COMPETENCIA EN MATERIA LABORAL. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE DEBE RESOLVER EL CONFLICTO RELATIVO NO ESTÁ OBLIGADO A OTORGÁRSELA A ALGUNO DE LOS CONTENDIENTES, SINO QUE PUEDE DÁRSELA A UN TERCER ÓRGANO JURISDICCIONAL.
COMPETENCIA 3/2001. SUSCITADA ENTRE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA Y LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON RESIDENCIA EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Precisado lo anterior, este órgano colegiado considera que la competencia para resolver respecto de la demanda laboral promovida por Esperanza Judith Solís García, en contra del secretario de salud y del titular de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, se surte a favor del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla.
En efecto, de la demanda laboral presentada por Esperanza Judith Solís García, se advierte que prestó sus servicios para el Hospital General de Puebla, dependiente de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, este último con el carácter de organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado como tal mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Puebla, con fecha cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y seis, en el que textualmente se establece lo siguiente:
"Artículo 1o. Se crea el Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado ‘Servicios de Salud del Estado de Puebla’. Cuando en el presente instrumento se utilice el término el servicio de salud, se entenderá que se refiere a los ‘servicios de salud del Estado de Puebla’."
Ahora bien, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, en sus artículos lo. y 76, dispone:
"Artículo 1o. La presente ley es de observancia general para los Titulares y Trabajadores de las Dependencias de los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial del Estado, y para los de los organismos descentralizados creados por la legislatura de la entidad, que tengan a su cargo la prestación de servicios públicos.-Los derechos, prerrogativas, atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstas por esta ley para el Estado y sus trabajadores, se entenderán establecidos también para los organismos descentralizados a que se refiere el párrafo anterior y para sus trabajadores, con las modalidades que se pacten en los contratos de trabajo respectivos."
"Artículo 76. Para los efectos de esta ley se crea un Tribunal Colegiado, que se denominará Tribunal de Arbitraje y que se integra con un Magistrado, representante del Estado, designado por el Gobernador; un Magistrado, representante de los Trabajadores al Servicio del Estado, designado por el Sindicato, un Magistrado tercer árbitro, nombrado por los dos representantes anteriormente citados. Este último fungirá como presidente."
De conformidad con los preceptos legales transcritos, si en la especie la parte actora demandó a un organismo público descentralizado, denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla, encargado de prestar un servicio público, como lo es la salud, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por la legislatura estatal mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de esta entidad federativa con fecha cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y seis; resulta incuestionable que la competencia para conocer del conflicto laboral se surte a favor del Tribunal de Arbitraje del Estado.
Sin que obste en el presente asunto que se delegue la competencia a una autoridad ajena al conflicto competencial, como lo es el Tribunal de Arbitraje del Estado, toda vez que la finalidad perseguida por los artículos 701 y 704 de la Ley Federal del Trabajo; 21, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al otorgar competencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual delega a los Tribunales Colegiados de Circuito, para conocer de los conflictos competenciales surgidos entre los órganos de administración de justicia en materia de trabajo, de conformidad con el punto quinto, inciso c), apartado 4, inciso a), del Acuerdo 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, es el de preservar la seguridad jurídica y expeditez de la administración de justicia, garantizada por el artículo 17 del Pacto Federal, exigencias que no se lograrían si el Tribunal Colegiado estuviera obligado inexorablemente a otorgarle competencia a alguno de los contendientes, a pesar de que ambos sostienen criterios equivocados jurídicamente, por tanto, este cuerpo válidamente puede otorgar competencia a un tercer órgano jurisdiccional.
Cobra aplicación la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al resolver el conflicto competencial 8/2000, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA LABORAL, CONFLICTO DE. EL TRIBUNAL COLEGIADO QUE DEBA DECIDIR NO ESTÁ OBLIGADO A OTORGARLE COMPETENCIA A ALGUNO DE LOS CONTENDIENTES, SINO QUE PUEDE OTORGAR LA MISMA A UN TERCER ÓRGANO JURISDICCIONAL.-La finalidad perseguida por los artículos 701 y 704 de la Ley Federal del Trabajo, así como del artículo 21, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al otorgar competencia a la Suprema Corte de la Nación, la cual delega a los Tribunales Colegiados de Circuito, para conocer de los conflictos competenciales surgidos entre los órganos de administración de justicia laboral, de conformidad con la fracción V del punto tercero del Acuerdo 6/1999, de veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el de preservar la seguridad jurídica en dicha administración y a la vez lograr la expeditez en la administración de justicia exigida por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional; propósitos que no se lograrían si el Tribunal Colegiado estuviera obligado inexorablemente a otorgarle competencia a alguno de los contendientes a pesar de que ambos sostienen criterios incorrectos y jurídicamente insostenibles; de ahí que dicho cuerpo colegiado puede válidamente acoger un criterio distinto y otorgar competencia a un tercer órgano jurisdiccional."
No pasa inadvertido para esta potestad federal que en la tesis invocada se cita el Acuerdo 6/1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que éste fue abrogado por el diverso 5/2001, de conformidad con el artículo tercero transitorio de este último.
Debe destacarse que en el presente conflicto competencial, no se puede analizar la inconstitucionalidad de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, dado que este Tribunal Colegiado al resolver este tipo de conflictos y determinar cuál es la autoridad correspondiente que debe conocer del asunto planteado, lo hace a la luz de la norma jurídica aplicable, lo que se traduce en una cuestión estrictamente de legalidad.
Es conveniente citar la jurisprudencia del Pleno número P./J. 112/99, página 19, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.-El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 Bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro."
Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 37, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Existe el conflicto competencial.
SEGUNDO.-Resulta competente para conocer del expediente laboral el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, con residencia en esta ciudad, por lo que se ordena remitirle el cuaderno del procedimiento laboral, para su conocimiento y resolución.
Notifíquese; con copia certificada a las partes contendientes, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados María Magdalena Córdova Rojas, Rolando Nicolás de la A. Romero Morales y Jaime Allier Campuzano. Fue ponente el segundo de los que firman.
Nota: La tesis de rubro: "COMPETENCIA LABORAL, CONFLICTO DE. EL TRIBUNAL COLEGIADO QUE DEBA DECIDIR NO ESTÁ OBLIGADO A OTORGARLE COMPETENCIA A ALGUNO DE LOS CONTENDIENTES, SINO QUE PUEDE OTORGAR LA MISMA A UN TERCER ÓRGANO JURISDICCIONAL." citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 1047.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22334-7d8cf55c/competencia-en-materia-laboral-el-tribunal-colegiado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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