CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE GUERRERO. AL SER EL TITULAR DE LA COMPETENCIA ORIGINARIA PARA PRACTICAR VISITAS DE INSPECCIÓN, PUEDE DELEGARLA EN ALGUNO DE LOS CONSEJEROS QUE LO INTEGRAN MEDIANTE UN ACUERDO GENERAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 201/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de tesis sustentadas en materia administrativa cuyo conocimiento corresponde a esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado Edmundo Román Pinzón en representación del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, el cual tuvo el carácter de autoridad responsable en los juicios de amparo indirecto de los que derivaron los recursos de revisión de cuyas ejecutorias emanaron los criterios que se consideran contradictorios.
TERCERO. Las consideraciones en las que se sustenta la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en el juicio de amparo en revisión 214/2006, en lo conducente dicen:
"Al dictar la sentencia recurrida, entre otras cosas el Juez Federal sostuvo que el Consejo de la Judicatura Estatal, se encuentra facultado por el artículo 81 de la Constitución del Estado de Guerrero, para la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de éste, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, de ahí que fue legal que en el acta de visita extraordinaria de veinticuatro de enero de dos mil cinco, que se realizó al Juzgado Cuarto Penal de esta ciudad, la consejera visitadora haya citado en su inicio la facultad de realizar dicha visita derivada de la sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, de siete de enero de dos mil cuatro, en la que se ratificó el Acuerdo General Número Dos de seis de marzo de dos mil tres, y dicha consejera actuó con el secretario asistente Jorge Luis García Galán, con independencia de que en los artículos 79, fracción XVII, 103, 104 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se establezca que las visitas a los Juzgados de Primera Instancia y de Paz, deben efectuarse por conducto de la Visitaduría General, órgano auxiliar competente para inspeccionar el funcionamiento de todas las áreas del Poder Judicial y para supervisar la conducta de los servidores públicos, la que se integrará con visitadores, quienes para desempeñar ese cargo deberán reunir los requisitos que para ser Magistrado establece la ley, pudiendo el consejo delegar esa facultad en los Magistrados Supernumerarios, porque en el caso, agregó el Juez Federal, se trató de una visita extraordinaria que el Consejo de la Judicatura estimó pertinente realizar, para cuya celebración en el Acuerdo General Número dos, se facultó a los consejeros llevarla a cabo, acuerdo que fue debidamente ratificado por los miembros del Consejo de la Judicatura Estatal, por lo que el acta de visita extraordinaria practicada el veinticuatro de enero de dos mil cinco, al Juzgado Cuarto de primera instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, en el que se desempeñaba como titular la quejosa, es legal, porque está fundada en el acuerdo citado, desde luego, en atención a las facultades legales que tiene dicho consejo, razón por la que se ajusta a las formalidades del procedimiento y contrario a lo que aduce la quejosa no infringe los preceptos 14 y 16 constitucionales.
"Por su parte, la quejosa recurrente, en directa alusión a lo anterior, dice que lo ilegal de la consideración precitada, consiste en que, si bien es cierto el Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado de Guerrero y, por ende, cuenta con facultades para sancionar a quienes laboran para dicho ente público; sin embargo, en términos de lo establecido por los preceptos legales arriba citados, y de manera concreta, conforme a lo ordenado por los artículos 103 y 104 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, corresponde a la Visitaduría General, como órgano auxiliar competente, inspeccionar el funcionamiento de todas las áreas del Poder Judicial y supervisar la conducta de los servidores públicos; que la Visitaduría General, se integrará con visitadores, quienes para ser designados deben cumplir con los mismos requisitos para ser Magistrado, y que el consejo podrá delegar esa facultad en los Magistrados Supernumerarios, de donde puede sostenerse que las visitas a los Juzgados de Primera Instancia y de Paz, para que sean válidas, deben ser practicadas precisamente por los visitadores, por constituir el órgano competente para practicarlas.
"Entonces, continúa la quejosa recurrente, no resulta correcta la distinción hecha por el juzgador federal, en cuanto afirma que la legalidad de la visita practicada por la consejera, deriva del hecho de que se trata de una visita extraordinaria, pues al respecto, el artículo 142 señala con claridad que ese tipo de actos son exclusivos de los visitadores, de modo que opuestamente a lo resuelto, los consejeros en cita no están facultados para practicar aquéllas, de manera que el acuerdo de seis de marzo de dos mil tres es ilegal, porque ante una disposición expresa no puede surtir efecto acuerdo alguno, ni puede derogarla.
"Es fundado lo anteriormente expresado por la quejosa recurrente, por las consideraciones que a continuación se realizan.
"La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que en el sistema constitucional y legal mexicano, las autoridades únicamente se encuentran facultadas a realizar las funciones que la Constitución Federal o bien, una ley apegada a ésta, expresamente autoriza, como lo explica la tesis de la anterior Sala Auxiliar de aquélla, correspondiente a la Quinta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXI, página 2466, del rubro y texto siguientes:
"‘AUTORIDADES, FACULTADES DE LAS.’ (no es necesario transcribirla).
"Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente al tema que se aborda, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la Séptima Época, que se comparte, visible en el mismo medio citado, tomo 145-150 Sexta Parte, página 119, que dice:
"‘FACULTADES IMPLÍCITAS Y EXPLÍCITAS. MULTAS.’ (resulta innecesaria su transcripción).
"Ahora bien, existen dos tipos de facultades de la autoridad, que son las regladas y las discrecionales, cuya distinción radica en que las primeras son expresas y no dejan a quien despliega la potestad irrenunciable que proviene de la ley, manera alguna de interpretar cómo será su aplicación, sino que deben ceñir su conducta al texto de ésta, mientras que las otras permiten actuar de cierta manera liberal, dejando a la autoridad la decisión de conducirse en uno u otro sentido.
"Así se obtiene de la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que se comparte, publicada en la Octava Época del mismo medio oficial en cita, Tomo VIII, noviembre de 1991, página 212, que dice:
"‘FACULTADES REGLADAS. LA NORMA JURÍDICA SEÑALA LAS CONSIDERACIONES PARA SU APLICACIÓN.’ (resulta innecesaria su transcripción).
"También resulta ilustrativa al caso, la tesis XIV.2o.44 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, de la que se participa, dada a conocer en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, página 1063, que al efecto establece:
"‘FACULTADES DISCRECIONALES Y REGLADAS. DIFERENCIAS.’ (no es necesaria su transcripción).
"En ese contexto, es posible arribar a la conclusión de que la norma jurídica que establece una facultad, es la propia medida de ésta, en tanto que de la misma se puede obtener su naturaleza, y siendo así que la base toral de las facultades discrecionales es la libertad de apreciación que la ley otorga a las autoridades para actuar o abstenerse, con el propósito de lograr la finalidad que la propia ley les señala, su ejercicio implica, necesariamente, la posibilidad de optar, de elegir, entre dos o más decisiones, sin que ello signifique o permita la arbitrariedad, ya que esa actuación sigue sujeta a los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual permite que los actos discrecionales sean controlados por la autoridad jurisdiccional.
"Sobre el particular se invoca la tesis P. LXII/98, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dada a conocer en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 56, de epígrafe y texto siguientes:
"‘FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO INDEBIDO DE LAS CONCEDIDAS A LA AUTORIDAD.’ (resulta innecesaria su transcripción).
"Ahora bien, con el propósito de contar con el marco legal aplicable al caso a resolver, resulta necesario reproducir el texto de los artículos 79, fracción XVII, 103, 104 y 141, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, que dicen: (no es necesario transcribirlos).
"De la correlación a los artículos precedentes, se obtiene que el Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero tiene entre el cúmulo de sus facultades ordenar visitas periódicas a los juzgados dependientes del Poder Judicial de éste, para observar la conducta y desempeño técnico del personal, las que efectuará la Visitaduría General, órgano auxiliar integrado por personas que deben reunir los requisitos para ser Magistrado, pudiendo delegar la facultad en los Magistrados Supernumerarios, lo que puede ocurrir también en Jueces de Primera Instancia, cuando se pretenda evaluar un Juzgado de Paz.
"De lo anterior, se sigue que no es jurídico efectuar dichos actos al tenor de un acuerdo general en que el propio órgano técnico autoriza a sus miembros para tal efecto, ya que la legislación orgánica prevé en forma expresa a quiénes compete dicha facultad, y en quiénes puede ser encargada de manera extraordinaria, sin que se haya contemplado la posibilidad de que fuesen los mismos consejeros quienes en sesión plenaria, discrecionalmente se autorizaran en tal sentido, por lo que las visitas a Juzgados de Primera Instancia y de Paz que se lleven a cabo por ellos, sustentadas en un acto administrativo como el mencionado, carecen de validez y vician el procedimiento disciplinario que culmine con una sanción al servidor público, atendiendo al principio de que las autoridades no pueden hacer más que lo que la propia ley les permite.
"En ese contexto, si la sanción económica impuesta a la quejosa por el Consejo de la Judicatura Estatal, tuvo su origen en la visita practicada al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares del que fue titular, la cual realizó una consejera integrante de aquél, con apoyo en el Acuerdo General Número Dos, de seis de marzo de dos mil tres, en que el Pleno del mismo órgano técnico autorizó que sus miembros puedan efectuar visitas extraordinarias a Juzgados de Primera Instancia y de Paz dependientes del Poder Judicial del Estado de Guerrero, cuando la ley orgánica que regula éste señala quiénes se encuentran facultados al efecto, y también los servidores públicos que de manera subrogada pueden hacerlo, entre los que no están los repetidos consejeros, se puede arribar que el acto reclamado es inconstitucional (sic), lesivo del artículo 16 de la Carta Fundamental, en tanto proviene de un acto viciado por efectuarse por autoridad incompetente.
"...
"Resulta importante dejar puntualizado que en modo alguno se cuestiona la competencia que tiene el indicado Consejo de la Judicatura Estatal, para emitir la resolución sancionadora materia de la litis constitucional, en tanto es el órgano con independencia técnica y de gestión para emitir sus dictámenes y resoluciones, y en especial, tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado de Guerrero, con excepción de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, sino, como ha sido indicado, el que la visita que la generó, se efectuó por una servidora pública que, si bien fue autorizada por el Pleno del órgano técnico para tal efecto, éste no tiene entre sus atribuciones el delegar la facultad a sus integrantes, ya que la ley señala quiénes son los que pueden recibir y desplegar válidamente la misma.
"Sobre el particular, en cuanto a las razones que justifican la existencia del órgano técnico en cita, se invoca la tesis XXI.1o.P.A.49 A, que sostiene este Tribunal Colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 1920, que dice:
"‘SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL ESTÁ FACULTADO PARA SANCIONARLOS CUANDO A SU JUICIO INCURRAN EN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.’ (no es necesario transcribirla).
"Asimismo, se invoca la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Primera Sala (sic) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2a./J. 89/2006, puesta en publicidad en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, julio de 2006, página 346, que dice:
"‘CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE GUERRERO. ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO, AUN CUANDO HAYA EJERCIDO FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD SEGUIDO CONTRA UN SERVIDOR JUDICIAL.’ (resulta innecesaria su transcripción). ..."
Las consideraciones antes transcritas dieron lugar a la siguiente tesis, publicada con el número XXI.1o.P.A.63 A, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, noviembre de 2006, página 1032.
"CONSEJEROS DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE GUERRERO. ES ILEGAL QUE MEDIANTE UN ACUERDO GENERAL DEL ÓRGANO AL QUE PERTENECEN SEAN DESIGNADOS PARA EFECTUAR VISITAS DE INSPECCIÓN A LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y DE PAZ DEL PODER JUDICIAL LOCAL. De los artículos 79, fracción XVII, 103, 104 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, se advierte que el Consejo de la Judicatura local tiene, entre sus facultades, la de ordenar visitas periódicas a los juzgados para observar la conducta y desempeño técnico del personal, lo cual se realizará a través de la Visitaduría General, órgano auxiliar integrado por personas que deben reunir los requisitos para ser Magistrados, pudiendo recaer tal designación en los Magistrados Supernumerarios o en los Jueces de Primera Instancia, cuando se pretenda evaluar un Juzgado de Paz, y en visitadores judiciales si es un Juzgado de Primera Instancia. En consecuencia, es ilegal que mediante un acuerdo general dicho consejo designe a cualquiera de sus miembros para que efectúe tales visitas, ya que es la propia legislación la que prevé en forma expresa a quiénes compete dicha facultad, sea ordinaria o extraordinaria, sin que haya contemplado la posibilidad de que fuesen los propios consejeros quienes se autodesignen para esos efectos, pues las autoridades no pueden hacer más que lo que la propia ley les permite."
CUARTO. Las consideraciones en las que se sustenta la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en el juicio de amparo en revisión 89/2007, en lo que aquí interesa dicen:
"En la especie, del estudio integral de la resolución sujeta a revisión y de los motivos de inconformidad que se hacen valer, se advierte que el tema a dilucidar, es si los consejeros de la Judicatura del Estado de Guerrero, tienen competencia legal para practicar de manera personal, las visitas a fin de inspeccionar el desempeño de los juzgadores de primera instancia del Poder Judicial del Estado, a través de un acuerdo general, que los faculta para ello.
"Ahora bien, para mejor comprensión que se le dará al presente asunto, como antecedente del caso, resulta necesario transcribir en la parte que interesa los artículos 81, 82, 83, 86 y 88 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, que disponen lo siguiente: (resulta innecesaria su transcripción).
"De esta guisa, se desprende lo siguiente:
"Que el Poder Judicial del Estado de Guerrero se deposita en un Tribunal Superior de Justicia y en los demás tribunales inferiores que establece la Constitución;
"Que el Tribunal Superior de Justicia funcionará en Pleno o en Salas;
"Que la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Estatal en los términos que establezcan las leyes;
"Que el Consejo de la Judicatura Estatal es un órgano del Poder Judicial del Estado con independencia técnica, de gestión y para emitir sus dictámenes y resoluciones;
"Que el consejo funcionará en Pleno o en comisiones, y tendrá competencia para proponer al Pleno del Tribunal Superior de Justicia sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de Jueces; nombrar y remover al personal administrativo del Poder Judicial de acuerdo con las normas que regulan las relaciones de trabajo de los servidores públicos y los Poderes del Estado, así como los demás asuntos que la ley señale. Los consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con independencia e imparcialidad;
"Que de conformidad con lo que establezca la ley, el consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones;
"Que el Tribunal Superior de Justicia podrá solicitar al consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional y también para que investigue la conducta de los Jueces;
"Que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia podrá revisar y, en su caso, revocar los que el consejo apruebe, por mayoría de cuando menos doce votos. La ley establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones;
"Que la ley orgánica respectiva, establecerá las causas y el procedimiento para separar del cargo a los Jueces;
"Que los nombramientos de los Magistrados y Jueces integrantes del Poder Judicial del Estado serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.
"Por su parte, los diversos numerales 110, 111 y 115 del mismo ordenamiento legal, respectivamente disponen: (resulta innecesaria su transcripción).
"Del contenido de los preceptos reproducidos se obtiene que compete a las Legislaturas Locales, dentro de sus respectivas competencias, establecer las sanciones aplicables por los actos y omisiones en que incurran los servidores públicos, entendidos éstos como toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública, entre los que se encuentran los servidores del Poder Judicial, asimismo que en el Estado de Guerrero, los principios establecidos a nivel federal en torno a la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, fueron recogidos por el Congreso Local en el título décimo tercero de la Constitución de esa entidad federativa, en el que se establece quiénes se reputan como servidores públicos; que es competencia del Congreso Estatal expedir la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes teniendo ese carácter, incurran en responsabilidad; y que es en dicho ordenamiento normativo en el que se determinarán las obligaciones de los servidores públicos.
"Las citadas disposiciones constitucionales se encuentran reflejadas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado de Guerrero.
"La primera de ellas prevé que la prestación del servicio público tiene como consecuencia la responsabilidad del servidor de asumir sus funciones y tener su comportamiento con honradez, lealtad, imparcialidad, economía y eficacia, objetivos que se han trazado en el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y como consecuencia de las reformas a ese título, se contrajo la obligación de trasladarla al Texto Constitucional del Estado de Guerrero en su capítulo décimo tercero, que es el que marca la norma sobre la responsabilidad de los servidores públicos del Estado.
"Por otra parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, a la que remite la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en lo que atañe a los servidores del Poder Judicial, es reglamentaria del título noveno denominado ‘Del Poder Judicial’, que comprende los artículos 81 al 90 de la Constitución Política del Estado de Guerrero.
"El citado ordenamiento contempla al Consejo de la Judicatura Estatal, como un órgano auxiliar del Poder Judicial del Estado con independencia técnica y de gestión para emitir sus dictámenes y resoluciones.
"Asimismo, establece que dicho órgano tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Pleno y las Salas del Tribunal Superior de Justicia.
"De la referida ley orgánica, en lo que interesa destacan los artículos siguientes: (resulta innecesario transcribir los artículos que se citan).
"De la anterior transcripción se obtiene que el Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero es un órgano del Poder Judicial del Estado con independencia técnica y de gestión; así como para emitir sus dictámenes y resoluciones; y tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Pleno, las Salas y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; asimismo expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones; ordenar visitas periódicas a los juzgadores, para observar la conducta y desempeño técnico del personal; como recibir, tramitar y resolver las quejas de carácter administrativo por faltas en el despacho de los asuntos que se tramitan ante las Salas del Tribunal Superior de Justicia, juzgados y dependencias a su cargo, excepto cuando se trate de quejas contra Magistrados; de igual manera, procederá por lo que hace a la responsabilidad de servidores públicos del Poder Judicial, en los términos de la ley respectiva; y cuando se lo solicite el Pleno del Tribunal, investigar la conducta de los Jueces; que son órganos encargados de declarar la responsabilidad e imponer sanciones a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, en los ámbitos propios de sus competencias, cuando dichos servidores públicos incurran en las faltas previstas por esta ley o en el incumplimiento de las obligaciones que impone la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado;
"De todas estas precisiones se puede arribar a la conclusión que en las disposiciones que se analizan, se aprecia un punto en común, que es salvaguardar la legalidad, honradez, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, cargos y comisiones de los servidores públicos judiciales en el Estado de Guerrero y en forma concreta, de los que laboran en el Poder Judicial de esta entidad federativa.
"Asimismo, que corresponde al Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, la vigilancia y disciplina del desempeño de los servidores del Poder Judicial, así como recibir quejas o denuncias por las faltas que cometan o sobre el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, todo ello conforme al procedimiento que determina el artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, transcrito con antelación y, en su caso, imponer las sanciones a que haya lugar.
"De tal suerte que, como lo dispone el artículo 83 de la Constitución Local, en relación con el artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, el Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, es un órgano administrativo del Poder Judicial de la citada entidad federativa, con independencia técnica y de gestión para emitir sus dictámenes y resoluciones.
"El hecho de que el Consejo de la Judicatura en comento tenga independencia técnica y de gestión para emitir sus dictámenes y resoluciones, así como las facultades para imponer las sanciones a los funcionarios judiciales del Estado de Guerrero, salvo a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad federativa, ‘se deriva de su función preponderante de resguardar los objetivos encomendados de vigilancia y disciplina del Poder Judicial, fines en los que la sociedad está interesada que se cumplan, pues es de orden público e interés social el buen actuar de los funcionarios judiciales, conforme a los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones, cargos y comisiones.’
"Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 89/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 346 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, julio de 2006, Novena Época, que a la letra dice:
"‘CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE GUERRERO. ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO, AUN CUANDO HAYA EJERCIDO FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES SEGUIDO CONTRA UN SERVIDOR JUDICIAL. El Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero es un órgano del Poder Judicial de dicha entidad federativa, con independencia técnica y de gestión para emitir sus dictámenes y resoluciones, y tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del propio Poder, con excepción de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Para cumplir con dichos objetivos, tiene facultades para recibir, tramitar y resolver las quejas de carácter administrativo por faltas en el despacho de los asuntos sustanciados ante las Salas del Tribunal Superior de Justicia, Juzgados y dependencias a su cargo, excepto cuando se trate de quejas contra Magistrados; así como la de proceder por lo que hace a la responsabilidad de servidores públicos del Poder Judicial, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación con la Ley de Responsabilidades Administrativas de dicha entidad. Por tanto, si el mencionado Consejo tiene como interés preponderante vigilar que los servidores judiciales citados respeten los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, es evidente que se encuentra legitimado para interponer el recurso de revisión contra las sentencias dictadas en amparo indirecto donde fungió como autoridad responsable, aun cuando haya emitido actos materialmente jurisdiccionales en el procedimiento administrativo de responsabilidades seguido contra un servidor judicial, ya que no es un tribunal judicial ni jurisdiccional, sino un órgano administrativo que tiene, entre otras facultades, la de sustanciar esa clase de procedimientos.’
"Congruentemente con lo anterior, también resulta pertinente transcribir el contenido de los artículos 84, 85, fracción VI, 86, 103 y 104 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, cuyo tenor es el siguiente: (Resulta innecesaria su transcripción).
"De esta guisa, se puede establecer:
"Que para el cabal cumplimiento de sus funciones el Consejo de la Judicatura Estatal, tendrá Órganos y Unidades Administrativas, entre ellas, la Visitaduría General;
"Que la competencia y funcionamiento de los órganos auxiliares y de las unidades administrativas del Consejo de la Judicatura Estatal, serán determinados por esa ley y el reglamento respectivo.
"Que la Visitaduría General, es el órgano auxiliar competente para inspeccionar el funcionamiento de todas las áreas del Poder Judicial y para supervisar la conducta de los servidores públicos; y,
"Que la referida Visitaduría General se integrará con visitadores, que deberán satisfacer los mismos requisitos que para ser Magistrado, pudiendo el Consejo de la Judicatura Estatal, delegar esa facultad en los Magistrados Supernumerarios.
"De lo antes señalado, se aprecia que el consejo tiene como una de sus funciones preponderante, vigilar que los servidores judiciales respeten los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; asimismo que para el mejor desempeño de esa función, cuenta con un órgano auxiliar que es la Visitaduría General, la cual se integrará con visitadores, que deberán satisfacer los mismos requisitos que para ser Magistrado, ‘pudiendo el Consejo de la Judicatura Estatal, delegar esa facultad’ en los Magistrados Supernumerarios.
"Esto es, la facultad originaria para inspeccionar el funcionamiento de todas las áreas del Poder Judicial y para supervisar la conducta de los servidores públicos, evidentemente corresponde al Consejo de la Judicatura Estatal; ahora bien, es cierto que el artículo 103 de la ley que se analiza, señala que la Visitaduría General, es el órgano auxiliar competente para esa función, pero de modo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20536-9305ac42/consejo-de-la-judicatura-del-estado-de-guerrero · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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