INTERPRETACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO SE ACREDITA SU OMISIÓN CUANDO NO SE DETECTA UN DEBER JURÍDICO A CARGO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE LLEVARLA A CABO. MULTA EN EL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. NO PROCEDE IMPONERLA SI EN LA DEMANDA DE AMPARO SE SOLICITÓ LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE ALGÚN PRECEPTO CONSTITUCIONAL Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EXPRESÓ RAZONES PARA NO REALIZARLA, AUN CUANDO SE DESECHE EL RECURSO.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1198/2007. CARLOS YÁÑEZ FRANCO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, y en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General número 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, de fecha veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve del mismo mes y año, en virtud de haberse interpuesto en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito de la que se reclama la incorrecta interpretación del artículo 104 constitucional en un asunto en materia civil, cuestión que corresponde a la materia de especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. Oportunidad. El recurso de revisión fue interpuesto en tiempo, pues la sentencia se notificó al quejoso el martes doce de junio de dos mil siete, surtiendo efectos el día miércoles siguiente, por lo que el término de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo concede para interponer un recurso de revisión corrió en el presente caso del jueves catorce al miércoles veintisiete de junio de dos mil siete, descontándose del cómputo anterior los días dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de los mismos mes y año, por ser inhábiles, en términos del artículo 23 de la Ley de Amparo.
Consecuentemente, si el presente recurso de revisión fue interpuesto el veintisiete de junio de dos mil siete en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, puede concluirse que esa interposición fue oportuna.
TERCERO. Conceptos de violación. El quejoso expuso como conceptos de violación diversos planteamientos de legalidad en los que alegó que se violaron en su perjuicio las garantías establecidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y solicitó la interpretación directa del artículo 104 constitucional.
CUARTO. Consideraciones de la sentencia recurrida. El Tribunal Colegiado del conocimiento desestimó los conceptos de violación hechos valer por el quejoso en torno a las cuestiones de legalidad alegadas y, en relación con la interpretación solicitada del artículo 104 de la Constitución Federal, consideró que dicha interpretación era innecesaria por no darse los supuestos a que se contrae el dispositivo constitucional citado.
QUINTO. Agravios. El quejoso, hoy recurrente, en síntesis, adujo lo siguiente:
- La sentencia de amparo directo transgrede las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que se encuentran previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, dado que deja de tomar en cuenta que el contrato de servicios profesionales, celebrado entre el Servicio Postal Mexicano y el suscrito, tiene su fundamento en una ley federal -el Código Civil Federal- y, en consecuencia, deja de aplicar lo dispuesto por el artículo 15 del decreto por el cual fue creado dicho organismo público descentralizado; el 5 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y, finalmente, realiza una incorrecta interpretación del sentido del artículo 104 constitucional.
SEXTO. Estudio del asunto. El presente recurso resulta improcedente y, por tanto, debe desecharse por las razones que se exponen a continuación:
De una interpretación sistemática de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V y 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como del Acuerdo General Plenario 5/1999, se llega a la conclusión de que el recurso de revisión en amparo directo es procedente siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos:
a) Se presente oportunamente;
b) Exista una cuestión de constitucionalidad, pudiendo esta cuestión darse de las siguientes maneras:
c) Si en la demanda se planteó la inconstitucionalidad de una ley, un reglamento expedido por el presidente de la República o por el gobernador de algún Estado o un tratado internacional, o se planteó la interpretación directa de algún precepto constitucional.
d) Si en la sentencia del juicio de garantías existe algún pronunciamiento respecto a la constitucionalidad de leyes o reglamentos, o que en la misma se haya realizado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, aunque no se haya planteado ello en la demanda de amparo, o bien, si en dicha sentencia se omitió el examen de estas cuestiones, cuando fueron propuestas en la demanda.
e) El problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva de la Suprema Corte.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 64/2001 de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala, que esta Primera Sala comparte, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA."(1)
En el presente caso, no se surten los requisitos de procedencia del recurso que nos ocupa pues en la sentencia recurrida no se estableció la interpretación directa de algún precepto constitucional.
En efecto, en la sentencia recurrida el Tribunal Colegiado no realizó la interpretación directa del artículo 104, fracción I, constitucional, sino que, al dar respuesta al concepto de violación respectivo (en el cual se alegó como cuestión de legalidad que sí se surtía la competencia de un Juez Federal para conocer de un juicio ordinario civil promovido por el quejoso en contra del Servicio Postal Mexicano), sólo hizo referencia al citado artículo constitucional y a su aplicación al caso concreto, considerando que no resultaba aplicable porque en el juicio intentado por el ahora recurrente no se estaba interpretando ninguna ley federal, sino que se trataba de la interpretación de una ley local como lo es el Código Civil para el Distrito Federal.
Para que exista interpretación directa de un precepto de la Constitución, no basta que el Tribunal Colegiado de Circuito lo invoque o lo aplique en su sentencia, sino que es necesario que dicho tribunal desentrañe y explique el contenido de la norma constitucional, determinando su sentido y alcance con base en un análisis gramatical, histórico, lógico o sistemático. Por consiguiente, si la sentencia recurrida no contiene ninguna interpretación en estos términos, no se da el presupuesto necesario establecido en la ley para la procedencia del recurso de revisión en el amparo directo.
Sirven de apoyo a lo anterior las, tesis de jurisprudencia que a continuación se transcriben:
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, COMO SUPUESTO DE PROCEDENCIA, EXISTE CUANDO A TRAVÉS DE ELLA SE DETERMINAN EL SENTIDO Y EL ALCANCE JURÍDICOS DE LA NORMA CONSTITUCIONAL SOBRE LA BASE DE UN ANÁLISIS GRAMATICAL, HISTÓRICO, LÓGICO O SISTEMÁTICO. Para determinar si en la sentencia de un juicio de amparo directo se efectúa la interpretación directa de un precepto constitucional, no basta que el Tribunal Colegiado de Circuito lo invoque o lo aplique en su sentencia, sino que es necesario que dicho Tribunal desentrañe y explique el contenido de la norma constitucional, determinando su sentido y alcance con base en un análisis gramatical, histórico, lógico o sistemático. Por consiguiente, si la sentencia recurrida no contiene ninguna interpretación en estos términos, no se da el presupuesto necesario para la procedencia del recurso de revisión en el amparo directo."(2)
"INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. Para que haya interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es indispensable que el tribunal sentenciador fije por sí mismo su sentido y alcance jurídicos, por lo que no podrá considerarse que la hay cuando se deje de aplicar o se considere infringida una norma de la Ley Fundamental, por tratarse de una cuestión muy distinta a establecer su interpretación directa."(3)
En el caso que nos ocupa, el Tribunal Colegiado no interpretó directamente el artículo 104, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que únicamente lo citó al dar respuesta a los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, en los que adujo, en esencia, que sí se surtía la competencia del Juez Federal al tratarse de un asunto en el que se demandó al Servicio Postal Mexicano. El órgano colegiado consideró, sustancialmente, que no se surtía tal competencia porque de acuerdo con el precepto constitucional anteriormente citado, ésta sólo se da cuando se trata de la aplicación de leyes federales, y en la especie no se trataba de interpretar una ley federal sino una local como lo es el Código Civil para el Distrito Federal, puesto que el contrato de prestación de servicios profesionales cuyo reconocimiento se pretende se encuentra regulado por la mencionada ley.
Lo anterior no implica de manera alguna que se haya hecho la interpretación directa de tal artículo constitucional en la sentencia impugnada, ya que el tribunal de amparo en ningún momento desentrañó y explicó el contenido del referido precepto, ni determinó su sentido y alcance con base en un análisis gramatical, histórico, lógico o sistemático, de donde deriva lo improcedente de los motivos de inconformidad que se analizan.
Es aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe:
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA INVOCACIÓN EN LA SENTENCIA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DEL MISMO Y, POR TANTO, NO SE SATISFACE EL REQUISITO DE EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL REFERIDO RECURSO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis de jurisprudencia P./J. 46/91, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII-noviembre, página 39, que para determinar si en la sentencia de un juicio de amparo directo existe o no interpretación directa de un precepto constitucional, no basta que la parte inconforme con dicho fallo manifieste que en la citada resolución el Tribunal Colegiado de Circuito hizo tal interpretación, sino que es necesario que, efectivamente, se interprete el sentido y alcance de algún precepto constitucional. En consecuencia, no puede considerarse que se efectúa la interpretación directa de un precepto constitucional, cuando en la sentencia de amparo el Tribunal Colegiado simplemente invoque algunos preceptos constitucionales, ya que el juicio constitucional se contrae, precisamente, en una adecuada referencia de tales preceptos, de modo que su cita, para la solución de la controversia respectiva, no sólo se encuentra inmersa como presupuesto indispensable al efecto; sino que la aislada aplicación efectuada por los órganos de amparo, no colma el requerimiento de excepcionalidad de procedencia del recurso de revisión conforme a los rasgos citados, pues arribar a una determinación en sentido opuesto, daría lugar a aceptar que todas las sentencias de amparo, por el hecho de haberse fundado en la cita de artículos de nuestra Carta Magna, son impugnables, con riesgo de violar la regla general de irrecurribilidad de dichos fallos."(4)
No pasa inadvertido para esta Primera Sala que en la demanda de garantías el quejoso solicitó al tribunal colegiado que realizara la interpretación del artículo 104, fracción I, de la Constitución; sin embargo, el órgano colegiado consideró que no era necesario hacer tal interpretación en virtud de que en el caso no se dan los supuestos a que se contrae el citado dispositivo legal para la existencia de la competencia concurrente pues la controversia de que se trata no versa sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, pues el demandante fundó su acción en los artículos 1792, 1976, 1832, 2616 y 2611 del Código Civil para el Distrito Federal.
Respecto de lo anterior, no se formuló agravio alguno que controvirtiera la consideración del Tribunal Colegiado en el sentido de que era innecesario hacer la interpretación del precepto constitucional solicitada y que la controversia se basaba en el cumplimiento y aplicación del Código Civil para el Distrito Federal, pues los agravios hechos valer por el ahora recurrente versan sobre la supuesta indebida interpretación del artículo 104, fracción I, constitucional y de la aplicación de dicho precepto al caso concreto.
En efecto, como se dijo en párrafos anteriores, el tribunal a quo al dar respuesta a la petición del quejoso en el sentido de que se realizara la interpretación del artículo 104, fracción I, de la Constitución, manifestó que no era necesario realizar tal interpretación pues en el caso no se daban los supuestos para la existencia de la jurisdicción concurrente. Para combatir lo anterior, el quejoso debió haber expuesto por qué sí era necesario realizar tal interpretación a pesar de lo que adujo el Tribunal Colegiado y no limitarse a tratar de demostrar que en el caso sí se aplicaba el artículo constitucional, pues, como también ya se dijo, ésta es una cuestión de legalidad cuyo análisis escapa de la competencia de este Alto Tribunal.
Tienen aplicación respecto de lo anterior, las siguientes tesis:
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE UNA LEY, POR TRATARSE DE UNA CUESTIÓN DE LEGALIDAD. Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión procede en contra de sentencias dictadas en amparo directo, cuando el Tribunal Colegiado de Circuito se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución. Por tanto, si en una sentencia de esa naturaleza se resuelve que la autoridad responsable, al aplicar una disposición de observancia general desconoció las prerrogativas que una norma de anterior vigencia confirió al gobernado, resulta evidente que no se reúnen los requisitos de procedencia del mencionado recurso, pues no se decidió sobre la constitucionalidad de la disposición, ni en las consideraciones conducentes se fijó el alcance del primer párrafo del artículo 14 constitucional acudiendo a algún método de interpretación jurídica, sino que el órgano de control se limitó a determinar el ámbito temporal de validez de la norma y a verificar la situación concreta de la quejosa, para determinar si la respectiva autoridad realizó su aplicación correctamente, respetando las situaciones jurídicas concretas o los derechos adquiridos que un gobernado, antes de la entrada en vigor de aquélla, había incorporado a su esfera jurídica, lo que únicamente se traduce en precisar cuáles son tales situaciones o prerrogativas y en qué medida las afecta el acto reclamado."(5)
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE ADUZCAN CUESTIONES DE MERA LEGALIDAD. Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, relativos al recurso de revisión en amparo directo, es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta instancia el estudio de cuestiones propiamente constitucionales. Por tanto, si se plantean tanto agravios sobre constitucionalidad de normas generales o de interpretación directa de preceptos de la Constitución, como argumentos de mera legalidad, éstos deben desestimarse por inoperantes."(6)
Tampoco pasa inadvertida para esta Primera Sala la jurisprudencia de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO OMITE REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA EN LA DEMANDA."; sin embargo, esta tesis no resulta aplicable al caso en estudio porque el Tribunal Colegiado a quo no omitió la interpretación constitucional realizada.
En efecto, esta Primera Sala al resolver el amparo directo en revisión 978/2007 sostuvo que cuando se alega que el Tribunal Colegiado no realizó una interpretación directa de algún precepto constitucional en un amparo directo, no deben confundirse las nociones de "no hacer" y omisión. La diferencia entre ellas es que los estados de inacción no están conectados con ninguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están. Así, muchas de las cosas que no hacemos pertenecen simplemente a la dimensión del no hacer, la cual no tiene ninguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquellas cuestiones que no hacemos, pero que por alguna razón teníamos el deber de haberlas hecho, constituyen las llamadas omisiones.
De acuerdo con el criterio anterior, al haber dado el Tribunal Colegiado las razones por las cuales no era factible realizar la interpretación constitucional solicitada por el quejoso, ahora recurrente, no omitió lo relativo a tal interpretación, por lo cual, no se puede afirmar que subsista la cuestión constitucional planteada.
En tal virtud, al no haberse hecho la interpretación del artículo 104, fracción I, de la Constitución y ante la inoperancia de los agravios hechos valer por el recurrente, lo procedente es desechar el recurso que nos ocupa como lo previene el punto primero, fracción II, inciso b) del Acuerdo General 5/1999 del Pleno de este Alto Tribunal, declarando firme la sentencia recurrida, al no satisfacerse los requisitos de importancia y trascendencia que condicionan la procedencia del recurso, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción IX, constitucional.
No es obstáculo para desechar el presente recurso que por auto de doce de julio de dos mil siete, el presidente en funciones de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación haya admitido el recurso de revisión en que se actúa, ya que dicho proveído no es definitivo, ni causa estado pues deriva de un examen preliminar; por consiguiente, si con posterioridad se advierte que el recurso de revisión interpuesto es improcedente, éste debe desecharse.
Sirve de apoyo a la anterior la jurisprudencia 19/98 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO. NO ES OBSTÁCULO PARA EL DESECHAMIENTO DE ESE RECURSO, SU ADMISIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."(7)
Por último, debe decirse que no pasa inadvertido que con fundamento en el último párrafo del artículo 90 de la Ley de Amparo que señala: "... Siempre que el presidente de la Suprema Corte de Justicia o, en sus respectivos casos el Pleno, o la Sala correspondiente, desechen el recurso de revisión interpuesto contra sentencias pronunciadas por Tribunales Colegiados de Circuito, por no contener dichas sentencias decisión sobre la constitucionalidad de una ley o no establecer la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, impondrán, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, el recurrente o su apoderado, o a su abogado, o a ambos una multa de treinta a ciento ochenta días de salario.", parecería procedente imponer a Carlos Yáñez Franco y a su autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo Cuauhtémoc Rafael Santa-Ana Otero una multa de acuerdo con el citado numeral. Sin embargo, de una correcta interpretación del citado numeral se desprende que la multa debe imponerse en aquellos casos en los cuales en la demanda de amparo no se planteó cuestión de constitucionalidad alguna (inconstitucionalidad de alguna ley o interpretación directa de la Constitución) y, por tanto, la sentencia del Tribunal Colegiado sujeta a revisión no contiene decisión sobre esos aspectos.
Por ello, en el caso, aun cuando se ha resuelto desechar el recurso de revisión, no se dan los supuestos establecidos en el último párrafo del artículo 90 de la Ley de Amparo para la imposición de una multa al recurrente y/o a su autorizado pues en la demanda de amparo sí se planteó la interpretación del artículo 104, fracción I, constitucional, y el tribunal a quo dio las razones por las cuales no consideraba necesario hacer tal interpretación. En estas condiciones, no procede imponer multa alguna al recurrente ni a su autorizado.
Consecuentemente, con fundamento además en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar el presente recurso de revisión, promovido por Carlos Yáñez Franco, por conducto de su autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo.
Por lo expuesto y fundado,
SE RESUELVE:
PRIMERO.-Se desecha el recurso de revisión a que este toca 1198/2007 se refiere.
SEGUNDO.-Queda firme la sentencia recurrida.
Notifíquese con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos relativos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto total y definitivamente concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio A. Valls Hernández, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente José Ramón Cossío Díaz (ponente).
_________________
1. Publicada en la página 315 del Tomo XIV, diciembre de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
2. Tesis P./J. 46/91, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, noviembre de 1991, página 39.
3. Tesis de jurisprudencia número 27/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 14.
4. Tesis 1a./J. 36/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, junio de 2002, página 130
5. Tesis de jurisprudencia número 2a./J. 88/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, julio de 2004, página 427.
6. Tesis de jurisprudencia número 1a./J. 56/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 730.
7. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998, cuyo texto es el siguiente: "La admisión del recurso de revisión por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye una resolución que no es definitiva, ya que el Tribunal Pleno está facultado, en la esfera de su competencia, para realizar el estudio a fin de determinar la procedencia del recurso y, en su caso, resolver su desechamiento."
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22914-272efb0c/interpretacion-directa-de-la-constitucion-federal-no-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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