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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA. DEBE DECLARARSE IMPROCEDENTE EL CONFLICTO SI DE LA DEMANDA NO SE ADVIERTE LA LEGISLACIÓN APLICABLE PARA DETERMINAR LA SEPARACIÓN DE SU CARGO DE UN ELEMENTO POLICIACO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: CONFLICTO COMPETENCIAL 59/2003. · Registro digital (IUS): 17776
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN Y LA QUINTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE JALISCO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Octubre de 2003, , Pág. 746.

COMPETENCIA 59/2003. SUSCITADA ENTRE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN Y LA QUINTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE JALISCO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-Este Tribunal Colegiado de Circuito estima improcedente el conflicto competencial suscitado entre el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, ambos del Estado de Jalisco, por las siguientes consideraciones:

Lo anterior es así, tomando en cuenta que las pretensiones del reclamante son, esencialmente: reinstalación, aguinaldo proporcional y diversas prestaciones.

Manifiesta el actor haber tenido el nombramiento de Policía de Línea, adscrito al Sector Tres de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Zapopan, Jalisco.

Asimismo, en relación con los hechos en que fundamenta su demanda manifiesta que le fue instaurado un procedimiento administrativo con motivo de un resultado de examen de antidoping, del cual aduce nunca tuvo conocimiento de dicho procedimiento a efecto de poder defender sus derechos; y no fue hasta el día tres de diciembre de dos mil dos, cuando una persona de nombre Martín Maldonado le entregó un oficio sin número y fecha suscrito por el director jurídico de Seguridad Pública de Zapopan, Jalisco, mediante el cual se acompañaba una copia de la resolución de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil dos, por el que se le notificaba la destitución de su empleo.

Ahora bien, el artículo 139 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, supletoria de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, establece lo siguiente:

"Artículo 139. Si de la demanda, o durante la secuela del procedimiento, resultare, a juicio del tribunal, su incompetencia, la declarará de oficio."

El precepto antes transcrito, si bien permite que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de oficio se declare incompetente para conocer de un asunto, ello debe entenderse siempre y cuando existan en el expediente datos que así lo justifiquen, sólo así la autoridad a quien se declinó la competencia para conocer del asunto estará en posibilidad de analizar si acepta en definitiva o no esa competencia.

En el presente asunto se tiene que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante resolución de fecha veinticuatro de enero de dos mil tres se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda instaurada por José de Jesús Guillén Román en contra del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, bajo los argumentos de que al contar el actor con un nombramiento de elemento de seguridad pública, dicha relación de trabajo deviene de carácter administrativo, dado que no guardan una relación laboral con sus superiores, pues no se encuentran regulados por el numeral 123 de la Constitución y, por consiguiente, el Estado no se equipara a un patrón, sino que la relación sigue siendo de carácter administrativo, al grado tal que el ente público continúa su función de autoridad; y que, por tanto, para regular las faltas y sanciones con motivo de dicha relación existen procedimientos, medios de impugnación y tribunales competentes formados ex profeso, por lo que el cese del actor es eminentemente administrativo; así, la autoridad competente para conocer de la demanda instaurada por el actor, lo es el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.

Por su parte, la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo de esta entidad federativa, mediante resolución de dos de junio de dos mil tres determinó no aceptar la competencia declinada por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, argumentando, esencialmente, que la naturaleza de las prestaciones que demanda el actor son de carácter laboral, y conforme a las leyes que las rigen es el Tribunal de Arbitraje y Escalafón el competente para conocer de la demanda, dado que de acuerdo con las cuestiones planteadas por José de Jesús Guillén Román, constituyen actos administrativos, como lo dispone el artículo 65 de la Constitución Política, así como el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambos ordenamientos vigentes para el Estado de Jalisco, pues de no ser así se violentaría el artículo 17 constitucional, por lo que la relación que guarda el actor con el Ayuntamiento demandado es de carácter laboral y, por tanto, se regirán por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Ahora bien, es conveniente precisar que para resolver un determinado conflicto competencial en el que intervengan elementos policiacos debe atenderse exclusivamente a la naturaleza de la acción ejercitada, lo cual regularmente puede determinarse mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, habida cuenta que la separación de su trabajo puede deberse a alguna sanción impuesta con aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, al cese decretado conforme a la Ley para los Servidores Públicos del mismo Estado, o a un despido diverso con aplicación de alguna legislación distinta de las anteriores, o incluso sin mediación de ley alguna, lo cual dará la pauta para establecer la autoridad competente para conocer de la demanda que en su caso se llegue a plantear.

Así las cosas, como en el Estado de Jalisco el criterio que impera, por regla general, es el relativo a que si un policía es separado de su cargo, como la naturaleza de la prestación del servicio es de índole administrativa, el competente para conocer de la demanda sería el Tribunal de lo Administrativo de dicha entidad; sin embargo, si la separación tuviera origen en la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la entidad, correspondería el conocimiento de la demanda relativa al Tribunal de Arbitraje del Estado de Jalisco, conforme al artículo 76 de dicha legislación; de tal forma que si dicha demanda no pone de manifiesto con claridad el fundamento del cese o destitución, se considera que no hay elementos suficientes para definir de modo fehaciente a qué tribunal corresponde la competencia relativa; de ahí que procede, en tal caso, declarar improcedente el conflicto competencial y devolver los autos al tribunal que previno, a fin de que una vez contestada la demanda y contando con más datos que se adviertan de la misma pueda resolver lo correspondiente.

Por lo que invariablemente, en el apuntado caso, al resolverse el conflicto competencial debe atenderse a la esencia de la controversia; sin embargo, en el presente asunto este Tribunal Colegiado advierte que, con independencia de los argumentos expuestos por las autoridades contendientes, no se encuentra en aptitud de llegar a una determinación concreta para establecer a qué autoridad le compete el conocimiento de la demanda instaurada por José de Jesús Guillén, en virtud de que al analizar el escrito inicial de demanda no se desprende con claridad la causa o motivo del despido ni sus circunstancias, esto es, los preceptos legales aplicables al caso.

En efecto, el actor precisa que fue objeto de un despido injustificado por parte del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, asimismo, que le fue instaurado un procedimiento administrativo que concluyó con la destitución de su empleo; empero, lo cierto es que no se establece con claridad el tipo de separación, es decir, si realmente fue por destitución, o bien, por cese o por cualquier otra causa; aunado a ello, no puede precisarse si la separación de su cargo fue en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco o con base en otras leyes; máxime que si bien el propio actor argumentó que no se siguieron los lineamientos establecidos en los artículos 23 y 26 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, lo cierto es que tampoco puede llegarse a una determinación contundente por parte de este Tribunal Colegiado para declinar la competencia, en virtud de no contar con elementos suficientes para advertir el tipo de despido de que fue objeto el actor, pues el mismo demandante argumenta en los hechos de la demanda que se trató de un cese y, por otra parte, que el procedimiento administrativo concluyó con la "destitución de su empleo", es decir, se llega a la conclusión de que no se desprende con claridad el tipo de separación y cuáles fueron las legislaciones aplicables para esos casos.

De tal forma que no pueden tomarse en consideración los razonamientos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, en los que manifiesta, entre otras cuestiones, que al tratarse de un cese la autoridad competente para conocer del asunto es el Tribunal de lo Administrativo y, por su parte, esta última autoridad, que al tratarse de una destitución el competente es el Tribunal de Arbitraje, dado que, insístese, aún no se cuenta con los elementos suficientes para declinar una competencia, en términos del artículo 139 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Se reitera, pues, que en el capítulo de hechos la parte actora narra que existió un despido, pero no existe sustento material para determinar si la separación se derivó de la aplicación de alguna sanción impuesta con aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, o al cese decretado conforme a la Ley para los Servidores Públicos del mismo Estado, o a un despido diverso con aplicación de alguna legislación distinta a las anteriores, o incluso, sin mediación de ley alguna, por lo cual se considera, como ya se dijo, que el Tribunal de Arbitraje, previo a declararse incompetente para conocer de la demanda, debió estar en espera de más datos o pruebas para estar en aptitud de determinar que efectivamente el motivo de la separación fue por cese, sin apoyo en la ley de responsabilidades aludida, y así considerar al Tribunal de lo Administrativo como el competente para conocer de la referida demanda, datos o pruebas que pudieran derivarse de la contestación que se diera a la demanda; por tanto, mientras exista la posibilidad de haber más datos para dilucidar la competencia, el Tribunal de Arbitraje no debió pronunciarse sobre su legal incompetencia con los datos aislados de la demanda laboral, sino esperar a que se contestara ésta; de tal forma que sólo cuando ya no pudieran existir más datos o pruebas puede válidamente declarar su incompetencia, esto siempre y cuando sea procesalmente oportuno, y al no hacerlo así, es por ello que este Tribunal Colegiado de Circuito se encuentra imposibilitado para analizar y resolver el fondo del conflicto competencial suscitado, pues esa falta de elementos no permite establecer con precisión qué autoridad resulta ser la competente en la especie.

Consecuentemente, con apoyo en lo expuesto en párrafos precedentes se declara improcedente el presente conflicto competencial suscitado entre el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, ambos del Estado de Jalisco, por lo que procede remitirle los originales del expediente respectivo a la primera de las autoridades citadas para los efectos legales correspondientes, sin perjuicio de que una vez que sean aportados al juicio suficientes elementos para conocer con exactitud las circunstancias o motivos de la ruptura de la prestación de servicios entre José de Jesús Guillén Román y el Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, declare nuevamente su incompetencia legal si así procediere y el estado procesal de autos lo permita.

Igual criterio se sostuvo en la competencia 4/2003, resuelta en sesión de treinta y uno de marzo de dos mil tres, en la que fueron contendientes el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, en la que se sustentó la tesis, pendiente de publicar, bajo clave de localización TC032085.9LA1, cuyo contenido se reitera, así como en la competencia 8/2003, resuelta en sesión de seis de mayo de dos mil tres, en la que fueron contendientes el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, y por último, en la competencia 22/2003, resuelta en sesión de quince de mayo del año en curso, resultando como contendientes el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, todos del Estado de Jalisco.

El rubro y contenido de la tesis sustentada es el siguiente:

"COMPETENCIA. PARA RESOLVER UN CONFLICTO EN EL QUE ES PARTE ACTORA UN POLICÍA DEL ESTADO DE JALISCO, DEBE ATENDERSE A LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN EJERCITADA, DE TAL FORMA QUE SI LOS HECHOS DE LA DEMANDA NO PONEN DE MANIFIESTO CUÁL FUE EL ORIGEN DE LA SEPARACIÓN, NO HAY MANERA PARA RESOLVER EL CONFLICTO Y DEBE DECLARARSE IMPROCEDENTE.-Al resolverse un conflicto competencial en el que intervengan elementos policiacos, debe atenderse exclusivamente a la naturaleza de la acción ejercitada, lo cual regularmente puede determinarse mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, habida cuenta que la separación del trabajo puede deberse a alguna sanción impuesta con aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, al cese decretado conforme a la Ley para los Servidores Públicos del mismo Estado, o a un ordenamiento diverso, o incluso sin mediación de ley alguna, lo cual dará la pauta para establecer la autoridad competente para conocer de la demanda que, en su caso, se llegue a plantear. Así las cosas, como en el Estado de Jalisco el criterio que impera, por regla general, es el relativo a que si un policía es separado de su cargo, como la naturaleza de la prestación del servicio es de índole administrativa, el competente para conocer de la demanda sería el Tribunal de lo Administrativo de dicha entidad; sin embargo, si la separación tuviera origen en la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la entidad, correspondería el conocimiento de la demanda relativa al Tribunal de Arbitraje del Estado de Jalisco, conforme al artículo 76 de la misma, de tal forma que si dicha demanda no pone de manifiesto con claridad el fundamento del cese o destitución, se considera que no hay elementos suficientes para definir de modo fehaciente a qué tribunal corresponde la competencia relativa, de ahí que procede en tal caso declarar improcedente el conflicto competencial y devolver los autos al tribunal que previno, a fin de que una vez contestada la demanda y contando con más datos que se adviertan de la misma, pueda resolver lo correspondiente."

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Se declara improcedente el conflicto competencial suscitado entre el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, ambos del Estado de Jalisco.

SEGUNDO.-Se ordena al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco siga conociendo del juicio 49/2003-A, de su propio índice, promovido por José de Jesús Guillén Román en contra del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco.

Notifíquese, anótese en el registro, envíese testimonio de esta resolución y los autos al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco para los fines legales, y hágase saber lo anteriormente resuelto, también mediante testimonio, a la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, con residencia en esta ciudad, así como al demandado Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados: presidente Fernando Cotero Bernal, Alfonso M. Cruz Sánchez y Hugo Gómez Ávila, siendo ponente el último de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17776-4a4029c3/competencia-debe-declararse-improcedente-el-conflicto-si-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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