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Modo: Corpus Pro

REVISION. EN ELLA DEBE EXAMINARSE PREVIAMENTE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 73/93. · Registro digital (IUS): 5846
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CESAR CRUZ GUTIERREZ.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Abril de 1993, , Pág. 180.

AMPARO EN REVISION 73/93. CESAR CRUZ GUTIERREZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-No obstante que se transcribieron las consideraciones legales que apoyan la sentencia recurrida y los agravios hechos valer por el recurrente, no serán estudiados por este Tribunal Colegiado, al advertirse en la especie una causal de improcedencia, la cual por ser de orden público debe examinarse previamente al análisis del fondo del juicio de garantías, atento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Al caso son aplicables la jurisprudencia 5 de este Tribunal Colegiado, publicada bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA."; así como el criterio sustentado al resolver los amparos en revisión números 369/91, 502/92, 556/92 y 55/93, que dice: "REVISION. EN ELLA DEBE EXAMINARSE PREVIAMENTE LA IMPROCEDENCIA DE FONDO.-Si está pendiente de resolución un recurso de revisión y se advierte que se ha sobrevenido una causal de improcedencia, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.".

De las constancias remitidas por la responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o., se desprende que ante el Juez Noveno de lo Civil de esta ciudad, la ahora tercero perjudicado promovió juicio de usucapión en contra de Hesiquio Aguilar Sánchez y otros; admitida que fue dicha demanda se ordenó emplazar a los demandados (foja veintiocho) entre ellos al quejoso, quien dio contestación a la demanda (foja treinta y cinco); el codemandado Ambrosio Bret Arellano después de contestar la demanda reconvino a la actora la reivindicación del inmueble controvertido (foja cincuenta). Por auto de catorce de febrero de mil novecientos noventa y uno, se ordenó abrir el juicio a prueba por el término de cuarenta días (foja ciento uno); el Juez del conocimiento fue recusado sin causa por el ahora quejoso y así, se turnaron los autos a la Juez Décimo de lo Civil quien se avocó al conocimiento del presente asunto y por auto de cuatro de abril de mil novecientos noventa y uno mandó hacer el cómputo y la certificación de la dilación probatoria por veinte días (foja ciento trece); no conforme el quejoso con dicha resolución, interpuso revocación, recurso que fue admitido y sustanciado en los términos propuestos, pero mediante resolución de veintidós de julio de mil novecientos noventa y dos se declaró sin materia el recurso interpuesto (foja ciento sesenta y tres). Esta resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo.

Cabe hacer la aclaración de que la secretaria encargada de los expedientes pares en funciones de Juez por ministerio de ley, por auto de veintidós de mayo de mil novecientos noventa y uno acordó, para normar el procedimiento, que el término de la dilación probatoria era de cuarenta días y no de veinte (foja ciento veintiuno), y en contra de ese acuerdo el propio quejoso interpuso también recurso de revocación, que fue resuelto por diversa resolución de veintidós de julio de mil novecientos noventa y dos, por virtud de la cual se confirmó el auto recurrido (foja ciento sesenta y ocho).

En tales condiciones, aun cuando es cierto que el acto reclamado se hizo consistir en la resolución de veintidós de julio de mil novecientos noventa y dos, por virtud de la cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de cuatro de abril de mil novecientos noventa y uno, en la cual se ordenó hacer el cómputo de la dilación probatoria por veinte días y no por cuarenta, como quiera que sea, por resolución del mismo Juez responsable esa equivocación fue subsanada en el diverso acuerdo fechado el veintidós de mayo del mismo año en el cual ordenó hacer el cómputo correcto de cuarenta días y fue ésta la razón por la cual se resolvió que quedaba sin materia el recurso de revocación hecho valer en contra del referido auto de cuatro de abril de mil novecientos noventa y uno.

Como se advierte, lo que el quejoso cuestiona en este amparo es el proceder de la responsable que, a su juicio, carece de bases para ordenar y hacer el cómputo del término probatorio; y visto así, este Tribunal Colegiado aprecia que lo que es materia de contienda es si la responsable está otorgando a las partes el término legal para rendir pruebas, y visto así, es claro que no procede la acción constitucional hecha valer, porque resoluciones como la que se reclama no tienen una ejecución de imposible reparación.

Para así estimarlo, debe destacarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 3/89, visible en la página 79, Segunda Parte, Volumen I, del Informe rendido a dicho Máximo Tribunal de la Nación por su Presidente al concluir las Labores de 1989, definió lo que debe entenderse como acto de imposible reparación, sustentando el criterio de que en términos de los artículos 107 fracción III constitucional, y 114 fracción IV de la Ley de Amparo, tienen ese carácter aquellos que afectan de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata; y que en esos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, sin tener que esperar el agraviado a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviera sentencia favorable a sus intereses; que, por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que afectan derechos de naturaleza adjetiva o procesal. Que la razón de ser de dichos derechos encuentran su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen de la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ya ningún derecho sustantivo; es decir, en estos casos, en el momento en que se producen las violaciones del procedimiento, no se afecta de manera irremediable algún derecho sustantivo consagrado como garantía individual, sino tan sólo hace surgir la posibilidad de que con ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan en el resultado del fallo y por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva, para que de ser adversa al quejoso pueda combatirlo mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, siempre que, como ya se dijo, haya sido afectado en sus defensas y la violación haya trascendido al resultado del fallo.

En tal orden de ideas, como la resolución reclamada se dictó en el procedimiento del juicio generador del acto reclamado, y en definitiva considera ocioso ocuparse del auto recurrido que ordenó hacer el cómputo del término probatorio por veinte días, al haberse pronunciado uno diverso que mandó hacer el cómputo por cuarenta días (que fue lo que el ahora quejoso pretendió a través del recurso de revocación declarado sin materia), es de estimar que en la especie operó la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los artículos 158 y 159 fracción VI y 161 de la Ley de Amparo, lo que obliga a decretar el sobreseimiento conforme a lo dispuesto por la fracción III del artículo 74 del orden legal en cita.

Esto es así, tomando en consideración que no todos los actos dictados durante el procedimiento producen una afectación de imposible reparación; de ahí que cuando como en la especie en el curso del procedimiento del juicio generador del acto reclamado se actualice una violación procesal, no sólo es legalmente posible sino correcto que la autoridad responsable continúe con el procedimiento, pues será hasta que se dicte la resolución definitiva y ésta sea impugnada a través del juicio constitucional en la vía directa, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento si hubiera afectado al promovente en sus defensas y si trascendió al resultado del fallo, ya que los artículos 158 y 159 de la Ley de Amparo, se apoyan en el principio de economía procesal, conforme al cual se pretende evitar la proliferación o una cadena indeterminada de juicios de garantías con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante los tribunales judiciales puedan agotar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría por un lado, una constante interposición de juicios de amparo, y por otra, una injustificada demora en la resolución del conflicto; por lo que el propio legislador pretende así que continúe el curso del procedimiento sin mayores trabas y que al afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, puede hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara que se hubieran cometido en su perjuicio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 33 de este Tribunal Colegiado publicada bajo el rubro: "VIOLACION AL PROCEDIMIENTO, AMPARO CONTRA (ANALISIS DE LOS ARTICULOS 158 Y 159 DE LA LEY DE AMPARO).".

En resumen, debe decirse que el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación y por lo mismo no se está en el supuesto establecido en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, para la procedencia del amparo indirecto; por el contrario, tales violaciones que alega el quejoso podrán ser reparadas en el juicio de amparo directo que en su oportunidad se haga valer contra la sentencia definitiva.

Las consideraciones que preceden conducen a revocar la sentencia sujeta a revisión y estimar improcedente el presente juicio de garantías; sobreseimiento que debe hacerse extensivo a los actos que se atribuyen a las señaladas como autoridades ejecutorias. De conformidad con lo dispuesto por la jurisprudencia 13 de este Tribunal Colegiado, publicada bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.".

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV y 85 fracción II de la Ley de Amparo, 43 y 44 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-Se sobresee el juicio de garantías promovido por César Cruz Gutiérrez, contra actos que reclama de la Juez Décimo de lo Civil de esta ciudad de Puebla, secretaria y diligenciaria, ambas encargadas de los expedientes pares, adscritas a dicho juzgado; los cuales han quedado debidamente precisados en el resultado primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución devuélvase el expediente de amparo al Juez a quo y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Tarcicio Obregón Lemus, Gustavo Calvillo Rangel y José Galván Rojas, siendo ponente el segundo de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5846-a5a35cc8/revision-en-ella-debe-examinarse-previamente-la-improcedencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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