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Modo: Corpus Pro

SALARIOS CAÍDOS POR DESPIDO INJUSTIFICADO. DISTINTAS HIPÓTESIS PARA DETERMINAR EL PERIODO QUE COMPRENDEN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 444/2007. · Registro digital (IUS): 20426
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MAGDALENA GARCÍA CANTÚ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, , Pág. 3075.

AMPARO DIRECTO 444/2007. MAGDALENA GARCÍA CANTÚ.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Los conceptos de violación son inoperantes, inatendibles e infundados.

En el caso a estudio, Daniel Díaz Briones, Onésimo Carranza Tovar, Francisco Javier Tovar Hernández, Rito Hernández Luna, Gilberto Tovar Hernández y Enrique Tovar Hernández, demandaron en la vía laboral a Magdalena García Cantú y María Patricia Ortiz Llaguno, reclamándoles el pago de indemnización constitucional, salarios caídos y diversas prestaciones accesorias. Como hechos señalaron, en síntesis, que iniciaron a laborar indistintamente para las demandadas el veinte de febrero de dos mil, desempeñando el puesto de oficiales albañiles, con un salario de $475.00 (cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) diarios, y una jornada de labores de 8:00 a 18:00 horas de lunes a sábado, por lo que reclamaron el pago de tiempo extra comprendido de las 16:00 a las 18:00 horas, así como de la media hora para tomar alimentos. Además, afirmaron que fueron despedidos el día cinco de julio de dos mil dos a las 8:00 horas, por las demandadas Magdalena García Cantú y María Patricia Ortiz Llaguno (fojas 1 y 126).

Por acuerdo dictado el once de marzo del año dos mil cuatro, la responsable ordenó el archivo del expediente respecto de la codemandada María Patricia Ortiz Llaguno, como asunto total y definitivamente concluido, argumentando que la parte actora no cumplió con el requerimiento de justificar el domicilio de aquélla (foja 121).

Posteriormente, al dar contestación a la reclamación laboral el apoderado de la demandada Magdalena García Cantú negó categóricamente la existencia del vínculo laboral con los actores Onésimo Carranza Tovar y Gilberto Tovar Hernández (foja 130).

Por lo que respecta a Daniel Díaz Briones, Francisco Javier Tovar Hernández, Rito Hernández Luna y Enrique Tovar Hernández, la citada demandada admitió la existencia del nexo laboral, así como el salario y el puesto desempeñado, pero controvirtió la fecha de ingreso y la jornada de labores, pues señaló que el primero ingresó a laborar el doce de enero del dos mil uno, y que los últimos tres el veinte de febrero del mismo año, teniendo todos una jornada de labores comprendida de lunes a sábado de las 8:00 a las 16:00 horas, con media hora para ingerir sus alimentos fuera de la empresa. Además, señaló que era improcedente el pago de diversas prestaciones accesorias reclamadas por los actores, argumentando que éstos únicamente trabajaron y generaron salario con la demandada el día que ingresaron a laborar. Por otra parte, negó el despido alegado por dichos accionantes y les ofreció el trabajo en los términos y condiciones en que dijo lo venían desarrollando. Finalmente, opuso la excepción de oscuridad, vaguedad e imprecisión de la demanda (fojas 130 a 132).

Seguido por sus demás trámites legales el procedimiento laboral de origen, con fecha nueve de febrero de dos mil cinco la Junta pronunció un primer laudo en el que consideró que la demandada sí justificó la antigüedad de los actores Daniel Díaz Briones, Francisco Javier Tovar Hernández, Rito Hernández Luna y Enrique Tovar Hernández; que el ofrecimiento de trabajo a estos últimos fue hecho de buena fe, por lo que arrojó la carga de la prueba a los accionantes a fin de que justificaran el despido alegado, y concluyó que no lo hicieron, por lo que condenó a la demandada a reinstalarlos y la absolvió del pago de salarios caídos. Por otro lado, la condenó a cubrirles los conceptos de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, séptimos días y días festivos; la absolvió del pago de la prima de antigüedad, media hora, tiempo extraordinario, salarios retenidos y fondo de ahorro, y le ordenó entregarles los comprobantes de pago de aportaciones al SAR, Afore e Infonavit. Además, absolvió a la demandada de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por los diversos actores Onésimo Carranza Tovar y Gilberto Tovar Hernández, pues concluyó que éstos no demostraron el nexo laboral negado por aquélla (fojas 163 a 172).

Inconforme con el citado laudo, la parte actora promovió juicio de amparo directo, radicado en este tribunal con el número 499/2005, resuelto el veintiséis de octubre de dos mil cinco, en el que se concedió la protección federal solicitada, en los siguientes términos:

"... para el efecto de que la Junta responsable deje legalmente insubsistente el laudo reclamado y reponga el procedimiento, requiriendo a la parte actora a fin de que dentro del término de tres días aclare su demanda, precisando el reclamo de salarios retenidos, en términos de lo dispuesto en los artículos 873 y 685 de la misma ley; para que se pronuncie de nueva cuenta respecto de la prueba documental en vía de informe ofrecida por el apoderado de los accionantes, motivando su determinación al respecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 constitucional; y para que formule de nueva cuenta a Magdalena García Cantú las preguntas del interrogatorio libre que fueron calificadas de legales al desahogarse la confesional a su cargo, debiendo apercibirla en el sentido de que, en caso de negarse a responder a dichas preguntas o hacerlo en forma evasiva, se le declarará confesa con fundamento en lo dispuesto en el artículo 790, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo. ..." (fojas 253 a 277).

Simultáneamente la parte demandada promovió también juicio de garantías, al cual correspondió el número 498/2005, relacionado con el amparo a que alude el párrafo anterior, concediéndose igualmente la protección federal solicitada, estableciéndose en la parte final de la ejecutoria, en lo conducente:

"... En las relacionadas consideraciones, procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Junta responsable deje legalmente insubsistente el laudo reclamado y reponga el procedimiento únicamente para que formule de nueva cuenta a Daniel Díaz Briones y Francisco Javier Tovar Hernández las preguntas del interrogatorio libre que fueron calificadas de legales al desahogarse la confesional a su cargo, debiendo apercibirlos en el sentido de que, en caso de negarse a responder a dichas preguntas o hacerlo en forma evasiva, se les declarará confesos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 790, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo ..." (fojas 215 a 239).

Una vez que el tribunal de origen dio cumplimiento a las dos ejecutorias de amparo a que se ha hecho alusión, con fecha quince de marzo de dos mil seis dictó un segundo laudo en el que absolvió a la demandada de pagar a los actores Onésimo Carranza Tovar y Gilberto Tovar Hernández, todos y cada uno de los conceptos reclamados por no justificar éstos el nexo laboral; le ordenó reinstalar a Daniel Díaz Briones, Rito Hernández Luna, Francisco Javier Tovar Hernández y a Enrique Tovar Hernández, así como entregar a estos últimos los comprobantes de pago de las aportaciones al SAR, Afore e Infonavit; la condenó a cubrirles vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, séptimos días y días festivos; y la absolvió del pago de indemnización constitucional, salarios caídos, prima de antigüedad, media hora, tiempo extra, salarios retenidos y fondo de ahorro (fojas 340 a 350).

Nuevamente inconformes, las partes promovieron sendos juicios de amparo directo contra este segundo laudo, radicándose el de los actores con el número 719/2006, y el de la demandada con el diverso 720/2006, ambos resueltos el veintinueve de noviembre de dos mil seis.

A los accionantes se les concedió la protección federal solicitada para los siguientes efectos:

"... resulta procedente conceder la protección federal solicitada por los quejosos Daniel Díaz Briones, Francisco Javier Tovar Hernández, Enrique Tovar Hernández y Rito Hernández Luna, para el efecto de que la responsable deje legalmente insubsistente el laudo reclamado y en su lugar dicte otro en el que: a) determine que el ofrecimiento del empleo fue hecho de mala fe y arroje a la parte demandante la carga de la prueba sobre la inexistencia del despido; y, b) emita condena del pago de vacaciones, prima vacacional, séptimos días y días festivos, tomando como base el salario diario de $475.00 (cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) ..." (fojas 372 a 401).

A la demandada también se le concedió el amparo, señalándose al final de la sentencia constitucional correspondiente:

"... En las relacionadas consideraciones, al advertirse violación a las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, procede conceder la protección federal solicitada a la quejosa Magdalena García Cantú, para el efecto de que la responsable deje legalmente insubsistente el laudo reclamado, y en su lugar dicte otro en el que analice las prestaciones relativas a vacaciones, prima vacacional, séptimos días, días festivos y entrega de las constancias de aportaciones al SAR e Infonavit, tomando en consideración que Enrique Tovar Hernández fue declarado confeso el catorce de julio de dos mil cuatro, ante su incomparecencia, al tenor de las posiciones que le fueron formuladas mediante escrito glosado a folios 143 y 144 de los autos ..." (fojas 445 a 475).

Finalmente, en cumplimiento a lo resuelto en los juicios de garantías de mérito, la responsable emitió un tercer laudo, de fecha veintitrés de enero de dos mil siete, en el que, en lo que aquí interesa, consideró que el ofrecimiento de trabajo realizado por la demandada a los actores Daniel Díaz Briones, Francisco Javier Tovar Hernández, Rito Hernández Luna y Enrique Tovar Hernández fue de mala fe, por lo que arrojó a la parte patronal la carga de la prueba de justificar en autos la inexistencia del despido, lo que a juicio de la Junta sí demostró respecto de Enrique Tovar Hernández, al beneficiarle la confesión ficta de este último, por lo que la absolvió de pagarle los salarios caídos reclamados; y en cuanto a los otros tres actores concluyó la responsable que la parte patronal no acreditó la mencionada inexistencia del despido, por lo que la condenó al pago de salarios vencidos desde el cinco de julio de dos mil dos (fecha en que los accionantes se dijeron despedidos) hasta el día en que se señalara fecha y hora para la reinstalación (fojas 494 a 505).

En contra de este último laudo la demandada promovió el presente juicio de garantías.

En una parte de sus conceptos de violación alega la quejosa que el laudo reclamado es violatorio de garantías, ya que la responsable se limitó a concluir que el ofrecimiento de trabajo era de mala fe, sin hacer mención a algún ordenamiento legal que le sirviera como fundamento; que el tribunal de origen debe analizar los hechos en conciencia para pronunciar los laudos a verdad sabida y buena fe guardada, por lo que no debe limitarse a imponer cargas probatorias, sino que también debe analizar la conducta de las partes, lo que afirma no hizo la Junta, pues dice que de haberlo hecho habría concluido que la parte actora sólo aceptó la oferta de trabajo como una estrategia jurídica, sin el ánimo de continuar con el nexo de trabajo; que con dicha conducta dolosa los accionantes evitaron acreditar el supuesto despido que argumentaron, y que por ello la "aparente mala fe" de la parte patronal debe revertirse; y que si bien no se decretó en perjuicio de los actores la sanción a que alude el artículo 948 de la Ley Federal del Trabajo (dar por terminada la relación laboral por no presentarse el diecinueve de diciembre de dos mil seis para reinstalarlos), ello no es óbice para considerar que dicha incomparecencia no pueda "eximirle de la aparente mala fe" respecto del ofrecimiento de trabajo, pues sostiene que la conducta de los demandantes influye para revertir la presunción de la mala fe en el ofrecimiento del empleo.

Resultan inoperantes los citados argumentos, pues como se dijo, el veintinueve de noviembre de dos mil seis, al resolver el juicio de amparo directo número 719/2006, promovido por la parte actora en contra del segundo laudo dictado en el juicio laboral de origen, este tribunal concedió la protección federal solicitada para el efecto de que la Junta responsable dejara insubsistente dicho laudo, y en su lugar pronunciara otro en el que determinara que el ofrecimiento de trabajo hecho por la parte demandada era de mala fe, ordenándosele, asimismo, arrojar a la demandada la carga de la prueba sobre la inexistencia del despido.

En efecto, al resolver el citado juicio de garantías se estableció en la ejecutoria correspondiente:

"... Por otro lado, es fundado el concepto de violación en aquella parte en que alegan los quejosos Rito Hernández Luna, Enrique Tovar Hernández y Francisco Javier Tovar Hernández, que la responsable no estudió que existen informes por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social que revelan que la demandada Magdalena García Cantú los dio de baja el doce de julio de dos mil uno, y a Daniel Díaz Briones el seis de agosto de dicho año, y con base en ello debió calificar la oferta del empleo.

"En efecto, como ya se dijo, los actores Enrique Hernández Tovar, Rito Hernández Luna, Francisco Javier Tovar Hernández y Daniel Díaz Briones precisaron que fueron despedidos el día cinco de julio de dos mil dos (folio 1).

"La demandada Magdalena García Cantú, quien aceptó el vínculo laboral, adujo que los actores de referencia sólo laboraron el día que ingresaron a trabajar, esto es, el veinte de febrero de dos mil uno, Rito Hernández Luna, Enrique Tovar Hernández, Francisco Javier Tovar Hernández, y el doce de enero de dicho año Daniel Díaz Briones; además, negó el despido y ofreció el empleo a los actores (páginas 130 y 131). El veinticuatro de junio de de dos mil cuatro, los accionantes de mérito aceptaron la oferta hecha por la demandada (folio 133).

"La Junta al emitir el laudo impugnado, en primer término, estimó que la persona física demandada Magdalena García Cantú, demostró la fecha de ingreso controvertida con el aviso de inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y la prueba de inspección. Posteriormente, sobre el tema que nos atañe, calificó de buena fe el ofrecimiento del empleo al considerar que la demandada acreditó las condiciones de trabajo que afirmó, al expresar:

"‘... la demandada de mérito, en audiencia celebrada en fecha veinticuatro de junio de dos mil cuatro, relativa a la etapa de demanda y excepciones, ofrece el trabajo a los demandantes, el cual es aceptado, lo que se traduce en un acuerdo de voluntades, a lo que esta autoridad considera entrar al estudio del ofrecimiento del trabajo para determinar si es ofrecido de buena o mala fe. Hecho lo anterior, se aprecia que la demandada de mérito niega el despido y ofrece el trabajo a los actores con el puesto de oficial albañil y con un salario de $300.00 pesos diarios; asimismo, se ofrece la reincorporación a los actores con una jornada circunscrita a la legal y comprendida de lunes a sábado de las 8:00 a las 16:00 horas, con media hora para ingerir sus alimentos, por tal motivo y al ser ofrecido en las condiciones estipuladas, encontrándose ajustado a la legal, en consecuencia, el ofrecimiento de trabajo es de buena fe, lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia que establece: «DESPIDO, NEGATIVA DEL, Y OFRECIMIENTO DEL TRABAJO CON LA JORNADA LEGAL. NO IMPLICA MALA FE.». Consecuentemente, es el caso de ordenar a la demandada Magdalena García Cantú a reinstalar a los actores Daniel Díaz Briones, Rito Hernández Luna, Francisco Javier Tovar Hernández y a Enrique Tovar Hernández, con el puesto de oficial albañil y con un salario de $300.00 pesos diarios; asimismo, se ofrece la reincorporación a los actores con una jornada circunscrita a la legal y comprendida de lunes a sábado de las 8:00 a las 16:00 horas, con media hora para ingerir sus alimentos. Así las cosas, y ante tal circunstancia, siendo que la demandada de referencia niega el despido y ofrece el trabajo en los términos ya indicados, hace que nazca la presunción de buena fe y de no ser cierto el despido, por lo que si los trabajadores insisten en que lo hubo, a ellos les corresponde acreditar en autos el extremo de sus afirmaciones ...’ (fojas 343 y 344).

"La determinación de la responsable es ilegal al calificar de buena fe el ofrecimiento del empleo, porque omitió considerar: a) que la demandada al dar contestación a su demanda adujo que los accionantes de referencia únicamente laboraron el día que ingresaron a trabajar; b) que ofreció el empleo sin el derecho de la seguridad social; y, c) que de la prueba de informe ofrecida por la parte demandante, desahogada vía inspección, se demostró que los demandantes fueron dados de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

"En efecto, la susodicha prueba fue admitida dentro de la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el nueve de enero de dos mil seis (foja 302), y en aras de la celeridad procesal se autorizó al actuario adscrito a fin de que se le proporcionara el informe correspondiente, ya sea en forma verbal o por escrito.

"Fue desahogada según constancia actuarial que obra a foja 306 de los autos, el diecisiete de enero de dos mil seis, de la que se evidencia que la demandada dio de baja a los ahora quejosos Rito Hernández Luna, Enrique Tovar Hernández y Francisco Javier Tovar Hernández, el doce de julio de dos mil uno, respectivamente, y a Daniel Díaz Briones el seis de agosto de ese mismo año. Lo cual aconteció antes de la fecha en que se dijeron despedidos, cinco de julio de dos mil dos.

"De tal suerte que si se ofreció el empleo el veinticuatro de junio de dos mil cuatro, y antes el patrón ya los había dado de baja, lleva a la convicción de que no tenía la intención real de continuar con la relación laboral, tomando en cuenta que los avisos de baja de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social constituyen la comunicación que hace el patrón al citado instituto de que éstos han dejado de pertenecer al régimen de seguridad social, lo que trae como consecuencia el cese de los servicios de la seguridad social que tutela el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política Federal. Baja que se advierte de la prueba de inspección realizada por el fedatario adscrito a la responsable practicada el diecisiete de enero de dos mil seis, la cual aparece a folio 306 del expediente laboral, que a la letra dice: ...

"Por ello, no puede considerarse recto el proceder del patrón, pues mientras ofrecía el trabajo negando el despido y afirmando que la relación de trabajo subsistía, se acreditó en autos que los accionantes no sólo laboraron el día que iniciaron a laborar, como se excepcionó la demandada, puesto que en el acta circunstanciada el fedatario adscrito a la responsable dio fe de que efectivamente los accionantes iniciaron a laborar en la fecha que indicó la persona física demandada; empero, también se justificó que no sólo ese día trabajaron para la demandada, puesto que fueron dados de baja por el referido patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social el día doce de julio de dos mil uno, Francisco Javier Tovar Hernández, Enrique Tovar Hernández y Rito Hernández Luna, y el seis de agosto de dicho año Daniel Díaz Briones, fecha anterior a la oferta del empleo, en donde la ahora tercero perjudicada sólo hace el susodicho ofrecimiento en los mismos términos y condiciones, pero sin precisar que lo hacía con los beneficios de los servicios de la seguridad social, restringiendo así el derecho de los accionantes a la salud, a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y a los servicios sociales necesarios para su bienestar individual, siendo ilógico que haya buena fe cuando ya a la fecha de la celebración de la audiencia en que se propuso el empleo, celebrada el veinticuatro de junio de dos mil cuatro, los había dado de baja ante el referido instituto, sin que lo haya ofertado con ese derecho tutelado constitucionalmente. Así las cosas, al no haber tenido en cuenta esta conducta, relevante en la oferta, la Junta obró con infracción al principio de congruencia estatuido en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo.

"Apoya esta consideración la tesis 2a./J. 122/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, página 429, que reza:

"‘OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. LA BAJA DEL TRABAJADOR EN EL SEGURO SOCIAL POR DESPIDO, EN FECHA PREVIA AL JUICIO LABORAL EN EL QUE EL PATRÓN LE OFRECE REINTEGRARSE A SUS LABORES, IMPLICA MALA FE.’ (se transcribe) ...

"También es aplicable la tesis 2a./J. 19/2006, de la citada Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 296, del tenor literal siguiente:

"‘OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. EL AVISO DE BAJA DEL TRABAJADOR ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN FECHA PREVIA A AQUELLA EN QUE EL PATRÓN LE OFRECE REINTEGRARSE A SUS LABORES EN EL JUICIO RELATIVO, SIN ESPECIFICAR LA CAUSA QUE LA ORIGINÓ, IMPLICA MALA FE.’ (se transcribe) ...

"Finalmente, resulta procedente conceder la protección federal solicitada por los quejosos Daniel Díaz Briones, Francisco Javier Tovar Hernández, Enrique Tovar Hernández y Rito Hernández Luna, para el efecto de que la responsable deje legalmente insubsistente el laudo reclamado, y en su lugar dicte otro en el que: a) determine que el ofrecimiento del empleo fue hecho de mala fe y arroje a la parte demandante la carga de la prueba sobre la inexistencia del despido; y, b) emita condena al pago de vacaciones, prima vacacional, séptimos días y días festivos, tomando como base el salario diario de $475.00 (cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) ..." (fojas 392 a 400).

Por tanto, resulta evidente que al concluir que el ofrecimiento de trabajo fue hecho de mala fe, el tribunal de origen no actuó con jurisdicción propia, sino en cumplimiento de la mencionada ejecutoria de amparo, lo que hace que los argumentos de la quejosa, en los que asegura que la determinación de la mala fe en dicha propuesta es infundada, y que debió "revertirse la supuesta mala fe", resulten inoperantes por alegar cuestiones que ya fueron determinadas, y que por ello no pueden examinarse de nueva cuenta en otro juicio de garantías.

Se comparte, al respecto, el criterio sostenido por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en la tesis de jurisprudencia 755, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 630, que de manera textual dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON LOS QUE ATACAN LAS CONSIDERACIONES EMITIDAS EN CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA ANTERIOR. Si las consideraciones de un laudo y la consiguiente decisión, en relación con uno de los puntos sobre los que versa el negocio respectivo, no fueron emitidas por la responsable con jurisdicción propia sino en cumplimiento de una ejecutoria de amparo anterior, las mismas no pueden ser objeto de estudio en un nuevo juicio de garantías, por lo que deben declararse inoperantes los conceptos de violación que respecto de aquel punto se hagan valer."

Por otro lado, sostiene la parte inconforme que el laudo reclamado es violatorio de garantías por falta de fundamentación y motivación, pues dice que la Junta se limita a determinar que existe mala fe por el contenido de una documental en vía de informe, que dice no fue legalmente calificada ni desahogada conforme a derecho, por lo que no puede afirmarse demostrado el evento que la Junta da por probado (baja de los actores en el Instituto Mexicano del Seguro Social). Lo anterior, porque dice que la responsable no consideró si quedó o no demostrada la causa de dicha baja; que sólo cuando la baja es por despido puede tenerse por demostrado el presupuesto a que alude el laudo; que en ningún momento, al fincarse la litis, se habló de la baja de los trabajadores en el citado instituto, por lo que no debió calificarse de legal ninguna prueba relacionada con ese evento, al no estar la demandada en posibilidades de excepcionarse al respecto, ni de objetar dicha probanza por no aludirse a la misma en el escrito inicial de demanda con el que se le notificó; que en todo caso, dicha probanza debió considerarse como superveniente y dársele la legal intervención; que la citada prueba debió desestimarse; que la parte actora ofreció la prueba como documental en vía de informe, y que no obstante ello la Junta la diligenció como inspección, y que antes del desahogo se le debió dar vista; que los datos contenidos en la diligencia levantada por el actuario en la inspección no coinciden con los señalados en el informe que remitió el Instituto Mexicano del Seguro Social; que para que la baja en la institución señalada pueda implicar mala fe es indispensable que se dé por despido; que se le debió otorgar la posibilidad de demostrar que la baja se debió a un motivo diverso; que los empleados no quedan en estado de indefensión al dárseles de baja del Seguro Social; que si la misma se hubiese generado por un error administrativo, el instituto cuenta con los medios para hacerse de las cuotas omitidas y cobrar multas y recargos, sin que se genere menoscabo en los derechos de los trabajadores; que fue hasta la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas cuando la parte actora hizo valer, por primera vez, la baja del Seguro Social, por lo que dice, la quejosa, no estuvo en aptitud de investigar la existencia o inexistencia de ese hecho; que la Junta no debió pasar por alto que los actores se condujeron con falsedad, de lo que dice se demuestra ya que la baja no tuvo como motivo el despido; que la responsable al valorar la documental en vía de informe que desahogó como una inspección en el Instituto Mexicano del Seguro Social, debió resolver que la baja fue por otro motivo diverso al despido; que los supuestos empleados del instituto que participaron en el desahogo de la prueba no demostraron ser quienes argumentaron, ni estar facultados para proporcionar información, ni que la fuente de donde la obtuvieron sea digna de fe; que no existe certeza de que los actores, a la hora en que se ofreció el empleo, contaran con su debida inscripción en ese instituto; y que debe reponerse el procedimiento a fin de que se desahogue la multicitada probanza, dándole legal intervención y oportunidad de manifestar en relación con la baja aludida.

Los razonamientos anteriores son inatendibles.

Ello, porque lo que la quejosa combate en los mismos, de manera toral, es lo relativo al ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración de una prueba documental en vía de informe, desahogada como inspección en el Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto Mexicano del Seguro Social, misma que, como se advierte de la transcripción efectuada con antelación, fue tomada en consideración por este órgano colegiado al resolver el juicio de amparo directo número 719/2006, promovido por los actores en contra del segundo laudo, para concluir que el ofrecimiento de trabajo fue hecho de mala fe, por advertirse del citado medio de convicción que fueron dados de baja en el citado instituto antes de la fecha en que se ofreció el empleo.

En ese orden de ideas, si la peticionaria de garantías alega cuestiones relacionadas con el ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración de la citada probanza, resulta evidente que las mismas resultan inatendibles al haberse determinado ya por este tribunal que ese medio de convicción era apto, en la especie, para concluir que la propuesta del empleo fue hecha de mala fe.

Al respecto, se comparte el criterio sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la tesis de jurisprudencia publicada con el número 754 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 629, que literalmente dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES, CUANDO SE REFIEREN A PRUEBAS QUE YA FUERON MATERIA DE ANÁLISIS EN EJECUTORIA ANTERIOR. Si en una ejecutoria de amparo fueron analizadas las pruebas torales del juicio laboral y en ella se determinó que la Junta responsable valoró incorrectamente dichas pruebas, dando los pormenores en que indebidamente incurrió la autoridad laboral, ordenando la emisión de un nuevo laudo en los términos que ahí se precisan, los conceptos de violación que se enderecen contra ese nuevo laudo, combatiendo la incorrecta valoración de las mismas pruebas, devienen inatendibles, en virtud de que esa cuestión ya fue materia de estudio en la ejecutoria de amparo que pronunció el tribunal federal."

Por otra parte, la quejosa sostiene que la condena decretada por la Junta para que pague a los actores Daniel Díaz Briones, Francisco Javier Tovar Hernández y Rito Hernández Luna los salarios caídos, atenta contra lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales, por no estar fundada ni motivada.

Esto es infundado por lo siguiente:

De la lectura del laudo impugnado se advierte que después de concluir que el ofrecimiento de trabajo fue hecho de mala fe y que, por ende, correspondía a la parte demandada acreditar la inexistencia del despido, lo que, como se dijo, fue en acatamiento de una ejecutoria de amparo, el tribunal de origen determinó que esta última no acreditó dicho evento respecto de los actores Daniel Díaz Briones, Francisco Javier Tovar Hernández y Rito Hernández Luna, por no beneficiarle las pruebas que aportó, concluyendo que debía pagar a dichos actores los salarios caídos, sin especificar la responsable el porqué de esta última conclusión, de donde se desprende que en ese aspecto no fundó ni motivó la condena de salarios caídos.

Sin embargo, ello no es suficiente para considerar que el laudo reclamado es violatorio de garantías, pues si bien es cierto que la Junta no aludió a ningún dispositivo legal que le sirviera de base para emitirla, ni señaló los motivos particulares o causa inmediatas que tomó en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20426-9131789c/salarios-caidos-por-despido-injustificado-distintas-hipotesis-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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