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Modo: Corpus Pro

PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. SU EFICACIA NO PARTE DE PRUEBAS PLENAS AISLADAS, SINO DE DATOS UNÍVOCOS, CONCURRENTES Y CONVERGENTES, DE CUYA ARTICULACIÓN, CONCATENACIÓN Y ENGARCE, SE OBTIENE OBJETIVAMENTE UNA VERDAD FORMAL, A TRAVÉS DE UNA CONCLUSIÓN NATURAL A LA CUAL CADA INDICIO, CONSIDERADO EN FORMA AISLADA, NO PODRÍA CONDUCIR POR SÍ SOLO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 138/2007. · Registro digital (IUS): 20316
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, , Pág. 1457.

AMPARO DIRECTO 138/2007.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Este tribunal considera pertinente destacar que, en el segundo de los conceptos de violación, el quejoso hace valer argumentos cuyo estudio es de orden preferente, pues acusa una violación procesal que, afirma, trascendió al resultado del fallo aquí impugnado, al no haberse desahogado los careos directos con los testigos de cargo y, por ende, afirma que no estuvo en posibilidad de defenderse ni en aptitud de formular un interrogatorio a dichos deponentes, que demostrara su inocencia.

Es infundado el argumento del amparista, pues aun cuando resulta cierto que en la causa penal de origen no se desahogaron directamente los careos cuyo desahogo oficiosamente ordenó el Juez de Distrito al advertir una serie de contradicciones entre las declaraciones ministeriales vertidas por los testigos de cargo ... y el ahora quejoso -cuya naturaleza en concepto de este Tribunal Colegiado, es de careos constitucionales y no procesales-; sin embargo, con independencia de la connotación que el Juez de Distrito le dio a los careos, cabe destacar que su falta de desahogo directo se encuentra justificada en la causa penal de origen, y no obedece a una conducta caprichosa o arbitraria del Juez instructor como para considerar dicha circunstancia como una violación procesal que haya dejado sin defensa al quejoso y que amerite la reposición del procedimiento, tal y como se expondrá a continuación.

Del análisis de las constancias que forman la causa penal de origen, se advierte que al percatarse el Juez de Distrito de las discrepancias que existían entre las declaraciones ministeriales de cargo y la del quejoso, ordenó citar y notificar a dichas personas para la celebración de careos, y como los citados testigos de cargo tenían su residencia, los tres primeros ... en la comunidad de "El Tremesino", y el último de los citados ... en "El Naranjo", ambas demarcaciones del Municipio de Susupuato, Michoacán, ordenó girar atento exhorto al Juez de Distrito de Morelia, Michoacán, para que, en su auxilio, se sirviera citar a los testigos, y así estar en posibilidad de desahogar dichas diligencias (foja 201 del proceso penal).

No obstante lo anterior, tras haberse diligenciado el citado exhorto, y ante la falta de localización de los testigos de cargo, el Juez instructor ordenó dar vista al quejoso para que manifestara lo que a su derecho conviniera.

Así, mediante escrito presentado ante el Juzgado de Distrito, el veinticuatro de septiembre de dos mil cuatro, el procesado y su defensor solicitaron se desahogaran los referidos careos de forma supletoria, y una vez acordado de conformidad, tal y como se desprende de la foja doscientos cincuenta y tres del proceso penal, se celebraron mediante diligencia de fecha veintidós de octubre de dos mil cuatro, en la forma solicitada por la defensa.

En las relatadas circunstancias, debe precisarse que la falta de desahogo de los careos de mérito, en forma personal o directa con quienes debían intervenir, obedeció a la imposibilidad material que el Juez de Distrito tuvo para localizar a los testigos de cargo, no obstante haber agotado los medios que tuvo a su alcance para tal efecto, así como a la propia petición del sentenciado y su defensor en el sentido de que se desahogaran careos supletorios en sustitución de aquéllos, y que al efecto quedaron diligenciados en la causa penal de origen en términos del artículo 268 del Código Federal de Procedimientos Penales, que permite tal circunstancia, por lo que no se puede afirmar en el presente caso, que la falta de desahogo de la prueba multimencionada, en la forma y términos expuestos en la demanda de amparo, constituya una violación procesal materializada dentro de la causa penal de origen, que dejara sin defensa al ahora amparista, pues el juzgador cumplió adecuadamente con las reglas que la legislación procesal penal federal establece para el desahogo de los careos, tan es así que desahogó careos supletorios, tal y como se lo permite el dispositivo legal citado con anterioridad.

Lo anterior, máxime que los pluricitados careos en realidad son de naturaleza constitucional, y no como lo adjetivó el Juez instructor -procesales- y, por ende, su desahogo no resultaba de carácter oficioso, sino que únicamente procedía a solicitud expresa del procesado, por lo que si en el presente caso obra constancia de que los testigos de cargo no pudieron ser localizados, y en virtud de ello, se dio vista al amparista para que manifestara lo que a su derecho conviniera, quien optó por el desahogo de careos supletorios en sustitución de aquéllos en términos del artículo 268 del Código Federal de Procedimientos Penales, lo que fue acogido de conformidad por el Juez de Distrito, ello no importa ninguna transgresión a la ley procesal penal federal ni a las garantías individuales del amparista, razón por la cual, sus argumentos en sentido contrario, como se dijo, son infundados.

Robustece lo expuesto, la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCI, página 554, cuyos epígrafe y sinopsis son los siguientes:

"CAREOS. Si los careos constitucionales no se practicaron en virtud de no haberse podido localizar a los testigos de cargo, motivo por el cual se mandaron practicar los careos supletorios correspondientes, no se está en el caso de aplicar la conocida jurisprudencia de este alto cuerpo, relacionado con la violación de garantías que se opera por falta de los careos constitucionales."

Misma aplicación tiene al presente caso, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 76, Segunda Parte, página 27, del contenido textual siguiente:

"CAREOS SUPLETORIOS. No se irroga agravio al acusado al haberse ordenado la práctica de careos supletorios entre él y el testigo de cargo, pues si bien la fracción IV del artículo 20 constitucional dispone que el acusado ‘será careado con los testigos que depongan en su contra, los que declararán en su presencia si estuvieren en el lugar del juicio, para que pueda hacerles todas las preguntas conducentes en su defensa’; sin embargo, cuando los testigos no se encuentren en el lugar del juicio, los careos pueden celebrarse en aquella otra forma, sin que ello implique violación de garantías."

Precisado lo anterior, este tribunal considera que son infundados el resto de los argumentos expuestos en los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa, por los motivos y argumentos que a continuación se expondrán, aclarándose que, por razones de orden y método jurídico, serán abordados en un orden diverso al propuesto en la demanda de amparo.

En el primer y segundo conceptos de violación se señaló que el tribunal de apelación hizo una incorrecta valoración de las pruebas aportadas a la causa penal, contrario a lo que establecen los numerales 279 a 290 del Código Federal de Procedimientos Penales y, por ende, el delito por el que fue sentenciado el quejoso no se acreditó, ya que el elemento "propósito de tráfico" que contempla el artículo 138, primer párrafo, de la Ley General de Población, no quedó demostrado.

Para apoyar su afirmación, la parte quejosa pretende evidenciar lo ilegal de la resolución combatida a través del análisis escindido de los medios probatorios de cargo que obran agregados a la causa penal de origen, señalando que, al emitirse la resolución aquí combatida, el Magistrado responsable transgredió en su perjuicio las garantías individuales previstas en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Federal, en concepto de este órgano colegiado, de la pretensión que se desprende de la lectura de la demanda de amparo, por lo que hace a las reglas que rigen la valoración de las pruebas en materia penal.

Es infundado el anterior argumento, pues contrario a las bases que soportan las afirmaciones del amparista, cabe decir que, en el derecho penal, para que se encuentre plenamente acreditado un elemento del delito, la totalidad de éstos, o bien, la responsabilidad de un procesado en su comisión, el Juez o Magistrado, tiene a su alcance la prueba circunstancial a que alude el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, la cual se integra con la fusión de diversos indicios derivados de varios medios de convicción que, concatenados entre sí, generan certeza plena en el juzgador respecto del acreditamiento de cualquiera de los extremos precisados, pues de esa manera, ante la valoración de un conjunto de indicios, el resolutor puede llegar al convencimiento de que en la causa penal sujeta a su potestad se encuentran demostrados ya sea uno, varios, o bien, todos los elementos del delito y la responsabilidad del inculpado o acusado, pues de considerarse lo contrario, la demostración de cualquiera de dichos extremos estaría supeditada al desahogo de una sola prueba en el proceso, y que en caso de existir imposibilidad de desahogarla, o bien de no aportarse al juicio, con ello bastaría para absolver al inculpado, no obstante el cúmulo de pruebas que pueden obrar integrada a la causa penal de origen y el ejercicio probatorio desahogado por el Ministerio Público de la Federación, tanto en la fase preliminar al juicio, como durante el proceso mismo.

Es conveniente precisar que, en el proceso penal, no es dable acoger la falacia de la división, que consiste en asumir que las partes de un todo deben tener las propiedades de éste, y que en el caso se refleja al aislar cada elemento de convicción y demeritar su eficacia o contundencia demostrativa por sí mismo, es decir, considerado aisladamente. Lo anterior es improcedente, cuenta habida que de cada medio de prueba pueden desprenderse uno o varios indicios, signos o presunciones con un determinado papel incriminador, partiendo de que el indicio atañe al mundo de lo fáctico e informa sobre la realidad de un hecho acreditado, que sirve como principio de prueba, no necesariamente para justificar por sí mismo un aserto o la verdad formal que se pretende establecer, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido a base de razonar silogísticamente partiendo de datos aislados que se enlazan entre sí en la mente para llegar a una conclusión, y es precisamente la suma de todos los indicios lo que constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural mas o menos necesario entre la verdad conocida y la verdad buscada. Por ello, la eficacia de la prueba indiciaria o circunstancial, como prueba indirecta, no parte de pruebas plenas aisladas, sino de datos unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya articulación, concatenación y engarce, se obtiene objetivamente una verdad formal, a través de una conclusión natural, a la cual, cada indicio -considerado en forma aislada- no podría conducir por sí solo.

Así, basta que en la causa penal de origen obren diversos medios de prueba concurrentes y convergentes de los que se puedan desprender diversos indicios que, concatenados entre sí, conformen la prueba plena circunstancial a que alude el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, apta y suficiente para tener por acreditados los elementos del tipo imputado al procesado, así como la responsabilidad del mismo en su comisión, pues los juzgadores federales, de conformidad con tal dispositivo, ejercen amplio arbitrio judicial para la libre apreciación de la prueba, puesto que, de acuerdo a este sistema, por regla general, no se limita taxativamente la prueba, sino que se deja a la autoridad judicial la libertad de allegarse toda clase de elementos de convicción, siempre y cuando no vayan en contra de la moral y de las buenas costumbres, así como ponderarlos con plenitud de jurisdicción, siempre y cuando no se trastoquen los principios que rigen la valoración de las pruebas, conforme a la lógica, la experiencia y la sana crítica.

Lo anterior implica que el juzgador, ciñéndose a esas amplias facultades, podrá tener como acreditado cada elemento del delito al valorar en conjunto todas esas probanzas e integrar la prueba circunstancial, también llamada prueba de indicios, en donde cada uno de ellos, si bien en forma autónoma y aislada podrían no tener eficacia demostrativa absoluta, en su conjunto pueden adquirir eficacia probatoria plena por relacionarse y vincularse lógicamente entre sí para crear absoluta convicción, sin olvidar que la prueba circunstancial precisa para su integración, que se encuentren acreditados los hechos indiciarios de los que parte, y que exista un enlace más o menos necesario entre la verdad conocida y la que se busca, de ahí que la apreciación que de las pruebas haga el Juez o Magistrado en los términos aludidos, se ajusta a las reglas tutelares que rigen la prueba en materia penal, porque conforme lo dispone el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, salvo la documental pública, la inspección y los cateos, todos los demás elementos de convicción constituyen meros indicios, los cuales deben ser ponderados por el juzgador enlazados unos con otros, hasta poder considerar que se integra prueba plena, de manera tal que, la convicción necesaria para emitir el fallo, principalmente deriva de la integración de la prueba circunstancial.

Tales razonamientos fueron sostenidos en la jurisprudencia 1a./J. 23/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, junio de 1997, página 223, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"PRUEBA INDICIARIA, CÓMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL. En materia penal, el indicio atañe al mundo de lo fáctico, porque es un hecho acreditado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido; es decir, existen sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por conducto de los medios de prueba regulares como la confesión, testimonio o inspección, sino sólo a través del esfuerzo de razonar silogísticamente, que parte de datos aislados, que se enlazan entre sí, en la mente, para llegar a una conclusión."

Ahora bien, el promovente del amparo pretende evidenciar que la resolución aquí combatida es ilegal por violar los principios reguladores de la valoración de la pruebas, como se anticipó, a través del análisis escindido de los medios probatorios de cargo que obran agregados a la causa penal de origen, señalando que ninguno de ellos, en lo individual, es apto y suficiente para evidenciar que pretendió llevar, o bien, llevó a nueve connacionales a internarse a otro país (Estados Unidos) con el propósito de tráfico, es decir, a cambio de un monto pecuniario, y sin que dichos emigrantes contaran con la documentación correspondiente para ello.

Contrario a lo expuesto por el amparista, y de conformidad con lo precisado en párrafos anteriores, cabe destacar que, en la sentencia combatida, el Magistrado responsable fue claro en señalar que la acreditación del delito por el que fue sentenciado, así como su responsabilidad en torno a su participación en el mismo, se obtuvo a través de la configuración de la prueba circunstancial o de indicios a que alude el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, derivada de los siguientes medios de convicción.

• Parte informativo de fecha treinta de junio de dos mil cuatro, suscrito y ratificado por ... agentes de la Policía Preventiva de Nogales, Sonora (foja 4 y 20 a 25), donde señalaron que "... aproximadamente a las veinte horas con diez minutos del treinta de junio de dos mil cuatro, al encontrarse realizando un recorrido de vigilancia por la calle Sierra Madre Occidental, observamos que un grupo de personas se internaba al monte con dirección al norte, siendo guiados por una persona del sexo masculino, el cual hacía señas de que los siguiera, motivo por el cual los seguimos dándole alcance al grupo y logrando la detención del guía, el cual manifestó llamarse ... entrevistándonos con el resto del grupo, los cuales manifestaron que ellos lo habían contactado en Susupuato, Michoacán ... para que los internara ilegalmente a los Estados Unidos de Norteamérica, hasta la ciudad de Atlanta, Georgia, y ya estando en su destino pagarían la cantidad de mil doscientos dólares cada uno, manifestando llamarse ... asimismo, hacemos mención que el ahora detenido manifestó que a su patrón le apodan ... y que reside en la ciudad de Phoenix, Arizona, y que lo contacta vía telefónica ... y que éste le pagaría la cantidad de ciento veinticinco dólares por cada persona que introdujera al vecino país ...".

• Querella y ratificación formulada por el subdelegado regional de control migratorio del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora ... (fojas 52, 53 y 57); original del nombramiento expedido el doce de enero de dos mil cuatro, que acredita su carácter de autoridad migratoria; credencial que confirma su identidad, expedida por la Secretaría de Gobernación. El querellante solicitó se ejercitara acción penal en contra de ... por la comisión del delito previsto en el artículo 138, primer párrafo, de la Ley General de Población, por pretender internar a nueve connacionales clandestinamente a los Estados Unidos de Norteamérica sin los documentos migratorios correspondientes a cambio de mil doscientos dólares cada uno.

• Declaración ministerial de ... (foja 36 y 37), quien manifestó "... que se encuentra de acuerdo con el contenido del parte informativo de fecha treinta de junio de dos mil cuatro, deseando agregar, además, lo siguiente: que yo desde hace ya como tres años he tenido la intención de irme a Giorgia, Atlanta (sic), y desde el lunes pasado salí de Michoacán, llegando a la ciudad de Hermosillo, Sonora, a bordo de un vuelo al aeropuerto ... esto con la intención de llegar a ese país ... acompañado de un grupo de personas las cuales se encuentran en estas oficinas y las detuvo la policía junto conmigo, y salimos acompañados desde Michoacán, por la persona de nombre ... y ésta era la persona que me llevaba a los Estados Unidos, y por eso yo le iba a pagar la cantidad de mil doscientos dólares, al igual que mis demás compañeros, que nos venía guiando esta persona con la intención de introducirnos a los Estados Unidos de forma ilegal ... acto seguido y previa excarcelación, esta fiscalía de la Federación procede a poner ante la vista del declarante a la persona de nombre ... manifestando el declarante lo siguiente: que es la persona la cual lo llevaba a introducirse a los Estados Unidos de Norteamérica, y a la cual le iba a pagar la cantidad de mil doscientos dólares una vez que estuvieran en los Estados Unidos ...".

• Declaración ministerial de ... (fojas 40 y 41), quien expuso "... que yo iba para los Estados Unidos cuando nos detuvieron los policías, pero yo venía procedente de Michoacán en compañía de otras personas que también iban para Estados Unidos y todos veníamos acompañados por la persona de nombre ... ya que salimos de Michoacán acompañados de éste, ya que esta persona me iba a introducir a los Estados Unidos de Norteamérica, y yo le iba a pagar la cantidad de mil doscientos dólares americanos una vez que esta persona me llevara hasta la ciudad de Giorgia (sic) ... acto seguido y previa excarcelación, esta fiscalía de la Federación procede a poner ante la vista del declarante a la persona de nombre ... manifestando el declarante lo siguiente: que es la persona a la cual se ha venido refiriendo en esta declaración y es la persona que lo llevaba a Estados Unidos para introducirlo ilegalmente, y que éste lo venía guiando a él y al demás grupo de personas, y por esto le iba a pagar la cantidad de mil doscientos dólares americanos ...".

• Declaración de ... (fojas 43 y 44) vertida ante el agente del Ministerio Público de la Federación, quien adujo "... que se encuentra totalmente de acuerdo con el mismo, manifestando, además, lo siguiente: que el día lunes salí yo en compañía de todo el demás grupo de personas que se encuentran aquí presentadas, nosotros salimos con la intención de llegar a la ciudad de Giorgia, Atlanta (sic), para eso yo y los demás hicimos contacto allá en la ciudad de Susupuato, Michoacán, con esta persona de nombre ... con el cual yo hice el trato de que me traería y me guiaría hasta llegar a la ciudad de Giorgia, Atlanta (sic), para esto acordamos que yo le iba a pagar la cantidad de mil doscientos dólares ... una vez que estuviéramos en Atlanta, y los gastos desde que salimos de Susupuato, era por cuenta de cada uno de nosotros ... acto seguido y previa excarcelación, esta fiscalía de la Federación procede a poner ante la vista del declarante a la persona de nombre ... manifestando el declarante lo siguiente: que es la persona la cual lo llevaba a introducir a los Estados Unidos de forma ilegal, y la persona la cual nos venía guiando a él y a las demás personas del grupo desde que salieron de la ciudad de Susupuato, Michoacán, y por esto le iba a pagar la cantidad de mil doscientos dólares americanos ...".

• Declaración de ... (fojas 46 y 47) quien ante la representación social de la Federación, esgrimió "... que yo soy de Michoacán, pero vine a esta ciudad acompañado de otras personas que se encuentran aquí también, y todos íbamos para Estados Unidos, y desde la ciudad de Susupuato veníamos acompañados de la persona de nombre ... y era éste el que nos venía guiando desde Michoacán hasta esta ciudad, esto con la intención de llevarnos a Estados Unidos e introducirnos ilegalmente, y por esto yo le iba a pagar la cantidad de mil doscientos dólares, y este dinero yo se lo iba a pagar llegando a Estados Unidos, que es todo lo que deseo manifestar ... acto seguido y previa excarcelación, esta fiscalía de la Federación procede a poner ante la vista del declarante a la persona de nombre ... manifestando el declarante lo siguiente: que es la persona a la cual lo llevaba a introducir a los Estados Unidos de forma ilegal, y la persona a la cual no venía guiando a él y a las demás personas del grupo desde que salieron de la ciudad de Susupuato, Michoacán, y por esto le iba a pagar la cantidad de mil doscientos dólares americanos ...".

Las anteriores declaraciones ministeriales fueron desahogadas haciéndole saber a cada uno de los presentados, entre otras cosas, los beneficios a que alude el artículo 127 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, entre ellos, el de ser asistidos por un defensor en caso de declarar; prerrogativa que todos y cada uno de ellos utilizaron, al señalar como su abogado particular al licenciado ... quien estuvo presente representándolos y asesorándolos durante el desahogo de dichas diligencias, pues inclusive, cuando se le otorgó el uso de la voz, éste manifestó que "... se reserva el derecho de interrogar al declarante ..."¸ y firmó las citadas declaraciones, por lo que se puede considerar que, en el caso, no obstante que únicamente se haga mención en las declaraciones ministeriales de los presentados -posteriormente testigos de cargo-, del artículo 127 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, lo cierto es que, en el presente caso, se puede considerar que en dichas diligencias también se cumplieron las formalidades a que alude el artículo 128 de ese mismo ordenamiento legal, por lo cual, este tribunal federal, no advierte que se transgredan garantías individuales en perjuicio del amparista, ni queja que suplir al respecto en su favor.

En las relatadas condiciones, aun cuando resulta acertado el argumento del amparista en el sentido de que los testigos de cargo no se presentaron de forma libre a efectuar sus declaraciones, sino que lo hicieron en calidad de presentados ante el agente del Ministerio Público de la Federación, y que bajo su perspectiva, ello restringía, o bien, destruía el valor de sus declaraciones; sin embargo, en el presente caso, dicha circunstancia resulta insuficiente para restar valor a dichas pruebas de cargo, pues sus declaraciones fueron libremente vertidas, encontrándose los testigos asistidos por un defensor por ellos mismos designado.

Así, se insiste, este Tribunal Colegiado no estima que la forma en que se llevaron a cabo las declaraciones de los testigos de cargo, transgreda en contra del amparista garantías individuales, las leyes que regulan las formalidades del procedimiento penal, ni el contenido de la jurisprudencia número 1a./J. 1/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, marzo de 2007, página 202, de rubro: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. LA FALTA DE PROBIDAD POR PARTE DE LOS TESTIGOS EN PROPORCIONAR SUS GENERALES, EN SÍ MISMA, NO ES SUFICIENTE PARA RESTAR VALOR PROBATORIO A SU TESTIMONIO."

Lo anterior, porque el espíritu de la ejecutoria que dio vida a dicha jurisprudencia, de carácter obligatorio para este órgano colegiado, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, precisa que cuando un codetenido del inculpado va a declarar en su contra, y se encuentra en calidad de presentado ante el agente del Ministerio Público de la Federación, se le debe tomar su declaración en términos del artículo 128 y no del 127 Bis, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales, porque este último no prevé de forma obligatoria que el declarante se deba encontrar asesorado forzosamente por un defensor durante el desahogo de su declaración, ni que dicho abogado se encuentre presente al momento de la materialización de la misma, mientras que el primero de dichos dispositivos, sí lo obliga, y que por ello, al encontrarse el declarante privado de su libertad, tal circunstancia puede afectar la veracidad de su testimonio, por lo que, para eliminar tal aspecto, es necesario que se encuentre asesorado por un abogado con el fin de salvaguardar la independencia del citado testigo, lo que en el presente caso se cumplió cabalmente durante el desahogo de las declaraciones de los testigos de cargo, en los términos precisados en los párrafos anteriores, razón por la cual, como se ha sostenido reiterativamente, el valor probatorio que el Magistrado responsable dio a las citadas declaraciones de cargo, no vulnera ningún derecho del amparista, ni el desahogo de éstas, ni alguna formalidad del procedimiento penal, lo que hace infundados los argumentos en sentido contrario expuestos en la demanda de amparo.

Ahora bien, al declarar los testigos de cargo en su calidad de presentados, sobre las circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión en que sucedieron los eventos delictuosos, fueron coincidentes al afirmar, entre otras cosas, que estaban de acuerdo con el contenido del parte informativo que obraba agregado en autos, porque así habían ocurrido los hechos; que en conjunto decidieron ir a los Estados Unidos, procedentes de Michoacán, con destino a la ciudad de Nogales, Sonora, y posteriormente a la ciudad de Atlanta, Georgia; que venían acompañados por un grupo de personas y por ... quien los venía guiando desde Michoacán, con la intención de llevarlos a los Estados Unidos de Norteamérica, y una vez ahí, cada uno le pagaría la cantidad de mil doscientos dólares por sus servicios.

Las anteriores pruebas fueron ponderadas por el juzgador de primer grado, en términos de lo previsto en los artículos 282, 284, 285, 286, 288, 289 y 290, todos del Código Federal de Procedimientos Penales, lo que estimó acertado el tribunal de apelación responsable al confirmar la sentencia combatida, por encontrarla ajustada a derecho, arribando a igual conclusión que el primiinstancial, pues aun cuando no transcribió la sentencia de primer grado -lo que efectivamente, no resulta necesario-, en el caso sujeto a estudio, del análisis que hizo de las constancias que informan la causa penal de origen, no advirtió la existencia de violaciones que debieran ser reparadas en favor del apelante aquí amparista, en términos del artículo 364, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Penales, ni infracción a los principios reguladores de la valoración de las pruebas y del arbitrio judicial, o aplicación inexacta de la ley en su perjuicio, o bien, alteración de los hechos imputados al quejoso, razón por la cual, convino con el análisis y valoración que de las pruebas hizo el Juez instructor, aun respecto de las de descargo, remitiéndose en todo momento a dicha ponderación, lo cual este Tribunal Colegiado estima correcto, toda vez que del análisis conjunto de dichos elementos de prueba, se advierte que resultan aptos y suficientes para tener por acreditados los elementos del tipo penal por el que fue sentenciado el amparista, así como su responsabilidad en torno a su comisión.

Robustece lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1a./J. 40/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, octubre de 1997, página 224, cuyos epígrafe y sinopsis textuales son los siguientes:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL. De conformidad con lo dispuesto en los Códigos de Procedimientos Penales de las diversas entidades federativas que contengan similar disposición, ante la falta total o parcial de agravios en la apelación, cuando el recurrente sea el reo o su defensor, o siéndolo también en ese supuesto el Ministerio Público, hubieren resultado infundados los agravios alegados por este último, el tribunal revisor cumple con la obligación de suplir la deficiencia de la queja, al hacer suyas y remitir a las consideraciones, razonamientos y fundamentos de la sentencia de primer grado, al no advertir irregularidad alguna en aquella, que amerite ser suplida, lo que significa que la misma se encuentra ajust

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20316-982c3a65/prueba-indiciaria-o-circunstancial-en-materia-penal-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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