ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO.
AMPARO EN REVISION 111/94. MARIA LUISA HERNANDEZ HERNANDEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Son infundados los agravios anteriores.
Por razón de orden, debe decirse en primer lugar, que si la quejosa ahora recurrente afirma que el informe justificado rendido por la Juez responsable, no corresponde a los actos reclamados, esto es que tanto la orden de arresto como su ejecución emanan del expediente 1284/93 y no del diverso 1282/93 a que se refirió la autoridad responsable, debió expresar tal circunstancia precisamente ante el Juez de Distrito a quo en el momento de celebrarse la audiencia constitucional, a fin de que el citado Juez acordara lo conducente, porque si bien es cierto que las partes en el juicio de garantías no tienen obligación de acudir personalmente a la referida audiencia, sin embargo recae en ellas la carga procesal de acudir cuando en casos como el de la especie es necesaria su presencia, para hacer valer sus derechos, por tanto la simple aseveración de la inconforme resulta ahora insuficiente.
En segundo lugar, suponiendo que efectivamente los actos reclamados derivaran del expediente 1284/93, y que la Juez responsable se haya referido a otra orden de arresto y su ejecución emanadas del expediente 1282/93, daría como resultado que no pudiera tomarse en cuenta ese informe ni las constancias remitidas, es decir que en concreto sería como si la autoridad responsable no hubiera rendido informe, y por consecuencia ante tal omisión surgiría la presunción de certeza de los actos reclamados en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, quedando a cargo de la quejosa la prueba de los hechos que determinarán su inconstitucionalidad, ya que la orden de arresto reclamada y su ejecución, no son violatorios de garantías en sí mismos. Es aplicable sobre este aspecto, la tesis que este Tribunal Colegiado sustentó al resolver los amparos en revisión números 182/93, 343/93, 610/93 y 48/94; que dice: "-En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados.".
En efecto, los Jueces de lo civil del Estado de Puebla tienen facultades para imponer entre otras medidas de apremio, el arresto en términos del artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio al tenor de su artículo 1054, por lo que la aplicación de esta medida de apremio no es inconstitucional en sí misma y por consecuencia, cuando se interpone el amparo en su contra y la responsable omite rendir su informe justificado, queda a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad.
En el caso, la quejosa no ofreció prueba alguna para demostrar su aseveración en el sentido de que los actos reclamados derivan del expediente 1284/93, ni mucho menos ofreció copias certificadas de las demás constancias de las que pudiera desprenderse su inconstitucionalidad, por tanto debe decirse que de cualquier manera se estima acertado el sentido de la sentencia recurrida.
Así las cosas y no existiendo más agravios que examinar, procede confirmar el fallo que se revisa.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV y 85 fracción II de la Ley de Amparo, 43 y 44 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Luisa Hernández Hernández, contra los actos que reclama de la Juez de lo Civil de Huejotzingo, Puebla y alcaide de la Cárcel Municipal de ese lugar, los cuales quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese, con testimonio de la presente resolución, devuélvase el expediente de amparo al Juez a quo y en su oportunidad archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Gustavo Calvillo Rangel, Clementina Ramírez Moguel Goyzueta y José Mario Machorro Castillo, este último secretario en funciones de Magistrado por ministerio de ley, en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; siendo ponente el primero de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2070-cc8f62b8/acto-reclamado-la-carga-de-la-prueba-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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