I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA OMISIÓN IMPUGNADA, AL HABERSE PUBLICADO EL DECRETO RESPECTIVO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD (LA OMISIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DECRETO NÚMERO 006, APROBADO POR EL CONGRESO LOCAL EL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 377/2024. MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, ESTADO DE NUEVO LEÓN. 9 DE JULIO DE 2025. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: OMAR CRUZ CAMACHO.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al nueve de julio dos mil veinticinco emite la siguiente
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 377/2024, promovida por el Municipio de San Nicolás de los Garza, Estado de Nuevo León ("Municipio actor"), en contra del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa, en la que impugna la omisión de publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León ("Periódico Oficial") los decretos 006 y 007, aprobados por el Congreso del Estado de Nuevo León, LXXVII Legislatura ("Congreso local") el trece de noviembre de dos mil veinticuatro.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. De los antecedentes narrados en la demanda de controversia constitucional, el Municipio actor destaca lo siguiente:
2. En la Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada por el ayuntamiento del Municipio actor el veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro, se aprobó la Propuesta de Actualización sobre los valores unitarios de suelo y construcción que servirán de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria del Municipio actor, para su entrada en vigor a partir del uno de enero de dos mil veinticinco.
3. Conforme a la legislación aplicable, el Municipio actor puso formalmente a consideración del Congreso local la anterior propuesta el cual, en sesión de trece de noviembre de dos mil veinticuatro, la aprobó a través de los Decretos 006 y 007 ("los decretos"). Mediante oficios recibidos por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León el catorce de noviembre de dos mil veinticuatro, el Congreso local solicitó al titular del Poder Ejecutivo la publicación de los decretos en el Periódico Oficial.
4. Ante la omisión de publicarse los decretos en el Periódico Oficial, por oficio de diez de diciembre de dos mil veinticuatro suscrito por la presidenta del Congreso local, se ordenó al encargado de ese medio de difusión su publicación, sin que a la fecha de presentación de esta controversia constitucional ello se hubiera realizado.
5. Presentación de la demanda. Daniel Carrillo Martínez y Julio César Álvarez González, en cuanto presidente y segundo síndico del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, respectivamente, en representación legal mancomunada de ese municipio promovieron controversia constitucional mediante escrito enviado electrónicamente el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, en la que se señaló como acto impugnado la omisión por parte del Poder Ejecutivo local de publicar en el Periódico Oficial los decretos ("omisión impugnada").
6. Conceptos de invalidez. En contra del acto impugnado, el Municipio actor formula los conceptos de invalidez que enseguida se sintetizan:
La omisión impugnada viola los principios de certeza, seguridad jurídica y legalidad, ante el incumplimiento de mandatos previstos en la Constitución local y normas reglamentarias, ya que hasta en tanto no se ordene y se ejecute efectivamente la publicidad de los decretos en el Periódico Oficial, se inobservan normas de interés social y orden público y se pone en riesgo la hacienda pública municipal.
Se genera un riesgo actual y real de que el municipio no pueda ejercer libremente sus competencias constitucionales en materia de administración hacendaria y ante la falta de una regulación vigente para poder recaudar contribuciones sobre propiedad inmobiliaria en el municipio. Todo ello en perjuicio de la competencia prevista en el segundo párrafo del inciso c), de la fracción IV, del artículo 115 constitucional.
Ese artículo prevé como una competencia de los municipios proponer a las respectivas legislaturas las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Es decir, se establece un mecanismo de colaboración en donde el poder legislativo tiene la potestad tributaria para la fijación y regulación de cuotas y tarifas mencionadas.
La falta de publicación de los decretos pone de manifiesto una intención política, al reflejar una actitud sesgada por parte del titular del Poder Ejecutivo, ya que en otros municipios del Estado de Nuevo León donde existe afinidad política sí ha ordenado la publicación de los decretos similares a los referidos en este asunto.
Con la omisión reclamada, se está obstaculizando y vaciando de contenido el procedimiento legislativo instaurado para hacer efectiva una potestad de este Municipio de rango constitucional. También se viola directamente el artículo 116 constitucional, que establece el principio de debido proceso legislativo.
Si el artículo 120 constitucional prevé que los poderes ejecutivos estatales están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales, con mayor razón deben publicar las leyes estatales. Se cita como precedente aplicable la controversia constitucional 272/2022.
Por lo anterior, el Municipio actor considera importante que se reestablezca el orden constitucional violentado por la inacción injustificada del titular del Poder Ejecutivo demandado en ordenar publicar en el Periódico Oficial los decretos, afectando con ello la hacienda municipal, las facultades del Municipio actor, el procedimiento legislativo y, en general, los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídicas.
7. Admisión y trámite. Por acuerdo de veinticuatro de diciembre de dos mil veinticuatro, la Comisión de Receso(1) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional respecto del decreto 007, en atención a que al momento de dictarse el acuerdo referido dicho decreto ya había sido publicado, por lo que se estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ("ley reglamentaria de la materia").
8. Por otro lado, en ese mismo auto se admitió la controversia constitucional por lo que respecta al decreto número 006, se tuvo como demandado en este procedimiento constitucional al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, y se dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para que manifestaran lo que a su representación corresponda.
9. Turno. Mediante acuerdo de dos de enero de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación turnó el asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que instruyera el procedimiento correspondiente.
10. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. El poder demandado no dio contestación a la demanda, ello se tuvo así por auto de catorce de abril de dos mil veinticinco.
11. Opiniones de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. La Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no formularon ninguna manifestación.
12. Audiencia y cierre de instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia,(2) en la que el Ministro instructor proveyó lo conducente sobre las pruebas aportadas por las partes, abrió el periodo de alegatos, las partes no formularon alegatos, en el acuerdo de dos de junio siguiente se decretó el cierre de instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.
13. Radicación en Sala. En atención a la solicitud formulada el cuatro de junio de dos mil veinticinco por el Ministro Ponente, el asunto quedó radicado en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo dictado por su Presidenta el diecisiete de junio siguiente.
I. COMPETENCIA
14. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, en relación con el artículo Tercero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, por el que se expide la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(3) así como los Puntos Segundo, fracción I y Tercero del Acuerdo General 1/2023 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril de dos mil veintitrés, ya que se plantea un conflicto entre el Municipio de San Nicolás de los Garza, Estado de Nuevo León y el titular del Poder Ejecutivo de esa entidad federativa, y por resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, toda vez que no se impugna ninguna norma de carácter general.
II. PRECISIÓN DE LA LITIS
15. Es requisito indispensable fijar de manera breve y precisa las normas generales, actos u omisiones que sean materia de la controversia constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia.(4) En el respectivo apartado de la demanda, el Municipio actor señaló como impugnado, lo siguiente:
"IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO.
ACTO DESTACADO: LA INVASIÓN A LA SOBERANÍA MUNICIPAL POR PARTE DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ANTE EL TRATO DIFERENCIADO E INEQUITATIVO QUE SE EVIDENCIA AL PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, LA APROBACIÓN DEL CONGRESO ESTATAL RESPECTO DE LAS ACTUALIZACIONES CATASTRALES DE OTROS MUNICIPIOS, PERO NO DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, Y TRASTOCA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2025 LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, Y AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN SUS SERVICIOS Y OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
1. La omisión del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León de instruir la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León de los siguientes Decretos aprobados por el Congreso de Nuevo León en sesión de fecha 13 de noviembre de 2024, relacionados con la administración de hacienda pública municipal del Municipio actor:
1.1. Decreto número 006, mediante el que se aprueba la actualización de valores unitarios de Suelo y Construcción del 15.28 % en relación a los últimos valores de suelo y construcción, de este Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, siempre y cuando la actualización propuesta, no resulte una variación superior al 25 % en los valores unitarios de suelo y construcción aplicados a los expedientes identificados como casa habitación con respecto a los valores unitarios de suelo y construcción aplicados durante el ejercicio 2024, ni superiores a los que hayan resultado del último estudio de valores realizado por el municipio en cuestión, para su entrada en vigor del 1° de enero de 2025, y;
1.2. Decreto número 007, mediante el que se aprueba la tabla de valores unitarios de suelo asignados a nuevos fraccionamientos ubicados, ubicados (sic) en el Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, propuestos por el R. Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, para el ejercicio fiscal 2025, a fin de que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre propiedades inmobiliaria.
Se reclaman tales actos negativos, en virtud de que la omisión de la autoridad demandada de publicar los Decretos de referencia, es violatoria de los artículos 14, 16, y 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (principios de legalidad y seguridad jurídicas; principio federal; libre administración de la hacienda municipal), en virtud de que hasta en tanto no sea publicado dicho Decreto en el medio oficial del Estado de Nuevo León, no existe certeza jurídica ni para este Municipio ni para la ciudadanía contribuyente, respecto a la vinculatoriedad del mismo para efectos de su aplicación a partir del inicio del año fiscal que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2025, lo cual redundará en que esta Administración Municipal no cuente con condiciones para el cobro de contribuciones sobre propiedad inmobiliaria en este municipio, afectando su facultad recaudatoria y la hacienda municipal.
Los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas, al ser inminente la afectación real y directa a la hacienda municipal (y de forma indirecta a los servicios que este Municipio debe prestar a la las y los habitantes del Municipio), considerando que, a la fecha de presentación de la demanda, restan unos días para que entre en vigor el ejercicio fiscal para el año 2025."
16. Como se desprende de la transcripción anterior, el Municipio actor señala como actos impugnados los decretos 006 y 007, aprobados por el Congreso local el trece de noviembre de dos mil veinticuatro, referentes a las actualizaciones catastrales en su jurisdicción para el ejercicio fiscal correspondiente al año dos mil veinticinco.
17. Como ya se dijo, en el auto de veinticuatro de diciembre de dos mil veinticuatro, la Comisión de Receso de este Alto Tribunal desechó la demanda respecto del decreto 007, a través del cual se aprueba la tabla de valores unitarios de suelo asignados a nuevos fraccionamientos ubicados en el Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticinco, a fin de que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
18. Lo anterior, porque al momento de emitirse ese auto, dicho decreto ya había sido publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León de veintitrés de diciembre de dos mil veinticuatro con lo cual, al haber cesado los efectos de la omisión impugnada respecto a ese decreto, se estimó actualizada la causal de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de la materia.
19. En ese sentido, se tiene como impugnado en esta controversia constitucional únicamente la omisión del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León de publicar en el Periódico Oficial de esa entidad el decreto 006, aprobado por el Congreso local el trece de noviembre de dos mil veinticuatro.
III. SOBRESEIMIENTO
20. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de la materia, esta Primera Sala llega a la convicción de que la omisión de publicar el decreto 006 referido en el apartado anterior ha cesado, toda vez que en la edición de veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, se hizo la publicación respectiva, como se advierte de la siguiente transcripción:
DECRETO
NÚMERO 006
"ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 166, quinto párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; y los artículos 7, 20 y 23 de la Ley del Catastro del Estado, se aprueba la actualización de valores unitarios de suelo y construcción del 15.28 % en relación a los últimos valores de suelo y construcción aprobados por el H. Congreso mediante los decretos 075 y 076 publicados en el Periódico Oficial del Estado de fecha 27 de diciembre de 2021, siempre y cuando la actualización propuesta, no resulte una variación superior al 25 % en los valores unitarios de suelo y construcción aplicados a los expedientes identificados como casa habitación con respecto a los valores unitarios de suelo y construcción aplicados durante el ejercicio 2024, ni superiores a los que hayan resultado del último estudio de valores realizado por este municipio, para su entrada en vigor a partir del 1o. de enero de 2025."
TRANSITORIO
ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor el día 1° de enero del año 2025.
Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado."
21. Si bien es cierto que en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León no se había publicado el Decreto 006 en cuestión al momento de presentarse la controversia constitucional, esto es, el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, a la fecha en que se emite esta resolución consta que dicho Decreto ya se difundió en ese medio oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León, lo cual impide que esta Primera Sala se pronuncie sobre la constitucionalidad de la omisión que se impugnó.
22. En consecuencia, dado que el decreto impugnado ya fue publicado resulta evidente la cesación de efectos de la omisión que es materia de la controversia constitucional y, por tanto, lo procedente es sobreseer con fundamento en el artículo 20, fracción II, en correlación con el diverso artículo 19, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia.(5)
23. Orienta esta determinación la jurisprudencia P./J. 54/2001 del Tribunal Pleno del siguiente rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS."(6)
24. Con similares consideraciones esta Primera Sala resolvió la controversia constitucional 415/2023, por unanimidad de votos en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro.
IV. DECISIÓN
Por lo antes expuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
ÚNICO.—Se sobresee en la presente controversia constitucional 377/2024.
Notifíquese; mediante oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de las Señoras Ministras y los Señores Ministros: Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carrancá (Ponente), Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidenta Loretta Ortiz Ahlf.
Firman la Ministra Presidenta de la Primera Sala y el Ministro Ponente, con el Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
PRESIDENTA DE LA PRIMERA SALA
MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF
MINISTRO PONENTE JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ
SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA
MTRO. RAÚL MENDIOLA PIZAÑA
________________
1. Integrada por la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat y el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
2. La audiencia se celebró el veintiuno de mayo de dos mil veinticinco.
3. "Tercero.- Hasta en tanto las Ministras y Ministros electos tomen protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1o. de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se regirá para todos los efectos por las atribuciones, competencias, obligaciones, reglas de votación, faltas, licencias y demás disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021; con excepción de la materia electoral tal como está previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En consecuencia, hasta la fecha señalada en el enunciado anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguirá funcionando en Pleno o en Salas."
4. "Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
I. La fijación breve y precisa de las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; [...]"
5. Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: [...]
II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; [...]
Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: [...]
V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; [...]
6. El texto de la tesis es:
"La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria."
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201064-1337a733/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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