COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y SUS PENSIONADOS. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y NO A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUANDO SE RECLAME EL INCREMENTO DE LAS PENSIONES JUBILATORIAS Y EL PAGO DE DIFERENCIAS CORRESPONDIENTES A DICHO AUMENTO POR TRATARSE DE UNA RELACIÓN DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y NO LABORAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007).
COMPETENCIA 13/2006. SUSCITADA ENTRE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUARENTA Y NUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE CHIAPAS Y LA SALA REGIONAL CHIAPAS-TABASCO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Este órgano colegiado estima que en el caso, el conflicto competencial debe resolverse en favor de la Sala Regional Chiapas-Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en razón de las consideraciones siguientes:
En principio, es menester precisar algunos antecedentes del presente asunto:
Lucía Rebeca Díaz Penagos acudió ante la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje a demandar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las siguientes prestaciones:
"a) El estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, vigente en la fecha en que se pensionó nuestra poderdante, con relación a los aumentos que debe reflejar el pago de la pensión de que goza ésta, a la par de los avances salariales de los trabajadores en activo. b) Como consecuencia de la prestación anterior, el pago de las diferencias salariales que existieron desde la concesión de la pensión, hasta la fecha en que se dé cabal cumplimiento al laudo que emita esta autoridad del trabajo, diferencia que se obtiene de una simple resta aritmética entre el importe que debió pagar la demandada y el que ha pagado indebidamente. Tal como se advierte de la planilla de cuantificación agregada al presente escrito, calculada hasta el mes de junio de dos mil cinco, en lo que respecta a las diferencias que se originen durante el procedimiento, el cálculo de las mismas se hará a través del respectivo incidente de liquidación. c) El reconocimiento por parte de la demandada de que a la actora le asiste el derecho al pago de su pensión por jubilación en una cantidad mensual análoga al salario de un trabajador en activo de su misma calidad y especie, en los amplios términos del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente en el año de mil novecientos noventa y uno; debiendo cubrir la demandada a favor del actor la suma de once mil novecientos cuarenta y nueve pesos con veintiún centavos, y no ocho mil novecientos dieciocho pesos con setenta centavos, como le ha venido pagando a últimas fechas. d) La aplicación del artículo 57 de la ley del ISSSTE vigente al momento de la concesión de la pensión, es decir, previo a la reforma de mil novecientos noventa y tres, en relación con los futuros incrementos salariales que obtengan los trabajadores en activo, con clave y categoría análogos a los de nuestro representado."
Ahora bien, de las actuaciones correspondientes del expediente relativo, se advierte que la actora sustentó su acción en que laboró para la Secretaría de Educación Pública, hoy Subsecretaría de Educación Federalizada de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, y que una vez que reunió los requisitos para jubilarse, la demandada le asignó las pensiones respectivas; agregando que reclama los incrementos correspondientes a su pensión jubilatoria, desde el año de mil novecientos noventa y uno a la fecha.
Ahora, la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en auto de veintiséis de junio de dos mil seis, sostuvo en síntesis lo siguiente:
a) Que carecía de competencia legal para conocer de la demanda antes precisada, en razón de que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado no la faculta para conocer de los conflictos sobre pensiones derivadas de su aplicación, y que de los criterios jurisprudenciales sustentados por el Máximo Tribunal del país no se advierte que sea competente para conocer de las reclamaciones sobre prestaciones de seguridad social realizadas al instituto demandado.
b) Que si bien existe la tesis cuyo rubro es: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ENTENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN."; lo cierto es que se trata de un criterio aislado, que fue superado por la jurisprudencia por contradicción de tesis 116/2005, cuyo rubro es: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD."
c) Agrega que el artículo 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, prevé las funciones jurisdiccionales en materia fiscal, relativas a las pensiones civiles a cargo del erario federal o bien a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; que con independencia de para quién haya prestado sus servicios la trabajadora, lo cierto es que la demandante tiene garantizado el acceso a la justicia mediante el procedimiento que es competencia del tribunal administrativo.
Establecido lo anterior, se estima acertado el criterio de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, respecto a que, de las fracciones XX y XXXI del apartado A del artículo 123 constitucional, no se desprende que deba conocer de los juicios en los que se haga valer una acción relativa a las pensiones jubilatorias concedidas conforme a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, porque de un análisis al mencionado artículo constitucional y al diverso 604 de la Ley Federal del Trabajo, se establece que:
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: ... XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del gobierno; ... XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a: ... b) Empresas: 1. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal; ..."
"Artículo 604. Corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas, salvo lo dispuesto en el artículo 600 fracción IV."
Del contenido de los preceptos legales transcritos se advierte que la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje no es competente para conocer de la demanda promovida por la parte actora, toda vez que de las fracciones XX y XXXI, del apartado A, del artículo 123 constitucional, no se desprende que deba conocer de los juicios en donde se haga valer una acción relativa a las pensiones jubilatorias, ya que no se trata de un conflicto entre el capital y el trabajo derivado de una relación laboral.
A mayor abundamiento, y de conformidad con la fracción XX del precepto 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y al tenor del diverso 604 de la ley laboral, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, cuando se trate de la resolución de conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas, salvo que se trate del cobro de prestaciones, cuyo monto no exceda del importe de tres meses de salario.
En este orden de ideas, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es competente para resolver de conflictos entre sujetos, cuya calidad específica sea patrón o trabajador y que el conflicto derive de una relación de trabajo, o bien, de hechos íntimamente relacionados con ese vínculo laboral; por ende, la jurisdicción de la autoridad laboral no se extiende a conflictos sobre pensiones jubilatorias concedidas de acuerdo con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aunado al hecho de que la demanda no se planteó contra el citado organismo descentralizado por uno de sus trabajadores.
Así las cosas, si en la especie la accionante acudió a demandar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el incremento de su pensión jubilatoria concedida hace más de diez años, es inconcuso que en el caso no se está en ninguna de las hipótesis destacadas para atribuirle competencia a la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, porque la promovente no tiene la calidad de trabajadora, al no estar en activo, sino que está dada de baja; aunado a que el instituto demandado no tiene el carácter de patrón, sino de organismo encargado de la seguridad social; además, la entidad para la que laboró, Secretaría de Educación Pública, hoy Subsecretaría de Educación Federalizada de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, no figura como parte demandada; por tanto, la controversia planteada no deriva de una relación laboral entre el instituto y la promovente, sino entre un beneficiario y el órgano asegurador.
Tampoco es óbice para arribar a la anterior conclusión, que la controversia planteada esté relacionada con un vínculo laboral por el hecho de que la pensión por jubilación cuyo aumento y pago de diferencias se demanda, tenga naturaleza predominantemente laboral, al encontrarse prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Carta Magna, y por haberse originado con motivo del vínculo laboral entre la actora y la entonces Secretaría de Educación Pública.
Lo anterior, porque la simple naturaleza laboral de la seguridad social no constriñe a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para conocer de controversias relacionadas con prestaciones de esa índole, sino que es menester verificar si las partes en conflicto dirimen intereses entre un patrón y trabajador, sólo entre patrones o sólo entre trabajadores; además, en el caso, lo único que subsiste es la pensión jubilatoria y no la relación laboral que se encuentra concluida desde hace varios años, por tanto, esa relación que persiste entre el instituto demandado y la actora, no tiene naturaleza eminentemente laboral, con independencia de que ese haya sido su origen, porque esta pensión como una medida de seguridad social a cargo del presupuesto del instituto demandado, pasa a ser únicamente administrativa, configurándose una relación de supra a subordinación entre el instituto y la pensionada.
Para dilucidar el punto de mérito es necesario acudir a lo dispuesto en los artículos 1o., fracción I, 3o., fracción V, 4o., 48, 51, párrafos antepenúltimo y último, 60, 73, 150, fracciones III y VI, y 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuyos textos son:
"Artículo 1o. La presente ley es de orden público, de interés social y de observancia en toda la República; y se aplicará: I. A los trabajadores al servicio civil de las dependencias y de las entidades de la administración pública federal que por ley o por acuerdo del Ejecutivo Federal se incorporen a su régimen, así como a los pensionistas y a los familiares derechohabientes de unos y otros."
"Artículo 3o. Se establecen con carácter obligatorio los siguientes seguros, prestaciones y servicios: ... V. Seguro de jubilación; ..."
"Artículo 4o. La administración de los seguros, prestaciones y servicios de que trata el artículo anterior, así como la del fondo de la vivienda, estarán a cargo del organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en la Ciudad de México. Para el cumplimiento de sus fines el instituto contará con delegaciones, las cuales, como unidades desconcentradas, estarán jerárquicamente subordinadas a la administración central y tendrán las facultades específicas para resolver sobre la materia y la competencia territorial que se determine en su caso."
"Artículo 48. El derecho a las pensiones de cualquier naturaleza nace cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentren en los supuestos consignados en esta ley y satisfagan los requisitos que la misma señala."
"Artículo 51. Las pensiones a que se refiere este capítulo son compatibles con el disfrute de otras pensiones, o con el desempeño de trabajos remunerados, de acuerdo a lo siguiente: ... Cuando algún pensionista desempeñe un cargo, empleo o comisión remunerados en cualquier dependencia o entidad que impliquen la incorporación al régimen de la ley, salvo los casos de excepción ya contemplados en este artículo, deberá dar aviso inmediato al instituto, igual obligación tendrá cuando se le otorgue otra pensión. El incumplimiento de lo anterior dará causa fundada al instituto para suspender la pensión. ... Si el instituto advierte la incompatibilidad de la pensión o pensiones que esté recibiendo un trabajador o pensionista, éstas serán suspendidas de inmediato, pero se puede gozar nuevamente de las mismas cuando desaparezca la incompatibilidad y se reintegren las sumas recibidas, lo que deberá hacerse en el plazo y con los intereses que le fije el instituto, que no será mayor del 9% anual y en un término que nunca será inferior al tiempo durante el cual las estuvo recibiendo. Si no se hiciese el reintegro en la forma señalada, se perderá todo el derecho a la pensión."
"Artículo 60. Tienen derecho a la pensión por jubilación los trabajadores con 30 años o más de servicios y las trabajadoras con 28 años o más de servicios e igual tiempo de cotización al instituto, en los términos de esta ley, cualquiera que sea su edad, no siendo aplicables a éstas los dos últimos porcentajes de la tabla del artículo 63. La pensión por jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al 100% del sueldo que se define en el artículo 64 y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador hubiese disfrutado el último sueldo antes de causar baja."
"Artículo 73. La muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su edad, y siempre que hubiere cotizado al instituto por más de quince años, o bien acaecida cuando haya cumplido 60 o más años de edad y mínimo de 10 años de cotización, así como la de un pensionado por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada o invalidez, dará origen a las pensiones de viudez, concubinato, orfandad o ascendencia en su caso, según lo prevenido por esta ley."
"Artículo 150. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tendrá las siguientes funciones: ... III. Determinar, vigilar y cobrar el importe de las cuotas y aportaciones, así como los demás recursos del instituto; ... VI. Establecer la estructura y funcionamiento de sus unidades administrativas."
"Artículo 186. El derecho a la jubilación y a la pensión es imprescriptible. Las pensiones caídas, las indemnizaciones globales y cualquiera prestación en dinero a cargo del instituto que no se reclame dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles, prescribirán a favor del instituto, el que apercibirá a los acreedores de referencia, mediante notificación personal, sobre la fecha de la prescripción, cuando menos con seis meses de anticipación."
De la lectura de los preceptos transcritos, se advierte lo siguiente:
a) Que la ley del instituto de mérito es de orden público, interés social y de observancia obligatoria en toda la República y se aplicará, entre otros, a los pensionistas.
b) El seguro de jubilación, es de carácter obligatorio.
c) El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene a su cargo la administración de los seguros, prestaciones y servicios respectivos.
d) El instituto citado, para el cumplimiento de sus funciones, contará con delegaciones, las cuales tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y la competencia territorial que se determine en su caso.
e) La pensión es un derecho del trabajador o de sus familiares derechohabientes ubicados en los supuestos de la ley, derecho que es imprescriptible.
f) La omisión del pensionado de dar aviso al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del desempeño de un cargo, empleo o comisión remunerado en cualquier dependencia o entidad, el cual implique la incorporación al régimen obligatorio, dará causa fundada a dicho instituto para suspender la pensión.
g) Cuando haya incompatibilidad entre las pensiones recibidas por un trabajador o pensionista, las mismas serán suspendidas de inmediato, es decir, sin procedimiento o juicio previo.
h) La muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que hubiere sido su edad y ubicado en la hipótesis prevista en la ley, así como la de un pensionado por jubilación, retiro por edad avanzada o invalidez dará origen, entre otras, a la pensión por viudez, la cual iniciará a partir del día siguiente al de la muerte de la persona que haya originado la pensión.
i) El instituto citado con antelación, tiene, entre otras, las facultades de determinar, vigilar y cobrar el importe de las cuotas y aportaciones, así como sus demás recursos y establecer la estructura y funcionamiento de sus unidades administrativas.
j) Las pensiones caídas no reclamadas dentro de los cinco años siguientes a la fecha en la cual hubieren sido exigibles, prescribirán a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, quien previamente debe apercibir a los pensionados, mediante notificación personal, sobre la fecha de la prescripción, cuando menos con seis meses de anticipación.
Finalmente, se acude a lo preceptuado en los artículos 1o., 2o., fracción II, 5o., 6o., 23 y 25 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuyos textos son:
"Artículo 1o. El presente reglamento tiene por objeto regular administrativamente la aplicación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en materia de pensiones, indemnización global, prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, subsidios por enfermedades no profesionales, así como el otorgamiento y recuperación de créditos."
"Artículo 2o. Para los efectos de este reglamento se entenderá por: ... II. ‘junta directiva’, la junta directiva del instituto; ..."
"Artículo 5o. La calidad de pensionista se adquiere a partir del momento en que el interesado ha causado baja; la fecha se señalará en la resolución mediante la cual el instituto conceda el beneficio pensionario. Dicha resolución se notificará al interesado y en la misma se especificará el tipo de pensión concedida, la cuota asignada, la fecha (sic) de inicio del pago así como la del término de la pensión y el número clave asignado al pensionista. Asimismo, el instituto notificará la resolución por la que se niegue el beneficio pensionario cuando no se reúnan los requisitos que para tal efecto se establezcan, fundando y motivando la causa que origine tal negativa."
"Artículo 6o. Las resoluciones de la junta directiva que afecten intereses particulares podrán recurrirse ante la misma dentro de un término de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que los afectados sean notificados. En el escrito respectivo se precisarán el nombre y domicilio del promovente, así como los agravios que le cause el acuerdo, debiendo acompañarse los documentos justificativos de la personalidad del promovente y las pruebas que estime pertinentes. Si la junta sostiene su resolución, el interesado inconforme podrá acudir ante la Secretaría de Programación y Presupuesto dentro de un término de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación respectiva, para que ésta resuelva en definitiva. Si los recursos no se hacen valer dentro de los términos previstos por este artículo, la resolución emitida se tendrá por consentida."
"Artículo 23. El instituto, previa solicitud de los trabajadores, informará el monto aproximado de la cuota diaria que les correspondería en una fecha determinada de estar en los supuestos que señala la ley para obtener una pensión. Dicha solicitud no implica ningún trámite pensionario. Para calcular la cuota diaria pensionaria, computar los años de servicios y determinar las cotizaciones de los trabajadores, se tomarán como base los datos asentados en la hoja única de servicios que expidan las afiliadas, la cual deberá contener, en su caso, las cantidades por concepto de sueldo, sobresueldo, compensación, quinquenios, prima de antigüedad y los años de servicios prestados por el trabajador. El instituto suspenderá el trámite que se haya iniciado con base en la solicitud presentada, cuando se detecten errores u omisiones en la hoja única de servicios, hasta en tanto queden subsanados a satisfacción del mismo, circunstancias que hará del conocimiento del interesado."
"Artículo 25. A los pensionistas que disfruten de dos o más pensiones, se aplicará en cada una de ellas el descuento del porcentaje correspondiente por concepto del seguro de enfermedades y maternidad y por medicina preventiva a que se refiere el artículo 25 de la ley."
De lo antes señalado se advierte que:
a) El reglamento citado últimamente tiene por objeto, regular administrativamente la aplicación de la ley del instituto precitado en materia de pensiones.
b) Para los efectos del reglamento de mérito se entiende por "junta directiva", la junta directiva del instituto de referencia.
c) En la resolución en la cual se concede el carácter de pensionista se especificará el tipo de pensión concedida, la cuota asignada, la fecha de inicio del pago, así como la del término de la pensión y el número clave asignado al pensionista; dicha resolución se notificará a éste.
d) La resolución por medio de la cual se niegue el beneficio pensionario podrá recurrirse ante la misma junta directiva dentro de los treinta días siguientes a su notificación.
e) Si la junta directiva sostiene su resolución, el interesado podrá acudir ante la Secretaría de Programación y Presupuesto dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación respectiva, a fin de que resuelva en definitiva.
f) A los pensionistas que disfruten de dos o más pensiones se aplicará en cada una de ellas el descuento del porcentaje respectivo por el concepto del seguro de enfermedades y maternidad, así como por medicina preventiva a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Ahora bien, del análisis lógico y sistemático de los preceptos transcritos con antelación, se advierte que para lograr su objetivo y finalidad dotaron al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de diversas facultades legales y lo autorizan para que las ejerza por sí o por medio de los diversos órganos que lo integran y que jerárquicamente dependen de él; así tenemos que el artículo 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado faculta al propio instituto para que en los casos y condiciones establecidas en él, suspenda de inmediato la pensión respectiva; también que el instituto resolverá las solicitudes de los asegurados relativas a sus pensiones y éstos podrán recurrirlas, en los términos del reglamento invocado.
En este orden de ideas, de los ordenamientos de mérito, es evidente que en el caso la situación que guarda un pensionado con el instituto demandado es de supra a subordinación, y se constituye en una relación administrativa; por tanto, como ya se precisó con antelación, la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje no es competente para dirimir la litis planteada por la accionante.
Por otra parte, como se adelantó, la Sala Regional Chiapas-Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es legalmente competente para conocer de la controversia de que se trata.
En efecto, la Sala Regional Chiapas-Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en auto de quince de agosto de dos mil seis, señaló en lo sustancial, que no se actualizaban los supuestos del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en razón de que del texto de la demanda no se advierte la existencia de alguna resolución definitiva que haya sido dictada en materia de pensiones civiles que sean a cargo del erario federal, o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o bien, de alguna solicitud o instancia que pudiera configurar una negativa ficta, por el contrario, la actora pretende la satisfacción de prestaciones de naturaleza eminentemente laborales, consistentes en ajuste a su pensión por jubilación y el pago de las diferencias entre la cantidad que se le concede como pensión y la que verdaderamente le corresponde; por lo que en la controversia planteada se involucra una cuestión meramente laboral entre el gobierno federal y diversos servidores públicos.
Ahora, es de tomarse en cuenta lo establecido en el artículo 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyo texto es:
"Artículo 11. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación: ... VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado."
Del análisis de la disposición preinserta, se advierte con nitidez que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es competente para conocer y resolver respecto a resoluciones de carácter administrativo, como en el caso, de las emitidas en materia de pensiones civiles a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; luego, toda resolución dictada por éste o por los órganos competentes dependientes de él en materia de pensiones, como son las relativas a la suspensión, descuento o reducción de una pensión, se ubican en los supuestos contemplados en el numeral 11, fracción VI, invocado.
En esta tesitura, se colige que las resoluciones que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o sus dependencias competentes dicten en materia de pensiones, deben ser impugnadas por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Es verdad que las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia u organismo en el cual haya laborado, también lo es, que la surgida entre aquél y el instituto citado es una nueva relación de naturaleza administrativa, la cual es de supra a subordinación, en la que el interesado como gobernado se somete al imperio del instituto de referencia, quien ante él adquiere el carácter de autoridad, pues puede crear, modificar o extinguir ante sí o por sí la situación jurídica del pensionado; luego, es obvio que la relación laboral respectiva no se extiende después de concedida la pensión solicitada, pues no hay que soslayar que en ocasiones la pensión se otorga cuando la relación de trabajo ha culminado, como pueden ser las pensiones por causa de muerte o por cesantía en edad avanzada.
Ahora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y a lo razonado con antelación con base en este precepto, dicho tribunal es el competente para conocer y resolver en forma definitiva todo lo relativo a las pensiones que sean a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; luego, es obvio que cuando el derechohabiente o sus beneficiarios no estén de acuerdo con la orden o acuerdo por medio del cual se les conceda, niegue, revoque, suspenda, modifique o reduzca una pensión, necesariamente la deben impugnar a través del juicio contencioso administrativo ante el tribunal citado.
Esto es, de la demanda en que un derechohabiente o sus beneficiarios reclamen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado controversias relacionadas con pensiones civiles, debe conocer en definitiva el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en razón de ser una prestación de carácter de seguridad social (la cual d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20122-0210af42/competencia-para-conocer-de-los-conflictos-suscitados-entre · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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