PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE TOPOGRAFÍA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE INDIQUE EN LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS POR LOS PERITOS ES INSUFICIENTE PARA DESESTIMARLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA).
AMPARO DIRECTO 320/2007. ELVA VILLARREAL RODRÍGUEZ DE YFARRAGUERRI, SU SUCESIÓN.
CONSIDERANDO:
SEXTO. De los conceptos de violación hechos valer, unos son infundados, otros fundados y los demás de estudio innecesario.
De inicio, es oportuno destacar que los conceptos de violación hechos valer por el impetrante del amparo, que en su momento se abordarán, están dispersos en las largas exposiciones, por lo que se resumirán al momento de su estudio, pues el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia no llega al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto por punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste pero, se reitera, no a los diversos argumentos los cuales, más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas.
A fin de sustentar el anterior razonamiento se transcribe la jurisprudencia VI.3o.A. J/13 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, publicada en la página mil ciento ochenta y siete del Tomo XV, marzo de dos mil dos, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES. La garantía de defensa y el principio de exhaustividad y congruencia de los fallos que consagra el artículo 17 constitucional, no deben llegar al extremo de permitir al impetrante plantear una serie de argumentos tendentes a contar con un abanico de posibilidades para ver cuál de ellos le prospera, a pesar de que muchos entrañen puntos definidos plenamente, mientras que, por otro lado, el propio numeral 17 exige de los tribunales una administración de justicia pronta y expedita, propósito que se ve afectado con reclamos como el comentado, pues en aras de atender todas las proposiciones, deben dictarse resoluciones en simetría longitudinal a la de las promociones de las partes, en demérito del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos verdaderamente exigen la máxima atención y acuciosidad judicial para su correcta decisión. Así pues, debe establecerse que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no, se reitera, a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas."
También la tesis VIII.4o.16 K sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que de igual forma se comparte, visible en la página mil trescientos noventa y siete del Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor:
"ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA CORRELATIVOS A ESE DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La administración de justicia que como derecho público subjetivo establece el artículo 17 constitucional, se ve cada vez más distante por los siguientes motivos: A. El gran cúmulo de asuntos que día con día ingresan para su resolución a los tribunales del Poder Judicial de la Federación; B. Los extensos planteamientos que formulan las partes, apoyadas por la modernidad de las computadoras, que si bien han venido a representar herramientas valiosas de trabajo, generan el inconveniente de que esa facilidad se utilice para prolongar textos que abultan tales planteamientos, y que deben atenderse ya sin facilidad, pues con las transcripciones que el estilo de las sentencias exige, y con la dificultad que implica dar respuesta a esa extensa diversidad de alegaciones, se provoca que también los fallos se tornen extensos; C. La tendencia a convertir las resoluciones judiciales en tratados teóricos de derecho, olvidando que la academia (la teoría) corresponde a las universidades, mientras que la función propia de los órganos del Estado encargados de la administración de justicia es precisamente esa, la de administrar justicia, donde la técnica debe estar al servicio de ésta; D. La exigencia de que se trate de manera expresa absolutamente todos los tópicos plasmados por las partes, renglón a renglón, punto a punto, a pesar de que muchos de ellos no revelen una seria intención de defensa, sino abrir un abanico de posibilidades para ver cuál prospera, con el grave riesgo para el juzgador de incurrir en alguna omisión que potencionalmente puede generar la promoción de queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal, cuya rendición de informe y atención genera a su vez más carga de trabajo y consumo de tiempo, factor fatal que se vuelve en contra. Por lo tanto, las partes en sus planteamientos y los tribunales en sus sentencias deben dar las pautas para buscar el valor justicia, es decir, no debe caerse en el extremo de que absolutamente todo quede escrito, sin mayor esfuerzo del intelecto para llegar al punto final, pues como lo apuntó el ilustre Barón de Montesquieu, no se trata de hacer leer sino de hacer pensar [recurrir a la ‘retórica’ en su sentido fino (argumentar para justificar y convencer) y no peyorativo (hablar por hablar o escribir por escribir)], lo que implica entonces, que los fallos deben dictarse para resolver litigios, hacer justicia, atender los planteamientos serios de las partes, razonar para justificar y convencer, y para hacer pensar, no para hacer leer, de manera que agotando esos extremos, pueda afirmarse que se cumplen a cabalidad los principios de exhaustividad y congruencia correlativos a la satisfacción del servicio público de administración de justicia."
Asimismo, se precisa que por razón de técnica jurídica los conceptos de violación serán analizados en orden distinto al planteado y, en primer lugar, se aborda el atinente a que la Sala responsable tras haber revocado el fallo de primera instancia y avocarse a resolver de fondo la litis, omitió estudiar íntegramente todos los agravios planteados en la apelación, con lo cual dejó indefensa a la quejosa.
Es infundado ese argumento.
De las constancias que integran el toca de apelación fuente del acto reclamado, se advierte que el Juez de primera instancia, en la sentencia dictada el dos de agosto de dos mil seis, absolvió a la parte demandada, aquí tercero perjudicado, al sostener que el signante de la demanda de origen no justificó el carácter con que se ostentó y, por ende, no estaba legitimado para ejercer la acción reivindicatoria en nombre y representación de la sucesión quejosa; por lo que, inconforme con tal determinación, interpuso recurso de apelación, en el cual el tribunal de alzada, en la primera parte del considerando tercero de la sentencia tildada de inconstitucional, declaró fundado el último de los tres motivos de disenso hechos valer y, por ende, revocó el fallo apelado y estimó innecesario el estudio de los restantes.
A su vez, de la lectura de los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación, y que la Sala responsable estimó de estudio innecesario, se obtiene que el apelante combate la conclusión del a quo atinente a que quien interpuso la demanda de origen no acreditó el carácter que ostenta y lo relativo a que no se exhibió copia certificada del testamento dispuesto por la autora de la sucesión; de tal suerte que aun cuando estos dos planteamientos no fueron abordados por la responsable, ningún perjuicio le causa a la quejosa, pues con el último de los motivos de inconformidad, que fue el que la Sala abordó, se concluyó que sí existía legitimación por parte del promovente para instar la acción reivindicatoria de que se trata, por lo que resulta evidente que si los dos primeros reforzaban este aspecto, a ningún fin práctico conduciría analizarlos, pues al fin y al cabo el resultado sería el mismo, esto es, el de revocar la sentencia sujeta a revisión.
Sirve de apoyo, por identidad de razón, la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochenta y cinco del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja."
De igual forma, es infundado el argumento en el que la sucesión quejosa sostiene que la sentencia reclamada conculca los artículos 519 y 520 del Código Procesal Civil de Coahuila, referentes a las características de las sentencias, entre las que se encuentran los principios de congruencia, de claridad y de exhaustividad, y que en el pronunciamiento de éstas se debe tomar en cuenta el principio de sana crítica en la valoración de las pruebas en términos del artículo 513 del citado ordenamiento legal, pues en la especie se valora en forma precaria la confesional de la demandada, dado que, en su concepto, al oponer la excepción de prescripción implica un reconocimiento expreso sobre la identidad del inmueble y obra, además, la documental pública consistente en la certificación expedida por el encargado del Registro Público de la Propiedad de la circunscripción territorial donde se ubica el inmueble reclamado, con la cual se acredita el primer elemento de la acción reivindicatoria, que es la titularidad del inmueble reclamado y la posesión que tiene la hoy tercera perjudicada; que el tercer elemento de la acción que es la identificación del inmueble, desde su perspectiva, se da por dos elementos que la responsable omite valorar en su conjunto y que son:
1. Que la propiedad del inmueble reclamado por la actora, lo acreditó con el título de propiedad y la actuación del actuario, quien se constituyó a emplazar al demandado, las cuales tienen valor probatorio pleno.
2. Que está fuera de discusión la identidad del inmueble reclamado, pues la demandada no negó expresamente la identidad, sino que expuso: "... no negó expresamente que formaba parte de aquél, propiedad de la actora y ahora quejosa, sino que, se insiste en que adujo que se encontraba en posesión de un inmueble que no era aquel que reclamaba la actora ni tampoco el de su propiedad ..." y, si en esas condiciones opuso la excepción de prescripción adquisitiva como se advierte de su escrito de contestación de demanda, desde su perspectiva, debe reconocerse como verdad legal que el inmueble de la acción reivindicatoria quedó plenamente identificado, atento a la tesis de rubro: "ACCIÓN REIVINDICATORIA, IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE CUANDO SE HACE VALER COMO EXCEPCIÓN O ACCIÓN RECONVENCIONAL LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA."; de ahí que, continúa diciendo, si la responsable estableció que el título de propiedad de la sucesión quejosa era insuficiente para justificar el dominio sobre el inmueble reclamado, se produjo agravio por la falta de aplicación de los preceptos antes invocados.
Al respecto, debe precisarse que de las constancias que integran el toca civil fuente del acto reclamado, se obtiene que la sucesión quejosa mediante escrito presentado ante el Juez de origen el cinco de agosto de dos mil cinco, demandó a Eduardo Rangel Flores en la vía ordinaria civil y ejerció en su contra acción reivindicatoria sobre el predio ubicado en el lote ocho, manzana siete, ubicado en la calle Tulipán, número seis de la colonia Bosques de Río Escondido, y reclamó concretamente la reivindicación de dicho predio que comprende las siguientes medidas y colindancias:
"Al norte con 10.00 metros, colinda con el lote #3; al sur colinda con 10.00 metros, colinda con la calle Tulipán; al oriente colinda con 19.5 metros, colinda con el lote #7; y al poniente 19.5 metros, colinda con el lote #9."
Asimismo, se advierte que la demandada en su escrito de contestación señaló que la actora carece de acción y derecho, porque el inmueble descrito en el certificado expedido por el director registrador del Registro Público de Piedras Negras, Coahuila, para nada coincide con el lote que en la demanda se identifica ni mucho menos con las medidas y colindancias descritas, y opuso como excepción la de prescripción positiva por poseer el citado inmueble en concepto de propietaria.
Sentado lo anterior, este Tribunal Colegiado arriba a la conclusión de que, contrario al parecer de la sucesión quejosa, la identidad del inmueble que pretende reivindicar sí está controvertida por la parte demandada, aquí tercera perjudicada, pues aun cuando ésta opuso la excepción de prescripción positiva, también es cierto que controvirtió la identidad del inmueble reclamado; de ahí que sí resulte aplicable el criterio jurisprudencial invocado por la propia quejosa, cuyo rubro es "ACCIÓN REIVINDICATORIA, IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE CUANDO SE HACE VALER COMO EXCEPCIÓN O ACCIÓN RECONVENCIONAL, LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA."; pero no con la interpretación y alcance que ella pretende darle, dado que de acuerdo con el texto de la misma para que opere dicha presunción es menester que el demandado no niegue en forma expresa la identidad de la cosa pretendida, pues al negarse ésta, tal y como en el caso acontece, revela la existencia de la controversia respecto de la identidad del inmueble, dado que lo que debe probarse es que el bien reclamado como propiedad de la parte actora es precisamente el mismo que posee la demandada; por consiguiente, correspondía a la actora demostrar a través de la prueba idónea, que es la pericial, probar tal extremo.
En otro contexto, la impetrante del amparo, en esencia, aduce que la sentencia reclamada afecta su esfera jurídica al considerar que, contrario al parecer de la Sala responsable, las peritaciones topográficas sí merecen valor probatorio, en términos del artículo 513 del Código Procesal Civil de Coahuila, pues los peritos fundamentaron sus conclusiones de manera idónea, como lo indica el artículo 471, fracción I, del código adjetivo en cita ya que deslindaron el inmueble, es decir, enmarcaron los límites del mismo, lo cual implica un trabajo de campo que arroja que los peritos se constituyeron en el citado predio para llevar a cabo las consiguientes operaciones de tipo técnico, reveladas con los planos que sirvieron para ilustrar puntualmente el deslinde y concluyeron que todas las manzanas señaladas en el título de propiedad se encontraban comprendidas dentro de aquel inmueble que es en mayor extensión propiedad de la quejosa.
Es fundado ese argumento.
Los artículos 471, fracción I y 513 del Código Procesal Civil de Coahuila disponen:
"Artículo 471. Recepción de la prueba pericial. En el lugar, día y hora fijado por el tribunal para la audiencia de pruebas, se seguirán las siguientes reglas: I. El perito dará a conocer su dictamen ante el juzgador y ante las partes interesadas, debiendo, además, dejarlo asentado por escrito y ratificarlo ante la presencia judicial. En el dictamen fundamentará en forma idónea sus conclusiones, que podrán acompañarse con dibujos, planos, muestras u otros anexos que sirvan para ilustrarlo. El dictamen deberá ser firmado por el perito, quien protestará haber cumplido su cometido oficial de buena fe y con conocimiento. ..."
"Artículo 513. Valoración conforme a la sana crítica. El juzgador hará el análisis y valoración de cada una de las pruebas rendidas y de su conjunto, racionalmente, de acuerdo con los principios de la lógica y las máximas de la experiencia, debiendo además, observar las reglas especiales que la ley fije. La valoración de las pruebas contradictorias se hará confrontándolas, a efecto de que, por el enlace interior de las rendidas, las presunciones y los indicios, formen convicción, que el juzgador deberá fundar cuidadosamente en la sentencia. En casos dudosos, el juzgador podrá deducir argumentos de prueba de las respuestas de las partes cuando las ha llamado a su presencia para interrogarlas, de la resistencia injustificada para exhibir documentos o a permitir inspecciones que se hayan ordenado; y, en general, de su comportamiento durante el proceso. En todo caso, el juzgador deberá exponer en la parte considerativa de su sentencia, los fundamentos y motivos de la valoración jurídica y de su decisión."
Por otro lado, es importante resaltar que si bien es cierto que de las peritaciones allegadas al juicio de origen se advierte que se da respuesta al cuestionario respectivo y para ello se tomó en cuenta el título exhibido por la actora junto con la demanda, también lo es que de su lectura se obtiene que no mencionan con qué instrumento se auxiliaron para emitir sus conclusiones; sin embargo, en términos de los artículos transcritos, la prueba pericial debe estudiarse en su conjunto con los medios de convicción que obran en autos y, de ambas peritaciones se aprecia que los peritos tomaron en cuenta el título de propiedad en el que se basó la actora, y concluyeron que éste está acorde con la extensión y colindancias aducidas por ambas partes respecto del terreno en litigio; además, los dos profesionistas cumplieron con lo establecido por el artículo 471, fracción I, del Código Procesal Civil, pues se cuenta con planos que sirvieron para ilustrar el deslinde, con lo que se infiere que tuvieron que realizar operaciones de tipo técnico para realizarlo; por consiguiente, resulta evidente que aun cuando no se menciona en ninguno de los dictámenes los instrumentos utilizados, debe tenerse en cuenta que, por un lado, se analizó la extensión o medidas de una superficie y, por otro, que en los planos se establecen dichas medidas y colindancias, lo cual evidentemente refleja la utilización de instrumentos que sirvieron para medir la superficie en metros.
En ese entorno, si de acuerdo con el artículo 513 del Código Procesal Civil la responsable está obligada a hacer el análisis y valoración de las pruebas en su conjunto conforme a la sana crítica y las máximas de la experiencia, resulta claro, como se tiene dicho, que asiste razón a la quejosa en el sentido de que la responsable incurrió en una incorrecta valoración de dichos elementos de prueba, pues la sola circunstancia de que no se indiquen los instrumentos utilizados por los peritos a fin de emitir sus conclusiones es insuficiente para desestimarlos, dado que las peritaciones se deben analizar no en forma aislada sino en conjunto con los demás elementos de prueba, y si lo resaltado en éstas es acorde con las diversas constancias de autos, como sucede en el caso, es inconcuso que deba concederse a la quejosa el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y dicte otra en la que reitere lo que no es motivo de concesión y, proceda a valorar en los términos antes dichos la prueba pericial topográfica y con plenitud de jurisdicción resuelva en consecuencia lo que en derecho proceda.
En el entendido de que es la Sala responsable a quien le corresponde abordar ese tema de primera mano, de conformidad con la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que también se comparte, visible en la página mil ciento veinticinco del Tomo XV, enero de dos mil dos, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. ALCANCE.-Conforme a la jurisprudencia que sostuvo la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento catorce del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.’, es correcto que el tribunal de amparo se pronuncie sobre puntos que no fueron abordados por la autoridad de instancia, cuando el quejoso tiene razón en los planteamientos vertidos en sus conceptos de violación por omisiones de la responsable, pero carece de ella en lo que ve al fondo del asunto; sin embargo, eso ocurre ante situaciones evidentes, mas no cuando para decidir el punto en el fondo es necesario hacer uso del arbitrio jurisdiccional, ya sea en valoración de pruebas, apreciación de hechos o interpretación de normas, pues aquí corresponde a la autoridad responsable ocuparse del análisis de tales puntos omitidos, ya que de hacerlo el tribunal de amparo incurriría en una sustitución de la potestad común, que no debe darse hasta ese extremo, por más que el órgano constitucional conozca el sentido en que deba resolverse el punto, pues, se insiste, lo fundado pero inoperante de un concepto de violación en el supuesto de que se trata, se da ante una clara y evidente solución del asunto, pero no cuando se requiere de mayores reflexiones en ejercicio del aludido arbitrio jurisdiccional."
Por lo demás, resulta innecesario dar contestación a los restantes conceptos de violación formulados por el impetrante de garantías pues, como se vio, con el analizado fue suficiente otorgar el amparo solicitado, de conformidad con la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya se citó en este considerando.
Finalmente, en atención a que en el presente juicio se concede el amparo solicitado, sin que contra este fallo proceda recurso alguno al derivar de un órgano terminal, al estimarse que no se plantearon temas de constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos ni se hizo la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, que hagan procedente el recurso de revisión a que alude el artículo 83, fracción V, de la Ley de Amparo; entonces, con fundamento en el artículo 106 del cuerpo legal en cita, deberá requerirse a la autoridad responsable para que dentro del término de veinticuatro horas dé cumplimiento a esta ejecutoria e informe sobre el particular, en el entendido que de no quedar cumplida ni estar en vías de ejecución en el término precitado, se procederá conforme con lo establecido en el numeral 105 de la referida Ley de Amparo.
Por lo expuesto, y con fundamento, además, en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, así como 35 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Carlos Antonio Yfarraguerri Villarreal, en su carácter de albacea y representante legal de la sucesión testamentaria a bienes de Elva Villarreal Rodríguez de Yfarraguerri, contra el acto que reclamó de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, residente en esta ciudad, consistente en la sentencia de catorce de marzo de dos mil siete, dictada en el toca civil 740/2006, para los efectos precisados en la parte final del último considerando.
SEGUNDO.-Requiérase a la autoridad responsable para que en el término de veinticuatro horas informe en relación con el cumplimiento que dé a esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Quinto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, Edgar Humberto Muñoz Grajales (presidente), Miguel Lobato Martínez y Víctor Antonio Pescador Cano, bajo la ponencia del último de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20756-ed930f10/prueba-pericial-en-materia-de-topografia-la-circunstancia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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