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Modo: Corpus Pro

TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA. A FIN DE FUNDAR SUS FACULTADES SANCIONADORAS, ES INNECESARIA LA INVOCACIÓN EXPRESA DE PRECEPTO LEGAL ALGUNO QUE ACREDITE QUE CONSTITUYE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CITADA ENTIDAD PARAESTATAL.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 43/2007. · Registro digital (IUS): 20761
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y OTROS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, , Pág. 2112.

REVISIÓN FISCAL 43/2007. TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y OTROS.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Resultan fundados los agravios antes transcritos.

Es fundado pero ineficaz el tercer motivo de inconformidad que esgrime la parte recurrente, en el que señala que se transgredió en su contra lo dispuesto en el artículo 47, párrafo primero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque la Sala recurrida en el considerando tercero de la resolución impugnada, señaló que no se expresaron alegatos, sin tomar en consideración que se presentaron dentro del término a que alude la disposición antes indicada -dice quince días-, ya que los cinco días deben contarse a partir de los diez días hábiles siguientes.

Lo anterior es de ese modo, porque es verdad que la parte inconforme mediante escrito de fecha once de diciembre del año dos mil seis (fojas 1317 a 1324) presentó su escrito de alegatos; promoción que no fue acordada por parte de la Sala recurrida, pues con fecha trece de diciembre del año pasado, se declaró cerrada la instrucción en el juicio del que deriva la presente revisión (foja 1347) y con posterioridad se dictó la sentencia recurrida, en la cual efectivamente la Sala señaló en forma indebida que ninguna de las partes habían formulado alegatos, sin advertir que la ahora recurrente sí lo había hecho pero que no los acordaron, omisión con la cual se transgredió el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, dicha argumentación aunque es fundada, la misma resulta ineficaz, pues los alegatos no forman parte de la litis, la cual se integra con la demanda y contestación, y en su caso con la ampliación de aquélla y la contestación de ésta, por lo que la Sala no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, pues éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones.

Por otra parte, es de puntualizarse que en el presente caso, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 62/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, Tomo XIV, diciembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del título: "ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE AMPARARSE POR LA OMISIÓN DE SU ANÁLISIS SI CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, COMO CUANDO EN ELLOS SE CONTROVIERTE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA O SE REFUTAN PRUEBAS.", que invoca la aquí recurrente en sus agravios, está dada para el contribuyente y no para las autoridades.

Por otro lado, es fundado pero ineficaz lo que argumenta la parte recurrente en el segundo de sus agravios, en el sentido de que la Sala denominó a la autoridad demandada de manera distinta a la que aparece en el nombramiento, al llamarla: "titular del área de responsabilidades y quejas". Lo anterior es así, porque pese a que no denominó a la autoridad demandada en forma correcta: "Titular del área de responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura", lo anterior no le ocasiona perjuicio a la inconforme, en mérito a los siguientes razonamientos.

Es fundada una parte de los agravios primero y segundo, los que se estudiarán en forma conjunta, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo en vigor, dada su íntima relación, pues en ellos la parte inconforme argumenta, sustancialmente, que es ilegal que los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con ejercicio y residencia en esta ciudad capital, no hayan tomado en consideración que la autoridad fundamentó su competencia en los artículos 108,109, fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracciones XII y XVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 62, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 1o., fracciones I, II, III y IV; 2o., 3o., fracción II, 47, 57, segundo párrafo, 60, 64, 68 y 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 3o., letra D, 63 y 67, fracción I, numerales 3 y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; que también debieron advertir la exhibición del oficio número 06600/0010/2005, suscrito por el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura y, por ende, considerarlo, como también el nombramiento, al ser expedido por el titular del ramo, dota de plena jurisdicción a la autoridad demandada para que con base en el artículo 67, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, inicie procedimientos administrativos disciplinarios e imponga las sanciones correspondientes; que la Sala estudió cuestiones distintas a las que se hicieron valer en la demanda de nulidad, en especial las que se refieren a la norma jurídica por medio de la cual se demostrara que los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, dentro de los cuales se encuentra el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (en lo sucesivo FIRA), forma parte de la Administración Pública Federal.

Es así, porque del análisis de la sentencia recurrida, dictada por la referida Sala Fiscal dentro del expediente de nulidad 3245/06-21-01-5, de fecha catorce de diciembre del año dos mil seis, se obtiene que la Sala Regional del Pacífico Centro, consideró en la resolución recurrida, que era fundado lo argumentado por Carolina Jiménez Ramos, con relación a que el oficio citatorio 06600/0054/2005, de veintiuno de enero del año dos mil cinco (fojas 428 a 443 del expediente), con el cual se le instauró el procedimiento administrativo de responsabilidades, que no se advertía la cita de norma jurídica alguna que demostrara que el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, forma parte de la administración pública federal, ya fuera centralizada o paraestatal, y que por ello las facultades para iniciar procedimientos disciplinarios de la autoridad demandada abarcaban también a los funcionarios públicos que laboraran en dicho organismo y que por ello no se cumplía con lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al examinar el oficio ya indicado, que precisó en forma ilegal, ya que en realidad es el oficio número 006600/0010/2005 y los fundamentos legales conforme a los cuales el titular del área de responsabilidades del Órgano Interno de Control de FIRA sustentó su competencia, para el ejercicio de sus facultades, la Sala Fiscal concluyó que de ninguno de ellos se advertía la cita de norma jurídica alguna que demostrara que el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, formara parte de la administración pública federal, ya fuera centralizada o paraestatal y que por tanto las facultades para iniciar procedimientos disciplinarios de la autoridad demandada, abarcaban también a los funcionarios públicos que laboraran en dicho organismo.

Esto es, a juicio de la Sala Fiscal era necesario que en el oficio citatorio 06600/0054/2005 (006600/0010/2005) de fecha veintiuno de enero del año dos mil cinco, con el cual se instauró el procedimiento administrativo de responsabilidades a Carolina Jiménez Ramos, se invocara algún precepto jurídico que vinculara las facultades sancionadoras en materia de responsabilidades de los servidores públicos que laboran en FIRA, como la demandante, ya que de los diversos artículos invocados en el oficio de mérito, "no se advierte la cita de norma jurídica alguna que demostrara que el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, forma parte de la administración pública federal, ya fuera centralizada o paraestatal, y que por tanto, las facultades para iniciar procedimientos disciplinarios de la autoridad demandada, abarcaban también a los funcionarios públicos que laboran en dicho organismo."

Consideraciones que se tornan ilegales porque, como legalmente lo argumenta la recurrente, la Sala no tomó en consideración el oficio número 06600/0010/2005 de diez de enero del año dos mil cinco (fojas 400 a 428); tampoco que FIRA constituye un fideicomiso público que depende de la Secretaría de la Función Pública; fideicomiso al que le resulta aplicable la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento, por así desprenderse de los artículos 4o., 62, fracción I, de dicha ley, en relación con el diverso precepto 37, fracciones XII y XVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que disponen:

Ley Federal de las Entidades Paraestatales:

"Artículo 4o. El Banco de México, las sociedades nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y fianzas, los fondos y fideicomisos públicos de fomento así como las entidades paraestatales que formen parte del sistema financiero, quedan sujetas por cuanto a su constitución, organización, funcionamiento, control, evaluación y regulación a su legislación específica. Les será aplicable esta ley en las materias y asuntos que sus leyes específicas no regulen."

"(Reformado primer párrafo, D.O.F. 24 de diciembre de 1996)

"Artículo 62. Los órganos de control interno serán parte integrante de la estructura de las entidades paraestatales. Sus acciones tendrán por objeto apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión de la entidad; desarrollarán sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, de la cual dependerán los titulares de dichos órganos y de sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de acuerdo a las bases siguientes:

"(Reformada, D.O.F. 24 de diciembre de 1996)

"I. Recibirán quejas, investigarán y, en su caso, por conducto del titular del órgano de control interno o del área de responsabilidades, determinarán la responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la entidad e impondrán las sanciones aplicables en los términos previstos en la ley de la materia, así como dictarán las resoluciones en los recursos de revocación que interpongan los servidores públicos de la entidad respecto de la imposición de sanciones administrativas.

"Dichos órganos realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante los diversos tribunales federales, representando al titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo."

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

"(Reformado primer párrafo, D.O.F. 10 de abril de 2003)

"Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

"...

"XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de la Procuraduría General de la República, así como a los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los tribunales federales, representando al titular de dicha secretaría.

"...

"XVII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades administrativas; aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestándose para tal efecto la colaboración que le fuere requerida."

Como se aprecia, las dependencias y entidades de la administración pública federal, entre ellas FIRA, cuentan con un órgano interno de control, que de conformidad con las disposiciones jurídicas citadas, tiene plena competencia para conocer sobre responsabilidades de los servidores públicos a su cargo e imponer las sanciones administrativas correspondientes.

En el caso, como legalmente lo aduce la recurrente, el oficio citatorio 06600/0010/2005, de diez de enero de dos mil cinco, aparece suscrito por el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FIRA), cuyo nombramiento corre agregado a foja 179 del expediente principal, el cual aparece otorgado por el secretario de la Función Pública, con fundamento en el artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que dice:

"(Reformado primer párrafo, D.O.F. 10 de abril de 2003)

"Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

"(Reformada, D.O.F. 24 de diciembre de 1996)

"XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de la Procuraduría General de la República, así como a los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los tribunales federales, representando al titular de dicha secretaría."

De conformidad con el dispositivo en cita, corresponde a la Secretaría de la Función Pública designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de la Procuraduría General de la República, así como a los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

De acuerdo con el diverso numeral 62, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, los órganos de control interno serán parte integrante de la estructura de las entidades paraestatales, cuyas acciones tendrán por objeto apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión de la entidad; desarrollarán sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, de la cual dependerán los titulares de dichos órganos y de sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, pudiendo por ende recibir quejas, investigar y, en su caso, por conducto del titular del órgano de control interno o del área de responsabilidades, determinar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la entidad e impondrán las sanciones aplicables en los términos previstos en la ley de la materia, así como dictar las resoluciones en los recursos de revocación que interpongan los servidores públicos de la entidad respecto de la imposición de sanciones administrativas.

De la interpretación sistemática de las citadas normas, se concluye que no se hacía necesario exigir una vinculación adicional a la que por ley tiene conferida el órgano de control interno de la administración pública paraestatal a la que corresponde FIRA, pues con ello -cual se aduce- los Magistrados de la Sala Regional del Pacífico Centro de esta ciudad impusieron un alcance mayor al que establecen las leyes en que se fundamentó el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura al emitir el oficio citatorio sujeto a estudio, entre ellos, los numerales citados en el cuerpo de esta ejecutoria.

En ese sentido, como lo argumenta con razón la disconforme, no era necesario que de manera expresa se acreditase que el órgano interno de control que emitió el oficio de referencia, constituyera una unidad administrativa de la entidad denominada Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FIRA), cual lo exigió la Sala Fiscal, primero, porque el área de responsabilidades del órgano interno en FIRA quedó acreditada a la luz de lo que establece la propia Ley Federal de las Entidades Paraestatales, cuando dispone en su artículo 62 que habrá un órgano interno de control en cada dependencia y entidad de toda la administración pública federal, amén de que el artículo 4o. de esa propia ley categóricamente establece que los fondos y fideicomisos públicos de fomento (como FIRA) están sujetos por cuanto a su constitución, organización, funcionamiento, control, evaluación y regulación a su legislación específica, siéndoles aplicable esa ley en las materias y asuntos que sus leyes específicas no regulen. Segundo, porque en autos también se probó la existencia jurídica de la autoridad que emitió el oficio citatorio y la resolución impugnada, que como se dijo, fue el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FIRA), el cual -dicho órgano- constituye una unidad administrativa dependiente de la Secretaría de la Función Pública, misma que es competente para imponer las sanciones administrativas a los servidores públicos adscritos a dicha entidad y designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de la Procuraduría General de la República, así como a los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos.

Consecuentemente, como así no lo resolvió la Sala Fiscal, puesto que en su fallo concluyó que era necesario que en el oficio citatorio 006600/0054/2005 del veintiuno de enero del año dos mil cinco, el que citó en forma errónea, dado que el que se dirigió a Carolina Jiménez Ramos, es el que se identifica con el número 06600/0010/2005, de diez de enero del año dos mil cinco (fojas 400 a 420) se invocara algún precepto jurídico que vinculara las facultades sancionadoras en materia de responsabilidades de los servidores públicos que laboran en FIRA, como el demandante, sin que de las disposiciones invocadas en dicho oficio se advirtiera la cita de alguna norma jurídica que demostrara que los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, dentro de los cuales se encuentra el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, formara parte de la administración pública federal, ya fuera centralizada o paraestatal; es incontrovertible que su determinación resulta transgresora de las disposiciones legales invocadas por la recurrente, toda vez que -como se ha visto- FIRA forma parte de la administración pública federal paraestatal por disposición expresa de los preceptos invocados.

En las relatadas condiciones, como la sentencia recurrida no ha examinado la cuestión debatida sujeta a su consideración a la luz de un correcto y exhaustivo análisis de las pruebas allegadas al juicio de origen, lo que procede es declarar fundado el recurso de revisión hecho valer, revocar la sentencia recurrida y ordenar reenviar los autos a la Sala del conocimiento para que, con plenitud de jurisdicción, pronuncie un nuevo fallo en el que, omita las consideraciones que fueran declaradas ilegales y, con libertad de jurisdicción resuelva la litis sometida a su competencia.

Sin que sea el caso de que este Tribunal Colegiado sustituya a la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y realice el estudio de los conceptos de anulación que hizo valer el actor del juicio de nulidad, cuyo estudio omitió la referida Sala, dado el sentido de su sentencia, menos aún las pruebas allegadas de su parte, ya que tal proceder sería violatorio de los artículos 103 y 107 constitucionales, que conceden el derecho a los particulares de promover el juicio de amparo; ello, en virtud de que contra las resoluciones que pronuncie un Tribunal Colegiado no procede juicio o recurso alguno, ya que si bien es cierto que el artículo 104, fracción I-B, constitucional, establece que el recurso de revisión fiscal debe sujetarse a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 del Pacto Federal fija para la revisión en amparo indirecto, también lo es que dicho numeral debe interpretarse armónicamente en relación con los citados preceptos constitucionales, de donde se advierte, en términos del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el ordinal cuarto transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es a la Sala Fiscal a quien corresponde el estudio en primera instancia de todos y cada uno de los puntos controvertidos en el juicio de nulidad, lo que revela, sin lugar a dudas, la voluntad del legislador de que los Tribunales Colegiados de Circuito no resuelvan de manera directa las inconformidades que se planteen en las demandas de anulación, sino que se ocupen de ellas después de que la Sala Fiscal se haya pronunciado, motivo por el cual no resulta aplicable a las resoluciones dictadas en revisión fiscal, lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo. De aquí que sea procedente el reenvío, en tratándose de asuntos en que la Sala Regional no se ocupe de todos y cada uno de los diversos conceptos de anulación aducidos por el actor del juicio de nulidad, o bien, cuando haya deficiencia en la valoración de las pruebas allegadas por los litigantes.

Sobre el particular, es de invocarse la tesis de jurisprudencia 2a./J. 6/91 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número de registro 206446 en la página 48, Tomo VIII, noviembre de 1991, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice:

"REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO.-El amparo directo y la revisión de que conocen los Tribunales Colegiados de Circuito, en razón de su jurisdicción especial, sólo constituye medios conferidos a los particulares o a las autoridades para ocurrir ante la Justicia Federal en defensa de sus intereses, en contra de sentencias pronunciadas por los tribunales de lo contencioso administrativo. La similitud entre esos medios de defensa extraordinarios lleva a la conclusión de que las resoluciones que en ambos casos se dicten, sólo pueden ocuparse de las cuestiones analizadas por la potestad común, en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo, resultando por ello, inaplicable a las revisiones fiscales, lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, del propio ordenamiento; de manera que si en éstas se concluye que son fundados los agravios, de existir conceptos de anulación no estudiados por la Sala responsable, deben devolverse los autos a la Sala de su origen para que se haga cargo de las cuestiones omitidas, de la misma manera que ocurre en el amparo directo que no permite la sustitución de facultades propias de la responsable. Ello es así porque si bien el artículo 104 constitucional, en su fracción I-B, dispone que las revisiones contra resoluciones de tribunales contenciosos de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, ‘se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto ...’, ello no significa que tales revisiones deban resolverse con las mismas reglas del amparo indirecto en revisión, sino tan sólo que su trámite debe ajustarse a dichas reglas."

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-Es fundado el recurso de revisión fiscal interpuesto por el titular de la unidad de asuntos jurídicos, en representación del secretario de la Función Pública, titular del Órgano Interno de Control en el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura y del titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control referido, dentro del juicio de nulidad número 3245/06-21-01-5, promovido por Carolina Jiménez Ramos.

Notifíquese; publíquese, anótese en el libro de registro; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y en su oportunidad, archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados presidente Hugo Sahuer Hernández, Víctorino Rojas Rivera y Raúl Murillo Delgado, los que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, habiendo sido ponente el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20761-abbf6b1d/titular-del-area-de-responsabilidades-del-organo-interno · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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