COMPETENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL CONFLICTO CUANDO EN EL JUICIO NATURAL SE DETERMINÓ QUE SE PRONUNCIARA EL LAUDO, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.
COMPETENCIA 49/2003. SUSCITADA ENTRE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN Y LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE JALISCO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-Se considera que es improcedente el conflicto competencial suscitado entre el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y la Primera Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, ambos del Estado de Jalisco, con residencia en esta ciudad, toda vez que la declinación de competencia efectuada por el primero de los órganos jurisdiccionales aludidos fue de manera extemporánea, como más adelante se verá.
Ciertamente, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, una vez que radicó la demanda sustanció el juicio por cada una de las etapas legales del procedimiento, hasta el once de marzo de dos mil dos, fecha en la que el secretario general de ese tribunal certificó lo siguiente: (folio 92 vuelta).
"El suscrito secretario general hace constar y certifica: Que una vez que fueron revisados los autos que conforman el presente juicio laboral se advierte que no existen pruebas pendientes por desahogar, lo anterior para los efectos legales conducentes."
A lo anterior el Tribunal de Arbitraje y Escalafón acordó lo siguiente: (folio 92 vuelta).
"Vista la certificación que antecede, se ordena cerrar la instrucción y dictar el laudo que en derecho corresponda.-Quedan enteradas y notificadas las partes por encontrarse presentes sus apoderados especiales.-Con lo anterior se da por terminada la presente audiencia, firmando en ella los que intervinieron, supieron y quisieron hacerlo, en unión del C. Auxiliar de instrucción y del secretario general de este tribunal que autoriza y da fe."
El diez de septiembre de dos mil dos, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón en lugar de dictar el laudo correspondiente pronunció una resolución de manera oficiosa en la que se declaró incompetente para seguir conociendo del juicio y declinó la competencia al Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.
En dicha resolución de incompetencia por declinatoria el Tribunal de Arbitraje invocó en su pronunciamiento el artículo 139 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con el artículo 10 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que respectivamente dicen:
"Artículo 139. Si de la demanda, o durante la secuela del procedimiento, resultare, a juicio del tribunal, su incompetencia, la declarará de oficio."
"Artículo 10. En lo no previsto por esta ley, se aplicarán supletoriamente, y en su orden: I. Los principios generales de justicia social, que derivan del artículo 123 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; III. La Ley Federal del Trabajo; IV. La jurisprudencia; V. La costumbre; y VI. La equidad."
Así como la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente:
"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. COMPETENCIA EN EL JUICIO LABORAL. DECLARACIÓN."
De los hechos y preceptos legales, así como del criterio relacionados con anterioridad, si bien es cierto que se hace patente la posibilidad legal del Tribunal de Arbitraje de declarar su incompetencia para conocer de un asunto que se haya puesto a su consideración, si resultara ésta durante la secuela del procedimiento, con base en el artículo 139 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, aplicada de manera supletoria conforme a la fracción II del precepto legal 10 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, también lo es que dicha facultad se encuentra limitada precisamente por la misma norma, cuando dispone los momentos en los que se puede invocar la incompetencia del tribunal, o sea, de la demanda o durante la secuela del procedimiento.
Ahora bien, para definir si el Tribunal de Arbitraje oportunamente declaró su incompetencia habrá que determinar cuándo concluye el procedimiento, ello con base en la ley especial que rige su actuar, específicamente por el artículo 135 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que establece lo siguiente:
"Artículo 135. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón tendrá las más amplias facultades para la práctica de las diligencias de desahogo de pruebas. Los servidores públicos autorizados de las entidades públicas, pondrán a disposición del tribunal los documentos, archivos y constancias que se refieran o se relacionen con los hechos investigados en el procedimiento, sin perjuicio de que envíen las copias que les solicite el tribunal. Concluida la recepción de pruebas y practicadas las diligencias ordenadas por el tribunal, se declarará concluido el procedimiento y se dictará el laudo correspondiente dentro de un término que no excederá de veintidós días hábiles."
Por tanto, de la interpretación armónica de los preceptos en que el Tribunal de Arbitraje fundamentó su actuar, con el transcrito artículo 135 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se obtiene que el procedimiento laboral burocrático termina con el cierre del periodo de instrucción, esto es, cuando ya se recibieron las pruebas y practicaron las diligencias indicadas por el tribunal, después de ello se declara concluido el procedimiento y se prosigue al dictado del laudo; por tanto, es hasta antes de que suceda la declaración aludida de terminación del procedimiento cuando el tribunal referido puede ejercer su potestad de declararse incompetente para conocer del asunto oficiosamente.
Consecuentemente, es indiscutible que al haberse declarado concluido el procedimiento y ordenarse que se dictara el laudo correspondiente, el Tribunal de Arbitraje ya no podía válidamente declararse legalmente incompetente para conocer del asunto, pues en lugar de ello debió resolver en definitiva el conflicto, ya que, como se dijo en un principio, tal resolución de incompetencia resulta extemporánea.
No obsta a lo anterior que el Tribunal de Arbitraje haya aplicado de manera supletoria doctrina de tratadistas como Carlos Arellano García y Eduardo J. Couture para determinar hasta qué momento es "la secuela del procedimiento", en razón de que dicha supletoriedad es improcedente, en virtud de que, como ya se vio con antelación, la ley especial y que resulta obligatoria observar, en primer término, para el tribunal que previno, es clara al respecto al contemplar de forma expresa y precisa dónde concluye el procedimiento laboral burocrático.
Es decir, en el sistema jurídico mexicano, por regla general, no se reconoce formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de una sentencia, dado que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece las reglas respectivas, en su último párrafo sólo ofrece un criterio orientador al señalar que: "En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho."; mientras que en su párrafo tercero dispone que: "En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata."
Ahora bien, en la práctica reiterada en la formulación de sentencias, acudir a la doctrina es posible, pero sólo como elemento de análisis y apoyo, permitiendo que con variaciones propias de cada materia, con excepción de la penal, se atienda a la regla que el texto constitucional menciona con literalidad como propia de los juicios del orden civil.
Luego, tomando en cuenta lo anterior y que la función jurisdiccional, por naturaleza, exige un trabajo de lógica jurídica que busca aplicar correctamente las normas, interpretarlas con sustento, y aun desentrañar de los textos legales los principios generales del derecho para resolver las cuestiones controvertidas en el caso concreto que se somete a su conocimiento, considerando que todo sistema jurídico responde a la intención del legislador de que sea expresión de justicia, de acuerdo con la visión que de ese valor se tenga en el sitio y época en que se emitan los preceptos que lo vayan integrando, debe concluirse que cuando se acude a la doctrina mediante la referencia al pensamiento de un tratadista, e incluso a través de la transcripción del texto en el que lo expresa, el juzgador, en lugar de hacerlo de manera dogmática, debe analizar objetiva y racionalmente las argumentaciones jurídicas correspondientes, asumiendo personalmente las que le resulten convincentes y expresando, a su vez, las consideraciones que lo justifiquen, siempre que sea con apego a lo que establece la ley y no para modificar lo que en ella se dice.
Ilustra, al respecto, la tesis 2a. LXIII/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XIII, mayo de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido:
"DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS.-En el sistema jurídico mexicano por regla general, no se reconoce formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de una sentencia, pues el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece las reglas respectivas, en su último párrafo, sólo ofrece un criterio orientador, al señalar que ‘En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.’; mientras que en su párrafo tercero dispone que ‘En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.’. Sin embargo, es práctica reiterada en la formulación de sentencias, acudir a la doctrina como elemento de análisis y apoyo, así como interpretar que la regla relativa a la materia penal de carácter restrictivo sólo debe circunscribirse a ella, permitiendo que en todas las demás, con variaciones propias de cada una, se atienda a la regla que el texto constitucional menciona con literalidad como propia de los juicios del orden civil. Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior y que la función jurisdiccional, por naturaleza, exige un trabajo de lógica jurídica, que busca aplicar correctamente las normas, interpretarlas con sustento y, aun, desentrañar de los textos legales los principios generales del derecho para resolver las cuestiones controvertidas en el caso concreto que se somete a su conocimiento, considerando que todo sistema jurídico responde a la intención del legislador de que sea expresión de justicia, de acuerdo con la visión que de ese valor se tenga en el sitio y época en que se emitan los preceptos que lo vayan integrando, debe concluirse que cuando se acude a la doctrina mediante la referencia al pensamiento de un tratadista e, incluso, a través de la transcripción del texto en el que lo expresa, el juzgador, en lugar de hacerlo de manera dogmática, debe analizar, objetiva y racionalmente, las argumentaciones jurídicas correspondientes, asumiendo personalmente las que le resulten convincentes y expresando, a su vez, las consideraciones que lo justifiquen."
También concurre al tema la tesis emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 73, Tomo CXXVI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, de contenido:
"INTERPRETACIÓN DE LA LEY.-Las leyes deben ser interpretadas en los casos en que su sentido es obscuro, lo que obliga al juzgador a desentrañar su significado haciendo uso de los distintos sistemas de interpretación que la doctrina ha elaborado, pero no es procedente pretender que deban interpretarse aquellas normas cuyo sentido es absolutamente claro, pues a ello se opone la garantía establecida en el cuarto párrafo del artículo 14 constitucional, que manda que las sentencias deben ser conforme a la letra de la ley, ya que lo contrario lleva al juzgador a desempeñar el papel de legislador creando nuevas normas a pretexto de interpretar las existentes, lo que carece de todo fundamento legal."
Además, en sustento de lo anterior se cita la tesis emitida por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, Tomo CXXVIII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece:
"LEY, INTERPRETACIÓN DE LA, EN LAS SENTENCIAS.-De conformidad con el párrafo cuarto del artículo 14 constitucional y el artículo 19 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria en materia laboral, las sentencias definitivas deben efectuarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. Es decir, las leyes deben ser aplicadas, en primer término, según la letra de su texto y, solamente que éste sea confuso o ambiguo, deberá llevarse a cabo la interpretación del precepto, mediante las reglas de hermenéutica jurídica correspondientes."
Asimismo, es aplicable la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1669, Tomo CXXV, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:
"INTERPRETACIÓN DE LA LEY.-Cuando un precepto de ley es claro, no es jurídico buscar interpretaciones del mismo, porque su letra en sentido gramatical no da lugar a dudas."
Consecuentemente, resulta que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco no podía válidamente declarar su incompetencia, ni provocar conflicto competencial, dada la extemporaneidad resaltada y así, éste resulta improcedente.
Tiene aplicación sobre el caso concreto, la tesis número III.2o.T.79 L, sustentada por este Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, consultable en la página 1700 del Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, siendo del rubro y texto siguientes:
"COMPETENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL CONFLICTO CUANDO EN EL JUICIO NATURAL SE CITÓ A LAS PARTES PARA OÍR EL LAUDO, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.-El numeral 139 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la ley burocrática del Estado de Jalisco, establece que: ‘Si de la demanda, o durante la secuela del procedimiento, resultare, a juicio del tribunal, su incompetencia, la declarará de oficio.’; por su parte, la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en el precepto legal 135, aplicable en la época en que se suscitó la cuestión de competencia, establecía que concluida la recepción de las pruebas y practicadas las diligencias ordenadas por el tribunal, se declarará concluido el procedimiento y se citará a las partes a oír el laudo; de ahí que en atención a tal ordenamiento legal, si en el juicio natural concluyó el procedimiento citándose para oír el laudo, resulta ilegal la decisión del Tribunal de Arbitraje y Escalafón que se rige bajo dicha legislación, de declararse incompetente para resolver el asunto relativo, dado que tal resolución es extemporánea, lo que da lugar a declarar sin materia el conflicto competencial correspondiente."
Por las razones dadas en esta resolución, lo que procede, en el caso, es declarar improcedente el conflicto competencial suscitado entre el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y la Primera Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, ambos del Estado de Jalisco y, por tanto, sin materia la contienda competencial; además, se ordena a la primera de las autoridades mencionadas deje insubsistente la resolución de fecha diez de septiembre de dos mil dos, para que continúe conociendo y resuelva el juicio número 756/2000-D, de su propio índice.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Es improcedente y por tanto se declara sin materia el conflicto competencial suscitado entre el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y la Primera Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, ambos del Estado de Jalisco, con residencia en esta ciudad.
SEGUNDO.-Se ordena al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, siga conociendo del juicio 756/2000-D, de su propio índice, promovido por Alfonso Huerta Ulloa.
Notifíquese, anótese en el registro, envíese testimonio de esta resolución, así como los autos al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para los efectos precisados en el postrer considerando de esta sentencia; hágase saber lo anteriormente resuelto a la Primera Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, mediante testimonio que se le envíe y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados que lo integran: presidente Fernando Cotero Bernal, Alfonso M. Cruz Sánchez y Hugo Gómez Ávila, quien fue el ponente.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17778-654d35e8/competencia-queda-sin-materia-el-conflicto-cuando-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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