FACULTAD REGLAMENTARIA DEL EJECUTIVO FEDERAL. NO ES FORZOSO QUE SE EJERZA EN UN SOLO ACTO. FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. RENTA. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 45-F, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE QUE NO SE DARÁN EFECTOS FISCALES A LA REVALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS O DEL COSTO DE LO VENDIDO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). RENTA. EL ARTÍCULO 45-F, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE QUE NO SE DARÁN EFECTOS FISCALES A LA REVALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS O DEL COSTO DE LO VENDIDO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PUES IMPIDE LA DETERMINACIÓN DE UNA UTILIDAD ACORDE A LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES DE DICHO GRAVAMEN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). RENTA. LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE REGULAN EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DENOMINADO COSTO DE LO VENDIDO, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA AL REMITIR A NORMAS REGLAMENTARIAS EN CUANTO A LA PREVISIÓN DE CIERTOS REQUISITOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). RENTA. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS HECHOS VALER EN EL SENTIDO DE QUE NO SE HAN EXPEDIDO LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS A QUE SE HACE ALUSIÓN EN LOS ARTÍCULOS 45-A, 45-F Y 45-G DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). RENTA. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES DE LA SECCIÓN III DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE REGULAN EN LO GENERAL EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO, PERMITEN REFLEJAR EL EFECTO QUE TIENEN EN DICHO CONCEPTO LOS INVENTARIOS INICIALES Y FINALES DE LOS CAUSANTES Y, EN ESA MEDIDA, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). RENTA. EL ARTÍCULO 45-C DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO AL ESTABLECER EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DE LAS PERSONAS MORALES NO COMERCIALIZADORAS, PARA DETERMINAR EL COSTO DEL EJERCICIO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005). RENTA. EL ARTÍCULO 45-G DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER LOS DIVERSOS MÉTODOS DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS, ASÍ COMO LA OBLIGACIÓN DE UTILIZAR EL ELEGIDO POR UN MÍNIMO DE CINCO EJERCICIOS, NO VIOLA LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). RENTA. EL ARTÍCULO 45-G DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER QUE LOS CONTRIBUYENTES QUE ENAJENEN MERCANCÍAS QUE SE PUEDAN IDENTIFICAR POR NÚMERO DE SERIE Y SU COSTO EXCEDA DE $50,000.00, ÚNICAMENTE DEBERÁN EMPLEAR EL MÉTODO DE COSTO IDENTIFICADO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005). RENTA. EL DIVERSO TRATAMIENTO A LOS INVENTARIOS, CUANDO SE CAMBIA LA DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO POR EL DE COMPRAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. RENTA. EL MÉTODO DE COSTO IDENTIFICADO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 45-G DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). RENTA. EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO ESTABLECIDO EN LO GENERAL EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES DE LA SECCIÓN III DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO ESTABLECE UN SUPUESTO DE DOBLE TRIBUTACIÓN VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). RENTA. EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 45-G DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER QUE LA DEDUCCIÓN QUE LLEGUE A GENERARSE CON MOTIVO DEL CAMBIO DE MÉTODO DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS DEBERÁ DISMINUIRSE DE MANERA PROPORCIONAL EN LOS CINCO EJERCICIOS SIGUIENTES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). RENTA. LAS OBLIGACIONES DE DETERMINAR EL COSTO DE LO VENDIDO, ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, ASÍ COMO A LA SECCIÓN III DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, Y DE LLEVAR UN CONTROL CONFORME AL SISTEMA DE INVENTARIOS PERPETUOS, EN SÍ MISMAS, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005).
AMPARO EN REVISIÓN 1497/2005. RESTAURANT EL SALVADOR, S.A.
MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIOS: LOURDES MARGARITA GARCÍA GALICIA, VERÓNICA NAVA RAMÍREZ, JUAN CARLOS ROA JACOBO, BERTÍN VÁZQUEZ GONZÁLEZ Y CARLOS MENA ADAME.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 47, en relación con los artículos 14 a 18, todos ellos del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de septiembre de dos mil seis; y conforme a lo previsto en el punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, emitido el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se cuestionó la constitucionalidad de un ordenamiento federal, como lo es la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de dos mil cinco, subsistiendo el problema de inconstitucionalidad planteado.
En el caso, se surte la competencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los Acuerdos Generales del Pleno de este Alto Tribunal Números 5/2007 y 6/2007, de fechas siete y diecinueve de febrero de dos mil siete, respectivamente.
SEGUNDO.-Temporalidad. El recurso de revisión en estudio se interpuso oportunamente atendiendo a las siguientes circunstancias.
La sentencia recurrida fue notificada personalmente a la parte quejosa el día dos de septiembre de dos mil cinco,(5) surtiendo efectos el día hábil siguiente, es decir, el día cinco del mismo mes y año; por lo que el término para la interposición del presente recurso de revisión corrió del día seis al veintidós de septiembre de dos mil cinco, sin incluir los días diez, once, diecisiete y dieciocho, todos ellos de septiembre del mismo año, por haber sido sábados y domingos, así como los días catorce, quince y dieciséis del mismo mes y año, por ser inhábiles; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 34, fracción II, de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Por tanto, si el recurrente interpuso su recurso de revisión el veinte de septiembre de dos mil seis, según se advierte del sello fechador estampado en el mismo, es evidente que lo hizo oportunamente.
TERCERO.-Cuestiones que deben quedar firmes. Debe quedar firme el sobreseimiento decretado por la a quo, mismo que fue reflejado en el punto resolutivo primero, toda vez que la consideración correspondiente del fallo no fue impugnada por la parte a la que podría perjudicar.
Sobre el particular tiene aplicación la jurisprudencia de la Tercera Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta Sala comparte, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES."(6)
CUARTO.-Corrección de la incongruencia. Previo al estudio del presente asunto, resulta procedente corregir oficiosamente la incongruencia que se advierte existe en el fallo recurrido, ello en virtud de que la coherencia de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público y, por ende, de estudio oficioso. Lo anterior encuentra fundamento en la tesis de jurisprudencia de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO."(7)
Tal como se desprende del resultando primero de esta ejecutoria, la empresa quejosa identificó como preceptos reclamados, entre otros, los artículos 45-A a 45-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según el texto establecido en el "Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo y establece los subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso."
No obstante, del análisis que se efectúa a la demanda de garantías, se aprecia que en el segundo concepto de violación, la sociedad mercantil quejosa enderezó argumentos en contra del sistema de deducción del costo de lo vendido, establecido a cargo de las personas morales que tributan en términos del régimen general del título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según se desprende del artículo 29, fracción II, de dicho ordenamiento.
En relación con lo anterior, es el caso que la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal no identificó como acto reclamado el artículo 29, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil cinco y, no obstante ello, se pronunció sobre la constitucionalidad de la obligación de dicho mecanismo de deducción, con lo cual -implícitamente- emitió una decisión sobre el mencionado numeral, misma que, asimismo, no fue recogida en el segundo punto resolutivo.
Consecuentemente, debe corregirse la incongruencia previamente identificada, de tal manera que la precisión del acto reclamado alcance también al referido artículo y fracción, según su texto en vigor a partir del primero de enero de dos mil cinco y, por ende, que la negativa del amparo -regida por el segundo resolutivo de la sentencia reclamada-, también se refiere al artículo 29, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
QUINTO.-Problemática jurídica a resolver. Corresponde a esta Sala el análisis de los agravios vertidos por la recurrente, tendentes a combatir la negativa del amparo, a fin de dilucidar si los artículos 29, fracción II, 45-A, 45-B, 45-C, 45-D, 45-E, 45-F, 45-G, 45-H y 45-I, todos ellos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil cinco, así como las fracciones IV, V, VI, VII y IX del artículo tercero del "Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo y establece los subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso", relativo a disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, son violatorios de las garantías constitucionales de las que se duele la recurrente.
Asimismo, deberán analizarse los agravios enderezados por la parte recurrente, en los que aduce que la a quo incurrió en omisiones, en relación con el estudio de los planteamientos efectuados en la demanda de garantías. De resultar fundado dicho argumento, corresponderá el estudio de los conceptos de violación omitidos por la juzgadora de primera instancia.
Bajo la mencionada línea metodológica, a continuación se procede a la síntesis de los argumentos que serán estudiados en esta instancia.
1. En primer término, debe atenderse a los planteamientos formulados por la parte quejosa a través de los conceptos de violación aducidos en la demanda de garantías.
1.1. En el primer concepto de violación, la quejosa establece que las disposiciones legales impugnadas, son violatorias del principio de proporcionalidad tributaria, ya que no permite al contribuyente efectuar la deducción correspondiente en el momento en que ocurre la erogación respectiva y, por ende, no se consideran los elementos que inciden positiva o negativamente en la base del impuesto en el momento en que se causa el gravamen, por lo que no se reconoce la capacidad contributiva real ya que -a su juicio- existe un desfase entre el momento en que efectivamente se incurre en una erogación y el momento en el que se toma la deducción -coincidente con una futura venta-.
Asimismo, la quejosa establece que no se toman en cuenta las diversas capacidades administrativas puesto que se obliga a llevar un mismo sistema de control de inventarios perpetuos y, por ende, no se reconocería la capacidad contributiva real.
De igual forma, aduce que no se le permite valuar los inventarios por métodos monetarios, sino que se obliga a usar el Boletín B-10, con lo que -adicionalmente- se violenta el principio de legalidad tributaria y, asimismo, señala que en la propia ley se obliga a acumular el efecto inflacionario de las deudas, lo cual estima inconstitucional, ya que, simultáneamente, no se le permitiría reconocer un efecto inflacionario en la deducción del costo de ventas.
De la misma forma, manifiesta que los métodos de valuación de los inventarios no reflejarán datos reales y veraces, en caso de que se adquieran mercancías a crédito o insumos de parte de proveedores personas físicas, caso en el cual no se contará con costo de lo vendido deducible. En este mismo sentido, la quejosa señala que se violenta el principio de proporcionalidad tributaria, en la medida en que se pospone la deducción de la diferencia derivada de la modificación del método de valuación de los inventarios -conforme al artículo 45-G de la Ley del Impuesto sobre la Renta-, disminuyéndose de manera proporcional en los cinco ejercicios siguientes.
Por otro lado, la impetrante de garantías insiste en que no se reconoce el efecto inflacionario en la deducción del costo de las mercancías, planteamiento éste que efectúa en relación con las adquiridas y enajenadas en el mismo ejercicio.
Asimismo, la quejosa aduce que de las fracciones IV y V del artículo tercero del decreto legislativo reclamado, se desprende que el contribuyente se encuentra frente a dos posibilidades que estima igualmente inconstitucionales: por una parte, la que dispone que dejará de deducir el costo de lo vendido del inventario existente al mes de diciembre de dos mil cuatro, considerando que lo primero que se enajena es lo primero que se había comprado antes del cambio de sistema de deducción, con lo cual se dejaría de atender a la capacidad contributiva de los causantes; y, por la otra, la consistente en deducir el costo de dicha mercancía, a cambio de acumular el mencionado inventario, con lo cual se podría generar impuesto sobre la renta adicional durante varios años, comenzando desde los pagos provisionales de enero de dos mil cinco.
Por último, en este primer concepto de violación, la quejosa señala que se ocasiona un descontrol a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones, en virtud de que no existe una regla administrativa que permita que el efecto correspondiente a los pagos provisionales de dos mil cinco se dé a partir de mayo y no desde enero, todo ello relacionado con el plazo para contar con un inventario físico al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, valuado en el sistema de primeras entradas primeras salidas.
1.2. En el segundo concepto de violación la quejosa manifiesta que se violenta el principio de equidad pues se establecen distintas condiciones para continuar deduciendo las adquisiciones respecto de las personas morales y las personas físicas con actividades empresariales, ya que a las primeras se les obliga a implementar el sistema de costo.
En esa misma tesitura, la recurrente establece que se violenta el principio aludido al no tratarse igual a los inventarios cuando se cambió la deducción del costo de ventas por el de compras -lo cual se entiende como alusión al cambio legislativo que aconteció en el año de mil novecientos ochenta y seis-, en relación con lo que ahora acontece, al reinstalarse el sistema de deducción del costo de lo vendido, en lugar del de deducción de adquisiciones.
En esta línea, la quejosa también aduce que se viola el principio constitucional señalado, en razón de que la opción de transición no le otorga el mismo tratamiento a empresas con alto índice de rotación de inventarios -a las que se otorgaría un sistema de línea recta-, frente a los que tienen un índice bajo -que cuentan con un sistema decreciente-.
Asimismo, aduce que es inequitativo que se obligue a utilizar el método de costo identificado cuando se enajenan bienes con un valor superior a $50,000.00 (cincuenta mil pesos y cero centavos, moneda nacional). Lo anterior, con base en dos planteamientos: el primero, relativo a que se excluya de dicho método a productos que pudieran identificarse con número de serie y que tengan un valor menor; y el segundo, al sostener que, si la empresa enajena bienes de importe menor, quedará imposibilitada de utilizar otro método, dado que éstos "no se pueden combinar".
De igual manera, sostiene la inequidad entre las empresas comercializadoras y las que se dediquen a otro rubro de actividades empresariales, considerando que a las primeras supuestamente aún se les permitiría la deducción de las compras, conforme al artículo 45-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siendo que -a su juicio- las demás empresas estarían obligadas a utilizar el sistema del costo de lo vendido, al no poder deducir el inventario final, con lo cual los inventarios iniciales no incrementarían el costo de ventas, según la interpretación que efectúan en relación con el artículo 45-C del mismo ordenamiento.
Inclusive, en el mismo concepto plantea que no puede deducirse el verdadero costo de ventas "... sino una cifra mutilada con los inventarios iniciales, que no se podrán deducir nunca", con lo cual se vulneraría la garantía de proporcionalidad tributaria.
Finalmente, sostiene que también se viola la garantía de equidad tributaria, en razón del trato diferenciado que se otorga en la opción del régimen de transición a los contribuyentes que contaran con mercancías de importación en su inventario al cierre del ejercicio de dos mil cuatro, al variar el momento de acumulación del inventario.
1.3. En su tercer y último concepto de violación, la quejosa manifiesta que los artículos impugnados son violatorios de la garantía de legalidad tributaria.
En ese sentido, la quejosa señala que el sistema de costo de lo vendido es violatorio del principio aludido ya que las disposiciones legales efectúan remisiones al Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta sin que en este último se hubieran publicado las normas respectivas.
Asimismo, aduce que se viola el principio en comento, en virtud de que los numerales tachados de inconstitucionales, hacen referencia a términos propios de la técnica contable y a los principios de contabilidad generalmente aceptados -como ilustraría la referencia a los sistemas de costeo y a los métodos de valuación-, siendo que con ello el contribuyente tendría que acudir a éstos, otorgándoles fuerza obligatoria a su aplicación, lo que -según la quejosa- resulta a todas luces violatorio del principio de legalidad tributaria.
En este sentido, apunta que la ley es omisa en definir muchos de los conceptos y términos utilizados en este esquema de deducción, siendo que -a su juicio- el ordenamiento reclamado no definiría el procedimiento a seguir para determinar con claridad la deducción que corresponde como costo de lo vendido.
Asimismo, por lo que hace al régimen de transición, señala la quejosa que el legislador no definió la determinación de la suma del costo promedio mensual de los inventarios de los últimos cuatro meses del ejercicio de dos mil tres, así como de dos mil cuatro.
2. En segundo lugar, se sintetizan los argumentos utilizados por la Juez de Distrito en la sentencia recurrida, en la que negó la protección constitucional.
2.1. En relación con la procedencia del juicio de garantías, la Juez a quo analiza las causales de improcedencia aducidas por las autoridades responsables -previstas por el artículo 73 de la Ley de Amparo, en sus fracciones V, VI y XVIII, esta última en relación tanto con el artículo 80, como con la fracción V del artículo 116 del mismo ordenamiento-, las cuales estima infundadas, señalando adicionalmente que no aprecia oficiosamente la actualización de alguna causal diversa.
2.2. Posteriormente, procede al estudio de los conceptos de violación enderezados por la quejosa, en el orden que se precisa a continuación:
2.2.1. En primer término, analiza el tercer concepto de violación, en el que se platea la violación a la garantía de legalidad tributaria. En relación con lo anterior, la Juez de Distrito inicia con el análisis del mencionado principio constitucional, delimitando su contenido y alcance.
Posteriormente, señala que en el Boletín C-4 de los principios de contabilidad generalmente aceptados se definen los diversos conceptos que -a juicio de la quejosa- incorporan elementos desconocidos por los causantes en relación con la deducción del costo de lo vendido, para lo cual procede al análisis de los diversos preceptos legales que regulan dicho sistema de deducción, mismos que confronta con el contenido del mencionado boletín.
Con base en lo anterior, la Juez a quo precisa que los argumentos enderezados por la quejosa resultan infundados, con base en las siguientes razones:
A) Los métodos de valuación no forman parte de los elementos esenciales del tributo, por lo que no se vulnera el principio de legalidad tributaria con la reglamentación de los mismos, impugnados como inconstitucionales. Apoya dicha consideración mediante la cita de la tesis de jurisprudencia número P./J. 113/99, de rubro: "ACTIVO DE LAS EMPRESAS. EL MÉTODO DE VALUACIÓN ESTABLECIDO EN LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO NO FORMA PARTE DE LA BASE.", así como la tesis aislada P. LXI/91, de rubro: "ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. LA LEY RELATIVA NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN, POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE AL HABERSE DEROGADO EL ARTÍCULO 58 BIS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA NO APAREZCAN EN UN ORDENAMIENTO LEGAL LAS DIRECTRICES QUE HAN DE OBSERVAR LOS MÉTODOS DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS."
Por esa misma circunstancia -concluye la juzgadora federal-, no se viola el principio aludido al determinar el método de valuación de primeras entradas primeras salidas para el inventario existente al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro.
B) Asimismo, la Juez a quo, establece que conceptos como "costeo absorbente", así como la determinación de la suma del costo promedio mensual de los inventarios -contenidos en los boletines relacionados con los principios de contabilidad generalmente aceptados-, si bien no son publicados en ningún medio de comunicación oficial, forman parte del conocimiento genérico de esa disciplina y se encuentran al alcance de los gobernados.
En esta misma línea, señala que la autoridad administrativa no se encuentra autorizada para definir los conceptos que rigen el sistema de deducción del costo de lo vendido, sino que únicamente puede aplicar lo que en el medio contable se conoce por los mismos; asimismo, afirma que del contenido de los artículos 45-A a 45-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, puede arribarse al procedimiento aplicable para calcular el costo de ventas.
En ese sentido, la juzgadora federal sostiene que no es función del legislador determinar el contenido y alcance de las técnicas contables, sino tomar en cuenta sus resultados para determinar la situación fiscal del contribuyente.
C) Por último, la Juez de Distrito determina que resulta inoperante el argumento de la quejosa tendente a demostrar la inconstitucionalidad de los preceptos reclamados -en relación con la remisión que se hace al Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siendo que al momento de interponerse la demanda de amparo no se habían publicado las disposiciones respectivas-, en virtud de que en dicho planteamiento no aprecia la contravención de un precepto legal con la Constitución Federal.
2.2.2. Posteriormente, la Juez de Distrito se avoca al estudio de los argumentos relacionados con la violación a la garantía de proporcionalidad tributaria, para lo cual primeramente describe dichos planteamientos y efectúa una descripción del contenido y alcance del mencionado principio constitucional.
A) En primer término, analiza el argumento en el que la quejosa plantearía la violación al principio en comento, según se desprendería de las aludidas indefiniciones del texto legal, mismas que imposibilitarían la deducción del costo de lo vendido. La juzgadora federal califica dicho argumento de infundado, puesto que la sociedad mercantil quejosa se habría basado en la violación al principio de legalidad tributaria, mismo que igualmente había sido desestimado.
B) En segundo lugar, la Juez a quo procede al estudio del planteamiento de la quejosa en el que sostiene que se viola la garantía de proporcionalidad tributaria al no permitirse la deducción de la adquisición al momento en el que se realizó, sino hasta que se realiza la venta, con lo cual no se permitiría el reconocimiento de su auténtica capacidad contributiva.
En relación con lo anterior, la Juez de Distrito manifiesta que el diferimiento de la deducción se basa en que la erogación de los gastos efectuados por la quejosa no afecta su haber patrimonial, ya que únicamente se traduce en una modificación en la configuración del activo, disminuyendo su disposición de efectivo, lo cual basa en una remisión al Boletín A-11 de los principios de contabilidad generalmente aceptados para precisar lo que se define como "activo". De esta forma -a juicio de la a quo-, no se contraviene la garantía de proporcionalidad, pues se gravan los ingresos en la medida en que éstos representan una renta o incremento en el haber patrimonial, lo cual acontece hasta que se efectúe la venta, con lo cual también se demuestra que el tributo se calcula sobre una base real.
En esta misma línea, señala que, al diferir la deducibilidad al momento de la venta, no se condiciona la deducción a un hecho futuro incierto, dado que se trata de gastos efectuados para la consecución del fin propio de la empresa, en relación con el cual se pretende obtener una utilidad.
C) Por otra parte, en relación con el artículo tercero del decreto legislativo reclamado, la Juez de Distrito manifiesta que no resulta incongruente la medida consistente en impedir que se deduzcan los inventarios que se tenían al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, ya que dichos inventarios fueron deducidos como adquisiciones y, por ende, ya no tendrían un costo en dos mil cinco, con lo que se evidencia que existe una razón justificada para impedir la deducción en comento.
D) Asimismo -y también en relación con lo establecido por el artículo tercero del decreto legislativo-, la Juez a quo sostiene que es falso que no se puedan hacer deducibles otros gastos relacionados con los inventarios iniciales al primero de enero de dos mil cinco -lo cual ilustra con la referencia al gasto de las mercancías o productos que se encuentren en proceso de transformación-, puesto que únicamente se impide descontar lo que ya se dedujo en el ejercicio anterior bajo el sistema que regía en dos mil cuatro, es decir, la parte del costo que corresponde al valor de adquisición.
E) En apoyo a sus consideraciones, la juzgadora de primera instancia reitera lo sostenido al decidir en torno a la garantía de legalidad tributaria, señalando que, en todo caso, los métodos de valuación no forman parte de los elementos esenciales del tributo, motivo por el cual no podría vulnerarse la garantía de proporcionalidad que establece el artículo 31, fracción IV, constitucional.
F) Por último, en relación con la opción de acumulación de inventarios, regida por las fracciones IV y V del artículo tercero del decreto, la juzgadora sostiene que dicho mecanismo es una norma de beneficio para las personas morales, ya que el mismo considera de manera ficta que hubo un gasto sin que éste exista en el ejercicio por el que se tributa, es decir, concede la oportunidad de descontar los inventarios como si los hubiese adquirido en dos mil cinco y, dependiendo del índice de rotación de los inventarios, podrá hacerlo en cuatro o más ejercicios, según se ubique en los distintos rangos de la tabla respectiva, lo cual también es soportado mediante la remisión que efectúa al proceso legislativo de la norma reclamada.
En tal virtud, concluye que los argumentos esgrimidos en contra del mecanismo optativo identificado, resultan inoperantes, por encaminarse a combatir una norma de beneficio, aplicable a los contribuyentes que se colocan en su supuesto por decisión propia.
2.2.3. Por último, la Juez a quo analiza los argumentos de la quejosa relacionados con la supuesta violación al principio de equidad en materia tributaria, los cuales estima infundados por las siguientes consideraciones.
A) En relación con el trato diferenciado establecido en los artículos 45-B y 45-C de la Ley del Impuesto sobre la Renta -entre las personas morales dedicadas a actividades empresariales consistentes en la comercialización de mercancías, por un lado, y a otro tipo de actividades empresariales, por el otro-, la Juez a quo precisa que no asiste la razón a la quejosa en el planteamiento efectuado, en la medida en la que no son iguales los contribuyentes a que se refieren ambos supuestos, por lo que -en su opinión- el trato distinto por parte de la ley se encuentra debidamente justificado, siendo infundado el argumento respectivo.
B) En otro aspecto, la juzgadora de primera instancia sostiene que, en lo que toca al argumento de la quejosa que señala la existencia de un trato distinto en relación con los contribuyentes dedicados a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios, el planteamiento deviene infundado, en virtud de que las razones que justifican dicho tratamiento es diferente en el proceso legislativo correspondiente.
Así, la Juez a quo establece que de la exposición de motivos se desprende que dicha distinción se justifica, puesto que el legislador pretende incentivar la inversión en infraestructura y permitir una mayor competitividad de las empresas nacionales dedicadas a esta actividad.
C) En otro aspecto, señala que también deviene infundado lo señalado por la quejosa en relación con la supuesta inequidad entre personas morales y personas físicas dedicadas a actividades empresariales. Ello, puesto que unas y otras se encuentran obligadas en virtud de situaciones fácticas diversas y distintos regímenes de tributación, por lo que es correcto -a su juicio- el trato desigual, dado que se está en presencia de sujetos disímiles.
D) Por último, señala que deviene inoperante el argumento de la quejosa en relación con la inequidad que sostiene respecto de la opción prevista en el artículo tercero del decreto legislativo reclamado -en lo que concierne a la rotación de los inventarios, y a las diferencias que derivan de la existencia de mercancías de importación en el inventario-. Lo anterior, en virtud de que en dicha argumentación rigen las mismas razones expuestas al dar contestación a los planteamientos que se efectuaron -aludiendo violación a la garantía de proporcionalidad tributaria- en contra del régimen optativo.
3. Los razonamientos de la recurrente, encaminados a combatir la negativa del amparo, son los que se sintetizan a continuación.
3.1. Por conducto del primer agravio, la recurrente plantea argumentos tendentes a combatir las razones en que se sustentó la Juez a quo para calificar como infundados e inoperantes los argumentos de la quejosa vertidos en su tercer concepto de violación, relativo a presunta violación a la garantía de legalidad en materia tributaria.
En ese sentido, la recurrente señala que, no obstante la existencia de disposiciones reglamentarias, administrativas o de reglas técnicas relacionadas con los elementos esenciales de los impuestos, serán complementarias de lo establecido en las normas legales, siempre y cuando éstas así lo establezcan en forma clara y precisa.
Previa cita de diversos criterios jurisprudenciales que estima aplicables, la recurrente precisa que -contrario a lo sostenido por la Juez a quo-, se violenta la garantía de legalidad puesto que la remisión a los principios de contabilidad generalmente aceptados no libera al legislador de la obligación de darlos a conocer en la propia ley. Asimismo, considera que dichos principios resultan inaplicables puesto que, por una parte, no existe mandato legal alguno que establezca la obligación a los gobernados de conocer los mismos y, por otra, ni siquiera existe una mención que los conmine a recurrir a ellos.
Por otro lado, señala que no resulta aplicable al caso la tesis de rubro: "LEGALIDAD TRIBUTARIA. DICHA GARANTÍA NO EXIGE QUE EL LEGISLADOR ESTÉ OBLIGADO A DEFINIR TODOS LOS TÉRMINOS Y PALABRAS USADAS EN LA LEY.", dado que -a su juicio- los conceptos establecidos en la normatividad reclamada no se encuentran al alcance "de un lego sobre la materia"; asimismo, manifiesta que la juzgadora reconoce la falta de publicación oficial de los principios contables, de lo cual desprende que dichos aspectos técnicos no pueden surtir efectos ni generar obligaciones.
En tal virtud -sostiene- al tratarse de conceptos técnicos, no son de fácil acceso para los contribuyentes, quienes requieren de asesoría contable compleja y costosa en diversos órdenes.
Por otro lado, la recurrente manifiesta que, si bien los métodos a seguir para fijar la base del tributo no forman parte de los elementos esenciales del impuesto, lo cierto es que son un factor para determinar la base del gravamen, por lo que resulta necesaria una explicación detallada de los mismos.
Por último, en su primer agravio la recurrente señala que no puede considerarse como cierto lo que aduce la Juez de Distrito al señalar que la base del impuesto se encuentra definida de forma clara en los preceptos impugnados y con las remisiones a otros ordenamientos legales. De la misma forma, sostiene que basta un análisis de las reglas aplicables, para apreciar su complejidad, precisando que las remisiones a disposiciones reglamentarias no resuelven dicho problem
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20448-6dfe8657/facultad-reglamentaria-del-ejecutivo-federal-no-es-forzoso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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