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Modo: Corpus Pro

TESTIGO SUJETO A PROCESO. VALOR DE SU DICHO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 234/93. · Registro digital (IUS): 2072
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CONRADO ROMERO MENESES.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Agosto de 1994, , Pág. 539.

AMPARO EN REVISION 234/93. CONRADO ROMERO MENESES.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Los agravios transcritos son infundados.

El recurrente aduce que la sentencia que recurre infringe los artículos 78 y 79 de la Ley de Amparo, en virtud de que los Jueces de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales que se estimen violados y podrán examinar en su conjunto los conceptos de violación, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda.

Estas afirmaciones son infundadas, pues si el hoy recurrente reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra por el Juez Tercero de lo Penal de esta ciudad, en el proceso 80/91, alegando violaciones al artículo 16 constitucional, no puede decirse que hubiese citado erróneamente ese precepto constitucional, ya que el mismo establece los requisitos para el libramiento de toda orden de aprehensión, y a la luz de ese dispositivo el a quo examinó los conceptos de violación que se hicieron valer, y desde luego resolvió la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos planteados en la demanda de garantías.

Alega asimismo que reclama la orden de aprehensión decretada en su contra como probable responsable del delito de robo, pero que el a quo no advirtió que la autoridad responsable se concreta a hacer una relación de la consignación sin analizar las constancias, dado que no existen elementos para que se hubiese decretado la orden de captura, además de que ésta debe estar fundada y motivada, sin que estén satisfechos tales requisitos, pues la autoridad no expresó las consideraciones o razonamientos tendientes a justificar las causas por las cuales los elementos que tuvo a la vista tienen eficacia para reflejar la probable responsabilidad del inculpado, y aun cuando señala los preceptos legales que prevén y sancionan el delito de robo, en ningún momento el Juez responsable señala con precisión las circunstancias particulares que tuvo en cuenta para emitir la orden de aprehensión, la cual sólo contiene una referencia y transcripción de las constancias que integran la averiguación, mas no se asienta en forma específica la conducta delictiva del inculpado.

En relación con lo anterior debe decirse que no es verdad que la autoridad responsable se limite a realizar una relación de la consignación y no examine las constancias, mucho menos que no existan elementos para haberse dictado la orden de aprehensión en contra del hoy inconforme.

En efecto, en la orden de captura de que se trata aparece que el Juez Tercero de lo Penal de esta ciudad, consideró que entre las constancias de autos aparece la denuncia formulada por el ofendido Agustín López Sánchez, quien ante el representante social, el uno de abril de mil novecientos noventa y uno, manifestó que siendo aproximadamente las cinco horas con cincuenta minutos se encontraba en su domicilio, en eso salió para abrirle el zaguán a uno de sus hijos y en el momento de abordar su vehículo marca Ford tipo Pick-Up, modelo mil novecientos noventa y uno, entraron tres sujetos armados amagando al declarante y a su hijo, los amarraron de las manos y los metieron al comedor; que uno de los sujetos le preguntó en dónde estaba el dinero poniéndole la pistola en la cabeza, por lo que le tuvo que decir que el dinero estaba en el interior de la camioneta en un portafolio, y los sujetos se salieron cortando la línea telefónica; que posteriormente su hijo lo desató y pidieron auxilio a la policía estatal, procediendo a revisar el vehículo percatándose que ya no se encontraba el portafolio que contenía la cantidad de treinta millones de pesos y un cheque por dos millones cien mil pesos. Asimismo advirtió el Juez de la causa que, entre las constancias, obra un escrito anónimo proporcionando los nombres de los sujetos que habían robado el día de los hechos señalados en la denuncia; también aparece el informe rendido por elementos de la Policía Judicial mediante el cual, previa investigación realizada sobre los hechos que motivaron la causa penal, dejaron a disposición del Ministerio Público, a Jorge Pérez Balderas, Rogelio Bernal Mancilla, Fernando Ramírez Hernández y Agustín Estrada Delgado, quienes posteriormente, ante el representante social, rindieron sus declaraciones confesando haber cometido los hechos que se les imputan, y para ello narraron la forma en que prepararon la ejecución del delito de robo, señalando cómo efectuaron el previo concierto entre ellos y Conrado Romero Meneses, y que, por consiguiente, el uno de abril de mil novecientos noventa y uno, llevaron a cabo el delito de robo. En seguida el Juez del conocimiento agregó que de acuerdo con lo anterior, se está ante una confesión que reúne los extremos del artículo 195 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, toda vez que fue hecha por personas mayores de dieciséis años, con pleno conocimiento, sobre un hecho, y en su contra, por tanto, merece la eficacia probatoria que establece dicho precepto legal y que en esa virtud es procedente librar la orden de aprehensión en contra de Conrado Romero Meneses, como probable responsable del delito de robo, toda vez que se encuentran reunidos los extremos del artículo 16 constitucional, ilícito previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción III y 380, fracciones I, II y III del Código de Defensa Social del Estado de Puebla.

De la exposición anterior, se desprende que el Juez responsable, contrariamente a lo aducido por el inconforme, sí analizó las constancias que obran en autos, puesto que puso de manifiesto que existe denuncia, la cual pormenorizó, de un hecho determinado que la ley señala como delito de robo, sancionado con pena privativa de libertad, según se desprende de las disposiciones legales que invocó como fundamento, denuncia que está corroborada, especialmente, con las declaraciones de Jorge Pérez Balderas, Rogelio Bernal Mancilla, Fernando Ramírez Hernández y Agustín Estrada Delgado (las cuales transcribió el Juez de Distrito en el fallo recurrido), deposiciones que evidentemente examinó el juzgador ya que, efectivamente, dichas personas al emitir sus declaraciones ante el representante social confesaron haber cometido los hechos ilícitos que se les atribuyen, y que son aquellos que refiere la denuncia, narrando la forma en que prepararon la ejecución del delito de robo de que se habla, admitiendo que se efectuó previo concierto entre ellos y Conrado Romero Meneses, declaraciones a las que el Juez natural les concedió eficacia, señalando las razones y fundamento legal para considerarlo así, por consiguiente, en la orden de aprehensión se expresan los motivos en que se funda, y desde luego que de los elementos de prueba estimados por el Juez del conocimiento existen datos que acreditan los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado, por lo cual están satisfechos los requisitos que, para el libramiento de la orden de aprehensión, prevé el artículo 16 constitucional; en tales condiciones las jurisprudencias que invoca el recurrente no tienen el alcance y aplicación pretendidos por éste.

Aduce asimismo que el Juez Federal, al resolver, no toma en cuenta todas las pruebas aportadas en el juicio de garantías, dado que se limita a hacer una relación de constancias, como son las declaraciones de los indiciados, mismos que no son personas dignas de fe, en virtud de que son "sentenciados" y responsables de los hechos, por lo que no deben ser tomadas en cuenta sus declaraciones.

Estas afirmaciones del inconforme son infundadas, ya que el Juez de Distrito, al emitir su fallo, tomó en cuenta tanto las pruebas que obran en la causa penal, como las que también ofreció el quejoso, ahora recurrente, es decir, la testimonial desahogada en la audiencia constitucional, a cargo de Gorgonio García Hernández y Martín Soto García, y las documentales (fojas 34 y 35) consistentes en dos constancias expedidas por el presidente municipal y alcaide municipal, ambos de Tecali de Herrera, Puebla, donde se hace constar que Conrado Romero Meneses, ingresó al reclusorio municipal, de ese lugar, el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y uno, por faltas a la moral en vía pública, a las veintiuna cuarenta y cinco horas y salió el uno de abril de ese año a las diez horas, manifestando el alcaide municipal que los elementos que lo detuvieron fueron Martín Soto García y Gorgonio García Hernández, quienes fueron precisamente los testigos que declararon en la audiencia constitucional manifestando que el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y uno detuvieron a Conrado Romero Meneses en Tecali de Herrera, Puebla, por incurrir en faltas a la moral remitiéndolo al reclusorio municipal saliendo libre al día siguiente, el uno de abril de mil novecientos noventa y uno, a las diez horas, sin embargo el a quo consideró que esas probanzas son insuficientes para probar los hechos a que se refieren, porque frente a ellas se encuentra el señalamiento claro y directo que hacen en contra del hoy inconforme los procesados Jorge Pérez Balderas, Rogelio Bernal Mancilla, Fernando Ramírez Hernández y Agustín Estrada Delgado, quienes coincidentemente señalan que Conrado Romero Meneses junto con ellos, se introdujo en el domicilio de los ofendidos el uno de abril de mil novecientos noventa y uno para, después de amagar a sus víctimas, apoderarse y sustraer diversos bienes, por tanto, el Juez de Distrito sí analizó las pruebas y no se advierte que sea incorrecta la estimación que hizo de ellos. Por lo demás, es inexacto que las declaraciones de los coindiciados carezcan de eficacia probatoria, en virtud de que el hecho de que se encuentren procesados no implica que no sean personas dignas de fe; lo cierto es que su testimonio tiene eficacia probatoria, siendo aplicable en la especie el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver los juicios de amparo directo 132/90, 125/90, 113/90 y 226/93, que dice: "TESTIGO SUJETO A PROCESO, VALOR DE SU DICHO.-El hecho de que uno de los testigos de cargo se encuentre sujeto a proceso por el delito de robo, es insuficiente para negar valor probatorio a su dicho, pues en caso de que se probara aquella situación, ello no afectaría su criterio para juzgar el acto, ni su imparcialidad, ni el hecho de que pudiera percatarse de los hechos respecto de los que declara a través de sus sentidos.".

Por último, debe decirse que este Tribunal Colegiado no advierte que en el caso existe agravio que suplir en favor del recurrente.

En tal situación, lo procedente es confirmar el fallo que se revisa.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV, 85 fracción II, 86, 88, 89, 90, 91 de la Ley de Amparo, 43 y 44 capítulo IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a CONRADO ROMERO MENESES en contra de los actos que reclamó del Juez Tercero de lo Penal de esta ciudad, y coordinador de la Policía Judicial del Estado de Puebla, los cuales han quedado transcritos en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese este toca.

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Gustavo Calvillo Rangel, Clementina Ramírez Moguel Goyzueta y Humberto Cabrera Vázquez, siendo ponente el último de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2072-1451488c/testigo-sujeto-a-proceso-valor-de-su-dicho · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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