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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN JUBILATORIA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LOS ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 91 Y 93 DE SU REGLAMENTO INTERIOR SON DE DISTINTA NATURALEZA A LA DEL AGUINALDO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 5 DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES, POR LO QUE NO FORMAN PARTE DE LA CUANTÍA BÁSICA PARA DETERMINAR AQUELLA PRESTACIÓN. PENSIÓN JUBILATORIA PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA CON SALARIOS SUPERIORES AL DE MÉDICO FAMILIAR DE TIEMPO COMPLETO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. CUANDO SE RECLAMA CON BASE EN UN ACUERDO DEL CONSEJO TÉCNICO QUE ESTABLECE DIVERSOS REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO, POR TRATARSE DE UNA PRESTACIÓN DE NATURALEZA EXTRALEGAL CORRESPONDE AL TRABAJADOR ACREDITAR HABER CUMPLIDO CON TODOS. PENSIÓN JUBILATORIA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LOS ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 91 Y 93 DE SU REGLAMENTO INTERIOR SON DE DISTINTA NATURALEZA A LA DEL AGUINALDO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 5 DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES, POR LO QUE NO FORMAN PARTE DE LA CUANTÍA BÁSICA PARA DETERMINAR AQUELLA PRESTACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 6393/2007. · Registro digital (IUS): 20362
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ROGELIO GAYTÁN CERVANTES.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, , Pág. 2564.

AMPARO DIRECTO 6393/2007. ROGELIO GAYTÁN CERVANTES.

CONSIDERANDO:

CUARTO. En el tercer concepto de violación el quejoso alega que la Junta responsable infringió el principio de congruencia al referirse a la cuantificación de su pensión por jubilación sin considerar como límite superior las percepciones del cargo de director de Unidad Médica B, ya que aun cuando, por un lado, determinó que había acreditado haber recibido durante los últimos cinco años un salario superior al de médico familiar; por otro, estimó que era improcedente porque no existía una resolución complementaria emitida por las Jefaturas de Servicios de Personal y de Relaciones Laborales, así como por el representante del instituto ante la Comisión Mixta Permanente de Jubilaciones y Pensiones, y que dicha resolución complementaria hubiese sido firmada por el director general; siendo que con dicho proceder la responsable se excedió al introducir excepciones y defensas que no fueron hechas valer por el instituto en su contestación, atribuyendo cargas probatorias inexistentes al actor, puesto que dicha autorización o resolución complementaria no constituyó un requisito de procedibilidad.

Que el actor satisfizo las cargas de la prueba que le correspondieron, es decir, con el oficio 4475, de veinte de abril de mil novecientos setenta y dos, demostró que la pensión debió fijarse conforme a las percepciones de director de Unidad Médica B, por haber percibido durante los últimos cinco años un salario superior al de médico familiar, lo cual fue reconocido por la autoridad responsable.

Es infundado el concepto de violación.

El actor en el inciso d) del escrito inicial demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social la cuantificación correcta de la pensión jubilatoria por años de servicios en términos del contrato colectivo de trabajo, régimen de jubilaciones y pensiones, inserto a dicho contrato, y acuerdo 338509, de doce de abril de mil novecientos setenta y dos, emitido por el consejo técnico del demandado, por medio del cual se estableció que la pensión jubilatoria debía calcularse tomando como referencia el salario del trabajador a jubilar y tener como límite superior el equivalente al que corresponda al cargo de director de Unidad Médica B.

El Instituto Mexicano del Seguro Social negó derecho al actor para reclamar lo pretendido, en virtud de que el artículo 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones vigente, anexo al contrato colectivo de trabajo, bienio 1999-2001, establece los conceptos que integran el salario base, y el límite superior del equivalente al que corresponda al cargo de director de Unidad Médica B no está considerado y comprendido en ese numeral, por lo que el actor carecía de legitimación activa para reclamar que en la integración de su cuantía básica se le considerara dicha categoría, por falta de fundamento legal y contractual.

La autoridad responsable estableció que el actor no logró acreditar los elementos constitutivos de la acción reclamada, en razón a que de la copia del oficio 4475, de veinte de abril de mil novecientos setenta y dos, dirigido al subdirector general administrativo del demandado en aquel año, por el secretario general, en donde se comunicó el texto del acuerdo 338509, de doce de abril de mil novecientos setenta y dos, se advertía que para tener derecho al disfrute de la porción complementaria para alcanzar la cuantía de las jubilaciones y pensiones para el personal de confianza con salarios superiores al de médico familiar de tiempo completo, sería determinada por resolución complementaria emitida por las Jefaturas de Servicios de Personal y de Relaciones Laborales, así como por el representante del instituto ante la Comisión Mixta Permanente de Jubilaciones y Pensiones; además, que dichas resoluciones, para efectos de su aplicación, serían firmadas por el director general; por lo que estimó que si bien es cierto que el accionante se encontraba dentro de los supuestos a que se refiere dicho acuerdo, en el sentido de que durante los últimos cinco años anteriores a la data de su jubilación recibió ininterrumpidamente un salario base superior al de médico familiar de tiempo completo, también lo es que no aportó elemento de prueba idóneo con el cual acreditara los supuestos de autorización a que aludía el acuerdo de referencia (folios doscientos setenta y siete, y doscientos setenta y siete vuelta); y, por tanto, absolvió del pago de dicha prestación.

El proceder de la responsable es ajustado a derecho por lo siguiente:

Mediante ocurso de treinta de enero de dos mil tres el demandante ofreció como pruebas:

"... f) Copia del oficio número 4475, de fecha 20 de abril de 1972, dirigido al Lic. Ricardo García Sáinz, subdirector general administrativo del demandado en aquél año, por el secretario general, comunicándole el texto del acuerdo número 338509, de fecha 12 de abril de 1972, que se adjuntó a la demanda inicial y corre agregado a los autos. Por lo que se refiere al oficio de fecha 20 de abril de 1972, número 4475, marcado con el inciso f), ofrezco el cotejo y compulsa con su original que obra en la Subdirección General Administrativa del demandado, ubicada en Av. Paseo de la Reforma número 476, 1er. piso, colonia Juárez, Distrito Federal, para lo cual solicito se comisione al C. Actuario adscrito a esa H. Junta, quien trasladándose al domicilio señalado requiera la exhibición de los originales de los documentos que ofrezco como prueba. ..."

La prueba de mérito tiene el siguiente texto:

"Instituto Mexicano del Seguro Social. Secretaría general. 4475. México, D.F., a 20 de abril de 1972. C. Lic. Ricardo García Sáinz. Subdirector general administrativo. Presente. El H. Consejo técnico en la sesión celebrada el día 12 del actual, dictó el acuerdo número 338509, cuya intervención corresponde tanto a esa subdirección a su cargo, como a la Subdirección General Jurídica, Jefaturas de Servicios Técnicos, de Relaciones Laborales y de Personal, así como a la Comisión Mixta Permanente de Jubilaciones y Pensiones, en los siguientes términos: ‘I. El salario base que servirá para determinar la cuantía de las jubilaciones y pensiones del personal de confianza se constituirá con las siguientes percepciones, de las contenidas en el artículo 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones: a) Sueldo tabular; b) Ayuda de renta; c) Antigüedad; y, d) Aguinaldo. II. En todo caso, dicho salario base tendrá como límite el equivalente al que se constituya con el que corresponda al de director de Unidad Médica B. III. Para la aplicación de las disposiciones anteriores se requerirá que el trabajador de confianza de que se trate, haya percibido ininterrumpidamente un salario base superior al de médico familiar de tiempo completo, durante los últimos cinco años anteriores a la fecha de su jubilación. IV. La cuantía de las jubilaciones y pensiones que caigan dentro de las disposiciones anteriores, se integrarán de la siguiente manera: 1. La porción aplicable al Régimen de Jubilaciones y Pensiones pactado con el sindicato, será determinado en los términos de éste por la Comisión Mixta Permanente, constituida para la aplicación del Régimen de Jubilaciones y Pensiones. 2. La porción complementaria para alcanzar la cuantía de las jubilaciones y pensiones para el personal de confianza con salarios superiores al de médico familiar de tiempo completo, se acreditará (sic) por resolución complementaria emitida por las Jefaturas de Servicios de Personal y de Relaciones Laborales, así como por el representante del instituto ante la comisión Mixta Permanente de Jubilaciones y Pensiones. 3. La suma de las dos cuantías constituirá la jubilación o pensión de que se trate. 4. La notificación al trabajador interesado, en lo que al monto de su jubilación o pensión se refiera, expresará únicamente la suma de las cuantías básica y complementaria a que se hace referencia. V (sic). Fuera de las disposiciones aquí consignadas, las resoluciones sobre jubilaciones y pensiones del personal de confianza se ajustarán a las normas establecidas en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones pactado con el sindicato. Lo que comunico a usted para su conocimiento y debido cumplimiento. Atentamente. El secretario general. Dr. Eduardo López Faudo." (folios veinte y veintiuno).

Por acuerdo de cinco de septiembre de dos mil tres la responsable tuvo por admitida la referida probanza (foja 230 del expediente laboral).

El Instituto Mexicano del Seguro Social, en audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de cinco de septiembre de dos mil tres, objetó la mencionada prueba en cuanto a su alcance y valor probatorio (fojas 228 a 229).

En la misma audiencia la Junta acordó que en relación con la documental marcada con el número tres, inciso f), se señalaban las diez horas del catorce de noviembre de dos mil tres para que tuviera lugar el desahogo del cotejo, para que de ese modo quedara perfeccionada (foja 230).

La actuaria, en la diligencia de la fecha indicada, hizo constar lo siguiente:

"En México, Distrito Federal, siendo las diez horas del día catorce de noviembre de dos mil tres, día y hora señalados para llevar a cabo el cotejo ordenado en proveído de fecha cinco de septiembre de dos mil tres, ofrecido por la actora bajo el numeral 3, incisos c, d, e y f, la C. Actuario me constituí en Dr. Andrade número 45, en la colonia Doctores, específicamente en la Unidad de Registro de Contratos Colectivos y Reglamentos Interiores de esta H. Junta, y estando presente la C. Patricia Lomelí, encargada del archivo, a quien en este acto se le requiere la documentación consistente en el expediente CC-15-XXII-RM (I, II, III y IV), quien en este acto pone a la vista, procediendo a desahogar dicho cotejo, el cual coincide fielmente en todas y cada una de sus partes con las copias exhibidas en autos, mismos que obran a fojas 176 a 226. Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia, dando cuenta a esta H. Junta para todos los efectos legales a que haya lugar, firmando al margen los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, no así la persona con quien entendí la diligencia por no considerarlo necesario y al calce la suscrita actuario, quien da fe, se da por concluida la presente diligencia. Conste. Doy fe." (foja 179).

Por su parte, la responsable en proveído de diez de febrero de dos mil cuatro acordó, respecto a la citada diligencia, que se tenía por perfeccionada la prueba marcada con el número tres, inciso f) (foja 183).

De lo anterior se concluye que las bases para cuantificar la pensión del actor, considerando como límite superior las percepciones del cargo de director de Unidad Médica B, señaladas en el oficio 4475, de veinte de abril de mil novecientos setenta y dos, que contiene el texto del acuerdo 338509, de doce de abril de mil novecientos setenta y dos, constituye una prestación de naturaleza extralegal, y por ello, tal y como correctamente lo determinó la Junta, correspondía al demandante la carga de la prueba a fin de acreditar que cumplió con el requisito exigido para la aplicación de dicho oficio, es decir, que el actor recibió ininterrumpidamente durante los últimos cinco años anteriores a la jubilación un salario superior al de médico familiar, así como probar con resolución complementaria que fuera emitida por las Jefaturas de Servicios de Personal y de Relaciones Laborales, por el representante del instituto ante la Comisión Mixta Permanente de Jubilaciones y Pensiones, y que esas resoluciones fueran firmadas por el director general; pero como este último requisito no fue cubierto por el accionante, es evidente que no cumplió cabalmente con lo exigido en aquel acuerdo para tener derecho a que la pensión jubilatoria se le fijara conforme a las percepciones del cargo de director de Unidad Médica B; de ahí que si la Junta absolvió de lo demandado, en razón de que el actor no acreditó los supuestos de autorización exigidos por el aludido acuerdo, es claro que su proceder no infringió garantías en perjuicio del quejoso.

No se opone a lo anterior lo alegado por el quejoso en cuanto a que el Instituto Mexicano del Seguro Social no se excepcionó en el sentido de que debían acreditarse los supuestos de autorización señalados en el acuerdo de mérito; ello, porque no debe perderse de vista que lo reclamado fue una prestación extralegal contractual que, por ese hecho, no era necesaria aquella excepción, pues se trató de un requisito de la acción exigido por el acuerdo en el que se apoyó el actor para reclamar lo pretendido.

Lo que alega el impetrante en cuanto a que la Junta responsable realizó una incorrecta cuantificación de la prima de antigüedad que le cubrió el instituto demandado por la cantidad de $311,581.44 (trescientos once mil quinientos ochenta y un pesos 44/100 M.N.), en razón a que debían tomarse en cuenta los conceptos 32 y 33, consistentes en estímulos de puntualidad y asistencia; que violó el principio de congruencia porque realizó mal las operaciones aritméticas, ya que al reconocer el instituto que al pagar la prima de antigüedad no consideró los estímulos por puntualidad y asistencia en las sumas de $2,544.24 mensuales por concepto 32, y $1,696.16 mensuales por concepto 33, que sumados dan la cantidad de $4,240.40 mensuales, se le debieron sumar a los $26,220.00 mensuales que reconoció el demandado; de modo que al sumar ambas cantidades dan $30,460.40, que divididos entre 30 dan $1,015.35 pesos diarios, los que multiplicados por 356.5 daban un total de $361,971.08, y que al restarle la cantidad cubierta al demandante de $311,581.44, la diferencia a su favor es de $50,389.64 en el pago de la prima de antigüedad; que la responsable al referirse a la inclusión de los estímulos por puntualidad y asistencia en el salario integrado determinado por el instituto se apartó de la litis al estimar un salario mensual de $20,729.80, adicionándole los conceptos 32 y 33 por las cantidades de $2,544.24 y $1,696.16, respectivamente, arribando a un salario integral de $24,970.20, y al cuantificar la prima de antigüedad determinó la suma de $296,729.21; siendo que no fue la forma en que se ejercitó la acción ni la que el demandado se excepcionó, es infundado.

Rogelio Gaytán Cervantes demandó en el inciso f) el pago de diferencias existentes entre la cantidad que se le pagó por prima de antigüedad y la que se le debió otorgar de haber incluido los conceptos 32 y 33, que se referían a los estímulos de puntualidad y asistencia.

La Junta absolvió del pago de dicha prestación, porque si bien de los tarjetones de pago del actor se advertía que los conceptos 32 y 33, denominados estímulos de asistencia y puntualidad, los percibía en forma regular, también advirtió la Junta que esos conceptos fueron pagados en forma ordinaria, y también dijo que de los tarjetones de pago de la novena quincena de dos mil uno, prueba a la que se le otorgaba valor probatorio en razón a que la demandada no la objetó en cuanto autenticidad de contenido y firma, se advertía que por concepto 32 (estímulo de asistencia) el actor percibió $1,272.12 (un mil doscientos setenta y dos pesos con doce centavos) quincenales, que multiplicados por dos resultaba $2,544.24 (dos mil quinientos cuarenta y cuatro pesos con veinticuatro centavos) mensuales; que por concepto 33 (estímulo de puntualidad) percibió $848.08 (ochocientos cuarenta y ocho pesos con ocho centavos) quincenales, que multiplicados por dos resultaba $1,696.16 (un mil seiscientos noventa y seis pesos con dieciséis centavos) mensuales; por lo que si de aquel tarjetón se advertía un salario mensual integrado de $20,729.80 (veinte mil setecientos veintinueve pesos con ochenta centavos), al que se le sumaban los $2,544.24 (dos mil quinientos cuarenta y cuatro pesos con veinticuatro centavos) mensuales por conceptos 32; y $1,696.16 (un mil seiscientos noventa y seis pesos con dieciséis centavos) mensuales por concepto 33, estímulos de puntualidad y asistencia, daba como resultado $24,970.20 (veinticuatro mil novecientos setenta pesos con veinte centavos) mensuales, lo que equivalía a un salario diario integrado de $832.34 (ochocientos treinta y dos pesos con treinta y cuatro centavos), que multiplicados por trescientos cincuenta y seis punto cinco días, que fueron los días por antigüedad que se le reconocieron al actor, resultaba $296,729.21 (doscientos noventa y seis mil setecientos veintinueve pesos con veintiún centavos), y si de la copia fotostática del convenio de veinte de junio de dos mil uno se advertía que al actor por ese concepto se le cubrió $311,581.44 (trescientos once mil quinientos ochenta y un pesos con cuarenta y cuatro centavos), entonces, la demandada pagó una cantidad superior a la que le correspondía; y, por tanto, absolvió del pago de ese reclamo.

La absolución decretada por la responsable es correcta, en atención a que los conceptos 32 y 33 por estímulos de puntualidad y asistencia que reclamó el actor debían integrarse al pago de la prima de antigüedad, fueron tomados en cuenta al momento en que se liquidó tal concepto, lo que así se demostró con la copia fotostática del convenio de veinte de junio de dos mil uno que aparece glosada a fojas veintitrés a veinticinco de autos, es decir, se incluyeron para el pago del concepto aludido; de ahí que no asista razón al quejoso al afirmar lo contrario. Asimismo, la cuantificación que hizo la autoridad también es correcta, pues al salario que percibía el impetrante y que aparece en el tarjetón de pago que obra a fojas ciento sesenta y seis se le sumaron las cantidades que están en ese recibo de pago por estímulo de puntualidad y asistencia, y luego el resultado se cuantificó por el tiempo que le fue reconocido al actor como antigüedad, obteniéndose una cantidad superior a la que le fue cubierta al impetrante por dicho concepto; por tanto, el proceder de la Junta no infringió garantías en perjuicio del trabajador.

Por otro lado, lo que alega el quejoso en cuanto a que de las constancias de autos y del convenio celebrado entre las partes se advierte que, además de las sumas contenidas en el "SMI" por $20,729.80, el instituto demandado consideró cantidades adicionales para integrar dicho salario, y que están previstas en las cláusulas 1a. y 93 del contrato colectivo de trabajo, y artículos 82, 84 y 89 de la Ley Federal del Trabajo, y que fueron las proporciones quincenales, mensuales y diarias de los conceptos anuales denominados fondos de ahorro, aguinaldos y prima vacacional, los que evidentemente siempre han integrado el salario para los efectos del pago de prima de antigüedad, y por ello debieron tomarse en cuenta; es inatendible en razón de que tales manifestaciones no se hicieron valer ante la autoridad jurisdiccional, por lo que al no formar parte de la demanda laboral tampoco pueden serlo de la presente vía.

En el segundo concepto de violación el quejoso argumenta que al dictar el laudo reclamado la responsable violó las garantías individuales, porque del texto de los artículos 91 y 93 del reglamento no se advierte que se hubiese tomado la denominación de aguinaldo de manera indistinta como si hubiese sido la denominación de sueldo nominal, sueldo tabular o cualquier otra calificación, es decir, es claro que quedó exteriorizada con claridad y precisión la voluntad de la naturaleza de dicho concepto, por lo que si desde la demanda se solicitó la inclusión de los estímulos de puntualidad y asistencia, consistentes en los conceptos 32 y 33, a la cuantía básica de la pensión por años de servicios, era porque se trataba de una prestación que tiene su naturaleza de aguinaldo, atendiendo al artículo 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones; por tanto, así lo debió considerar la responsable, pues fue admitido el contenido de dicho texto sin que existiera distinción entre la parte fija o variable del mismo; de tal forma que si el reglamento no distinguió entre los diversos aguinaldos que se cubrían y que debían integrarse en la cuantía básica, las partes no podían distinguir, por lo que si los numerales 91 y 93 atribuyen la naturaleza de aguinaldo a los conceptos de estímulos de puntualidad y asistencia, es evidente que forman parte variable del aguinaldo que debía integrarse a la cuantía básica de la pensión.

Es infundado el referido concepto de violación.

En el inciso g) el accionante reclamó la declaración jurisdiccional en el sentido de que a la cuantía básica tomada en cuenta para el cálculo de la pensión jubilatoria debía incluirse el aguinaldo percibido bajo los conceptos de puntualidad y asistencia, en términos de lo previsto en el artículo 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones.

El instituto demandado señaló que el actor no tenía derecho a lo pretendido, en virtud de que dicha prestación es extralegal y le correspondía la carga probatoria al actor.

La Junta responsable señaló que era improcedente la prestación marcada con el inciso g), consistente en que dentro de la cuantía básica se tomaran en cuenta para el cálculo de la pensión jubilatoria los conceptos 32 y 33, denominados estímulos de asistencia y puntualidad, en términos del artículo 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, inserto al contrato colectivo de trabajo, bienio del dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve al quince de octubre de dos mil uno, porque de acuerdo con dicho precepto los estímulos de asistencia y puntualidad no formaban parte del salario de los jubilados.

La absolución decretada por la responsable es ajustada a derecho por lo siguiente:

El artículo 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social establece:

"5. Los conceptos que integran el salario base son: a) Sueldo tabular; ... l) Aguinaldo ..."

Por otra parte, los artículos 91 y 93 del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación con los estímulos por puntualidad y asistencia, establecen:

"Artículo 91. Cuando el trabajador asista a laborar todos los días hábiles de una quincena, tendrá como estímulo 3 días de aguinaldo, cuyo pago se hará en la nómina de la siguiente quincena de aquella en la que esto hubiere ocurrido.-Se consideran como días laborados los periodos de vacaciones disfrutadas, los de becas autorizadas por la Comisión Nacional Mixta de Becas que se realicen en instalaciones del instituto previa constancia de asistencia, los de licencias para labores sindicales, los periodos que comprendan las incapacidades por riesgo de trabajo y por maternidad, así como los permisos económicos por fallecimiento de padres, hijos o cónyuge.-Se otorgarán estos estímulos a los trabajadores que registren habitualmente su asistencia, tanto en entrada como en salida de labores, de acuerdo con la jornada señalada en los nombramientos respectivos con las modalidades de los horarios que consignan los profesiogramas correspondientes." y "Artículo 93. Cuando el trabajador registre 10 veces su asistencia diaria hasta el minuto cinco, se le otorgará como estímulo de puntualidad 2 días de aguinaldo, cuyo pago deberá hacerse en la nómina ordinaria de la siguiente quincena de aquella en la que el trabajador alcanzó este cómputo. Para este efecto se considerarán como días laborados con registro de asistencia hasta el minuto cinco de entrada, los periodos de vacaciones y los pases de entrada oficiales."

De la armonización de los artículos del Reglamento Interior de Trabajo que rige en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se desprende que el trabajador que asista a laborar todos los días hábiles de una quincena obtiene un estímulo que se traduce en tres días de aguinaldo, y si el trabajador registra diez veces de asistencia diaria hasta el minuto cinco se le otorga otro estímulo por la puntualidad, que se traduce en dos días de aguinaldo; esto quiere decir que para poder concretizar los estímulos hay que recurrir y determinar, primero, cuál es el aguinaldo que percibe el trabajador, y después hacer la operación aritmética correspondiente y determinar el importe diario, y el resultado se tendrá que multiplicar por tres y dos días, que son los estímulos por asistir diariamente a las labores y con puntualidad.

Lo anterior no tiene injerencia en el concepto "aguinaldo" a que se refiere el artículo 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual, como se ha visto, establece los conceptos que integran el salario base, como es el aguinaldo, pero a criterio de este Tribunal Colegiado no existe base legal para llegar a la conclusión de que los premios por puntualidad y asistencia tengan naturaleza jurídica de aguinaldo, esta afirmación es razonable si se toma en cuenta que por puntualidad y asistencia se dan al trabajador estímulos que se calculan con base en el monto del concepto aguinaldo; por tanto, como se ha afirmado, no pueden ser identificados con la misma idea que tuvieron las partes contratantes al señalar que el aguinaldo forma parte de la cuantía básica de la pensión jubilatoria.

Entonces, aun cuando en autos se encuentra probado con los tarjetones de pago que al actor se le cubrieron diversas cantidades bajo los rubros 32 y 33, esto es, tres y dos días de aguinaldo como estímulos por asistencia y puntualidad, respectivamente, debe entenderse que tales cantidades dependieron de la puntualidad y asistencia que llevó a cabo el trabajador en el desempeño de sus labores, pero esas circunstancias no pueden llevar a la conclusión de que los conceptos aludidos deben formar parte del concepto aguinaldo que integra el salario con que se calcula la pensión jubilatoria; además de que el aguinaldo se otorga en forma anual al trabajador atendiendo únicamente al tiempo laborado y al salario percibido.

En consecuencia, contrario a lo alegado por el quejoso, los conceptos 32 y 33, estímulos por puntualidad y asistencia, establecidos en los artículos 91 y 93 del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, son prestaciones que tienen distinta naturaleza a la del aguinaldo contemplado en el artículo 5 del régimen aludido.

En las relatadas condiciones, este Tribunal Colegiado estima que no existió violación a las garantías del quejoso, en virtud de que los estímulos de puntualidad y asistencia no integran el aguinaldo que debía considerarse al momento de efectuar el cálculo de la cuantía básica de la pensión jubilatoria del actor; por tanto, la absolución por tal concepto fue legal.

Por lo anteriormente considerado y toda vez que no se advierte materia para suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe negarse el amparo a Rogelio Gaytán Cervantes.

Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 79, 158, 184 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rogelio Gaytán Cervantes, contra el acto de la Junta Especial Número Nueve Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo pronunciado el treinta de octubre de dos mil seis en el juicio laboral 1850/2002, seguido por el quejoso en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, con las adiciones y reformas propuestas en sesión, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados Héctor Landa Razo y José Manuel Hernández Saldaña, en contra del voto particular de la Magistrada María del Rosario Mota Cienfuegos que se anexa, habiendo sido encomendados la redacción y engrose del asunto al segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20362-290690a3/pension-jubilatoria-de-los-trabajadores-del-instituto-mexicano · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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