ENERGÍA ELÉCTRICA. LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN EL AVISO-RECIBO EXPEDIDO POR LAS AUTORIDADES DEPENDIENTES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE CONTIENE EL APERCIBIMIENTO DE CORTE DE AQUÉLLA EN CASO DE QUE NO SE LIQUIDE CIERTA CANTIDAD, IMPLICA DEJAR SIN EFECTOS ESE DOCUMENTO Y DEVOLVER A LA QUEJOSA LA CANTIDAD QUE EROGÓ COMO PAGO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 169/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio del año dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva corresponden a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Sala.
SEGUNDO. La presente contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Magistrado presidente de uno de los órganos colegiados cuya resolución se estima en oposición.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis propuesta y, en su caso, resolverla, resulta indispensable tener presentes las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito.
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver, el veinte de junio de dos mil siete, el amparo en revisión administrativo 217/2007, determinó en la parte que interesa:
"SEXTO. Son fundadas las inconformidades que propone el recurrente, atento a las siguientes consideraciones. En la sentencia que se controvierte, la Juez Octavo de Distrito en el Estado determinó que el aviso recibo número 01 320950500187 070212 000076100 1, de uno de febrero de dos mil siete, que contiene el apercibimiento a la persona moral quejosa de suspenderle el servicio de energía eléctrica que tiene contratado con la Comisión Federal de Electricidad, bajo el número de servicio 320 950 500 187 y medidor 4A9P54, por la falta de pago de la cantidad total de $76,100.82 (setenta y seis mil cien pesos 82/100 moneda nacional) por los conceptos de cargo por energía, por demanda, 2% baja tensión, bonificación factor de potencia e impuesto al valor agregado, correspondiente al periodo comprendido del treinta y uno de diciembre de dos mil seis al treinta y uno de enero de dos mil siete, se omitió fundar con exactitud la competencia específica para emitirlo, así como explicar de dónde derivan cada uno de los conceptos por cuya falta de pago se haría efectivo el apercibimiento de corte, como tampoco se explicitaron las operaciones aritméticas que se emplearon para obtener sus montos y la cantidad total que arrojan cada uno de tales conceptos. Así las cosas, determinó que el aviso recibo de mérito, no satisface los requisitos constitucionales previstos por el numeral 16 de la Carta Magna, concernientes a los principios de legalidad y seguridad jurídica que entrañan la obligación de fundamentar y motivar los actos de autoridad, lo que condujo a concluir que el apercibimiento de corte del servicio de fluido eléctrico es inconstitucional, y por ello se concedió a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables dejen insubsistente el aviso recibo número 01 320950500187 070212 000076100 1, de uno de febrero de dos mil siete, sin perjuicio de que, en caso de que lo consideren pertinente, con plenitud de jurisdicción emitan diverso aviso recibo o documento similar que tenga inmersos los actos aquí controvertidos, pero purgando los vicios de falta de fundamentación y motivación. Cabe especificar que, en virtud del sobreseimiento decretado respecto del director general de la Comisión Federal de Electricidad, los actos reclamados se tuvieron por ciertos exclusivamente respecto de las autoridades responsables superintendente general de zona Acapulco, con el doble carácter de ordenadora y ejecutora, por sí y a través de su personal operativo, así como el jefe del departamento de facturación, ambos servidores públicos de la aludida paraestatal, con residencia oficial en esta ciudad. Ahora bien, son dos los agravios que propone el accionante del medio de impugnación que se resuelve, los que se analizarán de manera conjunta, atendiendo a la causa de pedir que deriva de las inconformidades expuestas, atento a lo que ordena el artículo 79 de la Ley de Amparo. Así, se tiene que el promovente del recurso afirma que la sentencia recurrida infringe los artículos 76, 76 Bis, fracción IV, 77, fracciones I y II y 80 de la Ley de Amparo y resulta incongruente, porque no resolvió sobre todas las pretensiones que se expusieron en la demanda de amparo y, con ello, desatendió la obligación constitucional de otorgar a la parte quejosa la plenitud de defensa contra los actos de autoridad reclamados, particularmente porque omitió hacer pronunciamiento alguno respecto del pago que la sociedad mercantil impetrante realizó en función del cobro contenido en el aviso recibo que contiene los actos reclamados, y para ello manifiesta que solicitó la devolución del numerario que se pagó ante la Comisión Federal de Electricidad. Expone que, en la demanda de amparo se hizo mención a que, por el riesgo inminente de que las autoridades responsables hicieran efectiva la amenaza contenida en el aviso recibo número 01 320950500187 070212 000076100 1, de uno de febrero de dos mil siete, relativa al corte de servicio de energía eléctrica, entonces la parte impetrante, el siete de febrero próximo pasado, pagó a la Comisión Federal de Electricidad el monto total a que asciende el cobro contenido en el aviso recibo por la cantidad de $76,100.00 (setenta y seis mil cien pesos 00/100 M.N.), por concepto de cargo por energía, por demanda, 2% baja tensión e impuesto al valor agregado, por el periodo comprendido del treinta y uno de diciembre de dos mil seis al treinta y uno de enero de dos mil siete. Alega que, al haberse declarado inconstitucional el aviso recibo, como así consta en la sentencia recurrida, la protección de la Justicia Federal debió comprender la devolución del numerario que se pagó al organismo público descentralizado; pero es el caso que la a quo omitió pronunciarse respecto del pago en mención, y la procedencia de la devolución del dinero que se enteró, como efecto del amparo que otorgó, lo cual provoca que el fallo aquí controvertido no cumpla con los fines establecidos en el artículo 80 de la Ley de Amparo. Agrega que, en virtud del amparo que se concedió en los términos precisados en la sentencia recurrida, las autoridades responsables habrán de dejar insubsistente el aviso recibo que contiene los actos reclamados, por los que éstos dejarán de tener eficacia jurídica, entre ellos el cobro efectuado mediante el citado documento, lo cual, según lo expone el recurrente, hace procedente que en esta segunda instancia del juicio de amparo indirecto de origen, se modifiquen los efectos que la Juez de Distrito atribuyó a la protección de la Justicia de la Unión, y se incluya el deber de las autoridades responsables de devolver a la persona moral denominada Complejo Turístico Real Acapulco, Sociedad Anónima de Capital Variable, la cantidad de $76,100.00 (setenta y seis mil cien pesos 00/100 M.N.), que pagó para evitar el corte del suministro de energía eléctrica con que se le apercibió en caso de omitir el entero de dicha suma. En efecto, como lo afirma el promovente del recurso, los actos reclamados que se especificaron en la demanda de amparo fueron la determinación, cuantificación, facturación, cobro y apercibimiento de corte en el suministro de energía eléctrica, contenido en el aviso recibo número 01 320950500187 070212 000076100 1, de uno de febrero de dos mil siete, expedido por la Comisión Federal de Electricidad respecto del número de servicio 320 950 500 187, en cantidad de $76,100.82 (setenta y seis mil cien pesos 82/100 M.N.), por concepto de cargo de energía, por demanda, 2% baja tensión, bonificación facto (sic) de potencia e impuesto al valor agregado, correspondiente al periodo comprendido del treinta y uno de diciembre de dos mil seis al treinta y uno de enero de dos mil siete; así como la notificación del citado aviso recibo. También es verdad que en el libelo constitucional, al final del segundo concepto de violación, se pidió que la protección constitucional comprendiera diversos efectos, entre ellos la devolución del pago que realizó la sociedad mercantil quejosa a la Comisión Federal de Electricidad por la suma comprendida en el citado aviso recibo (foja 14 del expediente de amparo). Es igualmente cierto que la (sic) sentencia aquí controvertida nada se dijo sobre la pretensión de la peticionaria de garantías, consistente en la devolución de la suma que dijo haber enterado ante la paraestatal, lo cual provoca que el fallo de referencia vulnere los principios de congruencia y exhaustividad. En el aviso recibo que contiene los actos reclamados, que exhibió la parte quejosa en original adjunto a la demanda de garantías, se determinó el adeudo de los siguientes conceptos e importes (foja 35 del expediente de amparo):
"Concepto Importe
"Energía $52,660.22
"Cargo por demanda 13,880.06
"Cargo 2% baja tensión 1,338.80
"Bonificación factor de potencia 1,696.77-
"Subtotal 66,174.31
"I.V.A. 9,926.14
"Facturación del periodo 76,100.45
"Adeudo anterior 143,778.37
"Su pago 143,778.00-
"Total $76,100.82
"La impetrante también exhibió la copia de un recibo de pago por la suma de $76,100.82 (setenta y seis mil cien pesos 82/100 M.N.), que presenta como fecha del entero el siete de febrero de dos mil siete, y presenta logotipos ‘CFE’ (foja 34 del expediente de amparo). Ahora bien, la protección constitucional se concedió para que las autoridades responsables: a) Dejen insubsistente el aviso recibo número 01 320950500187 070212 000076100 1, de uno de febrero de dos mil siete; y, b) En caso de que lo consideren pertinente, con plenitud de jurisdicción emitan diverso aviso recibo o documento similar que tenga inmersos los actos aquí controvertidos, pero purgando los vicios de falta de fundamentación y motivación. En estas condiciones, partiendo de la base de que en el juicio de garantías de origen se demostró que el aviso recibo que contiene los actos reclamados, transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por falta de fundamentación y motivación, ya que las autoridades responsables no citaron los fundamentos legales por los que cobró a la persona moral quejosa cada uno de los conceptos establecidos en dicho documento, además se abstuvieron de especificar las razones particulares o circunstancias del caso que condujeron a cada cantidad establecida, como tampoco precisaron cuáles fueron las operaciones aritméticas que condujeron a obtener las cifras en comento; entonces, es inconcuso que la cantidad que erogó la parte impetrante ante la Comisión Federal de Electricidad por el periodo indicado en aquél acto de autoridad, se efectuó (sic) como consecuencia de un acto declarado inconstitucional, por lo que en cabal cumplimiento a lo dispuesto en el referido numeral 80 de la Ley de Amparo, además de los efectos que la Juez de Distrito atribuyó al amparo concedido, debe constreñirse a las autoridades responsables a devolver a la sociedad mercantil inconforme el monto que pagó el siete de febrero de dos mil siete a la citada paraestatal, por la suma de $76,100.82 (setenta y seis mil cien pesos 82/100 M.N.), porque deriva de un acto que vulnera el arábigo 16 de la Carta Magna. En cuanto al efecto que se adiciona en esta ejecutoria al fallo protector, por identidad jurídica resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 75/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 339 del Tomo XIV, diciembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: ‘SENTENCIA DE AMPARO. SE INCURRE EN DEFECTUOSO CUMPLIMIENTO SI HABIÉNDOSE OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE PRECEPTOS RELATIVOS A UN IMPUESTO, LA AUTORIDAD SE LIMITA A DEVOLVER LO PAGADO POR ÉSTE Y NO LO CUBIERTO POR TRIBUTOS COMPLEMENTARIOS A LOS QUE NO SE REFIRIÓ LA SENTENCIA, PERO QUE DEBÍAN CALCULARSE EN UN PORCENTAJE ADICIONAL A AQUÉL.’ (se transcribe). Asimismo, resulta ilustrativa la tesis número XIV/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 347, del Tomo V, febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: ‘LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS.’ (se transcribe). Cabe apuntar que no podría válidamente considerarse el efecto que se suma a la protección constitucional, en los términos especificados, restrinja la facultad recaudatoria de la Comisión Federal de Electricidad, respecto de las sumas generadas por el suministro de energía eléctrica que ya efectuó con motivo de la prestación del servicio público que sólo el Estado Mexicano puede prestar a través de esa paraestatal; lo anterior es así, en virtud de que en la sentencia recurrida la Jueza indicó, correctamente, que las autoridades responsables quedan en aptitud, si lo consideraban conveniente, de emitir un nuevo aviso recibo con contenido análogo al impugnado, siempre y cuando cumpla con los requisitos de debida motivación y fundamentación que exige el artículo 16 de nuestra Carta Magna. Además, lo determinado en la presente ejecutoria no implica considerar que la parte quejosa ya no tenga adeudo alguno por concepto de la energía eléctrica que en su caso consumió por el periodo comprendido del treinta y uno de diciembre de dos mil seis al treinta y uno de enero de dos mil siete; puesto que la protección constitucional no tiene como finalidad que los particulares evadan el pago del servicio que disfrutaron y, en su caso, no hayan pagado. En esas condiciones, al resultar fundados los agravios expuestos, lo procedente es, en la materia del recurso, modificar la sentencia sujeta a revisión, y precisar que los efectos de la protección constitucional otorgada por la a quo a la persona moral quejosa son que las autoridades responsables superintendente general de zona Acapulco, así como el jefe del departamento de facturación, ambos de la Comisión Federal de Electricidad, con sede oficial en esta ciudad: a) Dejen insubsistente el aviso recibo número 01 320950500187 070212 000076100 1, de uno de febrero de dos mil siete; b) Devuelvan a la persona moral denominada Complejo Turístico Real Acapulco, Sociedad Anónima de Capital Variable, el monto que pagó el siete de febrero de dos mil siete a la aludida paraestatal, por la suma de $76,100.82 (setenta y seis mil cien pesos 82/100 M.N.); y, c) En caso de que lo consideren pertinente, con plenitud de jurisdicción emitan diverso aviso recibo o documento similar que tenga inmersos los actos aquí controvertidos, pero purgando los vicios de falta de fundamentación y motivación. Similar criterio adoptó este Tribunal Colegiado en las sentencias que recayeron a los diversos tocas de amparo en revisión administrativa números 17/2007, 20/2007, 45/2007 y 116/2007 de su índice, las que se invocan en este fallo por constituir hecho notorio para los Magistrados que este recurso resuelven. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 74/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 963, del Tomo XXIII, junio de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.’ (se transcribe). De igual forma es ilustrativa la tesis de jurisprudencia número VI.1o.P. J/25, que sostiene el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que este similar comparte, publicada en la página 1199, del Tomo XV, marzo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO.’ (se transcribe). No escapa a este estudio que se tiene conocimiento de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Circuito, en el amparo en revisión administrativa número 45/2007, resuelto en sesión de ocho de marzo de dos mil siete, sostuvo el criterio contrario al que aquí se sustenta, esto es, que cuando el amparo se concede por violaciones formales consistentes en falta de fundamentación y motivación de un aviso recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, que contiene un apercibimiento de corte del suministro de energía eléctrica para el caso de que el usuario del servicio incurra en falta de pago, no procede ordenar la devolución de la o las cantidades que en su caso el quejoso haya pagado a la paraestatal en mención, toda vez que la autoridad responsable queda en libertad de emitir un nuevo acto, que puede ser en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales que provocaron la declaratoria de inconstitucionalidad. Además, estimó aquel órgano jurisdiccional que no es jurídicamente factible ordenar la devolución de la cantidad que se enteró con motivo del pago del servicio de energía eléctrica que la paraestatal prestó al quejoso, cuando el impetrante aprovechó o hizo uso del fluido eléctrico que se le cobró. En ese tenor, en acatamiento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 196 de la Ley de Amparo, con los insertos necesarios, remítanse las actuaciones correspondientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que resuelva sobre la posible contradicción del criterio adoptado por este órgano jurisdiccional en la presente ejecutoria, y las sentencias que recayeron a los diversos tocas de amparo en revisión administrativa números 17/2007, 20/2007, 45/2007 y 116/2007 del índice de este tribunal federal. Lo anterior, en virtud de que la resolución de las contradicciones de tesis tiende a la búsqueda de acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, como así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia número 93/2006, consultable en la página 5, del Tomo XXIV, agosto de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO.’ (se transcribe). Asimismo, es de invocarse en apoyo de lo anterior la tesis de jurisprudencia número 106/2001, emanada de la contradicción de tesis 36/90, que sustenta la Primera Sala del Alto Tribunal del país, visible a foja 8, del Tomo XIV, diciembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra expone: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA DENUNCIA RESPECTIVA DEBE RESOLVERSE CON PRIORIDAD POR TRATARSE DE UNA AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD JURÍDICA.’ (se transcribe)."
Nota: Se aclara que no se reproducirán las ejecutorias dictadas en los demás asuntos del índice del Tribunal Colegiado de que se trata, en virtud de que en ellas se emitió idéntico criterio al transcrito.
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito al resolver el ocho de marzo de dos mil siete, el amparo en revisión 45/2007, sostuvo:
"QUINTO. Los motivos de agravio expresados por la autoridad recurrente, son en una parte inoperantes y en otra, fundados y suficientes para conceder el amparo y protección, solicitados, por las consideraciones que enseguida se expondrán: En una parte del único agravio propuesto por la recurrente, se aduce que no debió entrarse al estudio del asunto porque se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 11 de la ley invocada, toda vez que el acto de donde deriva el apercibimiento del corte, se trata de un adeudo de facturación normal por consumo de energía eléctrica, la cual dice, el quejoso en su oportunidad combatió ante los tribunales en igualdad de circunstancias mismos que no le concedieron la razón jurídica. Que la Comisión Federal de Electricidad, actúa en una relación de igualdad con el ciudadano que pretende el aprovechamiento del fluido, al proporcionar el servicio de energía eléctrica, porque se establecen obligaciones y derechos recíprocos entre las partes mediante la asignación del llamado contrato de adhesión y que esa relación de igualdad en que el Estado actúa como prestador del servicio y no como ente jurídico investido de poder, demuestra que los actos realizados por la comisión, no corresponden a lo que supone el artículo 14 constitucional, porque no se trata de una relación entre autoridad y gobernado, sino de correspondencia entre el interés del prestador del servicio y un particular. Que aun cuando por la prestación del servicio requiere como contraprestación el pago de una determinada cantidad y, en su caso de un impago, el prestador del servicio ejerce la facultad de suspender la energía eléctrica, acto que al ser consecuencia del incumplimiento, no exige que deba cumplirse con lo dispuesto en el artículo 16 constitucional porque no está obrando como autoridad sino con una facultad derivada del incumplimiento del contrato, y la circunstancia de que el prestador de servicio pudiera proceder al corte sin acudir previamente a los tribunales, no es consecuencia del uso de su imperio, sino al incumplimiento de lo pactado en el contrato conforme al artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y 35 de su reglamento. Que el juzgador no valoró las documentales que se anexaron al informe justificado, con las que demostraba que el quejoso impugnó previamente ante los tribunales civiles y mercantiles la facturación normal de consumo de energía eléctrica, no demostrando su improcedencia, por lo que indebidamente consideró autoridad a la Comisión Federal de Electricidad, bajo el argumento de que somos autoridad cuando apercibimos o realizamos el corte del servicio, cuando de la jurisprudencia bajo el rubro: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL APERCIBE AL CONSUMIDOR DE REALIZAR O REALIZA EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO.’, no implica que en todos los casos deba ser considerada como autoridad para tales efectos. Que le causa agravio a su representada, el que el juzgador de amparo, haya omitido estudiar de oficio las causales de improcedencia antes de entrar al fondo del estudio, porque dice, si bien la Comisión Federal de Electricidad hizo entrega del aviso recibo expedido el día dieciséis de octubre del año dos mil seis y recibido el veintisiete de octubre de la misma anualidad en su inciso 1) de los antecedentes del acto reclamado, estudiando rigurosamente el término para interponer el juicio de garantías que es de quince días hábiles a partir de su conocimiento, y no como posteriormente dijo hacerse del conocimiento a partir del día veintisiete de octubre del presente año, del supuesto acto que reclama el quejoso. Que el inferior fue omiso en percatarse a partir de cuándo se realizó el pago de $400.00 pesos, por facturación normal, toda vez que a simple vista se puede observar que la quejosa pagó su servicio el seis de noviembre de dos mil seis y con posterioridad, de manera dolosa y ventajosa, presentó juicio de garantías contra el aviso recibo, sorprendiendo a la autoridad inferior cuando bajo protesta de decir verdad manifestó que tuvo conocimiento del acto el día veintisiete de octubre; pero, con la documental consistente en el pago efectuado ante el autocfemático (sic), que tiene fecha de operación seis de noviembre, se tiene que en ningún momento fue obligada a pagar dicha facturación, tratándose de un acto tácitamente consentido por la quejosa. Que haciendo un recuento del servicio que se otorga al quejoso, éste tiene un historial que fue dado de alta desde el diez de agosto de dos mil seis, luego entonces, no es la primera facturación que se le hace llegar a su domicilio, por lo que estamos ante un acto tácitamente consentido, puesto que cuenta con más de treinta facturaciones ya registradas y cobradas por la paraestatal desde el diez de agosto de dos mil seis hasta el trece de diciembre del mismo año, por lo que se acredita que no es el primer acto del que tiene conocimiento por la emisión del aviso recibo que reclama. Que resulta inaplicable el criterio sustentado por el Juez inferior, respecto a que no es necesario agotar el recurso ordinario ante la autoridad que le expide el acto que reclama, ya que se actualiza la tesis jurisprudencial que a la letra dice: ‘ENERGÍA ELÉCTRICA. CONTRA LAS ÓRDENES DE VERIFICACIÓN, COBRO O CORTE DEL SUMINISTRO DE AQUÉLLA Y SU EJECUCIÓN DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y/O EN SU CASO, EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS.’. Que el Juez inferior pasa por alto las tesis jurisprudenciales que dicta nuestro Máximo Tribunal del país, porque se recalca, nunca se acreditó haber agotado el recurso ordinario, ya que la expedición de un aviso recibo no pone fin a un procedimiento, por lo que es de carácter netamente administrativo; es decir, existe recurso alguno (sic) antes de interponer juicio de amparo, sólo cuando estamos en una situación de que se le amenace o aperciba de corte o en su caso, se le suspenda el servicio de energía eléctrica y como regencia en el presente juicio de amparo en que se actúa nunca acreditó que se encontrara suspendido dicho servicio, luego entonces debió haberse sobreseído el presente juicio de garantías. Lo inoperante de los sintetizados motivos de agravio, estriba en que, por un lado, la recurrente no hace más que reiterar las causales de improcedencia que hizo valer al rendir su informe con justificación (folios 18 a 23), y por otro, es omisa en combatir a través de razonamientos lógico jurídicos concretos las consideraciones en que se sustentó la Juez de amparo, para desestimar los argumentos expuestos por las autoridades responsables por cuanto a las causales de improcedencia propuestas. En el cuarto considerando de la sentencia que se recurre, se advierte que la Juez de Distrito, estableció que previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente conforme lo dispone la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, procedía analizar las causales de improcedencia hechas valer por las partes; análisis que abordó en los términos siguientes: 1. Las autoridades responsables, al rendir conjuntamente sus respectivos informes justificados (18 a 23) alegaron que el juicio de garantías deviene improcedente, toda vez que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para los efectos del presente juicio de garantías, pues es un organismo público descentralizado del gobierno federal encargado de prestar el servicio de energía eléctrica, pero sus actos son en cumplimiento de la prestación del servicio, careciendo por ello de imperatividad y coercibilidad que caracteriza a todo acto de autoridad y en el caso, los actos que realizan los funcionarios demandados están encaminados a vigilar la eficaz recaudación del consumo del fluido eléctrico, actuando sólo como auxiliares de la administración pública. 2. Lo anterior es infundado, toda vez que de lo dispuesto por los artículos 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo se colige que el juicio de garantías sólo puede promoverse en contra de actos de autoridad, concepto este último que para los efectos del juicio de amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen del poder público en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por la misma razón, se encuentran en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos, procediendo a dictar, promulgar, publicar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar alguna ley o cualquier otro acto, que a juicio del gobernado, vulnere sus garantías individuales. 3. La Comisión Federal de Electricidad, realiza actos que en ocasiones pueden ser de imperio, pero en otras gozan de la naturaleza de un acto de un particular, en el que su obrar no tiene una relación de supraordinación, sino de coordinación o igualdad con los particulares; el acuerdo de voluntades entre la Comisión Federal de Electricidad y los usuarios del servicio de dicho fluido, se trata de un contrato de adhesión, y cuando dicha comisión actúa en una relación de igualdad con el ciudadano, al proporcionar el servicio de energía eléctrica, porque se establecen obligaciones y derechos recíprocos entre las partes mediante la asignación del llamado contrato de adhesión, esa relación de igualdad entre el interés del prestador del servicio y un particular, aun cuando por la prestación del servicio se requiera como contra prestaciones el pago de determinada cantidad, y en caso de omisión de pago, el prestador del servicio ejerce la facultad de realizar el apercibimiento del cobro o suspende la energía eléctrica, en este caso se considera que no está actuando como autoridad, si no con una facultad derivada del incumplimiento del contrato. 4. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20395-582ae0a7/energia-electrica-la-declaratoria-de-inconstitucionalidad-por-falta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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