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Modo: Corpus Pro

CONFLICTO COMPETENCIAL. EXISTE SI LAS AUTORIDADES LABORALES SE NIEGAN A CONOCER DEL REGISTRO DE UN CONTRATO COLECTIVO, AUN CUANDO NO RESUELVAN UNA CUESTIÓN JURISDICCIONAL.

Tipo de asunto: CONFLICTO COMPETENCIAL 6/2005. · Registro digital (IUS): 18863
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE, AMBOS DEL ESTADO DE PUEBLA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, , Pág. 672.

COMPETENCIA 6/2005. SUSCITADA ENTRE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE, AMBOS DEL ESTADO DE PUEBLA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Este Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito estima que corresponde a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, conocer del registro de contrato colectivo que suscitó el conflicto competencial.

Resulta pertinente, en primer término, realizar las siguientes consideraciones.

Para que exista un conflicto competencial es presupuesto indispensable que los órganos jurisdiccionales contendientes manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y de su potestad, que no aceptan conocer del asunto a ellos sometido.

Ahora bien, el punto de derecho sobre el que versa la competencia no necesariamente debe ser una controversia entre dos partes, es decir, no es necesario que exista un desacuerdo de voluntades en un juicio para que se integre el conflicto competencial.

En efecto, como ya se dijo, para que se integre un conflicto competencial solamente es indispensable que dos autoridades manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonomía, que no aceptan conocer del asunto a ellos sometido; por lo que, si como en el caso que nos ocupa, el punto controvertido entre dos autoridades lo es el registro de un contrato colectivo (que como se verá ya fue firmado, tanto por la parte obrera como por la patronal), es claro que sí se actualiza el conflicto competencial.

Lo anterior en el entendido de que son dos autoridades las que se niegan a registrar un contrato colectivo de trabajo, luego entonces, hay dos posiciones encontradas que, a pesar de que no van a resolver una cuestión jurisdiccional, van a actuar en ejercicio de sus funciones administrativas encomendadas a ellos con arreglo a la ley.

En el caso que nos ocupa, Roberto Mendoza León, en su carácter de secretario general del Sindicato Nacional "Presidente Adolfo López Mateos" de Trabajadores y Empleados del Comercio en General y Escuelas Particulares, Similares y Conexos de la República Mexicana, solicitó el registro del contrato colectivo de trabajo, que fue celebrado entre la organización sindical que representa y la institución denominada "Universidad Tecnológica de Puebla".

De las constancias de autos se advierte, en primer lugar, que dicho contrato colectivo ya fue signado por las partes, es decir, por el Sindicato "Presidente Adolfo López Mateos" de Trabajadores y Empleados del Comercio en General y Escuelas Particulares, Similares y Conexos de la República Mexicana, y por la patronal "Universidad Tecnológica de Puebla".

Consta también que la institución denominada "Universidad Tecnológica de Puebla" es, de acuerdo al mencionado pacto, un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla.

Dicha solicitud de registro se presentó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, misma que a través de la Junta Especial Número Tres se declaró incompetente para conocer del negocio, y remitió las constancias respectivas al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla.

Dicho tribunal no aceptó la competencia para conocer del asunto, apoyándose en la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es: "COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER LOS CONFLICTOS LABORALES QUE SURJAN ENTRE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES Y SUS TRABAJADORES." y, por ende, ordenó que se remitiera a este Tribunal Colegiado.

Del escrito de solicitud de registro se advierte que el contrato colectivo se celebró entre un organismo público descentralizado y un sindicato.

Efectivamente, el artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, dispone:

"Artículo 1o. La presente ley establece las bases para la organización y el funcionamiento de la administración pública estatal, centralizada y paraestatal.

"La gubernatura, las secretarías, la Procuraduría General de Justicia, la Procuraduría del Ciudadano y la Consejería Jurídica, así como las unidades administrativas que dependen directamente del gobernador del Estado, integrarán la administración pública centralizada. A estas unidades administrativas se les denominará genéricamente como dependencias.

"Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos, las comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, conforman la administración pública paraestatal. A estas unidades administrativas se les denominará genéricamente como entidades."

Al respecto, debe considerarse lo que los artículos 73, fracción X, última parte, 116, fracción VI y 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1 y apartado B de la Constitución Federal, disponen:

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ... X. ... para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123."

"Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.-Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: ... VI. Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias."

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.-El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: ... XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a: ... b) Empresas: 1. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal ... B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores ..."

De los preceptos transcritos, en lo que interesa, se desprende con claridad que las Legislaturas de los Estados se encuentran facultadas para legislar en materia de trabajo, en lo relativo a las relaciones laborales habidas entre el propio Estado (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y sus trabajadores, mas no con una facultad omnímoda, sino sujeta a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Federal, entendiendo como referencias al ámbito local todos los aspectos en que se habla de cuestiones federales; por lo que procede afirmar que del análisis conjunto y sistemático de las disposiciones contenidas en la Constitución Federal, se desprende que el Congreso de la Unión cuenta con la facultad exclusiva para legislar en la materia de trabajo, en general, con apoyo en los artículos 73, fracción X, última parte y 123, apartado A y adicionalmente respecto de las relaciones de trabajo conocidas como burocráticas, en lo relativo a los Poderes Federales, el Gobierno Federal y sus trabajadores, de acuerdo a este último artículo, en su apartado B; en tanto que el artículo 116, fracción VI, al autorizar a las legislaturas de cada entidad federativa a expedir leyes que regirán las relaciones de trabajo entre los Poderes Locales y sus trabajadores, es evidente que sólo pueden expedir leyes reglamentarias del apartado B del indicado artículo 123 de la Constitución Federal, pues de comprender a otros sujetos, las mismas incurren en inconstitucionalidad.

En función de las premisas antes fijadas, debe concluirse que las relaciones laborales del organismo público descentralizado de carácter local denominado "Universidad Tecnológica de Puebla", deben regirse por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal y su ley reglamentaria, como es la Ley Federal del Trabajo, pues no pueden incluirse en el apartado B, ni regirse por las leyes del trabajo que para su reglamentación expidan las Legislaturas de los Estados conforme a la facultad establecida en la fracción VI del artículo 116 constitucional, antes transcrita.

Precisado como está que los organismos descentralizados de carácter federal no forman parte del Poder Ejecutivo, debe entenderse por igualdad de razón, que en el ámbito local tampoco integra al Poder Ejecutivo de los Estados federados, por lo que en conclusión ha de establecerse que el organismo de que se trata, no se encuentra comprendido en el apartado B del artículo 123 constitucional, respecto de sus relaciones de trabajo, dada su naturaleza, consecuentemente, no existe base jurídica para sostener que le sea aplicable el régimen laboral que regula la ley burocrática del Estado, reglamentaria en el ámbito local del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal.

Por otra parte, si bien es cierto que la fracción XXXI, inciso b), punto 1 del apartado A del artículo 123 constitucional alude a empresas descentralizadas y no propiamente a organismos de este tipo, resulta determinante recordar que el apartado B del mismo precepto, único que puede ser reglamentado por las Legislaturas Locales en lo referente a las relaciones de trabajo de los poderes funcionales locales y sus servidores, es limitativo en su ámbito de aplicación, de lo que se infiere que fuera de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de un Estado federado, no es válido incluir en el régimen burocrático a sujetos ajenos a los enunciados, por lo que la diferencia entre empresas y organismos debe estimarse meramente terminológica.

Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 1/96, visible en la página 52 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, febrero de 1996, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.-El apartado B del artículo 123 constitucional establece las bases jurídicas que deben regir las relaciones de trabajo de las personas al servicio de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, otorgando facultades al Congreso de la Unión para expedir la legislación respectiva que, como es lógico, no debe contradecir aquellos fundamentos porque incurriría en inconstitucionalidad, como sucede con el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que sujeta al régimen laboral burocrático no sólo a los servidores de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, sino también a los trabajadores de organismos descentralizados que aunque integran la administración pública federal descentralizada, no forman parte del Poder Ejecutivo Federal, cuyo ejercicio corresponde, conforme a lo establecido en los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al presidente de la República, según atribuciones que desempeña directamente o por conducto de las dependencias de la administración pública centralizada, como son las secretarías de Estado y los departamentos administrativos. Por tanto, las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores, no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional."

Y la tesis P. XXV/98, visible en la página 122, Tomo VII, abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER LOCAL. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.-Dispone el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se rigen por las leyes que expidan las Legislaturas de los mismos, con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias, que son la Ley Federal del Trabajo respecto del apartado A, que comprende a la materia de trabajo en general, y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que desarrolla los principios comprendidos en el apartado B, fuente del derecho burocrático; por esta razón, es este último apartado el aplicable a las relaciones de trabajo habidas entre los Poderes de los Estados federados y sus trabajadores, según se concluye si se atiende al párrafo introductorio del artículo 116 aludido, que divide al poder público de los Estados en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y lógica la consecuente necesidad de que en la esfera local sea pormenorizado legalmente. En conclusión, y atento que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia firme que los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo, debe establecerse que las relaciones laborales de dichos organismos de carácter local con sus trabajadores escapan a las facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales."

Sentado lo anterior, es de concluirse que si la autoridad competente para conocer de los conflictos que se susciten entre un organismo descentralizado y sus trabajadores lo es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, en el caso que nos ocupa, es claro que esa misma Junta debe conocer del registro del contrato colectivo que presenta una entidad de esa naturaleza, en atención a que será, como ya se dijo, la competente para resolver los conflictos que, derivados del mismo, pudieran presentarse.

En efecto, si se registra, como es procedente, el contrato colectivo nacido de la voluntad de un organismo público descentralizado y el sindicato correspondiente ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, es claro que ante esta misma autoridad se revisaría, y en su caso, dirimirían los posibles conflictos laborales derivados del mismo.

En razón de lo anterior, este Tribunal Colegiado considera que corresponde a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, quien previno el conocimiento del asunto, conocer del registro del contrato colectivo signado entre el Sindicato Nacional "Presidente Adolfo López Mateos" de Trabajadores y Empleados del Comercio en General y Escuelas Particulares, Similares y Conexos de la República Mexicana, y la institución denominada "Universidad Tecnológica de Puebla".

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 37, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Si existe conflicto competencial suscitado entre el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla.

SEGUNDO.-Se declara competente a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para registrar el contrato colectivo signado entre el Sindicato Nacional "Presidente Adolfo López Mateos" de Trabajadores y Empleados del Comercio en General y Escuelas Particulares, Similares y Conexos de la República Mexicana, y la institución denominada "Universidad Tecnológica de Puebla".

Notifíquese y cúmplase; con testimonio de esta resolución, envíense los autos a la Junta declarada competente, e igualmente envíese copia de esta resolución al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados, presidente Rolando Nicolás de la A. Romero Morales, María Magdalena Córdova Rojas y Samuel Alvarado Echavarría, fue ponente el primero de los nombrados.

Nota: La tesis de rubro: "COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER LOS CONFLICTOS LABORALES QUE SURJAN ENTRE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES Y SUS TRABAJADORES." citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 725, con el rubro: "COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES QUE SURJAN ENTRE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES Y SUS TRABAJADORES."

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18863-17f15e3f/conflicto-competencial-existe-si-las-autoridades-laborales-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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