ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO SE PROMUEVE CONTRA UN PRECEPTO TRANSITORIO QUE YA CUMPLIÓ EL OBJETO PARA EL CUAL SE EMITIÓ, DEBE SOBRESEERSE AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN. EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY RELATIVA NO ES INCONSTITUCIONAL POR ESTABLECER COMO BARRERA LEGAL PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES CONSERVEN SU REGISTRO, EL QUE OBTENGAN POR LO MENOS EL 2% DE LA VOTACIÓN TOTAL EMITIDA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN. LOS ARTÍCULOS 120, 146, 155 Y 322 DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLAN EL NUMERAL 116, FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CANDIDATOS PARA CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN EL ESTADO DE YUCATÁN. SU POSTULACIÓN NO ES EXCLUSIVA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 28/2006 Y SUS ACUMULADAS 29/2006 Y 30/2006. PARTIDO POLÍTICO ESTATAL ALIANZA POR YUCATÁN, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cinco de octubre de dos mil seis.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escritos presentados el veintitrés de junio de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el domicilio de la persona autorizada por el secretario general de Acuerdos para recibir demandas y promociones fuera del horario de labores de este Alto Tribunal, Julio Mejía Cáceres, quien se ostentó como presidente del Partido Político Alianza por Yucatán, Leonel Cota Montaño quien se ostentó como presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática y Alberto Begne Guerra quien se ostentó como presidente del comité ejecutivo federado del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de las normas generales que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por los órganos que a continuación se mencionan:
"Órganos Legislativo y Ejecutivo que hubieren emitido y promulgado las normas generales. 1. El Congreso del Estado de Yucatán, con domicilio para oír y recibir notificaciones en el predio número 497, ubicado en la calle 58 por 57 y 59 del centro de la ciudad de Mérida, Yucatán, denominado Palacio Legislativo del Estado de Yucatán. En su carácter de emisor. 2. El gobernador del Estado de Yucatán, con domicilio para oír y recibir notificaciones en el predio sin número ubicado en la calle 61 por 60 del centro de la ciudad de Mérida, Yucatán, denominado Palacio de Gobierno del Estado. En su carácter de promulgador.
"Normas generales cuya invalidez se reclama:
"a) Decreto 677 por el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el veinticuatro de mayo de dos mil seis.
"b) Decreto 678 que contiene la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el veinticuatro de mayo de dos mil seis.
"c) Decreto 679 que contiene la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el veinticuatro de mayo de dos mil seis."
SEGUNDO. Los partidos políticos de la Revolución Democrática y Alternativa Socialdemócrata y Campesina, coincidentemente señalaron como antecedentes de las normas impugnadas los siguientes:
"En fecha 17 de mayo de 2006 el Congreso del Estado de Yucatán, sesionó y aprobó diversa iniciativa de ley, emitiendo consecuentemente el Decreto 677 que deviene en diversas modificaciones al texto constitucional local anterior, consistente en reformar los artículos 16, apartados A, B y C y 16 bis, 25 y otros de la Constitución Política del Estado de Yucatán, seguidamente, en fecha 19 de mayo de 2006, el titular del Ejecutivo Estatal ordena la publicación del Decreto 677 en el Diario Oficial del Estado, la que se realiza el 24 de mayo de 2006. En la misma fecha (17 de mayo de 2006) y en la misma sesión, el mismo Congreso del Estado aprobó la iniciativa de ley que contiene la reforma electoral en el Estado de Yucatán, emitiendo consecuentemente el Decreto 678 que dio lugar a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, la publicación de esta ley fue ordenada por el Ejecutivo Estatal en fecha 22 de mayo de 2006, y publicada junto con el anterior decreto, en fecha 24 de mayo, para entrar en vigor a los dos días de su publicación en el Diario Oficial del Estado."
El Partido Político Estatal Alianza por Yucatán no señaló antecedentes de la norma impugnada.
TERCERO. Los promoventes esgrimieron los conceptos de invalidez que a continuación se transcriben:
Del Partido Político Estatal Alianza por Yucatán:
"La reforma al artículo 21 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, viola el principio de irretroactividad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que el partido político que represento, cuando inició su vida pública, tenía establecido en el mismo artículo, como requisito para asignarse diputados por la representación proporcional, que se hayan inscrito candidatos en todos los distritos uninominales y cuando alcance el 1.5% de la votación total. En la reforma que impugno a través de este medio, se elevó el porcentaje en mi perjuicio, y se añadió un concepto totalmente abstracto, como es el de los principios de pluralidad, representatividad y equidad. Situación que agravia al partido que represento, pues precisamente al modificarse el porcentaje e incluirse un requisito totalmente abstracto, se modifican las condiciones por las cuales el partido que represento competirá en las elecciones, situación que no tomó en consideración la autoridad legisladora imponiendo en perjuicio de mi partido reformas a una ley. Los artículos transitorios quinto, sexto y séptimo de las reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Yucatán, contenidas en el Decreto Número 677, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el día 24 de mayo del año dos mil seis, violan el principio de irretroactividad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que como señala el propio transitorio sexto, deja sin efecto el Decreto Número 555, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado del día 30 de noviembre de 2004, por el cual se designó a los consejeros ciudadanos del Instituto Electoral del Estado, sin que estas personas hayan concluido el periodo para el que fueron electos, siendo el caso notorio en nuestra entidad que esta situación, se hizo porque los entonces consejeros electorales no gozaban de las simpatías de los partidos políticos con presencia en el Congreso del Estado (fueron insaculados), y se hizo más fácil generar una nueva legislación y cesarlos del cargo, lo que no ocurrió con los Magistrados del Tribunal Electoral que gozan de aceptación sobre todo del actual partido en el poder, a quienes no se les cesó sino que se le dio otro tratamiento, demostrándose con esto que se emitió una ley para causarle un perjuicio a otra persona, que son precisamente los consejeros electorales a quienes ‘sacaron’ del cargo, precisamente por su total independencia con los actuales partidos políticos con representación en el Congreso del Estado. Siendo esto un agravio a mi representado pues se vulneró la autonomía del órgano electoral del Estado encargado de organizar las elecciones, lo que deja en desventaja a mi partido político, pues se crea una dependencia de los consejeros electorales al legislativo que de no ser a modo de ellos, es más fácil crear una nueva legislación y eliminarlos lo cual hace que ya no exista certeza, ni seguridad jurídica en el proceso electoral. Los artículos transitorios quinto, sexto y séptimo de las reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Yucatán, contenidas en el Decreto Número 677, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el día 24 de mayo del año dos mil seis, violan el principio de certeza jurídica consagrado en el artículo 116, fracción IV, incisos B y C, pues precisamente no se deja continuar en su encargo a los consejeros electorales elegidos mediante el Decreto Número 555, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el día 30 de noviembre de 2004, por el cual se designó a los consejeros ciudadanos del Instituto Electoral del Estado, sin que estas personas hayan concluido el periodo para el que fueron electos, bueno ni siquiera hayan podido organizar un proceso y esto se hizo porque en el Estado en forma notoria es conocido que los actuales consejeros electorales al ser elegidos mediante el proceso de insaculación, no satisficieron las necesidades de control de los partidos políticos con representación en el Congreso del Estado de Yucatán, y al ser totalmente independientes se hizo más fácil eliminar la legislación que los eligió, y generar una nueva sin permitirles quedarse en el cargo para concluirlo, lo que atenta contra la certeza jurídica, pues a partir de esta lamentable decisión legislativa, los encargados de organizar las elecciones pierden su autonomía, pues quedan sujetos a que los partidos políticos con representación en el órgano legislativo, puedan modificar las normas para imponer a los consejeros que se les sean más a modo, causando un perjuicio al partido que represento y a la ciudadanía en general, porque el órgano encargado de las elecciones pierde su autonomía. Los artículos transitorios quinto, sexto y séptimo de las reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Yucatán, contenidas en el Decreto Número 677, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el día 24 de mayo del año dos mil seis, violan el principio de seguridad jurídica consagrado en los artículos 14, 16, 116, fracción IV, incisos b) y c), porque se cesa en sus funciones a los consejeros electorales pese que su encargo no había concluido, de hecho ni se les permitió organizar unas elecciones, sin que la autoridad legislativa que emitió las normas que se impugnan a través de este procedimiento, hayan fundado y motivado su decisión, en especial porque dejaron sin efecto un decreto emitido por ellos mismos, sin que gocen de la facultad de hacerlo de acuerdo con las atribuciones que le otorga al Congreso del Estado el artículo 30 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, pues no existe facultad expresa para dejar sin efectos un decreto surgido de la propia Constitución, y la ley en la materia que es precisamente el Código Electoral del Estado de Yucatán vigente hasta antes de esta reforma, lo que atenta contra la seguridad jurídica, pues se atentó contra la autonomía del órgano encargado de organizar las elecciones, se vulneró el Estado de derecho al asumir facultades no conferidas por la Constitución al Congreso del Estado, no confundiéndose con esto el hecho que no se pueda legislar, sino que al hacerlo se atente contra la seguridad jurídica y las instituciones ya establecidas, pues la autoridad legisladora nunca justifica porqué los actuales consejeros no podían concluir su encargo, hasta concluirlo y al renovarse aplicarse la nueva legislación, lo que demuestra que la autoridad legisladora lo que quería es impedir que estos funcionarios organicen las elecciones, porque precisamente eran independientes y no tenían control sobre ellos, lo que agravia a mi partido porque al no existir seguridad jurídica, no se puede competir en forma equitativa en los procesos electorales, pues la autoridad legisladora con tal de controlar al órgano que organice las elecciones, es capaz de modificar las leyes para impedir que continúen en el cargo. Los artículos transitorios quinto, sexto y séptimo de las reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Yucatán, contenidas en el Decreto Número 677, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el día 24 de mayo del año dos mil seis, violan el principio de igualdad consagrado en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque al emitirse la nueva legislación electoral en Yucatán, se dejó sin efectos el nombramiento de los actuales consejeros electorales, cosa que no se hizo con los integrantes del Tribunal Electoral del Estado, sin que la autoridad legisladora justifique su actuar. El cual es notoriamente conocido en el Estado, pues los actuales consejeros electorales al ser elegidos por el sistema de insaculación, impidieron que los partidos políticos con representación en el Congreso del Estado, tuvieran control sobre alguno de ellos, siendo totalmente independientes de alguna influencia. Cosa que no ocurre con los Magistrados del actual Tribunal Electoral del Estado, que al ser afín al partido en el poder se le da otro tratamiento, lo que hace que se vulnere la garantía de igualdad, pues el trato debió ser igual, dado el cambio de legislación lo que no ocurrió en el caso, sin que la autoridad explique su proceder. Los artículos transitorios quinto, sexto y séptimo de las reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Yucatán, contenidas en el Decreto Número 677, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el día 24 de mayo del año dos mil seis, violan el principio de autonomía consagrada en el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues determina que los consejeros ciudadanos, se vuelvan depositarios de los bienes del Instituto Electoral del Estado, incluyendo al secretario técnico, el cual no es electo por el órgano legislativo, lo que demuestra la plena injerencia de control que pretende el órgano legislativo, pues no es posible que se incluya al secretario técnico, pues al supuestamente cesar en sus funciones a los consejeros, la estructura también lo hace, por lo que no se justifica que este funcionario quede a nivel de los consejeros, inclusive cobrando su sueldo. Por otro lado, la injerencia del órgano legislativo en dejar sin efectos los nombramientos de los actuales consejeros ciudadanos es un atentado a los órganos electorales y vulnera su autonomía, pues los cambia para establecer nuevas reglas que permita a los partidos políticos con representación en el Congreso del Estado poner a personas con las que tengan plena vinculación, pues los actuales al ser elegidos mediante un sistema de insaculación, eran completamente independientes. Los artículos 28, 29, 30 y 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, violan los artículos 1o., 16, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al permitir candidaturas independientes, esto en razón de que la Carta Magna que nos rige sólo contempla a los partidos políticos para poder presentar candidatos, y si bien es cierto que es atractiva esta idea, también lo es que para que se aplique debe ser en condiciones que el orden jerárquico de las leyes no se vulnere, pues no se puede actuar contra lo dispuesto en la Norma Suprema. Además, dichos artículos establecen que el candidato independiente podrá obtener parte de los gastos máximos de su campaña si triunfa, esto sin que exista una razón lógica que permita determinar este tipo de situaciones, pues se están disponiendo de recursos públicos sin que exista soporte constitucional pues el artículo 116 de nuestra Carta Magna sólo contempla el financiamiento público a los partidos políticos no a los ciudadanos, lo que podría suponer un altísimo costo a las finanzas públicas, pues habría que financiar a partidos políticos y a ciudadanos. Además se imponen requisitos que obligan a determinados ciudadanos a comprometer su voto, pues para que puedan ser candidatos requieren tener un porcentaje de firmas de los electores con sus datos electorales, lo que vulnera el principio de voto secreto, pues no es lo mismo estar afiliado a un partido político, que firmar a favor de una determinada persona para que acceda a un puesto de elección, lo que equivale a una pequeña elección. Además autorizan a violar la ley, pues determinan que si resulta ganador del proceso no tendrá derecho a recuperar sus gastos y sólo será sancionado, lo que equivale a decir viola la ley, pero continuar en el cargo lo que no es legal y contraviene cualquier principio de certeza y legalidad. El artículo 33 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, viola los artículos 14, 16 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues sin fundamento ni razón, no contempla a los partidos políticos estatales ya registrados, respecto de cómo participar en las elecciones locales, pues sólo habla de partidos políticos nacionales, nunca contempla a los partidos políticos estatales ya registrados, vulnerándose en perjuicio de mi representado los principios de certeza y seguridad jurídica, pues hay incertidumbre respecto de la participación de los partidos políticos estatales ya establecidos. El artículo 40 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán viola los artículos 14, 16 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aplica en perjuicio de mi representada el principio de irretroactividad, pues cuando mi partido fue registrado requería el 1.5 por ciento de la votación para no perder su registro, de acuerdo al artículo 38 del Código Electoral del Estado de Yucatán, siendo el caso que en la nueva legislación se me impone un porcentaje superior, lo que por supuesto me agravia pues cambian las condiciones de participación en perjuicio de mi partido y por supuesto contraviene el artículo 14 de nuestra Carta Magna, pues se aplica en perjuicio de mi representada. El artículo 120 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, viola los artículos 1o., 9o., 14, 16, 35, 36 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues establece que sólo las organizaciones ciudadanas podrán presentar propuestas para aspirar a consejeros electorales, y esto atenta contra los derechos, prerrogativas, obligaciones de los mexicanos, para su forma de gobierno, y los principios de certeza, seguridad y legalidad que impone la fracción IV del artículo 116 de la Carta Magna, porque únicamente permite que organismos civiles puedan proponer a los posibles candidatos, creando un ente intermedio entre el órgano legislativo y el ciudadano común, lo que no debe ser admisible, además atenta contra la libertad de asociarse o no, pues al obligar a que sólo organismos civiles propongan candidatos, los ciudadanos libres e independientes no tienen ninguna oportunidad pues tienen que buscar a alguna asociación que los proponga sujetándose un derecho a la voluntad de un tercero, lo que atenta contra las garantías individuales en especial porque nuestra Carta Magna no establece esta existencia de organismos intermedios entre la sociedad y el órgano legislativo. Cualquier ciudadano con sus derechos vigentes tiene derecho a inscribirse para ser candidato al cargo de consejero electoral, y su participación no debe estar sujeta a un organismo intermedio, cuya idoneidad a pesar de los requisitos no garantiza su imparcialidad o su legalidad. El artículo 120 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, viola los artículos 1o., 9o., 14, 16, 35, 36 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues además de que monopoliza la presentación de candidaturas al puesto de consejeros electorales, exige a estas organizaciones estar constituidas por lo menos con 7 años antes de la elección y solamente tener objeto o fin académico, cultural, profesional o social, lo que hace más restrictiva la participación de los ciudadanos a estos puestos, pues no sólo se establece un monopolio, sino que además, se hace sumamente restrictivo, en pocas palabras se establece un sistema de selección clasista y discriminatorio, pues podrás ser muy demócrata, independiente y querer utilizar tus derechos de mexicano, pero si no tienes una organización civil con los requisitos clasistas, que exige el ordenamiento que se impugna no podrás aspirar al cargo contraviniendo la libre participación restringiendo el derecho del mexicano y generando un organismo intermedio de participación ciudadana que no se justifica. El artículo 120 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán viola el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues anteriormente a esta legislación los partidos políticos podríamos poder proponer a aspirantes al cargo de consejeros ciudadanos, con la nueva legislación se aplica en perjuicio de mi representado ese derecho, pues ya no se puede presentar propuestas, lo que no ocurre con el caso de los consejeros municipales electorales de acuerdo al artículo 154 de la norma impugnada. El artículo 123 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, viola los artículos 1o., 9o., 14, 16, 35, 36 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues obliga a los partidos políticos a pagarle a sus representantes ante ese organismo un 25% del sueldo de los consejeros electorales de sus prerrogativas, lo que es inadmisible pues atenta contra la autonomía del partido político, pues no se me puede obligar a pagar por participar políticamente, de hecho se impone a los partidos políticos una relación laboral que no tiene sustento y que no puede tener validez, pues la participación de los representantes de partidos no es obligatoria sino por voluntad, ¿imagínese una demanda laboral por incumplir esta norma impuesta sin fundamento, ni razón? y ¿Qué pasa con las obligaciones de previsión social como el seguro social y otras prestaciones que existen? y si los partidos tienen la libertad de cambiar a los representantes en cualquier momento, entonces ¿habrá peligro constante de demandas laborales por no establecerse el tiempo determinado, lo que equivaldrá a despidos injustificados?. El artículo 146 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, viola los artículos 1o., 9o., 14, 16, 35, 36 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues establece que sólo las organizaciones ciudadanas podrán presentar propuestas para aspirar a consejeros electorales distritales y esto atenta contra los derechos, prerrogativas, obligaciones de los mexicanos, para su forma de gobierno y los principios de certeza, seguridad y legalidad que impone la fracción IV del artículo 116 de la Carta Magna, porque únicamente permite que organismos civiles puedan proponer a los posibles candidatos, creando un ente intermedio entre el órgano legislativo y el ciudadano común, lo que no debe ser admisible, además atenta contra la libertad de asociarse o no, pues al obligar a que sólo organismos civiles propongan candidatos, los ciudadanos libres e independientes no tienen ninguna oportunidad pues tienen que buscar a alguna asociación que los proponga sujetándose un derecho a la voluntad de un tercero, lo que atenta contra las garantías individuales en especial porque nuestra Carta Magna no establece esta existencia de organismos intermedios, entre la sociedad y el órgano legislativo. Cualquier ciudadano con sus derechos vigentes, tiene derecho a inscribirse para ser candidato al cargo de consejero electoral distrital y su participación no debe estar sujeta a un organismo intermedio, cuya idoneidad a pesar de los requisitos no garantiza su imparcialidad o su legalidad. El artículo 146 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, viola el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues anteriormente a esta legislación los partidos políticos podríamos poder proponer a aspirantes al cargo de consejeros ciudadanos distritales, con la nueva legislación se aplica en perjuicio de mi representado ese derecho, pues ya no se puede presentar propuestas lo que no ocurre con el caso de los consejeros municipales electorales de acuerdo al artículo 154 de la norma impugnada. El artículo 155 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, viola los artículos 1o., 9o., 14, 16, 35, 36 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues establece que sólo las organizaciones ciudadanas y los partidos políticos podrán presentar propuestas para aspirar a consejeros electorales municipales, y esto atenta contra los derechos, prerrogativas, obligaciones de los mexicanos, para su forma de gobierno, y los principios de certeza, seguridad y legalidad que impone la fracción IV del artículo 116 de la Carta Magna, porque únicamente permite que organismos civiles y partidos políticos que puedan proponer a los posibles candidatos, creando un ente intermedio entre el órgano legislativo y el ciudadano común, lo que no debe ser admisible, además atenta contra la libertad de asociarse o no, pues al obligar a que sólo organismos civiles y partidos políticos propongan candidatos, los ciudadanos libres e independientes no tienen ninguna oportunidad, pues tienen que buscar a alguna asociación que los proponga sujetándose un derecho a la voluntad de un tercero, lo que atenta contra las garantías individuales en especial porque nuestra Carta Magna, no establece esta existencia de organismos intermedios entre la sociedad y el órgano legislativo. Cualquier ciudadano con sus derechos vigentes tiene derecho a inscribirse para ser candidato al cargo de consejero electoral municipal, y su participación no debe estar sujeta a un organismo intermedio, cuya idoneidad a pesar de los requisitos no garantiza su imparcialidad o su legalidad. El artículo 296 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, viola el principio de irretroactividad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que el partido político que represento cuando inició su vida pública, tenía establecido como requisito para asignarse diputados por la representación proporcional, que se hayan inscrito candidatos en todos los distritos uninominales y cuando alcance el 1.5% de la votación total. En la reforma que impugno a través de este medio se elevó el porcentaje en mi perjuicio. Situación que agravia al partido que represento pues precisamente al modificase el porcentaje, se modifican las condiciones por las cuales el partido que represento competirá en las elecciones, situación que no tomó en consideración la autoridad legisladora, imponiendo en perjuicio de mi partido una ley en forma irretroactiva. El artículo 322 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, viola los artículos 1o., 9o., 14, 16, 35, 36 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues establece que sólo las organizaciones ciudadanas podrán presentar propuestas para aspirar a Magistrados del Tribunal Electoral, y esto atenta contra los derechos, prerrogativas, obligaciones de los mexicanos para su forma de gobierno y los principios de certeza, seguridad y legalidad que impone la fracción IV del artículo 116 de la Carta Magna, porque únicamente permite que organismos civiles puedan proponer a los posibles candidatos, creando un ente intermedio entre el órgano legislativo y el ciudadano común, lo que no debe ser admisible, además atenta contra la libertad de asociarse o no, pues al obligar a que sólo organismos civiles propongan candidatos, los ciudadanos libres e independientes no tienen ninguna oportunidad, pues tienen que buscar a alguna asociación que los proponga sujetándose un derecho a la voluntad de un tercero, lo que atenta contra las garantías individuales en especial porque nuestra Carta Magna, no establece esta existencia de organismos intermedios entre la sociedad y el órgano legislativo. Cualquier ciudadano con sus derechos vigentes tiene derecho a inscribirse para ser candidato al cargo de Magistrado del Tribunal Electoral, y su participación no debe estar sujeta a un organismo intermedio, cuya idoneidad a pesar de los requisitos no garantiza su imparcialidad o su legalidad. El artículo 322 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, viola los artículos 1o., 9o., 14, 16, 35, 36 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues además de que monopoliza la presentación de candidaturas al puesto de Magistrados del Tribunal Electoral, exige a estas organizaciones estar constituidas por lo menos con 7 años antes de la elección, y solamente tener objeto o fin académico, cultural, profesional o social, lo que hace mas restrictiva la participación de los ciudadanos a estos puestos, pues no sólo se establece un monopolio, sino que además se hace sumamente restrictivo, en pocas palabras se establece un sistema de selección clasista y discriminatorio, pues podrás ser muy demócrata, independiente, y querer utilizar tus derechos de mexicano, pero si no tienes una organización civil con los requisitos clasistas que exige el ordenamiento que se impugna, no podrás aspirar al cargo contraviniendo la libre participación, restringiendo el derecho del mexicano y generando un organismo intermedio de participación ciudadana que no se justifica. El artículo 322 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, viola el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues anteriormente a esta legislación los partidos políticos podríamos poder proponer a aspirantes al cargo de Magistrados electorales, con la nueva legislación se aplica en perjuicio de mi representado ese derecho, pues ya no se puede presentar propuestas, lo que no ocurre con el caso de los consejeros municipales electorales de acuerdo al artículo 154 de la norma impugnada. Los artículos transitorios quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, violan el principio de irretroactividad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón, pues sin que los consejeros electorales hayan concluido el periodo para el que fueron electos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20101-2376c8bf/accion-de-inconstitucionalidad-cuando-se-promueve-contra-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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