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Modo: Corpus Pro

JUECES DE DISTRITO. SUS SENTENCIAS NO SON VIOLATORIAS DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 732/94. · Registro digital (IUS): 2030
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ Y SUCESION A BIENES DE CESAR FERNANDEZ PAREDES.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Agosto de 1994, , Pág. 419.

AMPARO EN REVISION 732/94. CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ Y SUCESION A BIENES DE CESAR FERNANDEZ PAREDES.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Los agravios preinsertos son infundados.

Los argumentos externados en los agravios primero y segundo encaminados a evidenciar que la Juez Federal al pronunciar la sentencia recurrida infringió los artículos 13, 14, 16 y 133 de la Carta Magna son infundados, pues los Jueces de Distrito no incurren en violaciones de garantías individuales ni de otros preceptos constitucionales al dictar resoluciones en los juicios de amparo ante ellos promovidos, ya que dichos Jueces actúan como órganos de control constitucional precisamente para resolver sobre la inconstitucionalidad o constitucionalidad de los actos reclamados, de tal manera que jurídicamente no es posible que al emitir sus resoluciones o sentencias violen garantías individuales o cualquier precepto de la Constitución General de la República. En consecuencia, los Jueces de Distrito sólo pueden infringir disposiciones de la Ley de Amparo que reglamenta la función tutelar de las garantías indicadas y sus actos pronunciados en la secuela de un juicio de garantías sólo serán examinados a través de la ley aludida, para precisar si se apegaron o no a la misma. Este criterio tiene apoyo en la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado visible en la página 301 del Tomo IV, Tribunales Colegiados de Circuito, julio diciembre 1989, Octava Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor es: "-Al no actuar el Juez de Distrito como autoridad responsable, sino como órgano de control constitucional, jurídicamente es inadmisible que con sus sentencias violen garantías individuales a la parte recurrente y, en esas condiciones, sus sentencias solamente deben ser examinadas a la luz de los requisitos que para dictarlas exige la Ley de Amparo.".

Por otra parte, se observa que en el penúltimo párrafo del primer agravio, los recurrentes en síntesis esgrimen que la Juez Federal inexactamente consideró que los actos reclamados no les afectan, pues utilizando en contraposición el artículo 4o. de la Ley de Amparo, es obvio que el promovente, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de César Fernández Paredes, sí tiene interés jurídico y por ello el acto impugnado sí le causa agravios, dado que el albacea es quien representa a tal sucesión; luego, para poder afectar "la masa hereditaria" de ésta es necesario que sean escuchados los herederos, los que en el caso concreto se encuentran imposibilitados para comparecer por la sucesión, sino es por el legítimo representante que en este caso es el albacea.

Ahora bien, del análisis de la sentencia recurrida a la luz de los argumentos preinsertos y con vista a las constancias que conforman el juicio de amparo respectivo, se obtiene la convicción que no les asiste la razón a los recurrentes, pues de la interpretación lógica y armónica de los artículos 2408 y 2448-H del Código Civil para el Distrito Federal, se advierte que en el caso a estudio el de cujus César Fernández Paredes, en su carácter de arrendatario, derivado del básico del juicio natural, estuvo bien representado y, por ende, los derechos emanados de tal contrato sí se defendieron en juicio aun cuando no se obtuvo un resultado favorable de esa defensa, dado que Guillermo Bartolo Fernández Rodríguez, ostentándose como hijo y causahabiente del de cujus indicado, mediante libelo presentado ante el Juez responsable el veintidós de mayo de mil novecientos noventa y dos contestó la demanda que originó el juicio aludido y para ello, entre otras cosas, adujo "... como causahabiente de mi padre e hijo legítimo en este acto me subrogo en todos sus derechos inquilinarios en términos de los artículos 2408 y 2448 'H' del Código Civil Federal toda vez que habito la casa habitación de mi padre desde antes de su muerte es por lo que en este acto ejerzo sus derechos inquilinarios". Respecto a la contestación mencionada, el Juez de referencia el veintiséis de mayo precitado acordó: "se tiene a la demandada contestando en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra, por opuestas las excepciones y defensas que se hacen valer". Cabe resaltar que previamente a lo anterior, Guillermo Bartolo Fernández Rodríguez por escrito exhibido ante el Juez natural el dieciocho del mes de referencia ya se había apersonado al juicio de origen, en su carácter de hijo y causahabiente del de cujus mencionado y, en relación a esto, el veinte del propio mes el juzgador indicado proveyó lo siguiente: "... se tiene por reconocida la personalidad del ocursante como causahabiente de la demandada en términos de las copias certificadas que exhibe ..."; el causahabiente indicado ofreció las pruebas que estimó idóneas e inconforme con la sentencia dictada en primera instancia, interpuso recurso de apelación que fue declarado desierto por resolución de diecisiete de junio último emitida en el toca de apelación número 2357/93. En estas circunstancias, conforme a las normas que regulan los efectos del contrato de arrendamiento previstas en el dispositivo 2408 invocado, los derechos que emanan del contrato de arrendamiento base del juicio natural que correspondieron al arrendatario César Fernández Paredes pueden ser defendidos en juicio por sus hijos, esposa, concubina o los ascendientes consanguíneos aunque ni unos ni otros sean albaceas, ni estén declarados herederos, pues exigir esto último equivaldría a hacer nugatorio lo que previene el numeral citado últimamente, máxime que acorde a lo dispuesto por el dispositivo 2448-H del Código Civil para esta capital, no es condición necesaria para iniciar una controversia sobre arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación, como ocurre en el caso, que una vez que haya fallecido el arrendatario se abra al respectivo juicio sucesorio a fin de que el arrendador demande a la sucesión correspondiente, puesto que por disposición de dicho precepto legal, las personas mencionadas se subrogan ipso jure en los derechos y obligaciones del arrendatario. Así que si la demanda que originó el juicio natural se instauró el trece de abril de mil novecientos noventa y dos y el arrendatario mencionado falleció el once de enero del propio año, es evidente que tal juicio se promovió cuando el arrendatario ya había fallecido; luego, los causahabientes de éste a quienes se ha hecho alusión, están en aptitud legal de comparecer a juicio a defender sus propios derechos, puesto que a virtud de la subrogación correspondiente, tienen legitimación tanto en la causa como en el proceso para hacerlo. Por tanto, se considera que al haber comparecido al juicio en cuestión Guillermo Bartolo Fernández Rodríguez, en su carácter de hijo y causahabiente del de cujus César Fernández Paredes, y al habérsele reconocido tal carácter, es evidente que los derechos derivados del básico sí estuvieron representados en juicio y por ello no había motivo legal alguno para que se llamara a juicio a la sucesión, ni a los demás hijos del de cujus; esto significa que resulta innecesario que cada uno de los herederos o el albacea comparezcan a juicio a defender los derechos del inquilino, pues basta que cualquiera de ellos lo haga, aun no existiendo testamento, designación de albacea o declaración de herederos, para que esté representada la parte demandada por sí o por su causahabiente. Así las cosas, se colige que en el caso que nos ocupa es evidente que no se dejó en estado de indefensión a los quejosos ni se les privó del derecho de ser oídos y vencidos en juicio, acorde a las consideraciones externadas. Lo anterior, produce la certeza que los actos reclamados no afectan a los recurrentes y por ello en la especie se actualiza la causal de improcedencia de este juicio que prevé el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, por lo que con apoyo en el numeral 74, fracción III, de la propia ley procede sobreseer en el juicio, como acertadamente así lo consideró y resolvió la Juez de Distrito. Este criterio tiene apoyo en la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 13, del Volumen XC, Sexta Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor es: "ARRENDAMIENTO, RESCISION DEL CONTRATO DE, PUEDE PEDIRSE POR EL HEREDERO DEL ARRENDAMIENTO O DEL ARRENDATARIO.-Los derechos que derivan del contrato de arrendamiento, se pueden hacer valer por los herederos del arrendador, contra los herederos del arrendatario, aunque ni unos ni otros sean albacea, ni estén declarados herederos, y con uno u otro carácter pueden deducir las acciones y pueden comparecer en juicio para defenderse, por tener con arreglo a su condición, legitimación activa para la acción y pasiva para su defensa en juicio, porque conforme al artículo 2408 del Código Civil para el Distrito Federal y Territorios Federales, el contrato de arrendamiento no se rescinde por la muerte del arrendador ni del arrendatario.". También es aplicable en lo conducente la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al resolver el R.C. 1497/89, cuyo tenor es: "ARRENDAMIENTO. MUERTE DEL ARRENDATARIO, CUALQUIERA DE LOS PRESUNTOS HEREDEROS, TIENE LEGITIMACION PASIVA PARA COMPARECER A JUICIO.-Si de la propia demanda de amparo, se desprende, que en el juicio ordinario del que emana el acto reclamado, consistente en el desechamiento del incidente de nulidad de actuaciones que promovió la recurrente, ya había comparecido la madre de ésta, en su calidad de esposa del demandado; siendo dicho juicio de terminación de contrato de arrendamiento de una accesoria comercial en donde la viuda del inquilino compareció en representación de la sucesión, e incluso ésta ya compareció promoviendo también un incidente de nulidad de actuaciones; por lo que resulta claro que los derechos del inquilino están representados por dicha persona en su calidad de sucesora del original inquilino y cualquiera de los presuntos herederos, esposa, hijos (como la recurrente), etcétera, que continúan poseyendo como inquilinos son comuneros y cualquiera de ellos tienen legitimación pasiva para acudir a juicio en defensa de los derechos del arrendatario; pero si como ya se dijo compareció la esposa del arrendatario fallecido, resulta innecesario que cada uno de ellos lo haga, por su propio derecho, pues basta que cualquiera de ellos lo haga, aun no existiendo testamento, designación de albacea o declaración de herederos, para que esté representada la posible y/o futura sucesión.".

Siguiendo con el análisis de los conceptos de violación se observa con nitidez que el segundo es infundado, pues carecen de razón los recurrentes al aseverar que la tesis intitulada "ARRENDAMIENTO. FALTA DE LEGITIMACION PASIVA PARA HACER VALER EN JUICIO LOS DERECHOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE.", transcrita en la sentencia recurrida, no es aplicable en la especie porque se refiere cuando el arrendatario muere ya iniciado un procedimiento, lo que no sucedió en este asunto y que tal tesis es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales porque priva a los inconformes del derecho de audiencia. Estos motivos de inconformidad se reitera que son infundados, porque no es verdad que la tesis mencionada se refiere cuando el arrendatario fallece una vez iniciado el juicio respectivo, pues de la lectura acuciosa de su texto inserto en la sentencia mencionada, con meridiana claridad se obtiene la convicción que no prevé la hipótesis precitada a que se refieren los inconformes, sino por el contrario, en términos generales se refiere a que cuando uno de los hijos del inquilino comparece a juicio a defender los derechos del arrendatario muerto, ya no pueden comparecer al mismo los demás hijos, esposa y hermanos del de cujus ni el albacea respectivo, consideración que a juicio de este tribunal es correcta, porque se considera que quien comparece a juicio a nombre del de cujus lo hace en representación de los herederos que ocupan el inmueble arrendado como causahabientes de los derechos del arrendador original, lo cual hace cesar la legitimación que pudieran tener los mismos, conservándola únicamente la persona que compareció al juicio respectivo, dado que lo contrario provocaría que en forma sucesiva pudieran reclamar derechos del inquilino fallecido sus hijos, hermanos o cónyuge supérstite, para el supuesto de que obtuvieran resoluciones desfavorables, lo que provocaría incertidumbre jurídica en el arrendador, pues a éste se le obligaría a litigar con todas las personas mencionadas, desencadenando así una diversidad de juicios, lo que controvendría el artículo 17 constitucional.

Las anteriores consideraciones permiten colegir que al caso en estudio sí es exactamente aplicable la tesis de mérito y que la misma no es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, porque fue emitida por un Tribunal Colegiado al resolver un amparo en revisión, es decir, actuando como órgano de control constitucional y sabido es que cuando actúan así no infringen garantías individuales ni leyes secundarias, pues en todo caso infringirían disposiciones de la Ley de Amparo que es la que regula sus actuaciones, máxime que las tesis o jurisprudencias que establecen los tribunales de amparo son interpretaciones que de las leyes respectivas hacen para salvaguardar las garantías individuales de los gobernados y, por ende, la observación de la Carta Magna; luego, las mismas no pueden ser inconstitucionales. Además, en la especie no se dejó en estado de indefensión a los recurrentes, acorde a las consideraciones externadas con antelación, las cuales en obvio de repeticiones innecesarias se dan aquí por reproducidas. Por tanto, se declaran infundados los motivos de inconformidad donde se asevera lo contrario.

Finalmente, se considera que la sentencia recurrida sí está debidamente fundada y motivada, pues de su examen con claridad se advierte que la Juez de Distrito expuso los razonamientos que consideró idóneos para sobreseer en el juicio y citó los preceptos legales, jurisprudencias y tesis que estimó aplicables en la especie, proceder que es correcto atento a las consideraciones expuestas con anterioridad.

A virtud de lo anterior, procede confirmar la sentencia materia de este recurso.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 82, 83, fracción IV, y 85, fracción II, de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia dictada el veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, engrosada el trece de abril del propio año por la Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal en el juicio de amparo indirecto número 107/94-I.

SEGUNDO.-Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por César Fernández Rodríguez y la sucesión a bienes de César Fernández Paredes, en contra de los actos que reclamaron del Juez Vigésimo Séptimo del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal, que se precisaron en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos relativos a la Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto.

Así por unanimidad de votos de los señores Magistrados Martín Antonio Ríos, José Joaquín Herrera Zamora y Víctor Manuel Islas Domínguez, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, siendo relator el último de los nombrados. Firman los Magistrados con intervención del secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2030-d1596533/jueces-de-distrito-sus-sentencias-no-son-violatorias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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