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Modo: Corpus Pro

PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA SU PAGO DEBE COMPUTARSE CONFORME A LA REGLA GENÉRICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY QUE LOS RIGE.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 138/2008. · Registro digital (IUS): 22343
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, , Pág. 2066.

AMPARO DIRECTO 138/2008. **********.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa ********** son infundados, sin que en la especie se advierta algún motivo para suplir en su deficiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo.

Esgrime la impetrante que el laudo reclamado no fue dictado a verdad sabida y buena fe guardada, toda vez que, en su opinión, la responsable, en forma dogmática, consideró que el demandado justificó la excepción que opuso, relativa a que el derecho a reclamar la prima de antigüedad había prescrito, pero sin establecer el porqué les otorgó valor probatorio a las pruebas ofrecidas por la parte reo, así como las razones por las que desestimó las propuestas por ella.

También, la quejosa expone en sus motivos de disenso, que es incorrecto estimar que se extinguió el derecho a reclamar la prima de antigüedad, toda vez que se trata de una prestación que se confiere a los trabajadores por su fidelidad y el tiempo en que entregan su esfuerzo físico e intelectual al patrón, con independencia de que existan jurisprudencias que autoricen que su reclamo debe efectuarse en un año; razón por la que considera que su reclamo es imprescriptible.

En principio, debe establecerse que, no obstante que el tribunal responsable, además de analizar la excepción de prescripción, también analizó la de falta de acción y de derecho; este tribunal estima que procede el estudio de la primera, en forma preferente y a la luz de los medios de convicción que consideró dicha autoridad laboral para tenerla por demostrada, toda vez que al tener la figura de la prescripción el carácter de impeditiva desde el punto de vista procesal, tiende esencialmente a destruir la eficacia de la acción. Es decir, como en el caso, la autoridad laboral absolvió a la demandada porque consideró que se había acreditado, entre otras, la excepción de prescripción opuesta por aquélla, es indudable que en el amparo promovido contra el laudo, deben estudiarse primeramente dicha excepción, y sólo en el caso de que se llegue a concluir que el tribunal primigenio debió considerarla improcedente, puede estudiarse y decidirse sobre las violaciones que se invoquen en la demanda de garantías.

Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, se leen:

"Registro No. 375281. Localización: Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXVI. Página: 1620. Tesis Aislada. Materia(s): Común. Rubro: COSA JUZGADA Y PRESCRIPCIÓN, ESTUDIO PREFERENTE DE LAS EXCEPCIONES DE. Las excepciones de cosa juzgada y de prescripción, tienen el carácter de impeditivas desde el punto de vista procesal, supuesto que tienden esencialmente a destruir la eficacia de la acción, independientemente de su justificación intrínseca; por tanto, si la Junta responsable absolvió a la empresa demandada, porque consideró que se habían acreditado las excepciones de cosa juzgada y de prescripción opuestas por aquella, es indudable que en el amparo promovido contra el laudo de la Junta, deben estudiarse primeramente las excepciones mencionadas, y sólo en el caso de que se llegue a concluir que la autoridad debió considerarlas improcedentes, pueden estudiarse y decidirse las violaciones a las leyes de procedimiento, que se invoquen en la demanda de garantías."

Contra lo argumentado por la quejosa en sus conceptos de violación, es acertada la decisión de la responsable al estimar que la demandada justificó que el derecho a reclamar el pago de la prima de antigüedad se encuentra prescrito, en términos del artículo 86 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, en relación con el diverso 516 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria al cuerpo normativo mencionado en primer término.

Para evidenciar la consideración previa, debe mencionarse que, en el caso, frente al reclamo de la trabajadora del pago de la prima de antigüedad, la Secretaría de Educación de Tamaulipas, entre otras excepciones, opuso la de prescripción, pues sostuvo que el derecho a reclamar dicha prestación había prescrito, en términos de lo dispuesto por los numerales precisados en el párrafo inmediato anterior.

Lo anterior, bajo el argumento de que la actora causó baja por jubilación el quince de enero de mil novecientos noventa y nueve, razón por la que había transcurrido en exceso el año desde que pudo hacer exigible el derecho a reclamar la prestación en comento, lo que sustentó en el criterio de jurisprudencia que derivó de la contradicción de tesis 1/2001-SS, de rubro: "PRIMA DE ANTIGÜEDAD. EL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA RECLAMAR SU PAGO, EJERCIDA POR LOS BENEFICIARIOS DE UN TRABAJADOR QUE FALLECE POR MUERTE NATURAL O POR UN RIESGO NO PROFESIONAL, DEBE COMPUTARSE CONFORME A LA REGLA GENÉRICA DE UN AÑO ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO." (fojas 18 y 19 del expediente laboral).

Concretamente, en el capítulo de excepciones, la aquí tercero perjudicada, sostuvo que había prescrito el derecho de la quejosa a reclamar la prima de antigüedad "... ya que al causar baja en fecha 15 de enero de 1999, tuvo la oportunidad y el derecho vigente para reclamar el pago desde el día siguiente al de su jubilación, es decir, desde el 16 de enero de 1999 y hasta el 16 de enero de 2000, sin embargo, su demanda fue presentada hasta el día catorce de diciembre de 2006, habiendo transcurrido en exceso el año dentro del cual pudo haber realizado el reclamo ..." (foja 22 del expediente laboral).

Como se ve, al oponer la excepción de prescripción, la demandada cumplió la carga de precisar los datos necesarios para el estudio de la prescripción, pues indicó que al haber causado baja por jubilación el quince de enero de mil novecientos noventa y nueve había transcurrido el año desde que pudo hacer exigible su derecho.

Corrobora dicha conclusión, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, se leen:

"Registro No. 186747. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XV, junio de 2002. Página: 157. Tesis: 2a./J. 49/2002. Jurisprudencia. Materia(s): laboral. Rubro: PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. LA PARTE QUE OPONE TAL EXCEPCIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DEBE PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS MÍNIMOS QUE PERMITAN A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SU ANÁLISIS. Si bien la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada requiere que ésta precise los elementos que permitan a la Junta de Conciliación y Arbitraje realizar el estudio correspondiente, como ocurre con los casos específicos contemplados en los artículos 517 a 519 de la Ley Federal del Trabajo, respecto de los cuales se deben allegar datos que sólo el demandado conoce, no sucede lo mismo cuando se trata de la regla genérica de prescripción a que alude el diverso artículo 516 de la propia legislación laboral, que opera, entre otros supuestos, cuando se demanda el pago de prestaciones periódicas, como pensiones por varios años, pues aun cuando subsiste la obligación de proporcionar los elementos que conforman la excepción de prescripción para que la mencionada Junta pueda realizar su análisis, basta con que el demandado señale, por ejemplo, que sólo procede el pago por el año anterior a la demanda para que se tenga por cumplida la carga de precisar los datos necesarios para el estudio de la prescripción, con independencia de que se mencione o no el referido numeral 516, puesto que al particular le corresponde decir los hechos y al juzgador el derecho."

Ahora, concretamente, en el laudo reclamado, la responsable expuso en cuanto a la actualización de la figura de la prescripción, que con la documental de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, que ofrecieron tanto la actora como la demandada, consistente en resolución de otorgamiento de pensión, quedó demostrado que la quejosa causó baja por jubilación, a partir del dieciséis de enero de mil novecientos noventa nueve; razón por la que su derecho para reclamar el pago de la prima de antigüedad había prescrito, puesto que su demanda la presentó hasta el catorce de diciembre de dos mil seis, para lo cual atendió a la regla general de un año prevista en los artículos 86 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas y 516 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la legislación de la materia.

Decisión que se estima acertada, pues contrario a lo que opina la impetrante, no obstante que la prima de antigüedad es una prestación que tiene como finalidad reconocer el esfuerzo y colaboración del trabajador cuando concluye la relación laboral, la acción para deducir su derecho a reclamarla está sometida a las reglas de la prescripción; precisamente, porque al ser un derecho derivado del vínculo laboral, instituido por el numeral 27 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas al establecer que los trabajadores "con más de diez años de servicio efectivo tendrán derecho, en caso de retiro voluntario o cuando sean separados de su trabajo, al pago de la prima de antigüedad", lógicamente, también se encuentra regulado por la figura de la prescripción que estipula dicho cuerpo normativo, cuyo objetivo, radica en dar certeza jurídica a todo acto jurídico, puesto que no es posible permitir el ejercicio de una acción o derecho en cualquier tiempo, sino que precisamente, para dar certeza jurídica a un acto se hizo necesario establecer límites de tiempo para el ejercicio de tal derecho, estableciéndose como sanción, ante la falta de ejercicio del mismo dentro de un tiempo determinado, la extinción de ese derecho.

Cobra aplicación, por las razones que informa, el criterio sustentado por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee:

"Registro No. 243043. Localización: Séptima Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes 121-126, Quinta Parte. Página: 131. Jurisprudencia. Materia(s): laboral. Rubro: PRIMA DE ANTIGÜEDAD. PRESCRIPCIÓN. La prima de antigüedad es un derecho irrenunciable como lo son todos los que la Ley Federal del Trabajo otorga a los trabajadores; pero la acción para deducirlo en juicio, está sometida a las normas que sobre prescripción establece la ley de la materia."

Ahora, en cuanto a lo correcto de la decisión de estimar que la prescripción de la prima de antigüedad está sujeta al término genérico de un año, debe mencionarse que en relación con el tópico que nos ocupa, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas prevé en sus artículos 86 al 91, lo siguiente:

"Artículo 86. Las acciones derivadas de la relación laboral de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, de los reglamentos que fijen las Condiciones Generales de Trabajo, y del presente ordenamiento prescriben en un año, con excepción de los casos previstos a continuación."

"Artículo 87. Prescribirán:

"I. En un mes:

"A) Las acciones para pedir la nulidad de un nombramiento expedido por error o en contra de lo dispuesto en este ordenamiento, empezará a contar el término a partir de la recepción del mismo; y

"B) Las acciones de los trabajadores para ejercitar el derecho a ocupar la plaza que hayan dejado por incapacidad a partir de la fecha de vencimiento de ésta.

"II. En cuatro meses:

"A) Las acciones que a los trabajadores les concede este ordenamiento por despido, suspensión o medida disciplinaria; y

"B) Las acciones de la dependencia correspondiente para rescindir, suspender, apercibir o aplicar las medidas disciplinarias a los trabajadores, desde el momento en que sean conocidas las causas."

"Artículo 88. Prescriben en dos años:

"I. Las acciones de los trabajadores para reclamar indemnizaciones provenientes de riesgos profesionales, desde el momento en que se realicen;

"II. Las acciones de las personas que dependieran económicamente de los trabajadores fallecidos con motivo de un riesgo profesional, para reclamar las indemnizaciones correspondientes, desde la fecha de la muerte del trabajador; y

"III. Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos dictados por el Tribunal de Arbitraje, a partir de que sea ejecutable la resolución respectiva."

"Artículo 89. No se iniciará ni surtirá sus efectos la prescripción:

"I. Contra los incapacitados mentales, sino cuando se haya discernido su tutela conforme a la ley, a menos que aquella hubiere corrido contra sus causahabientes; y

"II. Contra los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de guerra."

"Artículo 90. Las prescripciones se interrumpen:

"I. Por la sola presentación de la demanda respectiva ante el Tribunal de Arbitraje; y

"II. Cuando la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, por escrito o por hechos indubitables."

"Artículo 91. Para los efectos de la prescripción, los meses se computarán por el número de días que les corresponda. El primer día se computará completo aun cuando no lo sea, pero el último deberá ser completo; cuando éste sea feriado, no se tendrá por completa la prescripción sino cumplido el primer día hábil siguiente."

Del texto de los preceptos legales transcritos se desprende lo siguiente:

1. En el artículo 86 se contiene el término genérico de prescripción de las acciones laborales, estableciéndose el término de un año, haciendo la salvedad tal precepto de las acciones que se consignan en los artículos posteriores, es decir, del artículo 87 al diverso 91.

2. El artículo 87 hace referencia a la prescripción de un mes y cuatro meses, la cual opera, respectivamente, en los siguientes casos:

A) Un mes:

a) Respecto de las acciones para pedir la nulidad de un nombramiento expedido por error o en contra de lo dispuesto por ese ordenamiento;

b) Las acciones de los trabajadores para ejercitar el derecho a ocupar la plaza que hayan dejado por incapacidad;

B) En cuatro meses:

a) Las acciones de los trabajadores por despido, suspensión o medida disciplinaria; y

b) Las acciones de la dependencia correspondiente para rescindir, suspender, apercibir o aplicar las medidas disciplinarias a los trabajadores.

3. El artículo 88 contiene los casos en los que la prescripción opera en el término de dos años y son los siguientes:

a) Las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de las indemnizaciones por riesgos de trabajo.

b) Las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgo de trabajo.

c) Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos del Tribunal de Arbitraje.

4. El numeral 89, por su parte, prevé los casos en que no se iniciará ni surtirá efectos la prescripción; y el 90, las hipótesis en que se interrumpe dicha figura.

5. Por último, el precepto 91 establece la forma en que se computarán los meses para efectos de la prescripción, y cómo se computará el primer día.

De lo precisado, es relevante observar que en ninguno de los preceptos apuntados se contempla un supuesto de prescripción específico para el pago de prima de antigüedad.

Por tanto, fue correcto que la responsable considerara el término genérico de un año, pues del análisis en conjunto de los preceptos que regulan esa figura jurídica, como se precisó, existe disposición expresa que regula la prescripción en general y sólo se excluyen de esa regla de aplicación los casos que en particular se mencionan en el propio texto de la ley, donde no se incluye el supuesto del pago de la prima de antigüedad.

Además, es de también tomarse en cuenta que en el caso que nos ocupa debe aplicarse el principio jurídico que establece que en donde la ley no distingue el juzgador no tiene porqué hacerlo, ya que, se reitera, los casos de excepción a la regla general de prescripción de un año, se encuentran contenidos en el propio texto de la ley y, por ello, la autoridad laboral de modo alguno puede incluir un supuesto no considerado por el legislador, o bien, estimar que resulta imprescriptible, como lo pretende la quejosa.

En consecuencia, si la acción relativa al pago de la prima de antigüedad, no se encuentra dentro de las reglas especiales de prescripción, es indudable que tal acción está sujeta a la regla genérica de un año, contenida en el artículo 86 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas que alude a las acciones derivadas de la relación laboral de los trabajadores del Gobierno del Estado.

Cobra aplicación, por analogía, el criterio jurisprudencial sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, se leen:

"Registro No. 189625. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIII, mayo de 2001. Página: 294. Tesis: 2a./J. 18/2001. Jurisprudencia. Materia(s): laboral. Rubro: PRIMA DE ANTIGÜEDAD. EL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA RECLAMAR SU PAGO, EJERCIDA POR LOS BENEFICIARIOS DE UN TRABAJADOR QUE FALLECE POR MUERTE NATURAL O POR UN RIESGO NO PROFESIONAL, DEBE COMPUTARSE CONFORME A LA REGLA GENÉRICA DE UN AÑO ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. De lo dispuesto en los artículos 516, 517, 518 y 519 de la Ley Federal del Trabajo que regulan lo relativo a la figura de la prescripción, se desprende que el primero de ellos establece el término genérico de un año para la prescripción de las acciones laborales, con las salvedades consignadas en los tres últimos preceptos citados. De esta manera, el numeral 517 refiere al término de un mes para la prescripción respecto de las acciones de los patrones para efectuar descuentos en los salarios de los trabajadores y por lo que hace a las acciones de éstos para separarse de su trabajo; el artículo 518 establece el término de dos meses para que prescriban las acciones de los trabajadores que sean separados de su trabajo; y, finalmente, el dispositivo 519 contempla la prescripción en el término de dos años de las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de las indemnizaciones por riesgo de trabajo, las de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgo de trabajo y para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los convenios ante ellas celebrados. Ahora bien, atendiendo a la imposibilidad de que en la referida Ley Federal del Trabajo puedan contemplarse todos y cada uno de los supuestos que puedan surgir de la relación existente entre los trabajadores y los patrones o, incluso, de los beneficiarios de aquél con este último, puede arribarse a la conclusión de que aquellos casos no contenidos en los tres últimos numerales, tendrán que ubicarse en el artículo 516 que es el que establece el término de un año como regla genérica de prescripción. En esa tesitura, la acción de pago de la prima de antigüedad de un trabajador que fallece por muerte natural o por un riesgo no profesional, ejercida por sus beneficiarios, al no encuadrar en los supuestos establecidos por los artículos 517, 518 y 519 de la Ley Federal del Trabajo que son los que establecen los casos específicos de prescripción, debe situarse en la referida regla genérica de prescripción establecida en el numeral 516 de la propia ley, sin que sea dable estimar que conforme al principio in dubio pro operario, deba establecerse el término más amplio, apoyándose, además, en los principios generales del derecho, de mayoría de razón y de justicia social, pues el principio aplicable en la especie lo es aquel que establece que donde la ley no distingue el juzgador no tiene por qué hacer distinción."

En consecuencia, como se anticipó, resultan infundados los conceptos de violación expuestos por la impetrante, sin que se advierta deficiencia que suplir, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues en virtud a que la prima de antigüedad sí está sujeta a las reglas de la figura de la prescripción, la responsable procedió correctamente a analizarla, a la luz de los medios de convicción que demostraron su actualización, razón por la cual resulta innecesario analizar si fue correcta o no la decisión del tribunal laboral en cuanto a la justificación de la diversa excepción de falta de acción y de derecho que abordó, así como cuál fue el valor probatorio que les asignó al resto de los medios de prueba propuestos por las partes; lo anterior, toda vez que la institución de la prescripción tiene el carácter de impeditiva desde el punto de vista procesal, y por ende, destruye la eficacia de la acción. De ahí que, procede negar la protección de la Justicia de la Unión que solicita la impetrante.

Por último, en relación con el escrito presentado en la oficialía de este tribunal por el licenciado **********, en el que formula alegatos de la intención de la aquí tercero perjudicada **********, relativos a que los conceptos de violación que esgrimió la quejosa deben calificarse como inoperantes e infundados, debe decirse que no es obligatorio para este órgano de control constitucional proceder a su estudio, toda vez que se trata de simples opiniones o conclusiones lógicas del demandado en el juicio natural en relación a sus pretensiones, que no tienen la fuerza procesal que la propia ley les reconoce a la demanda y al informe con justificación; máxime si del contenido de dicho ocurso no se contienen manifestaciones relacionadas con la improcedencia del juicio de amparo, hipótesis en la que, en todo caso, sí procedería abordar su análisis.

Cobra aplicación, por las razones que informa, el criterio cuyos datos de identificación, rubro y texto, se leen:

"Registro No. 205449. Localización: Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Número 80, agosto de 1994. Página: 14. Tesis: P./J. 27/94. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Rubro: ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.-Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, ‘así como los demás razonamientos de las partes’, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos."

Asimismo, tiene sustento a lo anterior la jurisprudencia que se comparte emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVII, marzo de 2003. Página: 1419. Tesis: VIII.3o. J/12. Materia Común, de rubro y texto siguientes:

"ALEGATOS EN EL AMPARO. SU ANÁLISIS ES OBLIGATORIO CUANDO PLANTEAN CUESTIONES RELACIONADAS CON LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO.-Como los alegatos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, no tienen la fuerza procesal que la propia ley les reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no es obligatorio para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos escritos. Sin embargo, lo anterior no opera en el caso en que planteen cuestiones relacionadas con la improcedencia del juicio de garantías pues, en ese supuesto, su análisis es obligatorio en atención a lo dispuesto por el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, que establece: ‘Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio.’."

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra el acto que reclamó del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad consistente en el laudo de tres de diciembre de dos mil siete, dictado en el expediente laboral **********, de su índice.

Notifíquese como corresponda; anótese; remítase testimonio de la presente resolución, vuelvan los autos a su lugar de procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió por unanimidad de votos el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, integrado por los Magistrados Claudio Pérez Hernández, Olga Iliana Saldaña Durán y Arturo Rafael Segura Madueño, siendo presidente el primero y ponente la segunda de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22343-5d6c17c0/prima-de-antiguedad-de-los-servidores-publicos-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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