COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES QUE SURJAN ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO "SISTEMA MUNICIPAL DIF" Y SUS TRABAJADORES. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA.
COMPETENCIA 12/2005. SUSCITADA ENTRE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA Y LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Este Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito considera que sí se integra el conflicto competencial entre el Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla y la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por las razones que enseguida se expresan.
En principio, es pertinente establecer las siguientes consideraciones:
Para que exista un conflicto competencial es presupuesto indispensable que los órganos jurisdiccionales contendientes manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonomía, que no aceptan conocer del asunto puesto bajo su potestad.
Ahora bien, el punto de derecho sobre el que versa la competencia no necesariamente debe ser una controversia entre dos partes, es decir, no es necesario que exista un desacuerdo de voluntades en un juicio para que se integre el conflicto competencial.
En efecto, como ya se dijo, para que se integre un conflicto competencial solamente es indispensable que dos autoridades manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonomía, que no aceptan conocer del asunto a ellas sometido; por lo que, si como en el caso que nos ocupa, el punto controvertido entre dos autoridades lo es el negarse a dar trámite a un procedimiento paraprocesal por medio del cual se pretende notificar a una trabajadora el aviso rescisorio, es claro que sí se actualiza el conflicto competencial.
Lo anterior, en el entendido de que son dos autoridades las que se niegan a dar trámite al procedimiento paraprocesal; luego, hay dos posiciones encontradas que, a pesar de que no van a resolver una cuestión jurisdiccional, sí se requiere la intervención de la autoridad laboral para notificar el aviso de rescisión de la relación de trabajo solicitada por el organismo público descentralizado "Sistema Municipal DIF".
En conclusión, es claro que sí se actualiza el conflicto competencial, aunque se trate de un procedimiento paraprocesal, porque debe estimarse que la autoridad laboral competente para tramitar un procedimiento paraprocesal es aquella que conocerá los posibles conflictos laborales que se susciten entre el organismo público descentralizado "Sistema Municipal DIF" con sus trabajadores. Lo anterior, en razón de que si mediante un ordenamiento legal las autoridades laborales son competentes para resolver conflictos jurisdiccionales que surjan entre dos partes, es claro que, por tanto, son competentes también, en términos de esa legislación, para tramitar procedimientos paraprocesales con el fin de notificar a un trabajador el aviso rescisorio.
En apoyo al anterior criterio deviene aplicable la tesis pronunciada por este órgano colegiado al resolver los conflictos competenciales 6/2005 y 8/2005, sesionados el diecisiete de marzo y catorce de abril, ambos de dos mil cinco, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"CONFLICTO COMPETENCIAL. RESULTA PROCEDENTE SU ANÁLISIS CUANDO LA CONTROVERSIA VERSA SOBRE EL REGISTRO DE UN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. Para que se integre un conflicto competencial es indispensable que dos autoridades manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonomía que no aceptan conocer del asunto a ellos sometido; por lo que, si el punto controvertido entre dos órganos jurisdiccionales lo es el registro de un contrato colectivo de trabajo es claro que sí se actualiza el conflicto competencial, pues existen dos posiciones encontradas entre autoridades que si bien no van a resolver una cuestión jurisdiccional, sí van a actuar en ejercicio de las funciones administrativas encomendadas a ellas con arreglo a la legislación que las regula."
Establecido lo anterior, cabe señalar que el artículo 115, fracciones II, párrafos segundo y tercero, inciso a) y V, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:
"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ... II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad ... V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para: ... En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios."
Por su parte, los artículos 63, fracción IV y 105, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, establecen:
"Artículo 63. La facultad de iniciar leyes y decretos corresponde: ... IV. A los Ayuntamientos en lo relativo a la administración municipal."
"Artículo 105. La administración pública municipal será centralizada y descentralizada, con sujeción a las siguientes disposiciones: ... III. Los Ayuntamientos tendrán facultades para expedir de acuerdo con las leyes en materia municipal que emita el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal."
En tanto que el artículo 40, fracción IV, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, de dos de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, disponía:
"Artículo 40. Son atribuciones de los Ayuntamientos: ... IV. Expedir bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, referentes a su organización, funcionamiento, servicios públicos que deban prestar y demás asuntos de su competencia, sujetándose a las bases normativas establecidas por la fracción III del artículo 105 de la Constitución Política del Estado."
Y el artículo 32 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, señala:
"Artículo 32. Aquellos Municipios del Estado que cuenten, a juicio del Cabildo, con la capacidad de recursos humanos, materiales, financieros y cuyas necesidades en el campo de la asistencia social, lo requieran, constituirán organismos públicos descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se denominará Sistema Municipal-DIF, mismos que ejecutarán en su jurisdicción los programas y acciones que corresponden al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Dichos organismos paramunicipales se organizarán de acuerdo con los lineamientos y objetivos señalados en esta ley al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia."
De una interpretación sistemática de los anteriores preceptos legales es dable determinar que el Ayuntamiento del Municipio de Puebla sí tiene facultades para expedir decretos, pues aun y cuando no se contempla textualmente la palabra "decreto" en la citada legislación; sin embargo, ello no significa que un Ayuntamiento carezca de facultades para expedirlos, toda vez que los artículos 63, fracción IV y 105, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, faculta a dicho Ayuntamiento para expedir los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones; que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, y aseguren la participación ciudadana y vecinal; esto es, al establecerse que pueden expedir las disposiciones administrativas que fueren necesarias, es evidente que, de acuerdo con tales disposiciones, sí tienen facultades para expedir decretos. Además, del texto del artículo 63 de la Constitución Estatal, no se desprende que el Congreso del Estado sea la única autoridad facultada para expedir leyes y decretos, puesto que en él solamente se señalan los requisitos que deben reunir los reglamentos, decretos y acuerdos emitidos por el titular del Poder Ejecutivo.
Al caso, deviene aplicable la tesis VI.2o.183 A, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, julio de 1994, página 529, que dice:
"DECRETOS. LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN FACULTAD PARA EXPEDIRLOS. Aun cuando es cierto que en la fracción V del artículo 115 constitucional, no se contempla textualmente la palabra ‘decreto’; sin embargo, ello no significa que un Ayuntamiento carezca de facultades para expedirlos toda vez que el último párrafo de la repetida fracción, expresamente establece lo siguiente: ... ‘expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios’; esto es, que si la palabra decreto en un sentido amplio significa ‘resolver o decidir la persona que tiene autoridad para ello’, al establecer tal precepto que los Municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, pueden expedir las disposiciones administrativas que fueren necesarias, es evidente que de acuerdo con tal disposición sí tienen facultades para expedir decretos. Asimismo del texto de los artículos 71 y 92 constitucionales no se desprende que el presidente de la República, los diputados y senadores del Congreso de la Unión, son las únicas autoridades facultadas para expedir leyes y decretos; puesto que, los mismos, solamente señalan los requisitos que deben reunir los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes emitidas por el titular del Poder Ejecutivo Federal."
Robustece lo anterior lo previsto por el artículo 32 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Puebla, que faculta a todos aquellos Municipios del Estado de Puebla que cuenten, a juicio del Cabildo, con la capacidad de recursos humanos, materiales, financieros y cuyas necesidades en el campo de la asistencia social, lo requieran, para que constituyan organismos públicos descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se denominarán Sistema Municipal-DIF, mismos que ejecutarán en su jurisdicción los programas y acciones que corresponden al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Ahora bien, mediante acta de sesión ordinaria celebrada el nueve de marzo de mil novecientos noventa y tres, el Cabildo, debidamente integrado, del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, determinó constituir el organismo público descentralizado denominado "Sistema Municipal DIF".
Al respecto, y en lo que interesa, en dicha acta de Cabildo se dijo:
"Acta de la sesión ordinaria efectuada el día 9 de marzo de mil novecientos noventa y tres. Con la presidencia del ciudadano licenciado Rafael Cañedo Benítez, la asistencia de los regidores C.P. Alejandro Couttolenc Villar, Gregorio Gómez Cernicchiaro, C.P. Fernando García Teruel Rivero, Armando Mujica Pérez Salazar, Ricardo de la Torre Navarro, Carlos Arturo Echegaray Rueda, C.P. Carlos Rosete Verdín, Lic. Rodolfo Romero Rodríguez, Lic. Juan Alfredo Vázquez Zárate, Rodolfo Ruiz Guerrero, Roberto Fernández de Lara Vargas, Dr. Antonio Amaro Cordero, Prof. César Augusto Reyes Cabrera, Lic. Enrique Crispín Campos Ramírez, Enrique García Martínez, Dra. Celerina Crisanto Palacios, Lic. Héctor Javier Vera Arenas, Lic. Víctor Manuel Deloya Jiménez, Manuel Castillo Miranda, Pedro de la Torre García Cano, Eduardo Maldonado Moctezuma, José Erasto Rodríguez Castillo y síndico municipal Ricardo Menéndez (sic) Haces. Existiendo quórum, se declaró abierta la sesión a las dieciocho horas con diez minutos. La licenciada María Laura Rojano Merino, secretaria general del honorable Ayuntamiento, presentó a la consideración de los ciudadanos regidores y síndico municipal el siguiente: orden del día ... IV. Dictamen de los CC. Regidores: presidente de la H. Comisión de Gobernación y presidente de la H. Comisión de Asistencia Pública, proponiendo la creación del Sistema Municipal DIF ... por unanimidad se aprueba el orden del día ... IV. La Lic. María Laura Rojano Merino da lectura al dictamen que dice: ‘... honorable Asamblea: como consecuencia de las acciones emprendidas para modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que propicia al individuo su desarrollo integral, así como la protección de personas necesitadas, desprotegidas o en desventaja física y mental para lograr su incorporación a la vida plena y productiva, en el año de 1986 se aprobó la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social. Establecidas las bases y procedimientos de un Sistema Estatal de Asistencia Social, encaminados al desarrollo integral de la familia, entendida ésta como la célula de la sociedad, el Gobierno del Estado formó un organismo denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que es el rector de la asistencia social. El Sistema Estatal de Asistencia Social se constituye por las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, y por las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de asistencia social, así como por los mecanismos de coordinación de acciones que en esta materia se establezcan. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado tiene como objetivos la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en este campo, procurando la interrelación sistemática de acciones que en esta materia lleven a cabo las instituciones públicas y privadas. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, el organismo contará con: patronato, presidencia del sistema, y dirección general. El artículo 32 establece: «Aquellos Municipios del Estado que cuenten, a juicio del Cabildo, con la capacidad de recursos humanos, materiales, financieros y cuyas necesidades en el campo de la asistencia social, lo requieran, constituirán organismos públicos descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se denominarán Sistema Municipal-DIF, mismos que ejecutarán en su jurisdicción los programas y acciones que corresponden al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Dichos organismos paramunicipales se organizarán de acuerdo con los lineamientos y objetivos señalados en esta ley al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.». En términos del artículo 41, fracción XXVII, de la Ley Orgánica Municipal y artículo 32 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, corresponde a este H. Ayuntamiento promover lo necesario al fomento de la educación, higiene, beneficencia y demás ramos de la administración municipal, para coadyuvar en la solución de las necesidades en el campo de la asistencia social. Con apoyo en lo anterior, estando debidamente señaladas las acciones del Sistema Municipal DIF, proponemos los siguientes puntos de acuerdo: Primero. Se constituye el organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se denominará Sistema Municipal DIF, el cual ejecutará en el Municipio de Puebla los programas y acciones que le correspondan. Segundo. Para el estudio, planeación y atención de los asuntos, el organismo Sistema Municipal DIF tendrá las facultades que establece la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, aplicadas a nivel municipal. Atentamente. «Sufragio efectivo. No reelección». H. Puebla de Z, a 9 de marzo de 1993. El presidente de la H. Comisión de Gobernación, Lic. Enrique Crispín Campos Ramírez. Rúbrica. El presidente de la H. Comisión de asistencia pública, Lic. Juan Vázquez Zárate. Rúbrica ...’. Para mayor información el señor presidente municipal explica que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en los Municipios funciona de dos maneras: como Sistema Municipal DIF o como Unidad Administrativa DIF, por lo tanto, en base al contenido del artículo 32 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, y toda vez que la ciudad de Puebla es la capital del Estado, se considera que el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla tiene capacidad de recursos humanos, materiales, financieros y las necesidades de asistencia social requieren de un Sistema Municipal DIF. La Dra. y regidora Celerina Crisanto Palacios manifiesta que la prestación de los servicios de asistencia social son de suma importancia, por lo tanto, debe funcionar un Sistema Municipal DIF. El Dr. y regidor Antonio Amaro Cordero hace notar la importancia de los servicios básicos de salud en materia de asistencia social y apoya la propuesta para la integración del organismo Sistema Municipal DIF. El Lic. y regidor Víctor Manuel Deloya Jiménez pregunta si el DIF municipal tiene presupuesto. El síndico municipal desea saber cómo venía funcionando el DIF municipal. El señor presidente municipal menciona que en el presupuesto de egresos hay partida para el DIF municipal, funcionaba como Unidad Administrativa DIF y la esposa del presidente municipal es la titular. Por unanimidad se aprobó en todas sus partes el dictamen transcrito; en consecuencia, se constituye el organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se denominará Sistema Municipal DIF. El Lic. y regidor Víctor Manuel Deloya Jiménez pregunta si hay reglamentación relacionada con el DIF. El señor presidente municipal hace notar que en el Periódico Oficial número 11, segunda sección, de 5 de agosto de 1986, se publicó la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social ..."
Con base en lo anterior, este órgano colegiado considera que la competencia para conocer del asunto de que se trata corresponde a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, que fue quien previno del conocimiento.
Es así, pues conforme al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que más adelante se transcribirá, un organismo público descentralizado se distingue de los órganos de la administración pública centralizada a los que se les identifica con el Poder Ejecutivo a nivel federal, estatal o con el Ayuntamiento a nivel municipal, de tal suerte que es un ente ubicado en la administración pública paraestatal, toda vez que la descentralización administrativa, como forma de organización, responde a la misma lógica, tanto a nivel federal como estatal, o incluso municipal, que es la de crear un ente con vida jurídica propia, que aunque forma parte de la administración pública de cada uno de esos niveles, es distinta a la de los Poderes Ejecutivos, sean federal, estatales o municipales, aun cuando atiendan con sus propios recursos una necesidad colectiva.
Apoya el anterior criterio la tesis 2a./J. 3/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, enero de 2000, página 41, que dice:
"ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. SI BIEN SON ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO FORMAN PARTE DE LOS PODERES EJECUTIVOS, FEDERAL, ESTATALES NI MUNICIPAL.-El Tribunal Pleno de esta Corte Constitucional aprobó la tesis número P./J. 16/95 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, agosto de 1995, página 60, cuyo rubro sostiene ‘TRABAJADORES DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. SUS RELACIONES LABORALES CON DICHO ORGANISMO DESCENTRALIZADO SE RIGEN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN FEDERAL, POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.’, del texto de la misma y de las consideraciones de los precedentes que la integran se desprende que un organismo público descentralizado se distingue de los órganos de la administración pública centralizada a los que se les identifica con el Poder Ejecutivo a nivel federal o estatal o con el Ayuntamiento a nivel municipal, de tal suerte que es un ente ubicado en la administración pública paraestatal, toda vez que la descentralización administrativa, como forma de organización responde a la misma lógica tanto a nivel federal, como estatal o incluso, municipal, que es la de crear un ente con vida jurídica propia, que aunque forma parte de la administración pública de cada uno de esos niveles, es distinta a la de los Poderes Ejecutivos, sean federal o estatales así como a los Ayuntamientos municipales, aun cuando atienden con sus propios recursos una necesidad colectiva."
De acuerdo con el anterior criterio, las relaciones laborales entre los organismos descentralizados y sus trabajadores se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, con independencia de lo que establezcan la Constitución y los ordenamientos secundarios de las entidades federativas, así como los decretos de creación de aquéllos, por lo que la competencia para conocer de los conflictos laborales que surjan entre los citados organismos y sus trabajadores corresponde a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y no a los Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje.
En esas condiciones, es dable concluir que las relaciones laborales entre el organismo público descentralizado "Sistema Municipal DIF" y sus trabajadores, se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal; luego entonces, la competencia para conocer de los conflictos laborales que surjan entre el citado organismo y sus trabajadores corresponde a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, dado que las relaciones laborales de aquéllos con sus trabajadores se rigen por la Ley Federal del Trabajo.
Al caso, cobra aplicación, por analogía, la tesis 2a. CXCV/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 725, que dice:
"COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES QUE SURJAN ENTRE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES Y SUS TRABAJADORES.-El Pleno de la Suprema Corte de la Nación estableció en la tesis P. XXV/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 122, que, en atención a lo sostenido en jurisprudencia firme, los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo y, en esa virtud, las relaciones laborales de los organismos de carácter local con sus trabajadores escapan a las facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales; asimismo, en la diversa tesis P. XXVI/98, publicada en la página 117 del referido tomo, sostuvo que conforme a lo dispuesto en los artículos 116, fracción VI, y 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Poderes Legislativos de cada entidad federativa sólo pueden expedir las leyes que rijan las relaciones de trabajo entre los Poderes Locales y sus empleados, pues de comprender a otros sujetos resultarían inconstitucionales. Por tanto, toda vez que las relaciones laborales entre los organismos descentralizados estatales y sus trabajadores se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, con independencia de lo que establezcan la Constitución y los ordenamientos secundarios de las entidades federativas, así como los decretos de creación de aquéllos, la competencia para conocer de los conflictos laborales que surjan entre los citados organismos y sus trabajadores corresponde a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y no a los Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje."
En ese orden de ideas, es de concluirse que quien debe conocer del procedimiento paraprocesal promovido por el "Sistema Municipal DIF", es la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, en virtud de que el citado promovente es un organismo público descentralizado.
En las relatadas condiciones, lo procedente es declarar que la competencia para conocer y resolver el expediente laboral de origen corresponde a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por lo que deberá remitirse el expediente correspondiente a esa autoridad para que se avoque al conocimiento del citado procedimiento promovido por el "Sistema Municipal DIF"
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 188 y 190 de la Ley de Amparo; y 37, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Sí existe conflicto competencial suscitado entre el Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla y la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para conocer del procedimiento paraprocesal promovido por el "Sistema Municipal DIF".
SEGUNDO.-Se declara competente para conocer del procedimiento paraprocesal tramitado por el "Sistema Municipal DIF", a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por lo que se ordena remitirle el expediente correspondiente para que se avoque al conocimiento y resolución del mismo.
TERCERO.-Notifíquese con copia certificada de esta ejecutoria, a las autoridades contendientes y a las partes en conflicto; y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Rolando Nicolás de la A. Romero Morales, María Magdalena Córdova Rojas y Samuel Alvarado Echavarría, siendo ponente el tercero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20512-23df3dff/competencia-para-conocer-de-los-conflictos-laborales-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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