COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS PLANTEADOS CONTRA LA DEPENDENCIA RELATIVA POR UN POLICÍA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE JALISCO, CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CORRESPONDE POR AFINIDAD AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA.
COMPETENCIA 25/2003. SUSCITADA ENTRE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN Y LA CUARTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE JALISCO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-Este Tribunal Colegiado de Circuito estima procedente declarar la competencia para conocer de la demanda promovida por Armando Gutiérrez Isabeles en favor de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, con residencia en esta ciudad, por las razones que se exponen a continuación:
En efecto, a fin de deslindar la competencia legal apuntada, necesario resulta, en primer término, identificar la naturaleza del vínculo existente entre el promovente de la demanda y la entidad pública demandada.
Las pretensiones del reclamante son, esencialmente: la indemnización constitucional consistente en tres meses de salario, el pago de salarios caídos, aguinaldo y demás prestaciones.
Manifestando el actor haber tenido el nombramiento de agente de policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Tamazula de Gordiano, Jalisco.
Ahora bien, como acertadamente lo consideró el Tribunal de Arbitraje y Escalafón en su resolución de incompetencia, los miembros de las corporaciones policiacas al servicio del Gobierno del Estado y sus Municipios, al formar parte de un cuerpo de seguridad pública mantienen una relación de naturaleza administrativa regida por las normas legales y reglamentarias correspondientes, por disposición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en lo conducente, dice:
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.-El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: ... B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: ... XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. ..."
Por su parte, el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal dispone:
"Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.-Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: ... VI. Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias."
A su vez, el artículo 115, fracción VIII, de nuestra Carta Magna preceptúa:
"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre conforme a las bases siguientes: ... VIII. ... Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias."
Ciertamente, de la interpretación armónica de los preceptos transcritos se desprende el imperativo que tienen las Legislaturas de los Estados para regular las relaciones de trabajo entre los trabajadores del Estado y sus Municipios, pero siempre acatando las bases establecidas en el artículo 123 del Código Supremo y de sus disposiciones reglamentarias; por lo que en el caso de los miembros o agentes de las instituciones policiales y de seguridad pública, se encuentra expresamente señalado en el numeral 123, apartado B, fracción XIII, de la Ley Fundamental, como especial y fuera del ámbito laboral; al referirse el Constituyente a que "se regirán por sus propias leyes", está creando para las relaciones derivadas de la prestación de un servicio entre los policías o agentes de seguridad pública y el Estado un status jurídico diverso al laboral y que no puede ser de otra naturaleza que administrativa; consideración constitucional de sustracción que aplica a los cuerpos policiacos de los Estados y Municipios, pues la misma Constitución establece su observancia por la legislación estatal, al estar ésta supeditada a los principios establecidos en el invocado artículo 123 de la Constitución Federal, según se desprende de los diversos 115 y 116 del mismo Magno Cuerpo Normativo, entre los cuales se encuentra mencionado el de exclusión de los miembros de las instituciones policiales de las relaciones laborales del Estado.
Ello es así, porque aun cuando a través de una acción ejercitada como laboral se demande el pago de cualquier prestación derivada del servicio, debe concluirse que esa vía es improcedente porque no se trata de pretensiones laborales sino administrativas; tanto es así, que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón no podría decidir sobre la procedencia de las prestaciones exigidas, que quedan fuera de su competencia material, porque la misma se constriñe a conflictos laborales, los cuales, en el caso, no existen.
Ahora bien, es necesario resaltar que la naturaleza entre el actor (policía) y el demandado es de naturaleza administrativa; aspecto que ya fue analizado desde el punto de vista constitucional por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia 24/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 43, que establece:
"POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.-La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la Policía Municipal o Judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el Gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el Juez de Distrito."
Ahora bien, si se considera, por un lado, que jurisprudencialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la relación jurídica entre los miembros o agentes de instituciones policiales o cuerpos de seguridad pública con el Gobierno de un Estado o Municipio es de carácter administrativo, y se rige por las normas administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y, por otro lado, que las disposiciones legales que regulan la competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y del Tribunal de lo Administrativo del mismo Estado no establecen con precisión la competencia para que alguno de los tribunales mencionados conozcan de la demanda promovida por un elemento de seguridad pública en contra del Ayuntamiento demandado en el que prestó sus servicios, reclamando pretensiones derivadas de esa prestación de servicios, debe establecerse, en respeto a la garantía consagrada en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución, consistente en que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, que la competencia relativa recae en el Tribunal de lo Administrativo, pues de acuerdo con las facultades que le corresponden es el más afín para conocer de la demanda contra actos de una autoridad municipal.
Además, el principio de apartamiento de los integrantes de los cuerpos policiacos en las relaciones laborales del Estado para con sus servidores públicos, al ser un principio constitucional que deben observar las Legislaturas de los Estados, debe reflejarse en sus marcos legales respectivos, por así señalarse en la misma Constitución Federal, y en el caso esto se da en la legislación del Estado de Jalisco, en específico en el artículo 14 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que rige las relaciones de trabajo entre el Estado de Jalisco y sus Municipios con sus servidores públicos, el cual textualmente dice:
"Artículo 14. El personal operativo de las fuerzas de seguridad del Estado y Municipios, que no desempeñen funciones administrativas, se regirán por sus propios reglamentos, los cuales deberán contener las disposiciones adecuadas para proteger los derechos que correspondan a estos servidores públicos."
Por tanto, al excluirse expresamente por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios su aplicación directa sobre el personal operativo de los cuerpos policiacos que no desempeñan funciones administrativas, es inconcuso que ello es en observancia a la disposición constitucional de que la relación entre éstos y el Estado o sus Municipios es de carácter administrativo.
En efecto, aun cuando en la demanda se presenta una controversia deducida contra un órgano municipal, el argumento toral para fincar la competencia en favor de la autoridad administrativa, parte de la base de que, como ya se dijo, es planteada por un miembro de un cuerpo de seguridad pública, y deriva de una relación administrativa y no laboral, por lo que no se surte de modo preciso la competencia legal de ninguna autoridad del trabajo; y, por otra parte, es cierto que como lo asentó la Cuarta Sala del Tribunal de lo Administrativo en resolución de seis de enero del presente año, únicamente le compete resolver los conflictos administrativos y fiscales, pero igualmente cierto resulta que estas controversias se limitan a las que se susciten entre la administración pública de esta entidad federativa y los particulares, lo cual excluye al actor; sin embargo, de acuerdo con lo analizado en la presente resolución, todas las prestaciones que exige y pretende derivan de la relación jurídica que como policía lo ligó en el ámbito jerárquico-administrativo con el Ayuntamiento demandado, por lo que la referida Sala al dirimir la litis planteada debe, forzosa y necesariamente, tomar en consideración el status que corresponde a un miembro de un cuerpo de seguridad pública y no la situación jurídica de un particular.
Cierto, no obstante lo anterior, y ante la falta de disposición legal en el Estado de Jalisco que erija a una autoridad con facultades expresas para resolver controversias como la planteada por Armando Gutiérrez Isabeles en contra de la citada corporación, en el caso a estudio, como se ha dicho, debe declararse competente para conocer de la misma a la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo de esta entidad federativa, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución General de la República, habida cuenta que esta autoridad, dadas las facultades de que está investida, es la apta para conocer de la demanda de que se trata, pues en ella se impugnan acciones atribuidas a un órgano municipal que, como ya quedó establecido, constituyen actos de autoridad que afectan la esfera jurídica de un miembro de un cuerpo de seguridad pública dentro del ámbito administrativo.
Tiene especial aplicación sobre el tema la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado de Circuito, misma que en este caso se reitera en sus términos, consultable en la página 756, Tomo XVI, diciembre de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rubro siguientes:
"-Jurisprudencialmente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la relación jurídica entre los miembros o agentes de instituciones policiales o cuerpos de seguridad pública con el Gobierno de un Estado o Municipio es de carácter administrativo y se rige por las normas administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan, por lo que aun cuando las disposiciones administrativas del Municipio de Guadalajara, así como la ley que regula la competencia del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, no establezcan con precisión la competencia para que éste conozca de una demanda promovida en contra del Ayuntamiento de dicho Municipio, por un elemento de seguridad como los mencionados, que labora o laboró en el mismo, reclamando conceptos derivados de esa relación jurídica, debe establecerse que la competencia recae en dicho tribunal, con el fin de no hacer nugatorio el derecho contenido en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, que consagra la garantía de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, por ser ese tribunal administrativo, de acuerdo a las facultades de que está investido, el más afín para conocer de la demanda en cuestión."
No obsta a lo anterior que la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo contendiente argumentara que no está facultada para conocer de la demanda de pago de prestaciones de carácter laboral, como lo son el pago de indemnización, salarios vencidos, vacaciones, aguinaldo y prima vacacional, debiendo ser el indicado Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, toda vez que como se ha expuesto en esta ejecutoria, la relación entre el actor y el Ayuntamiento demandado es de índole administrativa, por lo que las controversias que se deriven de la misma tienen el mismo carácter administrativo, y como ya se puntualizó, al no establecerse por la legislación especial aplicable al cuerpo policiaco que conforman los policías del Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, cuál es el órgano jurisdiccional competente para resolver sobre ese tipo de conflictos, debe decirse que es el Tribunal de lo Administrativo el competente, ya que es el más afín para conocer de dichos asuntos, teniendo como fundamento supremo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17.
Consecuentemente, en apoyo de lo expuesto en párrafos precedentes, se declara que la autoridad competente para conocer del asunto que aquí interesa, es la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo en el Estado de Jalisco, por lo que procede remitirle los originales del expediente respectivo para los efectos legales correspondientes.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-Se declara que la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo en el Estado de Jalisco es la autoridad competente para conocer del juicio promovido por Armando Gutiérrez Isabeles en contra del Ayuntamiento Constitucional de Tamazula de Gordiano, Jalisco.
Notifíquese; anótese en el registro; envíese testimonio de esta resolución y los autos a la autoridad competente, Cuarta Sala indicada, para los fines legales, y hágase saber lo anteriormente resuelto, mediante testimonio, al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, Ayuntamiento Constitucional de Tamazula de Gordiano, ambos del Estado de Jalisco, y al subsecretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien además deberá enviarse un diskette que contenga la presente resolución y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados integrantes: presidente Fernando Cotero Bernal, Alfonso M. Cruz Sánchez y Hugo Gómez Ávila como ponente.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17777-3d2c3f52/competencia-para-conocer-de-los-conflictos-planteados-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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