y, por ende, no fue combatida en la observación primigenia. Por lo que, al contener un nuevo texto legal, se surtió la posibilidad de observar nuevamente el Decreto 1103 por parte del Gobernador, quien hasta el momento de conocer la última versión es que pudo objetar la nueva redacción pretendida para el artículo 3 del Decreto citado.

• Aduce que no se planteó como observación agregar sólo el rango de edad que establece la Ley del Servicio Civil del Estado para la cesantía que es de cincuenta y cinco años, y con ese hecho seguir conservando porcentajes discriminatorios para el resto de los trabajadores. De ahí que el Congreso local se excedió en su dictaminación y no se circunscribió a las primeras observaciones formuladas por el Gobernador del Estado, con lo que se vulneró el proceso legislativo, al violentar la limitante impuesta por el artículo 151, segundo párrafo, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.

• Las modificaciones efectuadas por el Poder Legislativo en el primer Decreto 1103, no habían sido materia del acto legislativo en cuestión, por lo que es indudable que al menos para la porción normativa “además de haber cumplido cuando menos cincuenta años de edad” el proceso legislativo permite la posibilidad de realizar observaciones a esa nueva porción destacada.

• Señala que el Titular del Poder Ejecutivo puede realizar observaciones a cualquier proyecto de ley o decreto emitido por el Poder Legislativo Estatal, pues no advierte alguna disposición constitucional que limite el ejercicio de ese derecho en cuanto a su contenido; ya que aduce que sólo así el derecho de veto representa un mecanismo de control político de poderes, cuyo objeto es mantener el equilibrio entre ellos, representando su ejercicio el principal contrapeso que posee el Poder Ejecutivo para frenar en el ejercicio de las funciones al Poder Legislativo.

• La determinación impugnada le causa agravio al Poder Ejecutivo local, pues al arrogarse el Congreso del Estado una facultad constitucional con la cual no cuenta, en la que pretende determinar cuándo no es procedente la facultad del Gobernador del Estado para formular observaciones a los ordenamientos que emita el Congreso local, afecta el principio de división de poderes al generar una intromisión en la esfera de competencias en perjuicio del poder Ejecutivo local, violentando los artículos 39, 40, 41 y 116 de la Constitución Federal.

• El Congreso local no está facultado para establecer con una “determinación”, que el Gobernador no cuente con la atribución de formular nuevas observaciones, pues únicamente el Constituyente permanente, al reformar la Constitución local podría limitar al Poder Ejecutivo local la posibilidad de formular observaciones como en el presente caso.

• Por ello aduce que el Congreso local, sin fundamento ni motivación, vulnera en perjuicio del actor el principio de división de poderes al pretender arbitrariamente arrogarse un facultad ajena como suprimir facultades del actor derivadas de los artículos 47, primer párrafo, 48, 49 y 70, fracción II, de la Constitución local, conforme a los cuales se confiere al Gobernador del Estado la facultad de hacer observaciones a los proyectos de Leyes o Decretos que apruebe y le remita el Congreso del Estado para su publicación.

8. Contestación a la demanda. Por acuerdo de veinte de marzo de dos mil veinticuatro, se tuvo por contestada la demanda por el Congreso de Morelos, en la que señaló lo siguiente:

• Por cuanto hace al primer argumento del Poder Ejecutivo local, respecto a que el Congreso del Estado de Morelos, sin fundamentación ni motivación, introdujo en el proceso legislativo algo llamado “determinación”, a través de la cual se pretendió limitar su facultad de formular nuevas observaciones al Decreto 1103, esto es, para vetar por segunda ocasión o “revetar” un decreto, el Congreso local, señala que en ningún momento obstaculizó ni limitó la facultad con la que cuenta el Poder Ejecutivo de Morelos para realizar observaciones al Decreto 1103, pues fueron debidamente recibidas y remitidas para su análisis y aprobación correspondiente a la Comisión respectiva, misma que en sesión extraordinaria de veintiocho de junio de dos mil veintitrés aprobó el dictamen que tuvo por solventadas las observaciones citadas, para posteriormente someterlo a consideración del Pleno del Congreso local, por lo que no existen elementos para sostener que se privó al actor de ejercer una atribución que tiene expresamente reconocida en la Constitución de Morelos.

• Resulta constitucional que el Pleno del Congreso local en ejercicio de sus facultades soberanas se pronunciara respecto a la indebida intervención que pretendía tener el actor en las etapas del proceso legislativo que le competen de manera única y exclusiva. Máxime cuando se habían agotado la mayoría de las etapas del proceso, pues el Decreto 1103 fue confirmado atendiéndose parcialmente las observaciones realizadas y, por tanto, fue devuelto para su respectiva publicación hasta el doce de octubre de dos mil veintitrés, en franca violación a las disposiciones fundamentales que regulan el proceso legislativo.

• Por otra parte, conforme al Diccionario de la Real Academia Española la palabra “determinación” tiene como sinónimos las diversas “decisión”, “resolución”, “acuerdo”, “disposición”, “conclusión”, “estipulación”, “voluntad”, entre otras; de ahí que, encuadra dentro de la expresión contenida en el artículo 38 de la Constitución local que establece expresamente “las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos económicos”.

• Conforme al criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 36/2015 y analizar el marco jurídico morelense, por regla general, siempre que el Ejecutivo formule observaciones a un proyecto de la ley o decreto, en ejercicio de su derecho de veto, el Legislativo se encuentra obligado a analizarlas; sin embargo, existe el riesgo de que el ejercicio desmedido de esa prerrogativa acabe por obstaculizar las facultades de expedición de normas que tiene el Poder Legislativo.

• Respecto al segundo concepto de invalidez, el Poder Ejecutivo desarrolla argumentos tendentes a demostrar que con la aprobación de la determinación impugnada se impide el ejercicio de la facultad de hacer observaciones a las leyes o decretos que apruebe y remita el Congreso local para su publicación; al respecto, es claro que el Poder Ejecutivo pretende ejercer de manera omnímoda o a conveniencia la facultad de “vetar” las leyes o decretos aprobados por el Congreso estatal, al afirmar dogmáticamente que puede realizar observaciones en más de una ocasión a un mismo instrumento normativo, lo cual es contrario al texto vigente de la Constitución morelense, pues una vez agotado este derecho, dentro de los diez días siguientes a que es hecho del conocimiento el instrumento legislativo de que se trate, debe ser devuelto para su respectivo análisis, discusión y aprobación, cuyas facultades son exclusivas del Poder Legislativo.

• El Pleno del Alto Tribunal, al resolver la controversia constitucional 52/2004, sostuvo que el ejercicio del derecho de veto conferido al Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco no es ilimitado, ya que existen actos que no pueden ser objeto de ese control, pues lejos de limitarse a esa finalidad, vulnerarían la independencia del Poder Legislativo local e inclusive propiciarían enfrentamientos innecesarios entre poderes.

• En el caso concreto debe considerarse que en Morelos no puede ejercerse en más de una ocasión el derecho a observar una misma ley o decreto, ya que en el texto constitucional no está prevista una disposición que autorice su uso ilimitado y absoluto, pues ello desnaturalizaría la figura del “veto” contemplado en nuestro ordenamiento jurídico mexicano como un mecanismo de contrapeso que, de usarse de manera arbitraria, atentaría contra el principio de división y cooperación entre los Poderes del Estado.

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando la materia de lo impugnado verse sobre asuntos que corresponden en su totalidad a cuestiones de índole política, no podrán ser sujetos a control jurisdiccional en tanto que el Constituyente local ha establecido el mecanismo idóneo para su superación, consistente en atender las observaciones realizadas por el Ejecutivo, o confirmar el proyecto de ley o decreto mediante la votación calificada requerida, lo cual constituye un medio de control político que representa un contrapeso a la actividad del Poder Legislativo.

• La controversia constitucional es improcedente contra el ejercicio del derecho de veto, pues al constituir un medio de control político, no es susceptible de análisis en sede judicial; además de que admitir la procedencia de ésta en el supuesto indicado generaría la irrupción del Tribunal Constitucional en el sistema de pesos y contrapesos diseñado por el Congreso del Estado, y la consiguiente afectación al cause que debe seguir el proceso legislativo.

• Se concuerda con la parte actora en que se vulneraron los principios de legalidad y seguridad jurídica, ya que el Poder Legislativo hizo del conocimiento del accionante que el Decreto 1103 fue publicado debidamente en la Gaceta Parlamentaria del Poder Legislativo, en razón de que ante su negativa ficta de publicar el citado instrumento legislativo, se consideró promulgado y consecuentemente, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, le solicitaron al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, que instruyera la realización de dicha publicación en la aludida Gaceta Parlamentaria y, a su vez se ordenara que dentro del término de cinco días hábiles, se realizara la publicación del Decreto 1103 en el Periódico Oficial, lo que sucedió a través del oficio SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/2185/2023.

• Aduce que los argumentos del Poder Ejecutivo no son suficientes para acreditar que en este caso existiera la introducción al proceso legislativo del Decreto 1103 de una supuesta figura inexistente y que, con ello, se invadiera su competencia o violentara el principio de división de poderes, en virtud de que en el caso se han cumplido con las formalidades del procedimiento legislativo al que debe ceñirse el Poder Legislativo.

• Por cuanto al señalamiento de que el Decreto 1103 generó un trato discriminatorio entre los trabajadores y los Magistrados del Poder Judicial del Estado, debe establecerse que la fracción III del artículo 116, que señala en su primer párrafo que los Poderes Judiciales de las entidades federativas se ejercerán por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas, y en su segundo párrafo, mandata que la independencia de los magistrados y jueces estatales en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las leyes orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan en los Poderes Judiciales Estatales. Posteriormente, en sus párrafos tercero a sexto se detallan algunas condiciones específicas para cumplir con estos mandatos, las cuales consisten en requisitos de designación de magistrados y jueces locales, reglas sobre la carrera judicial, sobre los tiempos de mandato y las formas de adquirir inamovilidad por parte de los magistrados y la irrenunciabilidad e irreductibilidad salarial.

• En ese sentido, por lo que hace al argumento en el que el Poder Ejecutivo señala que el Decreto impugnado sin fundamentación ni motivación pretende generar un trato diferenciado entre los titulares del Poder Judicial y los trabajadores al servicio del Estado, respecto a los porcentajes de pensión otorgada en relación con los años de antigüedad acreditados, se hace valer en primer lugar que el artículo 108, primer párrafo, de la Constitución Federal, reputa como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorgue autonomía.

• De ahí que, los Magistrados del Poder Judicial de la entidad son servidores públicos con derecho a recibir una pensión por jubilación o un haber de retiro al momento en que termina su periodo de encargo o deciden separarse del encargo, sin que ello llegue al extremo de que puedan hacerse acreedores de ambas, pues la autorización de un doble beneficio se traduciría en un trato diferenciado entre los trabajadores al servicio del Estado, lo que en la especie no aconteció a traves del Decreto impugnado, ya que la renuncia de un haber de retiro es uno de los requisitos previstos en el inciso 3), del artículo 2 del Decreto impugnado para gozar de la pensión por retiro anticipado. • De los artículos 2 y 3 del Decreto 1103; así como del diverso 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se advierte que no existe trato diferenciado que afecte al resto de servidores públicos que pretendan ser acreedores a una pensión, pues incluso se requieren mayores requisitos para el caso de que los Magistrados y Magistradas opten por el retiro anticipado, pues la antigüedad mínima es de quince años y que se encuentre pendiente de ejercer el cargo por lo menos dos años previos a la conclusión de su periodo constitucional; además, que haya ejercido el cargo por lo menos ocho años; una vez reunidos tales elementos, el servidor público debe optar por la pensión, renunciando al haber de retiro; lo que contrasta con los diez años que establece la Ley del Servicio Civil para la procedencia de una pensión por cesantía en edad avanzada.

• Se niega que en el caso se haya configurado una categoría sospechosa, pues contrario a lo que señala el Poder Ejecutivo local, no se requería una motivación reforzada para soportar la actuación, sino que bastaba una motivación ordinaria, la cual tiene lugar cuando el legislador lleva a cabo sus funciones legislativas en las que no se presenta alguna categoría sospechosa.

• Finalmente, en el tercer concepto de invalidez de la actora, señala que el Congreso local pretende arrogarse la facultad de determinar cuándo no es procedente que el Gobernador formule observaciones a los ordenamientos que emita el Poder Legislativo; lo que resulta falso, pues como está previsto en el artículo 49 de la Constitución local, el Congreso estatal, previo análisis y discusión de las observaciones, puede confirmar en sus términos las leyes o decretos.

• Además, el Poder Ejecutivo no puede alegar un supuesto “precedente” equiparándolo con la naturaleza de una costumbre parlamentaria, ya que únicamente hace referencia a que, en tres ocasiones, durante la instalación de la LIII Legislatura existió cierta flexibilidad para atender las observaciones que por segunda ocasión envió el Gobernador.

9. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el diecisiete de abril de dos mil veinticuatro, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del diverso 34 de la propia Ley, se hizo una relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, y se puso el expediente en estado de resolución.

10. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento, ni expresó manifestación alguna.

11. Cierre de instrucción. En auto de dieciocho de abril de dos mil veinticuatro el Ministro instructor dictó auto de cierre de instrucción.

12. Radicación en Sala. En atención a la solicitud formulada por el Ministro instructor a la Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala para su radicación y resolución, lo que ocurrió por auto de catorce de noviembre de dos mil veinticuatro.

I. COMPETENCIA

13. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los puntos segundo, fracción I, párrafo primero, y tercero, del Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. OPORTUNIDAD

14. De conformidad con el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) el plazo para la presentación de la demanda será, tratándose de actos u omisiones, de treinta días contados a partir del día siguiente al que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; en el que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o en el que el actor se ostente sabedor de los mismos.

15. El acto impugnado es la “Determinación respecto a las observaciones realizadas de nueva cuenta por el Poder Ejecutivo del Estado al Decreto número mil ciento tres por el que se establece la pensión por retiro voluntario de las magistradas y magistrados de los tribunales que integran el Poder Judicial del Estado de Morelos y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos” que se adoptó en sesión ordinara de Pleno iniciada el dieciocho y concluida el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés.

16. En el caso, la sesión en la que se adoptó dicha determinación concluyó el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, por lo que el plazo referido transcurrió del veintisiete de septiembre al trece de noviembre de dos mil veintitrés; descontando los días treinta de septiembre; uno, siete, ocho, doce, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho, veintinueve de octubre; uno, dos, tres, cuatro, cinco, once y doce de noviembre de dos mil veintitrés, de conformidad con los artículos 2 y 3 de la Ley Reglamentaria, en relación con el artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los incisos j), m) y n) del Acuerdo General 18/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como de los de descanso para su personal, respectivamente.

17. Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó a través del Sistema Electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el once de octubre de dos mil veintitrés, es claro que su presentación resultó oportuna.

III. ANTECEDENTES Y PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO

18. Presentación y trámite de las iniciativas. De las constancias que obran en el expediente del presente asunto, se advierte que, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado de Morelos correspondiente al veinticinco de mayo de dos mil veintitrés y concluida el siete de junio siguiente, fue presentada la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se establece la pensión por retiro voluntario de las Magistradas y los Magistrados de los Tribunales que integran el Poder Judicial del Estado de Morelos y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

19. El Presidente de la Mesa Directiva procedió a turnar la iniciativa en comento a la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, para su análisis y dictamen.

20. Dictamen de las iniciativas. Turnada la iniciativa, en la misma sesión, existiendo quorum legal, fue aprobado el dictamen para que continuara la iniciativa de mérito.

21. Debate en la sesión del Pleno. En lo que interesa, se dio lectura del Dictamen con proyecto de decreto por el que se establece la pensión por retiro voluntario de las Magistradas y los Magistrados de los Tribunales que integran el Poder Judicial del Estado de Morelos y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

22. Con lo anterior, el Presidente de la Mesa Directiva tuvo por aprobado el dictamen y por oficio SSLyP/DPLyP/POEM/AÑO2/P.O.2/1103/2023 de trece de junio de dos mil veintitrés, instruyó la expedición del decreto respectivo, así como la remisión al titular del Ejecutivo de la entidad para su publicación.

23. Observaciones del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Mediante oficio JOGE/0064/2023 de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, el Gobernador del Estado de Morelos emitió diversas observaciones al Decreto mil ciento tres, respecto al impacto presupuestal para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinticuatro, así como a la vulneración de la autonomía financiera del Poder Judicial del Estado de Morelos, solicitando al Congreso local reconsiderara en su totalidad los términos del referido Decreto. Dichas observaciones fueron recibidas en la misma fecha por la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas.

24. Debate en la sesión del Pleno respecto a las observaciones emitidas por el Gobernador del Estado de Morelos. En sesión extraordinaria de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, existiendo quorum legal, los diputados integrantes de la mencionada Comisión aprobaron el dictamen que tuvo por solventadas las observaciones del Ejecutivo estatal para que fuera sometido a consideración del Pleno del Congreso del Estado de Morelos.

25. Con lo anterior, el Presidente de la Mesa Directiva tuvo por aprobado el dictamen y por oficio SSLyP/DPLyP/POEM/AÑO2/P.O.2/1763/2023 de tres de julio de dos mil veintitrés, instruyó la expedición del decreto respectivo, así como la remisión al titular del Ejecutivo de la entidad para su publicación.

26. Publicación del Decreto y entrada en vigor. Mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/1785/23, de once de julio de dos mil veintitrés, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos solicitó al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” publicara el Decreto mil ciento tres, de conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

27. Segundas observaciones del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Mediante oficio JOGE/0070/2023 de trece de julio de dos mil veintitrés, el Gobernador del Estado de Morelos, por segunda ocasión, emitió diversas observaciones al Decreto mil ciento tres, en las que aduce que el Congreso local de nueva cuenta incurría en una falta de congruencia interna, sin que se encuentre debidamente motivado, violando el principio de seguridad jurídica respecto a los porcentajes y antigüedad para el cálculo de la pensión. Dichas observaciones fueron recibidas en la misma fecha po

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201056-4f29cf45/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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