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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL DEL SUPUESTO DE PROCEDENCIA, COMO EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1202/2007. · Registro digital (IUS): 20523
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARCOS CASTELLANOS RODRÍGUEZ.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Noviembre de 2007, , Pág. 192.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1202/2007. MARCOS CASTELLANOS RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente juicio de amparo directo en revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de un recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo, que versa sobre la materia administrativa.

SEGUNDO.-El recurso de revisión se presentó dentro del plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que el fallo constitucional impugnado se notificó personalmente al recurrente el martes doce de junio de dos mil siete (foja 99 del juicio de amparo), actuación que surtió efectos el miércoles trece siguiente, de ahí que el plazo para interponer el presente medio de impugnación transcurrió del jueves catorce al miércoles veintisiete del mismo mes, sin contar los días dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro, por haber sido sábados y domingos; en consecuencia, si el escrito de agravios se presentó el veintiséis de junio en cita, en la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa el Sexto Circuito, es evidente que se hizo oportunamente.

TERCERO.-El presente recurso de revisión es improcedente, pues en el fallo constitucional recurrido no se decidió sobre la inconstitucionalidad de una ley, ni se realizó interpretación directa de algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 83, fracción V, de la Ley de Amparo estatuyen:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales."

"Artículo 83. Procede el recurso de revisión:

"...

"V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución.

"La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras."

De la interpretación de los artículos antes transcritos se desprende que las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados en amparo directo no admiten recurso alguno, pues son determinaciones definitivas, emitidas por un órgano terminal; sin embargo, tal regla tiene las siguientes excepciones:

1. Cuando el Tribunal Colegiado resuelva sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados; o

2. En el supuesto de que el citado tribunal establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, o

3. Cuando habiéndose planteado en la demanda de garantías los dos temas antes citados, dicho órgano jurisdiccional haya omitido su estudio.

Pero además, la procedencia del recurso, de acuerdo con el precepto constitucional transcrito, está sujeta a que en esas hipótesis se advierta, a juicio de la Suprema Corte y conforme a acuerdos generales, que la resolución que llegare a dictarse entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.

En el caso, de la demanda de garantías se advierte que el quejoso, ahora recurrente, en el tercer concepto de violación planteó la inconstitucionalidad del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, en razón de que, según consideró, vulnera las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues permite a las autoridades fiscales emitir órdenes de revisión de gabinete respecto de ejercicios fiscales ya revisados en un procedimiento de fiscalización anterior, lo que origina inseguridad jurídica a los contribuyentes, debido a que se permite a aquéllas una constante intromisión en la esfera jurídica de éstos, es decir, deja al arbitrio y discrecionalidad de la autoridad emitir cuantas órdenes de revisión crea convenientes, sin importar que los ejercicios fiscales y contribuciones a cargo del gobernado ya hayan sido objeto de revisiones anteriores.

Por su parte, el Tribunal Colegiado del conocimiento, en la sentencia recurrida, desestimó el concepto de violación reseñado en los siguientes términos:

"... Deben desestimarse los anteriores argumentos, por lo que se considera necesario realizar la transcripción del ordinal 48 del Código Fiscal de la Federación en los términos siguientes:

"(Se considera innecesario transcribirlo).

"Del contenido del ordinal anteriormente transcrito se infiere que ... (El Tribunal Colegiado parafrasea el precepto, lo que se considera innecesario transcribir).

"Sin embargo, dentro de los argumentos en los que el impetrante sostiene la inconstitucionalidad del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación transcrito y descrito, no se advierte que controvierta de manera concreta la norma jurídica señalada como reclamada en relación con el artículo 16 constitucional, pues si bien argumenta que dicha norma legal permite a las autoridades fiscales emitir órdenes de revisión de gabinete, respecto de ejercicios fiscales y contribuciones ya revisados por dichas autoridades en un procedimiento de fiscalización anterior, lo cual, origina a los contribuyentes una inseguridad jurídica puesto que, están sujetos a una constante intromisión en su esfera jurídica por parte de las autoridades fiscales, para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales ya revisadas anteriormente por éstas; por lo que dicho numeral al dejar al arbitrio y discrecionalidad de la autoridad fiscal que emita tantas cuantas órdenes de revisión de escritorio crea convenientes, sin importar que los ejercicios fiscales y contribuciones a cargo del gobernado ya hayan sido materia de revisiones anteriores, constituye un acto de molestia que se traduce en una permanente intromisión en la esfera jurídica del gobernado; lo cierto es que el numeral 48 del Código Fiscal Federal en cita no trata de tales circunstancias en sus fracciones, lo que se advierte de su contenido.

"En tal virtud se arriba a la conclusión que el impetrante no controvierte el numeral de mérito que tacha de inconstitucional mediante razonamientos directos y suficientes que traten de demostrar jurídicamente, que éste resulta contrario a la hipótesis normativa del precepto constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance.

"Consecuentemente al no colmarse tales requisitos, resultan motivos de insuficiencia que desestiman la actualización de un verdadero problema de inconstitucionalidad de la ley como infundadamente lo pretende hacer valer la impetrante.

"En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 58/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 150, Tomo X, noviembre de 1999, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDA DE AMPARO DIRECTO LA IMPUGNACIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES LEGALES PRECISA DE REQUISITOS MÍNIMOS A SATISFACER.’ (se considera innecesaria la transcripción del texto de la tesis)."

De lo anterior se advierte que el Tribunal Colegiado del conocimiento, aunque no lo haya dicho así, desestimó por inoperante el concepto de violación, en razón de que lo consideró insuficiente, ya que, según refirió dicho órgano jurisdiccional, no se controvirtió el numeral que se tildó de inconstitucional mediante razonamientos directos y suficientes que demostraran jurídicamente que éste resultaba contrario a la hipótesis normativa del precepto constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance.

Ahora bien, la anterior determinación no constituye un pronunciamiento de constitucionalidad, pues únicamente se refiere a los razonamientos jurídicos en virtud de los cuales el Tribunal Colegiado no estudió el fondo de dicha inconstitucionalidad, es decir, son argumentos por los cuales dicho órgano jurisdiccional se encontró impedido para analizar la cuestión planteada, determinación que, bien o mal, no es susceptible de ser impugnada a través de recurso alguno, pues se trata de una sentencia definitiva emitida por un órgano terminal.

Lo anterior se justifica en razón de que el recurso de revisión contra las ejecutorias dictadas en amparo directo por los Tribunales Colegiados procede de manera excepcional, esto es, únicamente cuando en ellas se realizó un pronunciamiento de constitucionalidad, en términos de las tres hipótesis antes anotadas, no así para recurrir las consideraciones por las cuales dicho órgano jurisdiccional declaró inoperantes, inatendibles o insuficientes los conceptos de violación relacionados con cuestiones de constitucionalidad; ello, porque la revisión en amparo directo no se estableció como un remedio procesal para corregir los posibles desaciertos en que hubiesen incurrido dichos órganos jurisdiccionales al emitir tales consideraciones, sino para juzgar los pronunciamientos de fondo.

No es obstáculo a la conclusión alcanzada, la jurisprudencia 2a./J. 46/98, de esta Segunda Sala, que invoca el recurrente, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LAS CONSIDERACIONES PARA NO ESTUDIAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL O SOBRE INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN, DEBEN CONSIDERARSE COMO ‘CUESTIONES PROPIAMENTE CONSTITUCIONALES’ y POR TANTO, PROPIAS DE ESTUDIO EN ESE RECURSO."

Lo anterior es así, porque ese criterio fue superado por esta propia Sala, según se advierte de la jurisprudencia 122/2007, aprobada en sesión privada de cuatro de julio de dos mil siete, pendiente de publicar, que es del siguiente tenor:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE CUANDO SE PLANTEAN TEMAS AJENOS A CUESTIONES CONSTITUCIONALES, COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.-Conforme a la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 83, fracción V, 84, fracción II, 89, último párrafo, 90, último párrafo y 93 de la Ley de Amparo, así como 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto primero del Acuerdo Plenario 5/1999, el recurso de revisión en amparo directo tiene un carácter excepcional, por lo que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, como tribunal constitucional, debe estudiar solamente los argumentos de los Tribunales Colegiados que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución o, cuando habiéndose planteado en la demanda, se haya omitido su estudio, siempre que en dichos supuestos se advierta que la resolución que llegare a dictarse entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, para determinar su procedencia. En esa tesitura, los agravios formulados por los recurrentes que no se constriñan a demostrar que los pronunciamientos sobre la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución entrañen la fijación de un criterio de importancia y trascendencia y que, además, sostengan los criterios de interpretación constitucional que se estimen pertinentes, no deben ser estudiados, pues no son de la competencia de este Alto Tribunal, al conocer del recurso de revisión en amparo directo, en virtud de que constituyen temas ajenos, como ejemplificativamente pueden ser los referentes a la suplencia de la queja, a la inoperancia de los conceptos de violación o a la preferencia que se da a los planteados en la demanda al estudiarse, a la inaplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte, a los efectos restitutorios del fallo protector como consecuencia del pronunciamiento de inconstitucionalidad en la sentencia, a los principios generales del juicio de amparo, al trámite de éste, a las violaciones cometidas por los tribunales de origen de la causa y, en general, los temas ajenos a las cuestiones constitucionales de mérito."

Asimismo, resulta ilustrativa la tesis siguiente:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA, COMO EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.-De los procesos de reforma constitucional de 1987 y 1999 se advierte que fue voluntad del Poder Reformador de la Constitución fijar como regla general en la fracción IX del artículo 107 de la Constitución que las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno. Como única excepción a la definitividad de las resoluciones de mérito, se estableció en la primera reforma citada que procederá la revisión de dichas sentencias si en ellas se decide sobre la inconstitucionalidad de una ley o se establece la interpretación directa de un precepto de la Constitución, justificándose la competencia de este Alto Tribunal en que si bien a ambas potestades corresponde el control de la constitucionalidad, cada una respecto de normas o actos diversos, a este último le compete como órgano terminal la interpretación definitiva de la Constitución, pues la observancia y respeto a la Norma Fundamental atañe al interés superior de la nación. Por otra parte, el propio Poder Reformador en 1999 reiteró la indicada regla general y añadió un nuevo requisito, a saber: que la resolución que llegare a dictarse entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, respecto de la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, a juicio de la Suprema Corte, y conforme a acuerdos generales, con la finalidad de que concentre sus esfuerzos en el conocimiento y resolución de casos inéditos o que comprenden un alto nivel de importancia y trascendencia, cuya resolución puede impactar en la interpretación y aplicación del orden constitucional. Además, para superar cualquier situación dubitativa desde el texto de la fracción IX del artículo 107 de la Constitución, que regula esta materia con ese rango supremo, se precisó que ‘sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales.’." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, mayo de 2007, tesis 2a. XXXVII/2007, página 1192).

En consecuencia, al no existir en la sentencia recurrida pronunciamiento alguno de inconstitucionalidad o interpretación directa de un precepto constitucional, procede desechar el presente recurso de revisión.

No es obstáculo a la anterior determinación, la circunstancia de que por auto de presidencia se haya admitido el presente medio de impugnación, pues tal determinación no es definitiva y no vincula a este órgano colegiado, de acuerdo con la jurisprudencia número P./J. 19/98, emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, visible en la página 19, Tomo VII, marzo de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO. NO ES OBSTÁCULO PARA EL DESECHAMIENTO DE ESE RECURSO, SU ADMISIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-Se desecha el presente recurso de revisión.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros: Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Fernando Franco González Salas y Ministra presidenta Margarita Beatriz Luna Ramos. Votó en contra el señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel.

Nota: La tesis 2a./J. 122/2007 citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 614.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20523-8c34a503/revision-en-amparo-directo-evolucion-constitucional-del-supuesto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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