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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE SE RECLAME CONFORME A LA LEY DEL PROPIO ACTO; AL EN QUE EL ACTOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ELLOS O DE SU EJECUCIÓN, O AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTE SABEDOR DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL TENER CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO CON ANTERIORIDAD (DECRETO MIL CIENTO CINCO, POR EL CUAL SE APROBÓ EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTIUNO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA QUE SEA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA (ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEBERÁ DESESTIMARSE. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL Y EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN LA QUE ADUCEN QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTÚAN EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES (DECRETO SESENTA Y UNO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). IX. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. SU FINALIDAD Y LÍMITES A NIVEL ESTATAL CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. X. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. XI. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XII. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. XIII. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XIV. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO SESENTA Y UNO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE LA PENSIÓN: "... SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES, CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y AMPAROS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO CINCO POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES."). XV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PORCIÓN NORMATIVA DEL DECRETO IMPUGNADO EN LA QUE SE SEÑALA QUE EL ACTOR DEBE REALIZAR EL PAGO DE LA PENSIÓN CON CARGO A LA PARTIDA PRECISADA EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO 18 DEL DECRETO MIL CIENTO CINCO POR EL QUE SE APROBÓ EL PRESUPUES

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/2022. · Registro digital (IUS): 31510
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-06-09
Promovente: PODER JUDICIAL DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo IV, Pág.3957.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/2022. PODER JUDICIAL DE MORELOS. 8 DE FEBRERO DE 2023. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: JEANNETTE VELÁZQUEZ DE LA PAZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto(s) impugnado(s):

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al ocho de febrero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 26/2022, promovida por el Poder Judicial de Morelos, contra el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, en contra del Decreto Número Sesenta y Uno –publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" ejemplar 6025, el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno– a través del cual el Poder Legislativo de Morelos, determinó otorgar pensión por jubilación a **********, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos.

El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala consiste en determinar si la presente controversia constitucional resulta procedente y, en su caso, si se actualiza una invasión de competencias a las facultades del Poder Judicial del Estado de Morelos.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. El primero de febrero de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rubén Jasso Díaz, en su carácter de Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, en representación del Poder Judicial del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez del Decreto Número Sesenta y Uno –publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6025, el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno– a través del cual el Poder Legislativo de Morelos, determinó otorgar pensión por jubilación a **********, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin transferir efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica el decreto jubilatorio.

2. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

• En cada ejercicio fiscal, el Poder Judicial del Estado de Morelos ha remitido al titular del Poder Ejecutivo Estatal sus anteproyectos de presupuesto de egresos en los que se ha considerado una partida presupuestal para el pago de los decretos de las personas que han sido pensionadas o jubiladas por el Poder Legislativo Local; sin embargo, no se han respetado dichos proyectos, dado que cada año el Legislativo ha autorizado un porcentaje mínimo para el rubro de pago de pensiones.

• El demandante, en diversas controversias promovidas entre los ejercicios fiscales de dos mil trece y dos mil diecisiete, ha manifestado que el presupuesto otorgado al Poder Judicial Estatal se mantiene intocado, independientemente del aumento en los insumos necesarios para cumplir con el mandamiento constitucional de administrar justicia, el aumento del salario del personal y el exponencial número de jubilados.

• Mediante oficio número **********, de fecha de veintiocho de agosto de dos mil veinte –en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 25, último párrafo, de la Ley de Presupuesto y Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos– se remitió al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual del Poder Judicial del Estado de Morelos, previamente autorizado por la Junta de Administración ,Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, a efecto de que éste lo remitiera al Poder Legislativo del Estado para su discusión y aprobación.

• En dicho anteproyecto, atendiendo a las necesidades presupuestales y financieras del Poder Judicial del Estado de Morelos, se presupuestó por lo menos la cantidad de $********** (********** pesos **********/100 M.N.), de los cuales $********** (********** pesos **********/100 M.N.) eran para el Tribunal Superior de Justicia.

• El primero de octubre de dos mil veinte, el Poder Ejecutivo remitió a la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, sin respetar el importe proyectado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, sobre la base en porcentaje que establecen los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

• El Congreso del Estado de Morelos, el quince de diciembre de dos mil veinte, aprobó el Decreto Número Mil Ciento Cinco, en el cual autorizó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, asignando al Poder Judicial del Estado de Morelos, un presupuesto de $********** (********** pesos **********/100 M.N), desglosado de la siguiente manera: a) $********** (********** pesos *********/100 M.N.) al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; b) $********** (********** de pesos **********/100 M.N.) al pago de pensiones, jubilaciones, controversias constitucionales y amparos del Tribunal Superior de Justicia; y, c) $********** (********** de pesos **********/100 M.N) al Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes; sin contemplar la partida presupuestaria denominada "Apoyo extraordinario a sindicalizados del Poder Judicial", como sí lo hizo en ejercicios fiscales anteriores.

• El veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6025, el Decreto Número Setenta y Uno, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a **********, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de pensiones, controversias constitucionales y amparo del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.

• El Congreso del Estado de Morelos no aprobó en diciembre de dos mil veintiuno el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, por tanto, de manera tácita, se autorizó el mismo presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno.

3. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Poder Judicial del Estado de Morelos expuso el siguiente concepto de invalidez:

• El decreto impugnado vulnera en perjuicio del Poder Judicial actor, los artículos 17,(1) 49,(2) 116, fracciones II y III,(3) 123, apartado B, fracción XI, inciso a)(4) y 127(5) de la Constitución General de la República; 32, párrafo séptimo,(6) 83,(7) 92-A, fracción VI(8) y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,(9) ya que invade la autonomía en la gestión presupuestal, la cual constituye una condición necesaria para que los Poderes Judiciales Locales ejerzan sus funciones con plena independencia.

• El Poder Legislativo del Estado, al determinar en el artículo 2o. del decreto impugnado que la pensión decretada se cubrirá con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de pensiones, controversias constitucionales y amparos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, vulnera la autonomía de gestión presupuestal y, en consecuencia, la independencia del Poder Judicial del Estado, ya que dispone directamente de los recursos financieros de éste.

• A juicio del Poder Judicial demandante, lo anterior es una subordinación del demandante al demandado, ya que teniendo el demandante la facultad de disponer de sus recursos financieros, no tuvo intervención alguna en el decreto impugnado.

• La emisión del decreto por el que se concede la pensión por jubilación a ********** a cargo de la partida presupuestal del Poder Judicial del Estado de Morelos, correspondiente al pago de derechos pensionarios implica una notoria afectación al Poder Judicial y, por ende, vulnera los principios de división de poderes, autonomía de gestión presupuestal e independencia judicial.

• Agrega que no basta que exista una partida destinada a pensiones para estimar que, por estar contemplada en el presupuesto de egresos anualizado, ésta necesariamente tiene fondos suficientes para cumplir la nueva imposición, pues la pensión otorgada debe estar garantizada por quien la expide.

• Precisa que, ante la inexistencia de un grado de previsibilidad admisible constitucionalmente para rebasar el principio de autonomía presupuestal del Poder demandante, el Legislativo, al emitir el decreto impugnado, invadió la esfera competencial del Poder Judicial, a quien corresponde la proyección del personal que puede pasar al retiro.

• Adicionalmente, considera que con la emisión de decretos pensionarios sin la correspondiente garantía económica, se violan los derechos de los trabajadores que pasan a retiro, en tanto se impide que se realice el pago oportuno de sus prestaciones.

• También argumenta el demandante que la atribución del Congreso del Estado de Morelos de emitir decretos jubilatorios de trabajadores de otros Poderes Estatales se aparta del principio de autonomía de la gestión presupuestal, pues no se explica por qué si los trabajadores mantuvieron una relación de trabajo con el Poder Judicial, corresponde a la autoridad legislativa, evaluar que se cumplan con todos los requisitos exigidos para que el trabajador del Poder Judicial se vea beneficiado con alguna de las distintas pensiones previstas en la ley, con cargo a la hacienda pública del Poder Judicial.

• La cantidad asignada en el Decreto Número Mil Ciento Cinco no representa ni siquiera la mitad de lo que se necesita para cumplir con el pago de decretos pensionarios ya existentes, ni mucho menos el pago de incremento de los salarios de las pensiones correspondientes. Esto a pesar de que el Poder demandante proyectó un presupuesto para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno por la cantidad de $********** (********** pesos **********/100 M.N.).

• Así, el Decreto Mil Ciento Cinco, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, en su porción normativa prevista en el artículo décimo octavo, y el anexo 2 del mismo, transgrede el principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 14, así como el principio de legalidad, previsto en el diverso 16.

• Finalmente, el Poder Judicial del Estado de Morelos considera necesario destacar que la sustancia y esencia de la controversia no es el que se excluya al Poder Judicial en la decisión de a quienes, en su carácter de trabajadores, debe concederse una pensión, sino que se omita otorgar suficiencia de recursos para enfrentar dicho gasto.

4. Artículos constitucionales violados. El Poder Judicial del Estado de Morelos estima violados los artículos 14, 16, 18, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Federal.

5. Registro, turno, admisión y trámite. Por acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por presentada la controversia constitucional y turnó el expediente al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para la elaboración del proyecto de resolución.

6. En proveído de diecisiete de febrero del mismo año, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario general de Gobierno, todos de Morelos, a quienes ordenó emplazar para que en el plazo de treinta días hábiles dieran contestación a la demanda; además requirió a los dos poderes para que con sus contestaciones de la demanda remitieran las copias certificadas de los antecedentes legislativos y del ejemplar del Periódico Oficial relacionados con el decreto impugnado. Finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, lo que a su representación corresponda.

7. Certificación del plazo. Mediante proveído de primero de marzo de dos mil veintidós, por acuerdo del Ministro instructor, la Secretaría de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad certificó que el plazo de treinta días hábiles concedido a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos, para que presenten su contestación, transcurriría del miércoles dos de marzo al lunes dieciocho de abril de dos mil veintidós.

Contestación de la demanda

8. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Mediante escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, Samuel Sotelo Salgado, en su carácter de consejero jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos dio contestación a la demanda de controversia constitucional en los siguientes términos:

9. Respecto a los hechos narrados por la parte actora, manifiesta que los marcados con los números 1, 3, 5 y 7 no resultan imputables al Ejecutivo Estatal; que el 4 y 8 son ciertos y que el 6 es cierto, pero niega que no se haya respetado el importe proyectado por el Tribunal Superior de Justicia, pues la cantidad pretendida por el Poder Judicial en su anteproyecto de presupuesto fue debidamente recogida en la iniciativa del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, que el Ejecutivo remitió al Legislativo, a efecto de que el Congreso del Estado conociera el panorama completo de lo solicitado por el Poder actor.

10. Por lo que hace a la contestación del concepto de invalidez planteado por el Poder actor, expuso lo siguiente:

• El Poder accionante, a pesar de reclamar la invalidez del decreto impugnado, se abstiene de formular concepto de invalidez en el que combata dicha disposición por vicios respecto de su promulgación y publicación, atribuibles al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por tanto, es falso que el Ejecutivo viole las disposiciones invocadas en la demanda.

• El Ejecutivo sostiene que los actos que se le atribuyen no invaden el ámbito de las facultades del Poder Judicial actor, ya que, de conformidad con los artículos 70, fracciones XVI y XVII, incisos a) y c),(10) 74(11) y 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos;(12) así como 9, fracción II,(13) 11(14) y 22, fracción XXVIII,(15) de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, el Poder Ejecutivo Estatal cuenta con las facultades para promulgar y publicar leyes y demás disposiciones locales, a través del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", así como hacer cumplir las leyes o decretos del Congreso del Estado. Asimismo, afirma que las disposiciones citadas no fueron violadas en la promulgación y publicación del decreto impugnado.

• Con base en lo anterior, concluye que la impugnación del accionante en contra del Ejecutivo Estatal es notoriamente improcedente e infundada.

• Agrega que el Poder Judicial actor, está en condiciones de cubrir a cabalidad con el pago de las obligaciones derivadas de los decretos de pensión de sus exservidores públicos sin encontrarse supeditado a los recursos que le sean aprobados y destinados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo Estatales, toda vez que anualmente cuenta con la certeza de un presupuesto con un porcentaje fijo en el Presupuesto de Egresos anual, por lo que será la capacidad de reingeniería financiera y reestructura, la que pudiera dar al Poder actor la posibilidad de cumplir con los compromisos adquiridos y los venideros. Señala que es la obligación del Poder actor la de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran en el presupuesto previamente autorizado y cita como apoyo la jurisprudencia P./J. 5/2011.

11. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. El ocho de abril de dos mil veintidós, mediante escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia, el diputado Francisco Érik Sánchez Zavala, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda de controversia constitucional en los siguientes términos:

• Respecto a los hechos narrados por la parte actora, no se afirman ni se niegan los hechos 1 y 3 por no ser propios del Poder Legislativo del Estado. No se pronuncia respecto a los hechos 4 y 5. Manifiesta que el hecho 6 es cierto únicamente en cuanto hace a que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en el que asignó al Poder Judicial la cantidad de $********** (********** pesos ***********/100 M.N.), misma que fue aprobada por el Poder Legislativo. Asimismo, afirma que es cierto el hecho 7 únicamente en cuanto hace a que el Congreso del Estado aprobó el quince de diciembre de dos mil veinte el decreto número mil ciento cinco, autorizando el Presupuesto de Egresos, asignando al Poder Judicial $********** (********** pesos **********/100 M.N.), en el que se asignó una partida presupuestal para el pago de prestaciones por la cantidad de $********** (********** de pesos **********/100 M.N.). Finalmente manifiesta que es cierto el hecho 8.

• Antes de referirse a los conceptos de violación, el demandado señala que la controversia es improcedente porque el acto impugnado no afecta el ámbito de atribuciones del Poder Judicial del Estado de Morelos, por lo que la actora carece de interés legítimo para promoverla. Esto ya que el decreto impugnado no pretende de forma alguna ejercer de manera directa los recursos que integran el presupuesto del Poder Judicial, además de que con base en lo dispuesto por los artículos 123, apartado B, de la Constitución Federal, 40, fracción XX, de la Constitución Local(16) y 54, fracción VII,(17) 56 al 68(18) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el Poder Legislativo cuenta con las facultades constitucionales y legales para expedir los decretos que otorguen pensiones a los trabajadores del gobierno estatal.

12. Por lo que hace a la contestación del concepto de invalidez planteado por el Poder actor, expuso lo siguiente:

• Los trabajadores del Estado tienen derecho a disfrutar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte que será otorgada por los Poderes patrones a través de las instituciones que para el caso determinen o con quien hayan celebrado convenio. Con independencia de lo anterior, los trabajadores del Estado de Morelos, tienen también derecho a gozar de otra pensión que se otorga mediante decreto que expide el Congreso del Estado, una vez satisfechos los requisitos que establece la propia Ley del Servicio Civil para tal efecto.

• Ante la facultad otorgada por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al Congreso del Estado le corresponde otorgar los decretos de pensión en favor de los trabajadores que prestaron sus servicios al Estado de Morelos, entre los que se encuentran los del Poder Judicial.

• Luego entonces, resultan infundadas e inoperantes las afirmaciones del Poder actor, debido a que el Congreso Estatal aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, dotando al Tribunal Superior de Justicia de $********** (*********** pesos **********/100 M.N.), de los cuales $********** (********** de pesos **********/100 M.N.) son para el pago de sus pensiones.

• El Poder demandado señala que mediante oficio número **********, así como del **********, la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia el Estado, remitió el monto total para el pago de las pensiones correspondiente al año dos mil diecinueve, el cual asciende a la cantidad de $********** (********** pesos **********/100 M.N.), cantidad que se tomó como base para asignar $********** (********** de pesos **********/100 M.N.) para el pago de decretos pensionarios para el ejercicio fiscal del año dos mil veintiuno, la cual resulta suficiente para el pago de la pensión correspondiente de la pensionada. • Por tanto, al haberse emitido el decreto impugnado, en nada se transgrede el principio de autonomía en la gestión presupuestal pues, a través de su expedición y previo otorgamiento de los recursos para realizar su pago, no dispone de los recursos presupuestales de otro Poder.

• Finalmente, señala que durante el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, mediante oficios ********** y ********** se otorgaron cantidades complementarias por $********** (********** de pesos **********/100 M.N.), así como de $********** (********** de pesos **********/100 M.N.), autorizadas como ampliaciones presupuestales a favor del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para ser designados al pago de pensiones.

• Reconoce que a la fecha de la presentación de la contestación de la demanda no se ha aprobado el Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, por lo que continúa rigiendo el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Con base en lo anterior, sostiene que se le sigue dotando de recursos al actor para que solvente sus obligaciones financieras.

13. Contestación del secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Mediante escrito recibido el veinte de abril de dos mil veintidós, Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos dio contestación a la demanda de controversia constitucional en los siguientes términos:

• Respecto a los hechos narrados por la parte actora, sostiene que los hechos 1 al 7 no resultan imputables al secretario de Gobierno del Estado de Morelos. En cuanto al 8, destaca que es cierto que se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6025 el Decreto Número Sesenta y Uno, pero advierte que la publicación no es un acto que se realiza de manera unilateral, sino que se realiza en virtud de la solicitud de publicación por parte del Poder Legislativo.

14. Por lo que hace a la contestación del concepto de invalidez planteado por el Poder actor, expuso lo siguiente:

• Destaca que si bien el Poder Judicial reclama la invalidez del Decreto Número Sesenta y Uno, éste no combate dicha disposición por vicios respecto del acto de publicación atribuido al secretario de Gobierno del Estado, por lo que es evidente que se llamó al secretario a la controversia, en aras de que el actor cumpliera con el requisito formal de tener por demandados a los órganos que hubiesen expedido, promulgado o publicado el decreto impugnado, para la adecuada tramitación y resolución de la controversia constitucional y, por tanto, es falso que el secretario de Gobierno viole en perjuicio del Poder actor las disposiciones constitucionales que invoca en su concepto de invalidez.

• Precisa que el Poder Ejecutivo Estatal, a través de su titular, cuenta con las facultades para promulgar y publicar las leyes y demás disposiciones federales, a través del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", así como hacer cumplir las leyes o decretos del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 70, fracciones XVI y XVII, incisos a) y c), 74 y 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; así como 9, fracción II, 11 y 22, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo que sostiene la constitucionalidad de la promulgación y publicación del decreto impugnado.

• Con base en lo anterior concluye que, la publicación del decreto –que es el único acto que le resulta atribuible– se llevó a cabo con apego a la Constitución Local y a la ley orgánica antes referidas, debido a que el secretario de Gobierno lo llevó a cabo conforme a las facultades legales que le han sido conferidas. Por tanto, la impugnación por parte del Poder Judicial es improcedente e infundada, ya que en ningún momento se invaden las facultades establecidas a su favor.

15. Opinión de la Fiscalía General de la República. De las constancias que obran en el expediente se desprende que la Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimiento o alegato alguno.

16. Audiencia. Agotado en sus términos el trámite respectivo, el catorce de junio de dos mil veintidós se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución.(19) En el acta de la audiencia se hizo constar que no se presentaron las partes, por lo que únicamente se tuvieron por presentadas las pruebas que acompañaban la demanda y contestaciones respectivas.

17. Cierre de instrucción. Mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, el Ministro instructor ordenó que se agregara al expediente el acta de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos de la misma fecha. Así mismo, declaró el cierre de instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente; ello con fundamento en los artículos 34 y 36 de la ley reglamentaria en la materia, en relación con el diverso 11, párrafo primero, fracción VI, del Acuerdo General Número 8/2020.

18. Dictamen de radicación. Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, el Ministro presidente de este Alto Tribunal determinó el envío de los autos a la Primera Sala en virtud de que en el presente asunto, por dictamen el Ministro ponente solicitó que el asunto fuera radicado en la Sala de su adscripción, por considerar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

19. Avocamiento. Por diverso auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, la presidenta de la Primera Sala de este Tribunal Constitucional, determinó que la Sala se avocara al conocimiento del presente caso y envió los autos al Ministro ponente para que formulara el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

20. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución General;(20) 10, fracción I, y 11, fracciones VI y VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(21) en relación con lo dispuesto en los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno,(22) ya que el Poder Judicial de Morelos no impugna una norma de carácter general, lo que hace innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. PRECISIÓN DE LA LITIS

21. Es requisito indispensable fijar de manera breve y precisa las normas generales, actos u omisiones que sean materia de la controversia constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia.(23)

22. En su demanda, el Poder Judicial de Morelos impugna la emisión, promulgación y publicación del Decreto Número Sesenta y Uno, publicado el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6025, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos, concedió pensión por jubilación a **********, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin transferir efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica el decreto jubilatorio. No obstante, esta Primera Sala advierte que la materia del reclamo se circunscribe a una porción del artículo 2o., por ser la norma que prevé el tema que le afecta a la parte actora relativo al pago de pensiones con cargo a su presupuesto, como se ve de lo subrayado a continuación:

"Decreto Número Sesenta y Uno por el que se concede pensión por jubilación a la C. **********, en cumplimiento de la ejecutoria de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo número 718/2021.

"Artículo 1o. Se concede pensión por jubilación a la C. **********, quien prestó sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos; desempañando como último cargo el de: secretaria de acuerdos, adscrita al Juzgado Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos.

"Artículo 2o. La pensión decretada deberá cubrirse al 100 % del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquel en que la trabajadora se separe de sus labores, toda vez que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestaria correspondiente al pago de pensiones, controversias constitucionales y amparos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto Número Mil Ciento Cinco por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2021, y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes.

"Artículo 3o. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual del salario mínimo vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el numeral 66 de la ley de la materia.

"Artículos transitorios

"Primero. El presente decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos.

"Segundo. Remítase el presente al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31510-04eedea6/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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