-CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA IMPUGNAR UN ACTO CUYA PUBLICACIÓN QUEDÓ EN SUSPENSO EN VIRTUD DE QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO LOCAL EJERCIÓ SU DERECHO DE VETO, Y CONTRA ÉSTE SE PROMOVIÓ UNA DIVERSA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, INICIA AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE REALIZA LA PUBLICACIÓN OFICIAL DE AQUÉL. ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. LA REMOCIÓN DE SU TITULAR REQUIERE DEL VOTO APROBATORIO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS MIEMBROS PRESENTES DEL CONGRESO LOCAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 39/2005. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIO: FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecisiete de septiembre de dos mil siete.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el seis de junio de dos mil cinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manuel Andrade Díaz y Jaime H. Lastra Bastar, el primero en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco y el segundo como secretario de Gobierno, promovieron controversia constitucional en la que demandaron la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
"II. Poder demandado:
"El Poder Legislativo del Estado de Tabasco, con domicilio en el Edificio de la Cámara de Diputados ubicado en la calle Independencia número 303, colonia Centro, código postal 86000, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, que puede ser emplazado por conducto del diputado Javier Díaz Hernández, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política de la Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, desde el día 1 de marzo de 2005.
"III. Entidad, poderes u órganos terceros interesados:
"Tiene carácter de parte el procurador general de la República, con domicilio en Paseo de la Reforma Número 211, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Distrito Federal.
"IV. Actos cuya invalidez se demanda:
"El procedimiento inconstitucional de la aprobación del Decreto 001, llevada a cabo en sesión ordinaria del 12 de febrero de 2004, por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco LVIII Legislatura, según se desprende del acta número 13, la que se adjunta como prueba número tres.
"La aprobación y expedición del Decreto 001, de fecha 12 de febrero de 2004, por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Quincuagésima Octava Legislatura, mismo que adjunto en copia certificada, como prueba número cuatro a la presente controversia, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, número 14 de fecha 5 de junio del año que transcurre.
"Cabe señalar que la referida publicación, se realizó, atendiendo la resolución de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida en el expediente de la controversia constitucional número 52/2004, de fecha 23 de mayo del año 2005, que me fue notificada el día 2 de junio de 2005, la que presento como prueba número cinco."
SEGUNDO. La parte actora señaló como tercero interesado al procurador general de la República y narró los antecedentes que estimó pertinentes.
TERCERO. Como conceptos de invalidez, en esencia el promovente adujo los siguientes:
Primer concepto de invalidez
El Decreto 001, expedido y aprobado con fecha doce de febrero de dos mil cuatro por la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de Tabasco, violenta los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que es inconstitucional que un transitorio dé vigencia a un decreto antes de su publicación, tal como lo hace el artículo primero transitorio del decreto que se impugna al señalar lo siguiente:
"Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación."
Ello porque los artículos 72, inciso A, de la Constitución Federal y 35 de la Constitución del Estado de Tabasco, establecen la publicación como única manera para autentificar el contenido del decreto en relación con sus destinatarios (los gobernados y los órganos del Estado), al disponer que las leyes o decretos aprobados por el Congreso se enviarán al Ejecutivo, quien si no tuviere observaciones que hacer, los promulgará inmediatamente.
De esto se sigue que la regla en materia del inicio de vigencia de los decretos emanados del Poder Legislativo de un Estado, es que rijan después de su publicación.
Aunado a lo anterior, la determinación tomada por el Legislativo del Estado de Tabasco en el sentido de darle vigencia a un decreto antes de su publicación, contraviene la división de poderes que consagra el artículo 49 de la Constitución Federal, así como el diverso artículo 11 de la del Estado de Tabasco.
En efecto, al Poder Ejecutivo corresponde la publicación de los decretos que le envíe el legislativo a fin de darle publicidad y obligatoriedad hacia los gobernados y frente a los demás órganos del Estado, por lo que al pretender darle vigencia a un decreto antes de su publicación oficial, el legislativo invade inconstitucionalmente la esfera de las atribuciones del ejecutivo.
Por último, debe señalarse que de igual manera se violenta lo dispuesto en el artículo 6o. del Código Civil del Estado de Tabasco que señala:
"Artículo 6o. Vigencia de las leyes: Las leyes, decretos, reglamentos, circulares, o cualquiera otras disposiciones de observancia general, expedidas por autoridad competente, entrarán en vigor en todo el territorio del Estado, tres días después del de la fecha de su publicación en el periódico oficial, excepto en los casos en que ellas mismas se precise el día de iniciación de su vigencia, ya que de ser así, obligarán desde el expresado día, siempre que su publicación sea anterior."
Por tanto, procede declarar la inconstitucionalidad del Decreto 001 expedido el doce de febrero de dos mil cuatro por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Tabasco.
Segundo concepto de invalidez
El decreto impugnado violenta los artículos 14, 16 y 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40, párrafos séptimo, octavo y último, de la Constitución Política del Estado de Tabasco; 73, 74, 83 y 84 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, y 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del mismo Estado de Tabasco, que sistemática y coincidentemente señalan que tanto para la designación como para la remoción del fiscal superior, se requiere de una votación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, redundando el actuar de la demandada en una incorrecta fundamentación y motivación del Decreto 001.
Lo anterior porque al expedirse dicho decreto, no se siguió el procedimiento legislativo correspondiente, es decir, que dicho decreto fuera aprobado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara.
En efecto, conforme al acta de sesión pública del Pleno de fecha doce de febrero de dos mil cuatro, se encontraban presentes 34 diputados; no obstante, el decreto fue aprobado solamente por 19 votos con 14 en contra y 1 abstención, siendo que las dos terceras partes de los diputados presentes eran de 23 votos.
Consecuentemente, la aprobación del mencionado decreto se dio sin contar con la votación de las dos terceras partes de los diputados presentes, lo que importa la violación del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, fundamentalmente en sus párrafos séptimo, octavo y último, en los que se establece que el titular de la entidad de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco será designado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados y que "Podrá ser sujeto de juicio político y en su caso, removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el título séptimo de esta Constitución".
Tal trasgresión es además, una violación de carácter formal que trasciende de manera fundamental en el acto impugnado produciendo su invalidez e inconstitucionalidad.
En efecto, el Congreso del Estado no puede válidamente revocar el decreto por el que una legislatura nombró al titular del órgano superior de fiscalización mencionado; asimismo, el titular del órgano de fiscalización, una vez nombrado, sólo puede ser removido de su encargo por las causas y procedimientos establecidos tanto en el artículo 40 de la Constitución del Estado como por los artículos 83 y 84 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, según los cuales el fiscal superior podrá ser sujeto de juicio político y removido exclusivamente por las causas graves que la ley señale, que precisamente son las establecidas en el citado artículo 83.
Suponer lo contrario llevaría al absurdo de privar al fiscal superior de su cargo, despojándolo del derecho de audiencia que se encuentra expresamente establecido en la ley en concordancia con el artículo 14 de la Constitución General de la República.
Lo anterior se robustece con lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado de Tabasco, que establece que el órgano superior de fiscalización es un órgano técnico auxiliar de naturaleza desconcentrada, que tendrá autonomía funcional y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, lo que implica que no puede el nombramiento de su titular ser desconocido por un posterior decreto sin mayores requisitos, ya que ello redunda en una desatención a las garantías de legalidad y debido proceso consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues esto necesariamente afectará la independencia del titular, sobre todo, si su remoción se lleva a cabo sin reunirse la votación calificada exigida.
De lo anterior se sigue que, al no haberse reunido los requisitos en el proceso legislativo citado, referentes al Decreto Número 001, es decir la votación de las dos terceras partes de los diputados presentes, es claro que se están violando los numerales constitucionales federales invocados, en relación con lo estipulado en la Constitución Política del Estado de Tabasco, así como la ley de fiscalización del Estado.
En consecuencia, debe declararse la invalidez e inconstitucionalidad del acto impugnado, pues fue expedido sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, contraviniendo la autonomía del órgano superior de fiscalización.
Tercer concepto de invalidez
El Decreto 001 violenta lo que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, párrafos séptimo, octavo y último de la Constitución Política del Estado de Tabasco; 73, 74, 83 y 84 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, y 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, en virtud de que la legislatura carece de facultades para por sí y ante sí revocar o abrogar el decreto mediante el cual se designó al titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, ni siquiera aduciendo irregularidades en el procedimiento de designación, pues esto supondría la existencia de facultades de control de la regularidad de los actos legislativos, de las que constitucionalmente carece.
En efecto, la demandada en este juicio presenta como argumento para sustentar el acto materia de la presente controversia, la supuesta existencia de irregularidades en el procedimiento de nombramiento del titular del Órgano de Fiscalización del Estado de Tabasco, mismas que pretende no haber apreciado en su momento.
Sin embargo, lo cierto es que al no haber advertido en su oportunidad la falta de un requisito de los referidos en los numerales mencionados y nombrar al Lic. Rullán como fiscal superior del Estado de Tabasco, ello concede a favor de la parte actora y del Licenciado Rullán un derecho procesal consistente en que dicho órgano legislativo no puede ya tener por no reunidos los requisitos contenidos en los numerales en cita, pues precluyó su facultad para ese efecto.
Además, al realizar un nombramiento y después derogarlo, el Legislativo del Estado de Tabasco está revocando su propia determinación sin tener facultades para ello, lo que es conculcatorio del principio del debido proceso establecido en el artículo 14 constitucional, y consecuentemente carente de una debida fundamentación y motivación conforme al artículo 16 constitucional.
Es decir, sólo puede removerse al titular de un órgano administrativo por causas posteriores a su nombramiento, toda vez que el Congreso del Estado de Tabasco no tiene facultades para revocar sus propias determinaciones, siendo la excepción a dicha regla los casos previstos por el artículo 40 de la Constitución Estatal, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento.
Dicho en otras palabras, existen mecanismos judiciales válidos para recurrir o someter a análisis la legalidad o constitucionalidad del contenido del Decreto 291 mediante el cual fue electo el licenciado Francisco José Rullán Silva como Fiscal Superior del Estado, mismos que no fueron enderezados en su oportunidad por quienes podrían haber tenido legitimación e interés jurídico para ello, por lo que es claro que el Decreto 291 goza de una firmeza absoluta, lo cual evidencia la inconstitucionalidad del diverso Decreto 001, con el que el Poder Legislativo del Estado de Tabasco pretende revocar su propio acto sin fundamentación ni motivación razonada.
Cuarto concepto de invalidez
La aprobación del Decreto 001 entraña la violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 40 de la Constitución Política del Estado de Tabasco.
La demandada en esta controversia fundamenta la revocación del decreto por el que se designó al titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco aduciendo que lo hace en virtud de que el proceso legislativo del decreto correspondiente adoleció de diversas irregularidades que era necesario corregir.
Empero, el Congreso del Estado carece de manera absoluta de facultades para revisar la regularidad de los actos de la propia legislatura o de una legislatura anterior.
Esto significa, en primer lugar, que el Congreso del Estado no puede válidamente revocar el decreto por el que una legislatura nombró al titular del órgano superior de fiscalización mencionado y, en segundo lugar, que el titular del órgano de fiscalización, una vez nombrado, sólo puede ser removido de su encargo por las causas y procedimientos establecidos tanto en el artículo 40 de la Constitución del Estado, y su correlativo de la Constitución Política Federal, 79, fracción IV, así como por los artículos 83 y 84 de la Ley de Fiscalización del Estado de Tabasco, según los cuales el fiscal superior podrá ser sujeto de juicio político y removido exclusivamente por las causas graves que la ley señale.
Todo lo anterior significa que la legislatura carece de facultades para por sí y ante sí revocar o abrogar el decreto mediante el cual se designó al titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, ni siquiera aduciendo irregularidades en el procedimiento de designación, pues esto supondría la existencia de facultades de control de la regularidad de los actos legislativos, de las que constitucionalmente carece.
Suponiendo sin conceder, que existieran causas graves para la remoción del titular del órgano fiscalizador, solamente podrían ser materia de análisis en juicio político, atento a lo dispuesto en los numerales invocados, razón por la cual lo que procede es declarar fundado el presente concepto de invalidez.
Quinto concepto de invalidez
El Decreto 001 desatiende lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 72, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haberse expedido y aprobado por el Poder Legislativo del Estado sin las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara, contraviniendo lo que establecen el artículo 40, séptimo y décimo párrafos, de la Constitución del Estado de Tabasco y los diversos 83 y 84 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, que coincidentemente señalan que tanto para la designación como para la remoción del fiscal superior, se requiere de una votación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, todo lo cual importa, asimismo, la violación de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, que dispone que "En la reforma, adición o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación".
En efecto, dicho mandato legal no fue observado por el Poder Legislativo del Estado de Tabasco porque, como ya ha quedado señalado, al aprobarse el Decreto 001 no se obtuvo la votación de las dos terceras partes de los miembros presentes, por lo que no se cumplió el procedimiento que fue seguido por la legislatura para la aprobación del diverso Decreto Número 291.
Esto es así, porque en el acta de sesión pública de la Cámara de Diputados del doce de febrero de dos mil cuatro, se advierte que para eludir la votación de la mayoría calificada, se pretendió decir que no se trataba de la elección o remoción del titular del Órgano de Fiscalización del Estado, sino de la mera abrogación de un decreto, respecto de lo cual la ley no indica que se deba reunir una votación calificada de las dos terceras partes.
Es decir, se legisló fraudulentamente para que el decreto impugnado se sometiera a votación por mayoría simple. La consecuencia lógica de esto fue la inconstitucional e ilegal aprobación de dicho decreto, lo que provocó la violación de la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley de Fiscalización Superior del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, en consecuencia, la franca y abierta violación al artículo 16 de la Constitución Federal.
Sexto concepto de invalidez
La Legislatura del Estado de Tabasco, al emitir el Decreto 001 por el que abrogó el diverso Decreto 291, violó el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En efecto, el citado precepto constitucional señala una de las garantías más importantes que debe ser observada por todas las autoridades del país, desde luego también por los Poderes Legislativos, siendo ésta la garantía de audiencia.
En el caso concreto, la legislatura no respetó la garantía de audiencia del señor Francisco José Rullán Silva, pues nunca lo citó ni le dio vista con el procedimiento legislativo que se seguía respecto a la abrogación del Decreto 291 y que culminó con la emisión del multicitado Decreto 001, no obstante que una de las causas por la que se solicitaba la abrogación del decreto citado era que no reunía los requisitos de elegibilidad, por lo que debió habérsele oído y vencido en dicho procedimiento.
En tal razón, es claro que por la violación al citado artículo 14 constitucional, también es inconstitucional el Decreto 001 impugnado.
Séptimo concepto de invalidez
El Decreto 001 vulnera igualmente lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en virtud de que al expedirse, no se cumplió con el principio de legalidad y no se observaron los principios de fundamentación y motivación, ni de debido proceso legislativo.
Lo anterior porque los diputados integrantes de la mencionada legislatura en la parte considerativa de dicho decreto, solamente se concretaron a esgrimir una serie de apreciaciones subjetivas sin ningún fundamento legal, pues si bien señalaron diversos preceptos, los mismos no son exactamente aplicables al caso concreto.
Aunado a ello, respecto de lo argumentado en el considerando undécimo del decreto impugnado, donde se alude al conocimiento de la existencia del oficio DGP/04377/04 de fecha cuatro de febrero de dos mil cuatro, suscrito supuestamente por el licenciado José Luis Lobato Espinosa, director de autorización y registro profesional de la Dirección General de Profesiones, mediante el cual indica que la cédula profesional expedida a favor de Francisco José Rullán Silva fue expedida el veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y cinco, es necesario precisar que en dicho decreto no se dice a solicitud de quién se expidió, tampoco se dice si el mismo obra en el expediente formado con motivo de la iniciativa de derogación del Decreto 291, y tampoco se dice el nombre de la persona a quien va dirigido, presumiéndose que no va dirigido al Congreso, puesto que en la iniciativa presentada en la sesión ordinaria celebrada el tres de febrero de dos mil cuatro, no se alude a la existencia de ese oficio.
Consecuentemente, citar en el Decreto 001 la existencia de ese oficio, es contrario a los artículos 14 y 16 de la Ley Suprema del país, pues viola el proceso legislativo; lo anterior porque para que dicho oficio se pudiera allegar al procedimiento legislativo que nos ocupa, era necesario que la comisión que estaba conociendo de ese asunto emitiera de manera colegiada un acuerdo por el que solicitaba a la Dirección General de Profesiones certificación respecto de la existencia y plazo de expedición de la cédula profesional del licenciado Francisco José Rullán Silva, y una vez emitido ese acuerdo, solicitarle al presidente del Congreso que mediante oficio signado por él, se solicitara a la Dirección General de Profesiones la existencia y temporalidad de la cédula profesional de Francisco José Rullán Silva.
Sin embargo, tal procedimiento no se cumplió, por tanto, es evidente la violación al principio de legalidad y de seguridad jurídica.
En otro orden de ideas, pero relacionado también con la violación al procedimiento legislativo y por ende, a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, son de señalarse los argumentos vertidos en el considerando duodécimo del mismo Decreto 001, en los que se aprecia que dicho Congreso no tomó en cuenta que el artículo 73 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado no señala formalidad alguna para la expedición de la convocatoria para ocupar el puesto de fiscal superior del Estado; que tampoco establece alguna temporalidad para recibir propuestas de personas que tuvieran interés en participar en el procedimiento y que, además, es falso que el breve término que se concedió para la recepción de propuestas hubiese impedido la participación de personas, puesto que según consta en el propio Decreto 291, se recibieron varias propuestas, pues era un tema que se venía ventilando en los medios con anterioridad.
En consecuencia, no había motivos para abrogar el decreto en cuestión, máxime que el artículo constitucional mencionado establece que el fiscal superior debe durar en su encargo siete años y que el órgano superior de fiscalización está dotado de autonomía.
En razón de todo lo anterior, lo procedente es que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 001 expedido el doce de febrero de dos mil cuatro por la Legislatura del Estado de Tabasco.
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados son 14, 16, 72, inciso f) y 116, así como los artículos 40 y 51, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
QUINTO. Mediante proveído de siete de junio de dos mil cinco, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 39/2005 y, por razón de turno designó al señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, para que instruyera el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.
SEXTO. Mediante proveído del Ministro instructor de siete de junio de dos mil cinco, se admitió la demanda; se tuvo por presentado únicamente al gobernador constitucional, no así al secretario de Gobierno de la entidad ya que es al gobernador al que le corresponde la representación del Poder Ejecutivo del Estado y, asimismo, se señaló que no había lugar a reconocer el carácter de tercero interesado al procurador general de la República, ya que éste es parte en la tramitación de las controversias constitucionales. Igualmente se ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su contestación y se dio vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SÉPTIMO. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco dio contestación a la demanda interpuesta en la presente controversia constitucional, exponiendo sus razones para sostener la constitucionalidad del decreto impugnado, entre las que destacan las siguientes:
• Que la expedición del Decreto 001 impugnado es sólo un acto interno del Congreso del Estado, lo que implica que la Cámara de Diputados está haciendo uso de sus facultades exclusivas y discrecionales.
En ese contexto, el Poder Ejecutivo Local no puede verse agraviado en forma alguna con la vigencia del mencionado decreto.
• Aun cuando la remoción del titular del órgano de fiscalización sea tachada de irregular en cuanto al procedimiento seguido para su adopción, no corresponde al titular del Ejecutivo pedir su anulación mediante una contienda constitucional, sino que en todo caso, la legitimación para oponerse a tal circunstancia la tendría el propio interesado o, en su caso, los sujetos legalmente habilitados para impugnar tal decisión conforme a la ley correspondiente, pero no el Ejecutivo Local.
Lo anterior porque siendo el órgano superior de fiscalización parte de la estructura interna del Poder Legislativo, la ley, reglamento o decretos relacionados con su estructura interna, incluyendo sus dependencias administrativas, no pueden trascender a la esfera de las facultades del titular del Ejecutivo.
• Que los conceptos de invalidez formulados por el Ejecutivo del Estado pretenden sostener la inconstitucionalidad e ilegalidad del Decreto 001, lo cual, a la luz de lo expuesto, resulta estéril, al ser la materia del referido decreto, cuestiones que sólo competen al Legislativo y en las cuales, consecuentemente, no puede tener injerencia alguna el Ejecutivo.
• El legislador tabasqueño realmente al establecer el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, creó un órgano técnico auxiliar de naturaleza jurídica desconcentrada, es decir, una unidad administrativa técnica del Congreso Local, donde las autonomías técnicas y de gestión establecidas en el artículo 40 de la Constitución Local fueron acotadas por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, al establecer una serie de limitantes a la funcionalidad y gestión del titular de dicho órgano.
De ahí que el Ejecutivo del Estado carezca de acción para solicitar la anulación del Decreto 001, puesto que sus efectos son indiscutiblemente internos del Poder Legislativo.
• En otras palabras, la autonomía interna del órgano superior de fiscalización tiene una relación jerárquica subordinada al Congreso, por ser éste quien supervisa sus funciones administrativas, técnicas y presupuestarias, lo que equivale a sostener que por tratarse de un acto legislativo que incumbe a la vida interna del Congreso del Estado, ese acto de autoridad no puede de forma alguna causar agravio al Poder Ejecutivo, por lo que es ociosa la postura que sostiene el gobernador del Estado en la demanda que se contesta.
• Ahora, lo cierto es que la importancia del cargo de fiscal superior no fue atendida en su justa trascendencia por la premura con que se llevó a cabo el procedimiento de su designación, pues la designación del titular del órgano superior de fiscalización se realizó el mismo día en que se publicó la convocatoria.
En ese sentido, el llevar a cabo un procedimiento de designación injustificadamente de manera tan apresurada, generó notorias irregularidades y vicios que fueron puestas de manifiesto en denuncias públicas que aparecieron en diversos medios periodísticos y que sirvieron de base para la promoción de cuatro demandas de amparo incoadas en contra de la convocatoria para ocupar el citado cargo de fiscal superior.
• En esencia, los vicios derivan del hecho de que la premura en la designación del fiscal superior no permitió que se presentaran propuestas de ciudadanos para ocupar el cargo, ni mucho menos que éstas se analizaran debidamente y, asimismo, en que la persona designada no reúne los requisitos de ley, pues su cédula profesional no tiene la antigüedad mínima de diez años que se requiere para ocupar dicho cargo.
No obstante dichas irregularidades, en aquel entonces el titular del Ejecutivo no mostró la preocupación que ahora manifiesta en sus conceptos de violación; en otras palabras, consintió las inobservancias y violaciones al orden legal provocadas por la designación del fiscal superior.
• Todo lo anterior permite advertir que esta legislatura nunca ha pretendido como fin exclusivo la remoción del fiscal superior; en principio, porque pretender removerlo equivaldría a reconocer su designación, la cual es a todas luces ilegal.
En efecto, la designación del fiscal superior es injerencia exclusiva del Congreso y en esta ocasión, no ha sido la remoción lo que se ha buscado, sino la invalidez de su designación por los vicios incurridos.
• En síntesis, el procedimiento de designación del titular del órgano superior de fiscalización estuvo plagado de irregularidades, lo que motivó reacciones de molestia e inconformidad en la opinión pública, demandas de amparo y, consecuentemente, la intervención de esta legislatura para revisar tales actos. De ahí que sea procedente declarar la validez constitucional del Decreto 001 impugnado por el gobernador.
OCTAVO. El procurador general de la República formuló su opinión en el presente asunto, en el sentido de declarar fundada la presente demanda de controversia constitucional y, consecuentemente, estimar inconstitucional el Decreto 001 emitido el doce de febrero de dos mil cuatro por la Legislatura del Estado de Tabasco.
NOVENO. Agotado en sus términos el trámite respectivo, se celebró la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20465-020eb9c5/-controversia-constitucional-el-plazo-para-impugnar-un-acto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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