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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN HIPOTECARIA. DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA ESPECIAL ANTE UN JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 42/2006-PS. · Registro digital (IUS): 20217
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, , Pág. 6.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 42/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como lo señalado en los puntos segundo, párrafo primero y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente; por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios emitidos por Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de naturaleza civil, que corresponde a la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Los criterios que se aducen contradictorios, son los siguientes:

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver en sesión de catorce de marzo de dos mil seis, por unanimidad de votos, el amparo directo número DC. 101/2006, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"Son ineficaces los conceptos de violación hechos valer por el quejoso. En efecto, contrariamente a lo sostenido por el promovente del amparo en el primer concepto de violación, el Juez natural sí es competente para conocer de la acción hipotecaria ejercida por el actor, hoy tercero perjudicado, en virtud de que el artículo 2o. del título especial de la justicia de paz del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal prevé la facultad de los Jueces de Paz para conocer de los juicios que versen sobre derechos reales, como es el caso de aquellos que tienen como finalidad hacer efectiva la garantía hipotecaria, según se desprende de la lectura del precepto citado que a la letra dice: ‘Artículo 2o.’ (se transcribe). Del precepto que antecede no se advierte la exclusión expresa de la facultad de los Jueces de Paz para conocer de las controversias que tengan como finalidad hacer efectiva la garantía hipotecaria, sino exclusivamente del conocimiento de los asuntos relativos a las materias familiar y las controversias de arrendamiento cuya competencia exclusivamente se confirió a los Jueces de primera instancia. Al respecto este tribunal comparte la jurisprudencia número I.3o.C. J/34 sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página un mil trescientos noventa y tres del Tomo XIX, compilación del mes de junio de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: ‘VÍA ORAL. PROCEDE PARA EJERCER ACCIÓN QUE DERIVE DE UN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA Y ES COMPETENTE UN JUEZ DE PAZ CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL.’. De esta manera, es evidente que la vía oral sí es procedente para dirimir las acciones que tengan por finalidad hacer efectiva la garantía real o hipoteca constituida sobre un inmueble ubicado en la jurisdicción de los Jueces de Paz, porque la procedencia de esa vía proviene de lo dispuesto por el artículo 2o., del título especial de la justicia de paz del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al tratarse de un derecho real constituido sobre un bien inmueble; en consecuencia, las disposiciones contenidas en los artículos 462 y 468 del código adjetivo invocado, no se contraponen a la previsión del artículo 40 del título mencionado, porque la imposibilidad de que los Jueces de Paz puedan tramitar los juicios de su conocimiento en una vía distinta de la oral, no impide que conozcan de las controversias suscitadas sobre derechos reales como es el caso de la hipoteca dado que, se insiste, tienen tal facultad en virtud de la norma contenida en el artículo 2o. del título en cuestión. El criterio que antecede no se ve afectado por la imposibilidad de los Jueces de Paz de aplicar las disposiciones relativas a la tramitación de la vía especial hipotecaria previstas en los artículos 468 a 488 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, puesto que ello no impide que se haga efectiva la garantía a través de la venta de la cosa gravada con hipoteca mediante el juicio oral en virtud del incumplimiento de una obligación de pago, en el que también se cumplen los extremos de la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 14 constitucional, como son el emplazamiento, contestación de demanda, ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia, sin que por lo anterior se vean disminuidas las oportunidades de defensa de las partes por la reducción de términos y la improcedencia del recurso de apelación, dado que de cualquier forma, como se ha visto, se respeta la citada garantía. Por lo anterior, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio sostenido en la tesis de rubro: ‘ACCIÓN HIPOTECARIA. NO PUEDE SER EJERCITADA EN LA VÍA ORAL ANTE UN JUZGADO DE PAZ EN MATERIA CIVIL.’, por lo que procédase a realizar la denuncia por contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

Por su parte, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver en sesión de veinte de marzo de dos mil tres, por unanimidad de votos, el juicio de amparo directo número DC. 106/2003, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"Ahora bien, tocante a que la Juez de Paz es incompetente para conocer de un juicio hipotecario porque el mismo debe seguirse conforme a las reglas de los artículos 468 a 488 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dicho argumento es ineficaz, habida cuenta de que dichos preceptos regulan las formalidades en el trámite de la vía especial hipotecaria, por lo que la cuestión que plantea la impetrante atañe más bien a una cuestión de procedencia de la vía intentada que será analizada más adelante y no a un aspecto referente a la incompetencia. Máxime que de las actuaciones del juicio natural, se aprecia que en proveído de ocho de octubre de dos mil dos, a través del cual la juzgadora natural previno a la actora que aclarara su demanda respecto de la vía intentada declaró ser incompetente para conocer de la vía especial hipotecaria, lo que motivó que la accionante aclarara que la demanda la promovió en la vía oral, lo que corrobora que la cuestión a dilucidar no es la competencia del juzgador sino la procedencia o improcedencia de la vía intentada. Son fundadas las alegaciones en estudio con respecto a la vía en que fue intentada la acción, por lo siguiente: los artículos 462 y 468 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, señalan: ‘Artículo 462.’ (se transcribe). ‘Artículo 468.’ (se transcribe).

"...

"De acuerdo a las disposiciones antes transcritas, específicamente, el artículo 462 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, cuando el crédito es garantizado con hipoteca, el acreedor puede intentar el juicio en la vía especial, la ejecutiva o la ordinaria; lo que por sí solo excluye la procedencia de la vía oral. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que la acción hipotecaria no puede hacerse valer en cualquiera de las vías antes descritas sino que es el cobro del adeudo el que puede realizarse en cualquiera de ellas, por lo que la procedencia de la vía intentada dependerá de las pretensiones del reclamante. En efecto, mediante la acción hipotecaria se persigue exclusivamente hacer efectiva la garantía mediante la venta de la cosa gravada, para lo cual es necesario que el documento en que conste la hipoteca reúna los requisitos del artículo 468 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es decir, deberá constar en escritura pública o escrito privado, según lo prevea la ley común; deberá estar registrado en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; y el crédito debe ser de plazo cumplido o exigible en los términos pactados. Por otra parte, en la vía ejecutiva se ejercita una acción personal que por estar amparada en un título ejecutivo, permite el aseguramiento del crédito reclamado mediante el secuestro de bienes del deudor, estos es, el propio bien hipotecado o diversos en caso de ser insuficiente para garantizar el crédito, entre otros supuestos, de ahí que en este caso, la acción deriva del mutuo y se hace a un lado la garantía hipotecaria. Por otra parte, la vía ordinaria procederá por exclusión en cualquier otro supuesto distinto a los anteriormente relatados, en cuyo caso la documental que contiene la constitución de hipoteca constituirá sólo una prueba simple de las pretensiones deducidas. A guisa de ejemplo, se considera que cuando la hipoteca no cumpla los requisitos del artículo 468 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y tampoco tenga el carácter de título ejecutivo podrá ejercitarse la vía ordinaria para hacer efectivo el cobro del crédito. Al efecto se invoca por analogía de disposiciones legales, la tesis localizable en la página 79, Volumen 28, Cuarta Parte, Tercera Sala, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘HIPOTECA. VÍA PROCEDENTE PARA EL COBRO DEL MUTUO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’. De lo expuesto se evidencia que a virtud de que la parte actora ejercitó la acción hipotecaria, puesto que formuló su demanda a efecto de obtener el pago del adeudo garantizado con hipoteca, más los accesorios, mediante el remate del bien inmueble dado en garantía; que el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria precisado como base de la acción consta en escritura pública debidamente registrada en el Registro Público de la Propiedad del Estado de México, y que el plazo establecido en el mismo para el cumplimiento de la obligación principal se tuvo por vencido anticipadamente, ante el incumplimiento del deudor en pagar los intereses en los términos acordados en dicho contrato, se concluye que la vía procedente era necesariamente la especial hipotecaria y no la oral ante un Juzgado de Paz, puesto que como ya se dijo no queda a elección del actor elegir la vía cuando ejercita la acción hipotecaria, sino que ésta necesariamente debe intentarse en la vía especial que regulan los artículos 468 a 488 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establecen las formalidades del procedimiento a seguir en el caso concreto. En efecto, debe decirse que la parte quejosa tiene razón cuando alega que causa perjuicio a su esfera jurídica de derechos, el hecho de que se tramitara la acción ejercitada por la parte actora en la vía oral y no en la especial hipotecaria, dado que sus oportunidades de defensa en la primera de las vías mencionadas disminuye, tomando en consideración que los términos para contestar la demanda y para ofrecer y desahogar pruebas son menores en comparación con los establecidos para tal efecto en el capítulo relativo a la tramitación y sustanciación del juicio especial hipotecario, con independencia de la recurribilidad de las determinaciones dictadas en la última de estas vías citadas. En efecto, del análisis de los artículos 470, 471 y 483 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se desprende que la parte demandada tiene el plazo de nueve días para contestar la demanda y para oponer sus excepciones y defensas, así como para formular reconvención y ofrecer pruebas. Para su desahogo, dichos preceptos legales contemplan una audiencia de celebración posterior a la fecha del ofrecimiento y admisión de pruebas, puesto que el último de dichos artículos dispone que las pruebas deben de ofrecerse con los escritos que fijan la controversia y que las admitidas deberán ser preparadas por las partes, quienes deberán presentar a sus testigos en la audiencia respectiva. Asimismo, este precepto legal indica que si el oferente de las pruebas testimonial y documental manifiestan bajo protesta de decir verdad que no pueden presentar a los testigos ni presentar los documentos que no tiene a su disposición, el Juez mandará citar a los testigos y expedirá los oficios a las autoridades y tercero que tenga en su poder los documentos, con apercibimiento de sanción, contemplando el diferimiento de la audiencia para el caso de que no se desahogaran todas las pruebas por falta de preparación, a efecto de que se desahoguen en una nueva audiencia. Ahora bien, del análisis concatenado de los artículos 7o., 17, 18, 19 y 20 del título especial de justicia de paz, se advierte que a petición del actor, el Juez citará al demandado para que comparezca dentro del tercer día y que en una sola audiencia la parte demandada deberá contestar la demanda, oponer excepciones y defensas, ofrecer pruebas y desahogarlas, aun cuando se tratare de testimoniales o periciales, respecto de las cuales se establece que el oferente deberá presentar en la audiencia los testigos y peritos que pretende sean oídos. Máxime que los artículos 487, 688, 689 y 714 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establecen el recurso de apelación para las resoluciones emitidas en un juicio tramitado en la vía especial hipotecaria; y por el contrario, el artículo 23 del título especial de la justicia de paz determina que respecto de las resoluciones dictadas por los Jueces de Paz no se da más recurso que el de responsabilidad, por lo cual se evidencia que en el caso se restringe a la quejosa su acceso a los medios ordinarios de defensa previstos para la vía especial hipotecaria. En tales circunstancias se estima que la sustanciación de la acción intentada en la vía oral afecta la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa, porque como fundadamente lo hace valer, con la tramitación del asunto en la vía oral, sus oportunidades de defensa fueron menores, en atención a los plazos concedidos por el título especial de justicia de paz para tal efecto, y al impedimento de interponer los medios ordinarios de defensa que proceden contra las resoluciones dictadas en los juicios tramitados en la vía especial hipotecaria. Lo anterior resulta violatorio de la garantía de legalidad consagrada en el artículo 14 constitucional, toda vez que el juicio no se tramitó conforme a las normas aplicables al caso concreto, lo que además trascendió en la disminución de la oportunidad de defensa de la quejosa, de ahí lo fundado del concepto analizado. Como apoyo se cita por analogía la tesis publicada en la página 131, Tomo Cuarta Parte, CXVIII, Tercera Sala, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘VÍA, IMPROCEDENCIA DE LA.’-Asimismo, se invoca a contrario sensu, la tesis localizable en la página 163, Volúmenes 115-120, Cuarta Parte, Tercera Sala, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es: ‘VÍA, IMPROCEDENCIA DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).’. Como corolario de lo anterior, cabe destacar que la vía especial hipotecaria no puede ser intentada en ningún caso ante el Juez de Paz Civil, toda vez que el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal contiene un título especial de justicia de paz que regula la competencia y formalidades que se deben seguir en los procedimientos seguidos ante el mismo, y en el artículo 40 del citado título, se establece que en los negocios que conozcan dichos juzgados sólo se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en lo que fuere indispensable para complementar las disposiciones contenidas en dicho título y no se opongan directa o indirectamente a estas últimas; por lo que si el ejercicio de la acción hipotecaria debe realizarse en la vía especial prevista y regulada en los artículos 468 al 488 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el Juez de Paz no está en aptitud de aplicar estas últimas ya que del análisis comparativo realizado con antelación, es evidente que se contraponen con las establecidas en el título especial, como lo es, por ejemplo, el que en aquéllas se contemple el recurso de apelación y, en cambio, en estas últimas está vedada la procedencia de cualquier medio ordinario de impugnación."

CUARTO. Con el propósito de verificar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados referidos, se tiene presente el contenido de la jurisprudencia siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

De lo anterior se obtiene que, para que exista la contradicción de tesis denunciada deben cumplirse los requisitos siguientes:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se hayan examinado cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Ahora bien, de las sentencias pronunciadas por los tribunales contendientes, se advierte que en el caso sí se cumple con los requisitos exigidos para la existencia de la contradicción de tesis denunciada.

En efecto, se cumple con lo precisado en el inciso a) toda vez que al resolverse los negocios jurídicos sometidos a la consideración de los Tribunales Colegiados Noveno y Décimo Cuarto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito se examinó una cuestión jurídica esencialmente igual, consistente en la determinación de la vía procedente para el ejercicio de la acción hipotecaria.

Al respecto, los Tribunales Colegiados en mención adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes; pues el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostuvo:

a) Que el Juez de Paz Civil sí es competente para conocer de la acción hipotecaria, porque el artículo 2o. del título especial de la justicia de paz del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, lo faculta para conocer de los juicios que versen sobre derechos reales, como aquellos que tienen como finalidad hacer efectiva la garantía hipotecaria.

b) Que de esta manera, la vía oral es procedente para dirimir las acciones que tengan por finalidad hacer efectiva la garantía real o hipotecaria constituida sobre un inmueble ubicado en la jurisdicción de los Jueces de Paz, porque proviene de lo dispuesto por el artículo 2o. del título especial de la justicia de paz del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al tratarse de un derecho real constituido sobre un bien inmueble.

c) Que en consecuencia, las disposiciones contenidas en los artículos 462 y 468 del código adjetivo invocado, no se contraponen a la previsión del artículo 40 del título especial mencionado.

d) Que lo anterior no se ve afectado por la imposibilidad de los Jueces de Paz de aplicar las disposiciones relativas a la tramitación de la vía especial hipotecaria, previstas en los artículos 468 a 488 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, puesto que ello no impide que se haga efectiva la garantía a través de la venta de la cosa gravada con hipoteca mediante el juicio oral en virtud del incumplimiento de una obligación de pago, juicio en el que se cumplen los extremos de la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 14 constitucional, como son el emplazamiento, contestación de demanda, ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia; sin que por ello se vean disminuidas las oportunidades de defensa de las partes por la reducción de términos y la improcedencia del recurso de apelación.

Por el contrario, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo:

a) Que de acuerdo al artículo 462 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, cuando el crédito es garantizado con hipoteca, el acreedor puede intentar el juicio en la vía especial, la ejecutiva o la ordinaria, lo que por sí solo excluye la procedencia de la vía oral ante un Juzgado de Paz Civil.

b) Que a través de la acción hipotecaria se persigue exclusivamente hacer efectiva la garantía mediante la venta de la cosa gravada, para lo cual es necesario que el documento en el que conste la hipoteca reúna los requisitos del artículo 468 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

c) Que en la especie, la parte actora ejercitó la acción hipotecaria, puesto que formuló su demanda a efecto de obtener el pago del adeudo garantizado en hipoteca, más los accesorios, mediante el remate del bien inmueble dado en garantía; que el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria precisado como base de la acción consta en escritura pública debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Estado de México y que el plazo establecido en el mismo para el cumplimiento de la obligación principal se tuvo por vencido anticipadamente, ante el incumplimiento del deudor en pagar los intereses en los términos acordados en dicho contrato.

d) Concluye, que la vía procedente era necesariamente la especial hipotecaria y no la oral ante un Juzgado de Paz Civil, puesto que no queda a elección del actor elegir la vía cuando ejercita la acción hipotecaria, sino que ésta necesariamente debe intentarse en la vía especial que regulan los artículos 468 a 488 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establecen las formalidades del procedimiento a seguir en el caso concreto.

e) Que de acuerdo con los artículos 7o., 17, 18, 19 y 20 del título especial de la justicia de paz del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las oportunidades de defensa en la vía oral se disminuyen, tomando en cuenta que los términos para contestar la demanda y para ofrecer y desahogar pruebas son menores en comparación con los establecidos para tal efecto en el capítulo relativo a la tramitación y sustanciación del juicio especial hipotecario (artículos 470, 471 y 473 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal).

Que asimismo, en la vía oral se restringe el acceso a los medios ordinarios de defensa, porque los artículos 487, 688, 689 y 714 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establecen el recurso de apelación para las resoluciones emitidas en el juicio tramitado en la vía especial hipotecaria, por el contrario, el artículo 23 del título especial de la justicia de paz determina que respecto de las resoluciones dictadas por los Jueces de Paz, no se admite más recurso que el de responsabilidad.

f) Que la vía especial hipotecaria no puede ser intentada en ningún caso ante el Juez de Paz Civil, toda vez que el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal contiene un título especial de justicia de paz que regula la competencia y formalidades que se deben seguir en los procedimientos seguidos ante el mismo, y en el artículo 40 se establece que en los negocios que conozcan dichos juzgados sólo se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en lo que fuere indispensable para complementar las disposiciones contenidas en dicho título y no se opongan directa o indirectamente a estos últimos, por lo que, si el ejercicio de la acción hipotecaria debe realizarse en la vía especial prevista y regulada en los artículos 468 al 488 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el Juez de Paz no está en aptitud de aplicar estos últimos, ya que del análisis realizado, es evidente que se contrapone con lo establecido en el título especial, como lo es, por ejemplo, el que en aquéllos se contemple el recurso de apelación y, en cambio, en estos últimos está vedada la procedencia de cualquier medio ordinario de impugnación.

Como se advierte de la lectura comparativa de ambos criterios, los Tribunales Colegiados contendientes arribaron a diferentes conclusiones en relación con el mismo tema jurídico, esto es, si es procedente la vía oral, ante el Juez de Paz en Materia Civil, para ejercitar la acción hipotecaria, o si ésta necesariamente debe tramitarse por la vía especial hipotecaria, ante el Juez Civil de primera instancia.

De lo anterior se desprende que, por un lado, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al señalar que es procedente la vía oral para poder ejercitar la acción hipotecaria, se basa en una interpretación que realiza al artículo 2o. del título especial "de la justicia de paz" del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, sosteniendo que lo dispuesto en dicho título especial no se contrapone con lo previsto en dicho ordenamiento adjetivo en las disposiciones donde se regula el juicio especial hipotecario, siendo que, por otro lado, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al analizar las disposiciones que integran el juicio especial hipotecario concluye que no es posible ejercitar la acción hipotecaria ante Juzgado de Paz Civil y que los artículos 468 al 488 del código adjetivo civil, se contraponen con lo establecido en el título especial de la justicia de paz.

Asimismo, se encuentra acreditado el elemento referido en el inciso b) consistente en que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; como se advierte de las propias sentencias pronunciadas, y de la síntesis realizada en el considerando anterior de los argumentos expresados por los Tribunales Colegiados contendientes para sustentar sus criterios.

Lo anterior es así, ya que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostiene que sí es procedente la vía oral, para dirimir las acciones que tengan por finalidad hacer efectiva la garantía real o hipotecaria constituida sobre un inmueble en términos del artículo 2o., del título especial de la justicia de paz del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, por tratarse de un derecho real; en tanto que, para el otro órgano colegiado, la vía procedente es necesariamente la especial hipotecaria ante un Juez de primera instancia civil y no la oral ante un Juzgado de Paz, puesto que no queda a elección del actor elegir la vía cuando ejercita la acción hipotecaria, sino que ésta debe intentarse en la vía especial que regulan los artículos 468 a 488 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

Por último, también se acredita el requisito precisado en el inciso c) consistente en que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

En principio, se precisa que el estudio que realizaron los Tribunales Colegiados contendientes partió del examen de los mismos elementos, porque los hechos que les dieron origen son similares en relación al punto jurídico materia de esta contradicción, pues analizaron controversias en las que la parte actora ejercitó la acción hipotecaria a fin de obtener el pago del adeudo garantizado con una hipoteca, lo que determinó en cada caso pronunciarse sobre la vía procedente.

Asimismo, ambos órganos colegiados partieron del análisis de los mismos preceptos legales, pues analizaron, en esencia, los artículos 462 y 468 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; y 2o. y 40 del título especial "de la justicia de paz" del mismo ordenamiento.

En ese contexto, se concluye que, en el caso analizado, sí existe la contradicción de tesis denunciada, en relación con el tema relativo a determinar cuál es la vía procedente cuando se ejercita la acción hipotecaria.

No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que los criterios en contraposición no constituyan jurisprudencia, porque los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito.

Es aplicable al respecto, la jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal, cuyo contenido es el siguiente:

"Octava Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Apéndice de 1995

"Tomo: VI, Parte SCJN

"Tesis: 187

"Página: 127

"CONTRADICCIÓN. PROCEDE LA DENUNCIA CUANDO EXISTEN TESIS OPUESTAS, SIN QUE SE REQUIERA QUE SEAN JURISPRUDENCIAS. Es inexacto que la denuncia de contradicción de tesis sea improcedente cuando las tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, sobre una misma cuestión, en la materia de su exclusiva competencia, no constituyan jurisprudencia, ya que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XII

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20217-b14f6a45/accion-hipotecaria-debe-tramitarse-en-la-via-especial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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