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Modo: Corpus Pro

ACTIVO. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2005/2006. · Registro digital (IUS): 20338
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GRUPO GIRAUD, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, , Pág. 671.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2005/2006. GRUPO GIRAUD, S.A. DE C.V.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO: JAVIER ARNAUD VIÑAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto primero, fracción I, inciso b), del Acuerdo General Plenario 5/1999, pues si bien subsiste el problema de constitucionalidad, resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, pues existen precedentes que orientan el sentido de la resolución.

SEGUNDO. A continuación se estudiará la oportunidad en la interposición de los recursos de revisión principal y adhesiva.

Por lo que hace a la revisión principal, cabe señalar que de las constancias de autos se advierte que la sentencia recurrida se notificó a la parte quejosa por lista el trece de noviembre de dos mil seis, surtiendo efectos al día siguiente, catorce de noviembre, por lo que el plazo de diez días para la interposición del recurso de revisión comenzó a correr el quince y concluyó el veintinueve de noviembre del citado año (descontando los días dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco y veintiséis de noviembre, por ser inhábiles).

Si el recurso de revisión se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito el veintinueve de noviembre de dos mil seis, se concluye que su presentación fue oportuna.

En cuanto al recurso de revisión adhesiva, de las constancias de autos se advierte que la admisión de la revisión principal fue notificada al secretario de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de tercero perjudicado, el ocho de diciembre de dos mil seis, surtiendo sus efectos el lunes once de diciembre, por lo que el plazo para adherirse a la revisión transcurrió del doce de diciembre de dos mil seis al dos de enero de dos mil siete (descontando los días nueve y diez de diciembre, por ser sábado y domingo, respectivamente, y del dieciséis de diciembre de dos mil seis al primero de enero de dos mil siete, por corresponder al segundo periodo de receso de este órgano colegiado).

Si la revisión adhesiva fue recibida en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el dos de enero de dos mil siete, resulta claro que su presentación se realizó dentro del plazo que prevé el artículo 83 de la Ley de Amparo.

TERCERO. Toda vez que el recurso de revisión en amparo directo es un medio extraordinario de defensa, se analizará si se cumplen los requisitos de procedencia del mismo.

Al respecto, debe tomarse en cuenta que de un análisis de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V y 93 de la Ley de Amparo; 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General Plenario 5/1999, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, se desprende que este tipo de recursos sólo es procedente si se reúnen los siguientes requisitos:

I. Que se presente oportunamente.

II. Que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o reglamento -federal o local- y en la sentencia se contenga algún pronunciamiento sobre el particular o se hubiera omitido su estudio.

III. Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva de la Suprema Corte.

Sobre el primer punto, en el considerando segundo quedó precisado que el recurso de revisión se presentó en tiempo.

Con relación al segundo punto, se tiene que en el escrito de demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo directo 225/2006, Grupo Giraud, Sociedad Anónima de Capital Variable, planteó la inconstitucionalidad del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo y en la sentencia pronunciada por el Tribunal Colegiado se declaró inoperante el concepto de violación relativo.

Sobre el último punto, este Alto Tribunal ha sostenido que un asunto será importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que los argumentos son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad.

En ese contexto, se ha dicho que se cumplen los requisitos de procedibilidad especificados cuando en una revisión en amparo directo tenga que resolverse sobre si una ley es constitucional, sin que exista jurisprudencia que lo defina o que existiendo un precedente se considere necesaria su reiteración, puesto que la generalidad de la misma implica la necesidad de que los argumentos que se den sean excepcionales o extraordinarios, lo que hace que sea de importancia.

Por el contrario, por regla general, se ha considerado que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, cuando no se hayan expresado agravios, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no deba suplirse la deficiencia de la queja, y en los demás casos análogos a juicio de la Sala.

En la especie, se surte el requisito de importancia y trascendencia, porque el tema de la inconstitucionalidad del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo es de interés dado que, por su generalidad, se puede presentar en otros asuntos semejantes.

CUARTO. En su único agravio, la recurrente alega, en síntesis, que las tesis de jurisprudencia invocadas por el Tribunal Colegiado para declarar inoperante su concepto de violación no resuelven el tema de fondo planteado en su tercer concepto de violación.

Lo anterior, pues el Tribunal Colegiado sostuvo que el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo no viola el principio de proporcionalidad, porque en el caso de que se generen utilidades el contribuyente estará en aptitud de acreditar el impuesto sobre la renta y, en caso de que no se generen las mismas, quedará evidenciado que la empresa percibió cuando menos los rendimientos por el funcionamiento y tenencia de sus activos, situación que revela capacidad contributiva; mientras que en su concepto de violación adujo que el citado numeral transgredía el principio de proporcionalidad tributaria al limitar su derecho a la devolución del impuesto al activo en los ejercicios posteriores.

Se procede al estudio del agravio sintetizado, y para ello es necesario tomar en cuenta lo aducido por la quejosa en su tercer concepto de violación, en el que hizo valer la inconstitucionalidad del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo.(1)

En ese concepto de violación argumentó que el octavo párrafo del precepto citado transgrede el principio de proporcionalidad tributaria en tanto condiciona la devolución del impuesto al activo pagado en los diez ejercicios anteriores, a que este derecho se ejerza en el ejercicio en el que se pueda realizar conforme a lo previsto en el propio numeral en análisis, aun cuando en los ejercicios subsecuentes se generen nuevos excedentes de impuesto sobre la renta causado respecto del impuesto al activo generado en dichos ejercicios posteriores a aquel en el cual no se solicitó la devolución del impuesto al activo.

También señaló que el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo es inconstitucional, porque prevé una pena inusitada y trascendente, prohibida por el artículo 22 de la Constitución Federal.

El Tribunal Colegiado que conoció el asunto en primera instancia declaró inoperante este concepto de violación por considerar que existían jurisprudencias aplicables al caso, en específico, las jurisprudencias P./J. 115/99 y P./J. 104/99(2) del Tribunal Pleno, que textualmente señalan:

"ACTIVO. EL ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AQUEL IMPUESTO, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. En nuevas reflexiones sobre el objeto del impuesto al activo, este Tribunal Pleno abandonó el criterio de que aquél recaía en la utilidad mínima presunta para considerar, en la actualidad, que radica en los activos susceptibles de concurrir en la obtención de utilidades. De esta manera, pierde sustento la postura sobre la inequidad del acreditamiento del impuesto sobre la renta a que se refiere el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, basada en la imposibilidad de desvirtuar la ganancia mínima presunta. En efecto, el citado precepto establece los plazos y condiciones para que los contribuyentes estén en aptitud de acreditar la cantidad que les haya correspondido enterar en el ejercicio fiscal respectivo por concepto de impuesto sobre la renta; esquema de acreditamiento que se ajusta a los principios de equidad y proporcionalidad tributarias plasmados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque los contribuyentes parten del mismo parámetro para su ejercicio, basado en la especial forma de operación o utilización de sus activos, por lo que si determinado contribuyente ha realizado una mejor inversión y empleo de aquéllos, evidentemente obtendrá una utilidad superior en relación con quien no lo hizo, estando en aptitud de realizar el acreditamiento correspondiente, lo que resulta acorde con la consecución de los propósitos que dieron origen al tributo, ya que revela que de obtenerse utilidades, el impuesto al activo no afectará la esfera económica del contribuyente, situación que incentiva la eficiencia empresarial y el desarrollo económico del país, dado que la empresa que no se ubica en el supuesto descrito pone de manifiesto que no es productiva o que practica la evasión o la elusión del tributo, en ambos casos en detrimento de la economía del país. Por lo anterior, la tenencia de activos presupone que la empresa cuenta todavía con expectativas de éxito económico, aunque las utilidades no se produzcan de manera inmediata, sino que deberán generarse dentro del lapso que previsiblemente se haya estimado dentro de la planeación de mercado relativa, en el entendido de que es insostenible, jurídica y fácticamente, que continúen en la práctica de su objeto social a pesar de siempre tener pérdidas económicas en dicho lapso, el cual se encuentra contemplado por la ley, al eximir del pago del impuesto a las empresas durante su periodo preoperativo y los tres primeros ejercicios fiscales, en que se presupone que la empresa todavía no ha adquirido el auge comercial necesario que le permita obtener utilidades, sino que tal hipótesis deberá actualizarse dentro de los diez ejercicios fiscales siguientes; plazo en el que aun cuando no se hubiesen producido utilidades, esto no conlleva a declarar la inconstitucionalidad del mecanismo relativo, porque, de llegar a generarse aquéllas, el contribuyente estará en aptitud de acreditar el impuesto sobre la renta relativo y, si no se producen tales utilidades, quedará evidenciado que la empresa, cuando menos, percibió los rendimientos que garantizaron su funcionamiento y la tenencia de los activos correspondientes, situación que revela capacidad contributiva, en razón de que dichos activos, en su momento, se encontraron afectos a la expectativa de obtener utilidades, cumpliendo con la concepción actual del objeto del tributo." y

"ACTIVO DE LAS EMPRESAS. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. El artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, publicada en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, establece modalidades de orden temporal y personal conforme a las cuales puede ejercerse el derecho de los contribuyentes para acreditar el importe del impuesto reclamado en contra de las cantidades que resulten a su cargo por concepto del impuesto sobre la renta correspondiente a sus actividades empresariales, entre ellas, las que se refieren a la prohibición de transmitirlo a terceros y a su extinción por el mero transcurso de cierto tiempo. Por lo tanto, no cabe admitir que dicha disposición infrinja lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 22 constitucional, puesto que no establecer la aplicación total de los bienes del causante en favor del Estado, no constituye una confiscación; tampoco cabe aceptar que la disposición reclamada instituya una pena inusitada, ya que las modalidades de mérito no se identifican con una sanción penal ni, mucho menos, con aquellas que como las de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos o tormentos, están constitucionalmente prohibidas; por las mismas razones esenciales, tampoco pueden considerarse esas modalidades del tributo referido como penas trascendentales, llamadas así porque se aplican a personas distintas del condenado."

Como se puede ver, se trató la constitucionalidad del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo desde la óptica del principio de proporcionalidad y desde el ángulo de la transgresión al artículo 22 constitucional.

Toda vez que el agravio en análisis no se refiere a las consideraciones aducidas por el Tribunal Colegiado para declarar inoperante el planteamiento de inconstitucionalidad relativo al establecimiento de una pena trascendente, la sentencia recurrida debe quedar firme en ese aspecto.

Respecto al tema del principio de proporcionalidad, el punto toral del planteamiento de inconstitucionalidad de la quejosa gira en torno a la limitación a la devolución del impuesto al activo, que propicia que no se atienda a la capacidad contributiva de la empresa quejosa.

No se atiende a la capacidad contributiva, según la quejosa, pues en los ejercicios subsecuentes se pueden generar nuevos excedentes que no se podrán devolver.

Por su parte, la jurisprudencia invocada por el Tribunal Colegiado se refiere al sistema de acreditamiento del impuesto al activo y su respeto al principio de proporcionalidad, porque en el caso de que se generen utilidades el contribuyente está en aptitud de acreditar el impuesto sobre la renta, y en caso de que no se generen las mismas quedará evidenciado que la empresa percibió cuando menos rendimiento por el funcionamiento y tenencia de sus activos, lo que revela capacidad contributiva.

Si bien tanto la jurisprudencia como el quejoso tratan sobre el respeto del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo al principio de proporcionalidad, lo hacen desde perspectivas distintas, pues la jurisprudencia parte del acreditamiento del impuesto al activo y el argumento de la quejosa de la limitación a la devolución del impuesto.

En este sentido, es fundado el agravio esgrimido por la recurrente en cuanto afirma que la tesis citada por el Tribunal Colegiado no resuelve el tema de fondo planteado, pues mientras la quejosa planteó el problema a partir de la limitación a la devolución al impuesto al activo, la tesis en la que se apoya la inoperancia decretada por el Tribunal Colegiado se refiere al acreditamiento del impuesto.

Al resultar fundado el agravio, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo, esta Segunda Sala procede a analizar el concepto de violación en el que se hizo valer la inconstitucionalidad del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo.

Como ya ha quedado asentado, en dicho concepto de violación la empresa quejosa se duele de que el artículo citado transgrede el principio de proporcionalidad tributaria al condicionar la devolución del impuesto al activo pagado en los diez ejercicios anteriores, a que este derecho se ejerza en el ejercicio en el que se pueda realizar conforme a lo previsto en el propio numeral en análisis, aun cuando en los ejercicios subsecuentes se generen nuevos excedentes de impuesto sobre la renta causado respecto del impuesto al activo generado en dichos ejercicios posteriores a aquel en el cual no se solicitó la devolución del impuesto al activo.

Sobre el punto de derecho que plantea la quejosa, esta Segunda Sala ya se ha pronunciado anteriormente. En esas ocasiones esencialmente dijo que el párrafo octavo del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo no transgredía el principio de proporcionalidad tributaria.

Lo anterior, ya que el objeto del gravamen lo constituyen los activos que concurren a la obtención de utilidades de los contribuyentes, de lo cual se sigue que la proporcionalidad de este impuesto no se mide por solicitar la devolución del impuesto al activo cubierto en los diez ejercicios anteriores a tiempo o a destiempo, en virtud de que tales elementos no pueden estimarse como indicadores de capacidad contributiva por no guardar relación alguna con el objeto o hecho imponible del tributo en cuestión, además de que la cantidad no devuelta de ningún modo puede tomarse como un derecho que forme parte de los activos concurrentes a la obtención de utilidades, pues al respecto no hay certeza sobre si procede devolver o no y, por ende, a si forma parte o no del patrimonio de la empresa.

En efecto, en el amparo directo en revisión 1172/2003, el veintinueve de octubre de dos mil tres, esta Sala sostuvo lo siguiente:

"A fin de ser más específicos, es pertinente señalar que por lo que hace a la proporcionalidad tributaria del impuesto al activo, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado cuál es la medida de la capacidad contributiva de los causantes, a saber, los activos concurrentes a la obtención de utilidades. Así puede verse de la siguiente jurisprudencia del Tribunal Pleno, que expresa lo siguiente:

"‘ACTIVO, IMPUESTO AL. EL ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS DE LA LEY QUE LO REGULA EXIGE CONSIDERAR QUE SU OBJETO RADICA EN LOS ACTIVOS, CONCURRENTES A LA OBTENCIÓN DE UTILIDADES, COMO SIGNO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA, ASÍ COMO QUE ELLO SE ENCUENTRA VINCULADO A SUS FINES FISCALES (CONTRIBUTIVO Y DE CONTROL) Y A LOS EXTRAFISCALES DE EFICIENCIA EMPRESARIAL. Del contenido de los artículos 25, 28 y 31, fracción IV, de la Constitución y, específicamente, de los artículos 1o., 6o., 9o. y 10, de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas (Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1988) y de la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente resulta que para examinar la constitucionalidad de los preceptos de este cuerpo legal es imprescindible considerar que, si bien de la literalidad de su artículo 1o., el objeto de la contribución radica en el «activo» de las empresas, de los demás preceptos que integran el sistema del tributo, se infiere que dicho objeto se encuentra íntimamente vinculado a que dichos activos sean susceptibles de concurrir a la obtención de utilidades, signo de capacidad contributiva que el legislador necesariamente debe tomar en cuenta como presupuesto esencial de toda contribución y que, además, del fin estrictamente fiscal de recaudar recursos para los servicios públicos que exige la fracción IV del artículo 31 de la Constitución, persigue la finalidad fiscal de contar con un medio eficaz de control en el pago que por impuesto sobre la renta corresponda a los sujetos pasivos, así como la finalidad extrafiscal de estimular la eficiencia de los mismos en el desarrollo de sus actividades económicas.’ (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, tesis P./J. 11/96, página 5).

"Dicho criterio revela que el objeto del gravamen lo constituyen los activos que concurren a la obtención de utilidades de los contribuyentes, de lo cual se sigue que la proporcionalidad de este impuesto no se determina por su carácter complementario -aspecto financiero o efectos de su recaudación- respecto del impuesto sobre la renta, como pretende la parte quejosa, ni tampoco por la presentación a tiempo o en forma extemporánea de las declaraciones complementarias y, en su caso, por la consecuente pérdida del derecho del contribuyente a la devolución del impuesto al activo cubierto en los diez ejercicios inmediatos anteriores a aquel en que el impuesto sobre la renta resulte excedente, además de que estos eventos no pueden tomarse como indicadores de capacidad contributiva, puesto que resultarían extraños al objeto del impuesto, debido a que ningún vínculo tienen con los activos concurrentes a la obtención de utilidades ni con la capacidad contributiva del sujeto pasivo.

"En tales condiciones, el párrafo octavo del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, al prevenir que ‘cuando el contribuyente no efectúe el acreditamiento o solicite la devolución en un ejercicio, pudiéndolo haber hecho conforme a este artículo, perderá el derecho de hacerlo en ejercicios posteriores’, no viola el principio de proporcionalidad tributaria establecido en la fracción IV del artículo 31 constitucional."

Este criterio fue reiterado en cuatro ocasiones más por esta Segunda Sala, al resolver el amparo directo en revisión 923/2004, el dieciocho de agosto de dos mil cuatro; el amparo directo en revisión 962/2004, el cinco de noviembre de dos mil cuatro; el amparo en revisión 883/2005, el primero de julio de dos mil cinco; y el amparo directo en revisión 968/2005, el trece de septiembre de dos mil cinco.

Como se puede ver, esta Segunda Sala se ha pronunciado sobre el principio de proporcionalidad en relación con la limitación a la devolución del impuesto al activo por no solicitar a tiempo la devolución, considerando que no se vulnera ese principio en virtud de que tales elementos no pueden estimarse como indicadores de capacidad contributiva por no guardar relación alguna con el objeto o hecho imponible del tributo en cuestión.

Toda vez que existen cinco pronunciamientos de esta Segunda Sala, que constituyen jurisprudencia conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, que resuelven el planteamiento del concepto de violación, éste resulta inoperante.

Ante lo inoperante del concepto de violación, lo procedente es negar el amparo a la empresa quejosa.

QUINTO.-Finalmente, dado el sentido del presente fallo, procede declarar sin materia la revisión adhesiva interpuesta por el secretario de Hacienda y Crédito Público en su carácter de tercero perjudicado conforme a la tesis 1a. LXVII/2005(3) de la Primera Sala de este Tribunal, cuyo rubro es:

"REVISIÓN ADHESIVA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA AL DESAPARECER LA CONDICIÓN A LA QUE SE SUJETA EL INTERÉS DEL ADHERENTE."

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO.-En la materia de la revisión competencia de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se modifica la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Grupo Giraud, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la autoridad y acto precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

TERCERO.-Se declara sin materia la revisión adhesiva interpuesta por el secretario de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de tercero perjudicado.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, remítanse los autos al tribunal de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Fernando Franco González Salas y presidenta Margarita Beatriz Luna Ramos. El señor Ministro Mariano Azuela Güitrón estuvo ausente por licencia concedida por el Pleno. Fue ponente el primero de los señores Ministros antes mencionados.

___________

1. El artículo textualmente dispone: "Artículo 9o. Los contribuyentes podrán acreditar contra el impuesto del ejercicio una cantidad equivalente al impuesto sobre la renta que les correspondió en el mismo, en los términos de los títulos II o II-A, o del capítulo VI del título IV de la ley de la materia.

"Adicionalmente, los contribuyentes podrán acreditar contra el impuesto del ejercicio, la diferencia que resulte en cada uno de los tres ejercicios inmediatos anteriores conforme al siguiente procedimiento y hasta por el monto que no se hubiera acreditado con anterioridad. Esta diferencia será la que resulte de disminuir al impuesto sobre la renta causado en los términos de los títulos II o II-A o del capítulo VI del título IV de la ley de la materia, el impuesto al activo causado, siempre que este último sea menor y ambos sean del mismo ejercicio. Para estos efectos, el impuesto sobre la renta causado en cada uno de los tres ejercicios citados deberá disminuirse con las cantidades que hayan dado lugar a la devolución del impuesto al activo conforme al cuarto párrafo de este artículo. Los contribuyentes también podrán efectuar el acreditamiento a que se refiere este párrafo contra los pagos provisionales del impuesto al activo.

"El impuesto que resulte después de los acreditamientos a que se refieren los párrafos anteriores, será el impuesto a pagar conforme a esta ley.

"Cuando en el ejercicio el impuesto sobre la renta por acreditar en los términos del primer párrafo de este artículo exceda al impuesto al activo del ejercicio, los contribuyentes podrán solicitar la devolución de las cantidades actualizadas que hubieran pagado en el impuesto al activo, en los diez ejercicios inmediatos anteriores, siempre que dichas cantidades no se hubieran devuelto con anterioridad. La devolución a que se refiere este párrafo en ningún caso podrá ser mayor a la diferencia entre ambos impuestos.

"El impuesto sobre la renta por acreditar a que se refiere esta ley será el efectivamente pagado.

"Las diferencias del impuesto sobre la renta que resulten en los términos del segundo párrafo y el impuesto al activo efectivamente pagado en los diez ejercicios inmediatos anteriores a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, se actualizarán por el periodo comprendido desde el sexto mes del ejercicio al que corresponda el pago del impuesto sobre la renta o el impuesto al activo, respectivamente, hasta el sexto mes del ejercicio por el que se efectúe el acreditamiento a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, o del ejercicio en el cual el impuesto sobre la renta exceda al impuesto al activo, según se trate.

"Los contribuyentes de esta ley no podrán solicitar la devolución del impuesto sobre la renta pagado en exceso en los siguientes casos:

"I. Cuando en el mismo ejercicio, el impuesto establecido en esta ley sea igual o superior a dicho impuesto. En este caso el impuesto sobre la renta pagado por el que se podría solicitar la devolución por resultar en exceso, se considerará como pago del impuesto al activo del mismo ejercicio, hasta por el monto que resulte a su cargo en los términos de esta ley, después de haber efectuado el acreditamiento del impuesto sobre la renta a que se refieren el primero y segundo párrafos de este artículo. Los contribuyentes podrán solicitar la devolución de la diferencia que no se considere como pago del impuesto al activo del mismo ejercicio en los términos de esta fracción.

"II. Cuando su acreditamiento dé lugar a la devolución del impuesto establecido en esta ley, en los términos del cuarto párrafo de este artículo. En este caso, el impuesto sobre la renta pagado en exceso cuya devolución no proceda en los términos de esta fracción se considerará como impuesto al activo para efecto de lo dispuesto en el citado cuarto párrafo de este artículo.

"Cuando el contribuyente no efectúe el acreditamiento o solicite la devolución en un ejercicio pudiéndolo haber hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo en ejercicios posteriores.

"Los contribuyentes podrán también acreditar contra los pagos provisionales que tengan que efectuar en el impuesto al activo, los pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Cuando en la declaración de pago provisional el contribuyente no pueda acreditar la totalidad del impuesto sobre la renta efectivamente pagado, el remanente lo podrá acreditar contra los siguientes pagos provisionales.

"Las personas morales que tengan en su activo acciones emitidas por sociedades residentes en el extranjero podrán acreditar contra el impuesto al activo, el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero por dichas sociedades, hasta por el monto que resulte conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 6o. de la ley del impuesto mencionado.

"Los derechos al acreditamiento y a la devolución previstos en este artículo son personales del contribuyente y no podrán ser transmitidos a otra persona ni como consecuencia de fusión. En el caso de escisión, estos derechos se podrán dividir entre la sociedad escindente y las escindidas, en la proporción en que se divida el valor del activo de la escindente en el ejercicio en que se efectúa la escisión, determinado éste después de haber efectuado la disminución de las deudas deducibles en los términos del artículo 5o. de esta ley."

2. Consultables en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, visibles en las páginas 7 y 5, respectivamente.

3. Esta tesis es visible en la página 442, Tomo XXII, julio de 2005, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20338-dbef6fe1/activo-el-articulo-9o-de-la-ley-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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