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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR, O EN EJECUCIÓN DE ÉSTE. NO SE ACTUALIZA CUANDO EN LA SENTENCIA DE GARANTÍAS NO HUBO COSA JUZGADA EN RELACIÓN CON EL TEMA DE FONDO Y SE DEJÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 81/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20388
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, , Pág. 793.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 81/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: JOSÉ ANTONIO ABEL AGUILAR SÁNCHEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de la posible contradicción entre tesis que sustentaron dos Tribunales Colegiados de Circuito al resolver recursos de revisión, en materia de amparo administrativo que, por tanto, son de la competencia exclusiva de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue realizada por una de las partes de los juicios de amparo en revisión, en su calidad de tercero perjudicado, como lo es el gobernador del Estado de Guerrero.

TERCERO. Las consideraciones que sirvieron de sustento al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo número 436/2006, son:

"QUINTO. El estudio de los agravios que se hacen valer, permite establecer las consideraciones jurídicas siguientes.

"Alega en su único agravio que el Juez resuelve que el amparo es improcedente porque se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, la cual dispone que el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas.

"Consideración que le causa perjuicio, porque el Juez hace una incorrecta aplicación del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual si bien dispone que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, no todos los actos que emita la responsable deben quedar comprendidos en esta causal, sino sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, como lo señala el Juez en su fallo; sin embargo, da una aplicación indebida, ya que los alcances de la protección constitucional son los que determinan la procedencia o no de un nuevo juicio de garantías.

"Que en el caso, el fallo dictado en el diverso juicio de amparo número 342/2005, acumulado al 320/2005, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, que el Juez señaló como hecho notorio, sólo constriñó a la autoridad responsable gobernador del Estado, a dejar insubsistente el dictamen de evaluación denegatorio de veinte de abril de dos mil cinco, emitido por el citado gobernador y secretario general de gobierno, ambos del Estado de Guerrero, en el cual resolvió no ratificar al quejoso José Luis Bello Muñoz, en el cargo de Magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el periodo comprendido del uno de mayo de dos mil cinco, al treinta de abril de dos mil once, el cual fue remitido a la Legislatura Local para su aprobación correspondiente.

"Que en el fallo constitucional pronunciado en el expediente 342/2005 acumulado al 320/2005, se resolvió que el gobernador del Estado, debía dejar insubsistente el dictamen de evaluación denegatorio de veinte de abril de dos mil cinco; que emitiera otro dictamen, donde quedaba obligado a satisfacer los requisitos cuya omisión se precisaron en la sentencia, con base en todas las constancias existentes en el expediente formado con motivo de la no ratificación debiendo resolver lo que en derecho corresponda sobre su ratificación, es decir, a satisfacer al emitir su dictamen, las garantías de fundamentación y motivación.

"Por tanto, argumenta que el Juez carece de razón al precisar que el acto reclamado deriva de aquella ejecutoria de amparo, porque como se puede advertir, en este fallo no se le facultó para recabar nuevas pruebas a fin de emitir un nuevo dictamen sino que de hacerlo, debía tener como base todas las constancias existentes en el expediente formado con motivo de la no ratificación, pero se alude a las que recabó hasta antes del dictamen de veinte de abril de dos mil cinco.

"Que el acto reclamado consistente en el oficio OG/130/2006, de ocho de mayo de dos mil seis, que le dirige el gobernador del Estado de Guerrero y que le fue notificado por conducto del notario público número 12 del distrito judicial de Tabares, el doce de mayo de dos mil seis, pretende que aporte pruebas para valorar su capacidad, eficiencia, profesionalismo, excelencia, honorabilidad, probidad y capacitación continua propia de la carrera judicial, con lo cual se intenta formar un nuevo expediente para emitir en todo caso otro dictamen, como se advierte del citado oficio.

"Que es un nuevo acto de autoridad, porque éste es el inicio de un nuevo procedimiento, ya que se trata de la formación de un nuevo expediente, para llevar a cabo su evolución, el cual fue combatido por vicios propios y no ante el cumplimiento de la sentencia de amparo como se señala en el fallo que se recurre, porque aquel fallo protector no obligó a la autoridad responsable, gobernador del Estado, a que iniciara otro procedimiento, como ocurrió con el oficio que se recurre, al precisar ‘el Ejecutivo a mi cargo ha iniciado a recabar información y documentación para valorar su capacidad.’

"Que el amparo fue concedido liso y llano en contra del dictamen de no ratificación de veinte de abril de dos mil cinco, que fue reclamado en el juicio de garantías 342/2005, pues sólo se destacó en la sentencia protectora, que de insistir en los actos, se observarán los requisitos cuya omisión quedaron precisados en la sentencia, esto es, que con base en todas las constancias existentes en el expediente, que se formó para emitir el dictamen citado, que no otro, se satisficiera la garantía de debida fundamentación y motivación (sic).

"Afirma el recurrente que el amparo no se otorgó para el efecto de que se le concediera la garantía de audiencia, como se sostiene en el fallo que se recurre, ya que de haber sido así, el cumplimiento a la ejecutoria únicamente hubiera quedado satisfecho con el llamamiento al procedimiento respectivo, o en su caso, con la emisión de una nueva resolución, en la que se cumpliera con la garantía de debida fundamentación y motivación, que fue vulnerada.

"Que en el oficio que constituye el acto reclamado, se inició otro procedimiento, para concluir con su ratificación o no en el cargo, éste desde luego desvinculado con el otro, que concluyó con el decreto emitido por el Congreso del Estado, aprobando el dictamen de evaluación de veinte de abril de dos mil cinco, por el que se decidió no ratificarlo en su cargo, y que quedó sin efecto, al restituirlo en el goce de la garantía violada; asimismo, alega que el acto reclamado consistente en el oficio número OG/130/2006, de ocho de mayo de dos mil seis, que le dirige el gobernador del Estado de Guerrero, se impugnó por vicios propios, porque viola en su perjuicio la garantía establecida en el artículo 16 constitucional, al estar indebidamente fundado y motivado, dado que los artículos 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 74, fracción XXVI, 82 y 88, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Guerrero, que se invocan como fundamento resulta incorrecto porque en tales disposiciones no se faculta al gobernador, para exigir que sea el Magistrado a evaluar quien deba aportar los elementos de prueba que justifiquen las cualidades señaladas en el oficio impugnado, como tampoco las razones que expone se adecuan a tales hipótesis normativas.

"Que no resultan aplicables porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 116 constitucional tercer párrafo ha señalado que al llevar a cabo la evaluación de un Magistrado de los Tribunales Superiores de Justicia, se debe salvaguardar la independencia de los Poderes Judiciales de los Estados y lógicamente de los Magistrados de esos tribunales, también ha precisado que el principio de seguridad en el cargo que establece el artículo 116, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado ya invocado, exige un seguimiento constante de los funcionarios judiciales a fin de que cuando cumplan con el término para el que fueron designados por primera vez, se pueda dictaminar de manera fundada y motivada si debe reelegírseles, correspondiendo al propio Poder Judicial del Estado llevar a cabo este seguimiento.

"Por tanto, no se está ante la presencia de un acto que deriva de la ejecutoria de amparo, porque el fallo protector se constriñó al gobernador, para el caso de emitir un nuevo dictamen de evaluación, con base en el expediente que abrió para emitir su dictamen, pero no que iniciara un nuevo procedimiento, como se expone en el oficio que constituye el acto reclamado en este juicio de garantías, de ahí que el acto reclamado no sea una consecuencia de su cumplimiento, como lo invoca el Juez de amparo.

"También argumenta que en la resolución recurrida se afirma que la sentencia dictada en el juicio de amparo 342/2005, acumulado al 320/2005, dejó sin efecto el dictamen de evaluación y el decreto que lo aprobó respecto de la no ratificación del suscrito en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a efecto de otorgarle la garantía de audiencia y de defensa y hecho lo anterior quedaban en libertad para emitir o no un nuevo acto en cumplimiento del fallo constitucional, lo que es incorrecto, porque de la sentencia protectora, se advierte que el amparo de la Justicia Federal no se concedió para esos efectos, sino que se concedió porque no apoyaron de manera suficiente su decisión de no ratificación, al invocar escasos o nulos elementos de prueba, porque las irregularidades analizadas en el dictamen revelan deficiencias no acreditadas que no justifican la calificación que le fue otorgada en la evaluación, es decir, se concedió por haberse violado en perjuicio del ahora recurrente la garantía de debida fundamentación y motivación.

"Señala el Juez Federal que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, por ejecutoria pronunciada en el toca en revisión administrativa número 26/2006, interpuesta por Miguel Maya Manrique, confirmó el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil cinco, emitido por ese mismo juzgado, dentro del expediente 964/2005, mediante el cual se desechó la demanda de garantías, al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo; sin embargo, carece de razón, porque no se está en presencia del mismo supuesto jurídico, dado que al licenciado Miguel Maya Manrique, el amparo le fue concedido porque no se le respetó el derecho de audiencia, mientras que al recurrente, por una indebida fundamentación y motivación del acto reclamado.

"Que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en el toca en revisión número 265/2006, promovido por el gobernador del Estado, emitió un acuerdo del día diecisiete de agosto de dos mil seis, que tiene una relación directa con este juicio de garantías, dado que la resolución confirmada es precisamente la que confirmó la sentencia dictada en el expediente número 342/2005, el cual se acumuló al juicio 320/2005, del índice de ese mismo Juzgado Federal, en que se sustenta el fallo que aquí se recurre, y como puede advertirse, ya se reconoce que el acto reclamado no fue emitido directamente en ejecución de la sentencia de amparo.

"Son infundados los anteriores motivos de agravio en atención a las consideraciones siguientes:

"Contrario a lo sostenido por el recurrente, y como bien se consideró en la resolución combatida, el requerimiento señalado como acto reclamado en la demanda de garantías materia de este recurso, deriva necesariamente del cumplimiento dado por la autoridad responsable gobernador del Estado, a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo número 342/2005 acumulado al diverso 320/2005, promovido por el mismo quejoso José Luis Bello Muñoz, en contra del acto que reclamó de la autoridad responsable gobernador del Estado de Guerrero, consistente en el dictamen de evaluación denegatorio, de veinte de abril de dos mil cinco, a través del cual se resuelve que no ha lugar a su ratificación en el cargo de Magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el periodo comprendido del uno de mayo de dos mil cinco al treinta de abril de dos mil once.

"En congruencia con lo anterior, se estima conveniente transcribir el texto del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece:

"‘Artículo 73.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"Con la finalidad de establecer, adversamente a lo sostenido por el recurrente, si en el caso a estudio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo transcrito, en la que se sustenta la sentencia recurrida y, por ende, si es acertado el sobreseimiento en el juicio de amparo, es pertinente destacar las constancias que a continuación se detallan:

"En la sentencia emitida el diecinueve de agosto de dos mil cinco, terminada de engrosar el nueve de noviembre del citado año, (folios 1025 a 1103 tomo I), en autos del juicio de amparo número 320/2005 y su acumulado 342/2005, promovido también por el ahora quejoso José Luis Bello Muñoz, invocada por el Juez a quo como hecho notorio en el auto recurrido, respecto del acto reclamado del gobernador del Estado, consistente en el dictamen de evaluación denegatorio, de veinte de abril de dos mil cinco, a través del cual se resuelve que no ha lugar a su ratificación en el cargo de Magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el periodo comprendido del uno de mayo de dos mil cinco al treinta de abril de dos mil once; se concedió al impetrante el amparo solicitado para los efectos siguientes: (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"Como puede advertirse, los efectos de la sentencia amparadora se hicieron consistir en:

"a) Dejar insubsistente el acto reclamado del gobernador del Estado, consistente en el dictamen de evaluación de veinte de abril de dos mil cinco, a través del cual resuelven que no ha lugar a ratificar al ahora quejoso en el cargo de Magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el periodo comprendido del uno de mayo de dos mil cinco al treinta de abril de dos mil once.

"b) La insubsistencia deberá producir efectos restitutorios plenos y, a la vez, proteger el cumplimiento de los derechos de administración de justicia pronta y expedita, garantizados por la Constitución Federal.

"c) Con fundamento en los artículos 16 y 17 constitucionales, el Gobernador Constitucional del Estado, deberá reconocerle al quejoso José Luis Bello Muñoz, el carácter de Magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, reintegrándolo de inmediato al cargo y adscripción señalados.

"De igual forma, en el fallo protector de mérito, se estableció que la concesión del amparo ‘no impide a las autoridades la emisión de un acto análogo’, pero en el supuesto de que así se dictare, deberá observar los requisitos cuya omisión han quedado precisados en esta sentencia, es decir, el efecto de la protección constitucional no llega al extremo de impedir el desarrollo de la respectiva potestad, pues permite a la autoridad competente purgar ese vicio antes de su ejercicio, brindando al quejoso la oportunidad de defensa.

"Inconformes con la anterior ejecutoria, las autoridades señaladas como responsables en aquel juicio, gobernador, secretario general de gobierno y Congreso, todos del Estado de Guerrero, interpusieron recurso de revisión del que tocó conocer a este Segundo Tribunal Colegiado, quien formó el expediente amparo en revisión administrativa 608/2005, el cual se tiene a la vista y se invoca como un hecho notorio de acuerdo con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o. de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto del que se tiene conocimiento por razón de la actividad jurisdiccional de este Tribunal Colegiado, en el que con fecha seis de abril de dos mil seis, se emitió sentencia en la que confirmó en sus términos la sentencia amparadora.

"Al respecto, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo antes mencionada, la autoridad responsable gobernador del Estado de Guerrero, emitió el oficio número OG/129/2006, de ocho de mayo de dos mil seis (folio 22) y que según su propia afirmación, fue notificado al quejoso José Luis Bello Muñoz, por conducto del notario número 12 del distrito judicial de Tabares, el doce de mayo de dos mil seis, el cual textualmente dice: (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"La anterior transcripción, pone de manifiesto que, contrario a lo sostenido por el recurrente, y como bien se consideró en la resolución recurrida, el requerimiento señalado como acto reclamado en la demanda de garantías, deriva necesariamente de la ejecutoria de amparo 342/2005 acumulada al 320/2005, en la cual se constriñó a las autoridades ahí señaladas como responsables, a dejar insubsistente, entre otros actos, el reclamado del gobernador del Estado, consistente en el dictamen de evaluación en el que se determinó la no ratificación del quejoso en el cargo de Magistrado, a respetar al quejoso José Luis Bello Muñoz, su garantía violada, pero le dejan a la referida autoridad responsable, la libertad de emitir o no un nuevo acto, siempre que se observen los requisitos cuya omisión se precisaron en la sentencia amparadora.

"En el caso, no se está frente a un nuevo acto ‘esto es un nuevo dictamen de no ratificación’, sino a un acto tendiente a regularizar un procedimiento viciado a fin de no violar la garantía de defensa del quejoso, que si bien textualmente no se dijo que la concesión del amparo era con el fin de otorgar la garantía de audiencia, empero no debe perderse de vista que se concedió el amparo por falta de fundamentación y motivación, derivada de que se resolvió no ratificarlo como Magistrado sin respaldo probatorio; asimismo, se señaló que la concesión del amparo no impedía a la autoridad emitir un acto análogo (dictamen de no ratificación) siempre y cuando sigan un procedimiento en el que cumplan con los requisitos de fundamentación y motivación, esto es, basado en elementos probatorios, por ello, el acto reclamado es una consecuencia directa del cumplimiento, virtud que para poder emitir un nuevo dictamen la autoridad responsable otorgó la posibilidad al quejoso de intervenir en el procedimiento administrativo ofreciendo pruebas en su favor, para contar con elementos suficientes que sustente su nuevo dictamen, lo cual da como resultado legal que deba otorgarse al quejoso el derecho de defensa en el citado procedimiento.

"Por tanto, se reitera, que el requerimiento combatido no es más que una consecuencia de ese cumplimiento y, en esa virtud, el presente juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que tal acto podrá ser sujeto del juicio constitucional a partir de que se dicte una nueva resolución en la que se resuelva en definitiva sobre la ratificación o no del quejoso en el cargo de Magistrado; de ahí que, resulte jurídicamente válido afirmar que el requerimiento combatido, constituye un acto que resuelve una cuestión de trámite para que en su momento se emita una resolución definitiva contra la cual procederá el juicio de amparo, luego se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en la que el Juez de Distrito se basó para sobreseer en el juicio de amparo.

"Conclusión que, como ya se dijo, se estima correcta porque al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes de jurisprudencia, estableció el criterio relativo a que el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, determina expresamente la improcedencia del juicio de garantías contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de ellas; esta causa de improcedencia opera, cuando un acto de autoridad obedece totalmente al cumplimiento de una resolución proveniente de un juicio de amparo, y conduce a la improcedencia del juicio. Así, cuando la sentencia de amparo otorga al quejoso la protección de la Justicia de la Unión, en contra de un acto de naturaleza positiva, en virtud de que la autoridad responsable no respetó la garantía de fundamentación y motivación, el alcance de esa sentencia, conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo, es el de restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación.

"Lo cual se logra lisa y llanamente con la destrucción del acto reclamado, sin que se pueda derivar de tal sentencia el efecto de obligar a la autoridad responsable a que emita otro acto respetando la referida garantía constitucional, pues incluso el Juez Federal en ese sentido fue enfático al referir que la autoridad no se encontraba impedida para emitir un nuevo acto, cuya violación motivó la mencionada protección, siempre y cuando purgara los vicios formales puntualizados en la sentencia, ya que estimar lo contrario tal efecto iría más allá del citado restablecimiento, pero en contraposición a lo manifestado por el recurrente, como se dijo, tampoco se le puede impedir que dicte otro, purgando el vicio de forma del anterior, es decir, el Juez de amparo puede señalar en la ejecutoria en cuestión, entre otros alcances, el de condicionar la emisión de otro acto de las mismas características que el reclamado, a que se respete la citada garantía de fundamentación y motivación, lo cual según se vio en párrafos precedentes, así se estableció en la ejecutoria a la que nos hemos venido refiriendo, cuando se fijaron los efectos y alcances de la protección constitucional.

"Por tanto, resulta acertado que el Juez Federal, para normar su criterio, invocara como precedente la improcedencia en revisión administrativa 26/2006, sesionada el dieciséis de febrero de dos mil seis, por este Tribunal Colegiado, en virtud de que como se explicó con antelación el caso resuelto en el citado asunto, es análogo al que nos ocupa.

"Apoya lo considerado en lo que interesa la jurisprudencia 261, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 175, que dice:

"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, AMPARO EN CASO DE LA GARANTÍA DE.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"También a manera ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 79/2000, visible en la página 95, Tomo XII, septiembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:

"‘INCONFORMIDAD. LA SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO OBLIGA A DICTAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN, A MENOS QUE SE TRATE DEL DERECHO DE PETICIÓN O DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO O JUICIO.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"Por último, se dice que son infundados los agravios en los que el Juez de Distrito considera que el acto que se reclama del gobernador constitucional, podrá ser sujeto del juicio constitucional a partir de que se dicte una nueva resolución en lo relativo a la ratificación o no del quejoso en el cargo indicado, lo que resulta contrario a la tesis de jurisprudencia número P./J. 98/2000, cuyo rubro es: ‘MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA DE AMPARO EN CONTRA DEL PROCEDIMIENTO DE SU DESIGNACIÓN Y SUSTITUCIÓN.’, conforme al cual, la demanda de amparo en contra del procedimiento de designación o sustitución, es procedente contra de todo el procedimiento y puede promoverse con motivo del primer acto, relativo al nombramiento de Magistrados.

"Que en términos de la anterior jurisprudencia el amparo es oportuno si se promueve contra el primer acto, relativo al nombramiento de Magistrados, señalándose como acto reclamado todo el procedimiento que tendrá el carácter de inminente; contra el acto final por el que se produce la remoción, señalándose el procedimiento como sustento de la afectación final completa y, en contra de los demás actos que se vayan produciendo y que por sí solos producirán la afectación parcial correspondiente, si resulta desfavorable al Magistrado, al no ser tomado en consideración para continuar en su función.

"Que la consecuencia al constituir el oficio OG/129/2005 que se reclama al inicio del procedimiento administrativo, que ha de concluir con su ratificación o no en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el amparo que se promueve resulta procedente, al resultar afectado con su emisión, especialmente porque se violan en su perjuicio las garantías judiciales contenidas en el artículo 116, fracción III, de la Constitución General de la República, y las individuales, como se expone en la demanda de la protección constitucional, lo que hace que el juicio de amparo contrario a lo sostenido por el Juez sí resulte procedente.

"Asimismo, del oficio reclamado se advierte que no se pretende cumplir un fallo constitucional, que además ya ha sido satisfecho, porque se dejó sin efecto tanto el dictamen de evaluación, por el que el gobernador del Estado decidió no ratificarlo en su cargo de Magistrado, como el decreto que lo aprobó, se le ha reconocido el cargo de Magistrado del que fue privado y reinstalado en el mismo, y se le pagaron los salarios que dejó de percibir, ni constituye una consecuencia inmediata y directa, sino que con él se da inicio a un nuevo procedimiento que concluirá con la emisión del decreto del Congreso del Estado, que apruebe o no el dictamen que al efecto emita el gobernador del Estado, en el que se determine ratificarlo o no en el cargo de Magistrado, en consecuencia, al causarle el oficio reclamado una afectación parcial a su derecho elevado a garantía judicial de seguridad o estabilidad en el ejercicio del cargo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia, citada en el amparo indirecto, sí resulta procedente.

"Lo anterior es así porque la obligatoriedad que el artículo 192 de la Ley de Amparo dispone en la aplicación de la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está supeditada a que en el caso concreto sea procedente su aplicación; en el caso a estudio, esa hipótesis no se presenta, por las razones siguientes:

"Es cierto que de la jurisprudencia número P./J. 98/2000, de rubro: ‘MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA, OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA DE AMPARO EN CONTRA DEL PROCEDIMIENTO DE SU DESIGNACIÓN Y SUSTITUCIÓN.’ invocada por el recurrente, puede derivarse que tratándose del procedimiento complejo de designación o ratificación de Magistrados, compuesto de los diversos actos en que participan autoridades de los tres poderes integrantes del gobierno del Estado, el amparo procede respecto de todo el procedimiento y puede promoverse con motivo del primer acto, relativo al dictamen de evaluación donde se determina la no ratificación de Magistrados y se envía al Congreso del Estado para su aprobación, al producir afectaciones parciales y que en unión de todos los actos del procedimiento producirá la afectación total, aunque por sí solo es meramente consecuencia de los anteriores.

"No obstante, en el presente asunto, el oficio reclamado se emitió en cumplimiento del fallo protector dictado en un anterior juicio de amparo 342/2005 acumulado al 320/2005, promovido por el mismo quejoso José Luis Bello Muñoz, por lo que se trata de un acto dictado como mero trámite para cumplir con la garantía violada, es decir, el oficio reclamado constituye el inicio de un ‘procedimiento en forma de juicio’, expresión interpretada de manera amplia como el procedimiento en que las autoridades responsables gobernador y Congreso del Estado de Guerrero, preparan frente al particular, su resolución definitiva que apruebe o desapruebe la ratificación o no del quejoso en el cargo de Magistrado supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se insiste, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de fundamentación y motivación; razón por la cual, en el caso concreto, no tiene aplicación la jurisprudencia invocada por el recurrente.

"Sirve de apoyo a lo considerado, en lo conducente, la jurisprudencia número 2a./J. 22/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 196 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, que dice:

"‘PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"Asimismo, tiene aplicación, por igualdad de razón, la tesis número 2a. XCI/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20388-a758e52b/improcedencia-del-juicio-de-amparo-derivada-del-cumplimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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